por Roberto Vélez Grajales
El pasado jueves 1 de septiembre, el Presidente de la República entregó su Cuarto Informe de Gobierno. Más allá del formato elegido para comunicarlo, vale la pena revisar los contenidos del mismo. En lo que toca al apartado de México Incluyente, referente a la política social, llama la atención que la dimensión de ingreso monetario está ausente, tanto en términos de objetivos como de resultados
Esto sugiere una falta de consistencia en la orientación de la política social, ya que a principio del sexenio, la erradicación del asistencialismo y la capacidad de generación de ingreso se constituyeron, junto con la necesidad de hacer efectivos los derechos sociales, en la apuesta del sector. Desde una perspectiva de movilidad social, dicha capacidad de generación de ingreso, la cual en buena medida tiene que ver con el ejercicio efectivo de los derechos sociales, resulta de gran importancia. En ese sentido, si no se establece como uno de los objetivos y tampoco se reportan resultados en términos del mismo, entonces no es posible constatar que el destino de los mexicanos ha dejado de estar fuertemente condicionado por sus circunstancias de origen, y por lo tanto, la política social no podrá ser evaluada de manera positiva.
En su declaración de intenciones en el Primer Informe, el del año 2013, el gobierno federal plantea la necesidad del “reconocimiento pleno de los derechos sociales” y se refiere a los individuos como “sujetos” de los mismos[1]. En su definición instrumental, en el texto del Cuarto Informe, dichos derechos se circunscriben únicamente a las “carencias sociales” y se deja de lado la dimensión de ingreso[2]. Así, mientras que en el año 2013 se planteaba la necesidad de “generar opciones que permitan a los segmentos más marginados producir riqueza, elevar su ingreso e integrarse al desarrollo nacional”[3], en el año 2016 el objetivo, que pareciera más asunto de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, se acota a “generar condiciones propicias para la estabilidad de precios con el fin de proteger el ingreso de las familias mexicanas”[4].
<< La dimensión de ingreso monetario está ausente, tanto en términos de objetivos como de resultados >>
En un principio se podría pensar que ése no es el planteamiento de fondo, sin embargo, más adelante se reafirma el mismo al argumentar que el “primer paso fue conceptualizar de manera distinta la problemática multidimensional de la pobreza, dejando de medirla con base en un ingreso mínimo”[5]. Tal vez aquí a lo que se refería el gobierno federal era a que la metodología de medición de pobreza, desde el año 2009, que no desde hace cuatro años, ya no sólo incluye la dimensión de ingreso, sino que además incorpora la dimensión de derechos sociales a través de una batería de carencias. Desafortunadamente, y con base en lo mencionado más arriba, éste no parece ser el caso.
Las causas de lo anterior pueden ser varias. Una potencialmente válida sería que esta decisión fuera el resultado de una discusión amplia y profunda sobre el problema de la pobreza. En ese sentido, si bien es cierto que la pobreza puede entenderse como el resultado de la falta de posibilidades en el ejercicio de derechos, para que éstos puedan ser calificados como efectivos deberían probar ser instrumento de logro socioeconómico, es decir, que entre otras cosas, debería comprobarse que su ejercicio deriva en la capacidad de generación de ingreso. De tal manera, no incluir datos de ingreso para medir los avances de la política social no resultaría ser lo más conducente.
Además, si, como parece, la intención es transitar a un esquema únicamente de enfoque de derechos, se requiere hacer una revisión profunda sobre la definición de los mismos, de tal manera que los indicadores seleccionados para su medición capturen calidad y efectividad en el ejercicio. Sin embargo, la forma de reportar avances en el Informe tampoco sugiere que se haya elegido esta ruta, ya que, por ejemplo, al resaltar algunos de los logros del último año, se hace referencia a una reducción en la carencia de salud a través de la afiliación a Seguro Popular e IMSS, que no de acceso efectivo, de más de 10 millones de personas.
Pero hay explicaciones mucho más simples y difícilmente justificables. Por ejemplo, vale la pena resaltar el hecho de que, a diferencia de los primeros tres informes de gobierno, en este último no se hace referencia en el cuerpo del texto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ni a las cifras que publica, las cuales a fin de cuentas son las oficiales por ley en materia de pobreza[6].
<< Si, como parece, la intención es transitar a un esquema únicamente de enfoque de derechos, se requiere hacer una revisión profunda sobre la definición de los mismos >>
En ese sentido, cabe recordar que, en términos de la Ley General de Desarrollo Social y de acuerdo con su artículo 36, el Coneval es el encargado de establecer los “lineamientos y criterios… para la definición, identificación y medición de la pobreza”[7]. Si bien es cierto que el gobierno federal podría aclarar que al día de hoy no existen cifras comparables de ingreso que nos permitan evaluar los avances en combate a la pobreza entre 2014 y 2015, decide no hacerlo.
A pesar de todo lo anterior, las dudas sobre los contenidos y el objetivo del Cuarto Informe en el apartado de México Incluyente se disipan cuando en el texto se hace referencia al eje transversal de los mismos, la Estrategia Nacional de Inclusión[8]. Sobre la misma no existen documentos que la expliquen a detalle, pero sí un boletín de la Presidencia de la República en la que se le define como “el principal instrumento de cambio para que más ciudadanos se alimenten mejor, tengan acceso a servicios de salud, habiten mejores viviendas, cuenten con servicios básicos como agua, drenaje y electricidad, abandonen el rezago educativo, obtengan los beneficios de la seguridad social y puedan adquirir los alimentos de la canasta básica a precios estables”[9]. En resumen, se confirma la ausencia de compromiso en relación con la generación de ingreso.
<< El gobierno federal podría aclarar que al día de hoy no existen cifras comparables de ingreso que nos permitan evaluar los avances en combate a la pobreza entre 2014 y 2015, decide no hacerlo >>
La adopción del enfoque de derechos sociales es válida siempre y cuando vaya acompañada de una definición de los mismos en el sentido de su ejercicio efectivo. Más difícil resulta, sin embargo, aceptar que existe una disyuntiva entre dicho enfoque y el de ingresos. Desde la perspectiva de la política pública, se trata de dos enfoques que resultan complementarios, ya que permiten evaluar los resultados de la misma de ida y vuelta.
No conviene, desde una perspectiva de combate a la pobreza ni mucho menos desde una de movilidad social, diseñar una política que aborde el problema social desde una perspectiva restringida, y por lo tanto, potencialmente limitada. Mientras tanto, y hasta que no se haya realizado la revisión planeada para dentro de dos años, los avances de política social en materia de combate a la pobreza deben seguir siendo evaluados en términos de la metodología de medición de pobreza vigente.
[1]Primer Informe de Gobierno, p. 171, disponible en http://www.presidencia.gob.mx/primerinforme/
[2]Cuarto Informe de Gobierno, p. 183, disponible en http://www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme/
[3]Op. cit. (p. 171)
[4]Op. cit. (p. 183)
[5] Ibíd.
[6]Para encontrar referencias a Coneval hay que ir a notas al pie del anexo estadístico del capítulo correspondiente a México Incluyente.
[7]Ley General de Desarrollo Social, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_010616.pdf
[8]Op. cit. (p. 183)
[9] Cita tomada de https://www.gob.mx/presidencia/articulos/estrategia-nacional-de-inclusion-instrumento-de-cambio-para-abatir-la-pobreza. Sin embargo, como se menciona aquí, http://www.animalpolitico.com/elsabueso/el-sabueso-presidencial-la-estrategia-nacional-de-inclusion-social-existe/, hasta el momento no existe decreto alguno publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre dicha estrategia.
| Roberto Vélez Director de Movilidad Social y Bienestar Socioeconómico del CEEY. Economista con estudios doctorales en Historia Moderna por la Universidad de Oxford. Sus áreas de investigación se concentran en movilidad social, desarrollo humano e historia antropométrica. Twitter: @robertovelezg |
