por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con el CONEVAL, en el 2012, el 53 millones de mexicanos se encontraban en pobreza multidimensional; según los datos del INEGI, 2.7 millones de personas están desempleadas y 14 millones trabajan en el sector informal de la economía; casi 32 millones viven en rezago educativo; mientras que casi 5 millones son analfabetas. 52% de la ciudadanía desconfía de los jueces; y el 58% desconfía de los ministerios públicos y de las Procuradurías. Con estas cifras puede sostenerse que estamos ante un escenario de incumplimiento generalizado de los derechos humanos.
El día de mañana se cumplen 97 años de la promulgación de la Constitución de 1917. Estamos muy cerca ya del Centenario de vigencia de nuestra carta Magna, con la particularidad de que, a partir de la reforma al Artículo 1º Constitucional en materia de Derechos Humanos y Tratados Internacionales que se llevó a cabo en 2011, nos encontramos ante un nuevo paradigma que transitó, de la noción de las garantías individuales, a la de los derechos humanos.
Esta transición obliga al Estado mexicano a diseñar tanto las estructuras institucionales, como las medidas de política pública necesarias, para garantizar plenamente, para todas las personas, todos los derechos contenidos tanto en el texto de la Constitución, como en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, que a la fecha suman, de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados, más de 1,600; y de los cuales, casi 200 tienen como materia fundamental la protección de uno o varios derechos humanos.
En este nuevo aniversario de nuestra Carta Magna, estamos en muy buen momento para plantear que en el 2017 tendremos una celebración mucho más allá de los eventos, y que la conmemoración del centenario de la Constitución tendrá como base fundamental una realidad en la que la mayoría de las y los mexicanos tengamos acceso al bienestar y a la justicia.
El gran reto: reducir y atemperar la pobreza
El principal motivo que impulsó al movimiento revolucionario que inició en 1910 se encuentra en el malestar y enojo provocado por la extendida pobreza y la profunda desigualdad que caracterizaban a la llamada “sociedad porfiriana”; adicionalmente, estaba el régimen de opresión política y el autoritarismo dictatorial del general Díaz.
A más de 100 años del inicio de este movimiento armado, las condiciones en el país son inaceptables: de acuerdo con las cifras del CONEVAL, si se mide a la pobreza únicamente considerando los ingresos de las personas, en el 2012 estábamos en condiciones similares a las que había en1992; es decir, nuestro país vive un estancamiento de 20 años en materia social.
En efecto, mientras que en 1992 el 21.5% de la población era considerada en situación de pobreza alimentaria, es decir, con ingresos por debajo de lo necesario para adquirir una canasta básica alimentaria –lo mínimo para comer tres veces al día-, en el año 2012, aplicando la misma metodología de medición, el porcentaje fue de 19.7%.
Asimismo, mientras que en el año de 1992 el porcentaje total de personas en pobreza fue de 53.1%, en el año 2012 la proporción medida por el CONEVAL asciende a 52.3%; con este ritmo, el país tardaría al menos 100 años más en erradicar la pobreza, un plazo que a todas luces es inaceptable.
Los niveles de pobreza están asociados sin duda alguna al estancamiento en el crecimiento económico y en la ausencia de mecanismos eficaces para distribuir equitativamente la riqueza que se genera. De acuerdo con diversas estimaciones, el ritmo promedio de crecimiento anual del PIB en los últimos 20 años es de 1.5%, cuando, dada la tasa de crecimiento demográfico exige una economía capaz de crecer al menos al 5% anual.
En resumen, el CONEVAL estima que en el año 2012, sólo 23.3 millones de personas, de los más de 114 millones que había en el 2012, tenían en ese año acceso a niveles considerados como “adecuados de bienestar”.
El desempleo y la precariedad laboral
Nuestra economía ha vivido un proceso constante de precarización que nos ha llevado a una peligrosa combinación caracterizada por tres elementos: a) una tasa de desocupación por arriba del 5% de la PEA, de manera sostenida, desde el cuarto trimestre del 2008; b) un crecimiento constante en el número de población con ingresos por debajo de los dos salarios mínimos, o que no reciben ingresos y; 3) un crecimiento constante en el número de personas que trabajan en la informalidad o en condiciones de informalidad laboral.
Respecto del primer punto, es de destacarse que según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por INEGI, a lo largo del 2013 la tasa promedio mensual de desocupación se ubica en 4.92%, sólo tres centésimas por debajo de lo registrado para el 2012, año en que la tasa promedio mensual de desocupación fue de 4.95%.
En números absolutos estas cifras equivalen a aproximadamente 2.7 millones de personas que de manera constante, a lo largo al menos de los dos últimos años han estado buscando empleo sin lograr conseguir una plaza laboral.
Sobre el número de personas que no reciben ingresos por la actividad que desarrollan, el INEGI captó en el tercer trimestre del 2013 a un total de 4.1 millones, una cifra récord de gente que labora generalmente en negocios familiares, en agricultura de subsistencia o bien en trabajo doméstico no remunerado. La cifra equivale al 8.3% de la Población Económicamente Activa en condiciones de ocupación.
Asimismo, INEGI identificó a 6.72 millones de personas ocupadas y que reciben sólo un salario mínimo o menos al día por la actividad que desempeñan; es decir, un 13.6% de la PEA que perciben menos de 62 pesos al día.
De igual modo, las cifras oficiales indican que al cierre de septiembre del 2013 había 11.88 millones de personas que ganaban más de uno, pero menos de dos salarios mínimos diarios, es decir, entre 62 y 124 pesos al día; esta cifra equivale al 24% de la población ocupada.
Como puede verse, el 46% de la población ocupada en el país se ubica en uno de tres supuestos: o no percibe ingresos por su trabajo; o gana 62 o menos al día por su trabajo, o gana más de 62 pesos, pero menos de 125 pesos al día por las actividades que desarrolla.
A lo anterior debe agregarse el tercer factor, es decir, que según las cifras del INEGI, el 59.1% de las y los trabajadores del país laboran en condiciones de informalidad laboral, es decir, no tienen acceso a la seguridad social, en muchas ocasiones carecen de un contrato escrito, y por lo general tienen bajos salarios.
Asimismo, INEGI identifica que alrededor del 28.1% de la planta trabajadora lo hace en la informalidad, es decir, son personas que trabajan en actividades que no tienen un establecimiento o local fijo, que no tienen salario diario garantizado, que no tienen prestaciones y que generalmente desarrollan sus actividades en la calle o en sectores agrícolas en duras condiciones de trabajo.
La fractura de la justicia
Uno de los ámbitos que poco se vinculan al bienestar y la cuestión social es el acceso a la justicia. En ese sentido es de destacarse que de acuerdo con los datos del INEGI, en el país se cometen al año más de 23 millones de delitos, de los cuales, sólo el 12% son denunciados a la autoridad y sólo casi el 5% derivan en sentencias emitidas por una autoridad judicial.
Como resultado, la confianza en las autoridades es nula, lo cual cuestiona severamente su legitimidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2013), 43% de la población confía poco o nada en la Policía Federal, cuando se supone que es la de mayor profesionalismo y capacidad.
Los jueces son peor valorados: 52.2% de la ciudadanía afirma confiar poco o nada en ellos. Asimismo, el 55.4% de las personas mayores de 18 años confían poco o nada en las policías estatales: el 58.1% dice confiar poco o nada en los ministerios públicos y las Procuradurías; y en la misma proporción de desconfianza se ubican las policías Ministeriales y Judiciales.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 04- Febrero- 2014, p.22
Facebook: /mexicosocial
Twitter: @mexicosocialorg
