por Berenice Ramírez / Gabriel Badillo
La política del recorte presupuestal pone en entredicho la soberanía de las finanzas públicas; la SHCP no está atada de manos, cuenta con herramientas para incrementar los ingresos públicos, pero en el terreno político siempre hay prioridades
El fortalecimiento a la seguridad social se situó como uno de los aspectos relevantes en las propuestas de campaña de los partidos políticos en la contienda presidencial de 2012, aunque destacaron las diferencias conceptuales y políticas que la ubican en un abanico que va desde el asistencialismo básico hasta la seguridad social fragmentada, así como la disputa entre los diferentes modelos a seguir a partir de las características de su financiamiento.
Entre las propuestas de campaña de Enrique Peña Nieto que se plasmaron en el Plan Nacional de Desarrollo y que se presentan como medidas orientadas a fortalecer a la Seguridad Social, contamos tres: el seguro de desempleo, el seguro de vida para jefas de familia y la pensión para adultos mayores. Dos se encuentran haciendo fila en el Senado: el seguro de desempleo, con muchas críticas por sus características y alcances, y la pensión para adultos mayores, que sigue operando de forma focalizada. Y antes de que puedan avanzar nos encontramos con un contexto económico de débil crecimiento, que junto con el desplome de los precios del petróleo y la devaluación del peso han obligado a recortes presupuestales que ponen en situación de mayor vulnerabilidad a la seguridad social. Analizar las implicaciones de este recorte es el objetivo de este artículo.
El Recorte presupuestal
Frente al desplome en los precios del petróleo y el débil crecimiento de la economía mexicana, el 31 de enero pasado el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un recorte al presupuesto público equivalente a 124,300 millones de pesos, de los cuales 52,000 millones corresponden a entidades y dependencias del sector público entre las que destacan tres instituciones encargadas de brindar seguridad y protección social a millones de mexicanos: el ISSSTE tendrá que recortar 1,500 millones de pesos, SEDESOL 3,750 millones y la Secretaría de Salud 3,332 millones.
El gobierno señala que el ajuste presupuestal es una respuesta a la coyuntura internacional, no obstante, el problema no es coyuntural, sino estructural, ya que hace evidente que desde hace varias décadas tenemos una Hacienda Pública que depende en gran medida de los ingresos derivados de la explotación petrolera; el equilibrio financiero ha estado ligado a un recurso natural no renovable, cuyo precio se determina en el mercado internacional. Además, México es uno de los países en América Latina con una de las recaudaciones fiscales más bajas, con el 11.4% del PIB [Cepal; 2014.211] en ingresos tributarios, mientras que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en promedio recaudan casi el triple que nuestro país.
Esta abundancia en los recursos petroleros ha permitido que el gobierno mantenga altos niveles de gasto público sin que ello implique una mayor recaudación. En el terreno político se ha mantenido el discurso de que nuestro país mantiene finanzas públicas sanas, pero se olvidan que los pasivos laborales superan el monto anual del PIB, lo cual pone en entre dicho este discurso y siembra la duda ahora más que nunca sobre la forma en que se financiará el gasto social y los compromisos adquiridos en administraciones anteriores.
¿Cómo afecta el recorte a la seguridad y protección social?
Aunque el titular de la SHCP explicó que el 65% del recorte corresponde a gasto corriente y el restante 35% a gasto de inversión, estas son cifras globales sobre el ajuste total, aún no se ha detallado el programa y su respectivo monto en cada entidad, lo cual resulta inquietante, por lo que se puede especular que esto obedece a un manejo político de la información.
La incertidumbre en la aplicación del recorte se acentúa si tenemos en cuenta que el ISSSTE está operando en déficit (I). En su último informe financiero y actuarial 2014 (IFA) la institución señala que seis de sus nueve fondos son deficitarios, y sólo préstamos personales y PENSIONISSSTE presentaron superávit.
De forma comparativa podemos decir que los 1,500 millones de pesos que dejará de percibir el ISSSTE equivalen al gasto programado para la atención anual de urgencias (1,390 mdp), al déficit anual en los seguros de invalidez y vida (1,225 mdp) y riesgos de trabajo (1,817 mdp). Se espera que los recursos correspondientes al pago de pensiones no se vean afectados, sin embargo, algunas partidas que de por sí se encuentran en niveles mínimos, como la inversión física, podrían disminuir aún más.
Para fines comparativos, a continuación se presenta una tabla con el presupuesto originalmente aprobado para el ISSSTE, el monto correspondiente a cada programa y su participación en el presupuesto total de la institución, ¿cuál de estas partidas podría sufrir un recorte en los próximos meses?
La Secretaría de Salud ha sido otra de las entidades afectadas por los recortes presupuestales; el monto es equivalente al 52% de los recursos que se destinan a inversión física en salud. Destaca que solo el 5% de los recursos en salud se reservan a gasto de inversión. Seguiremos observando baja cobertura en servicios de salud, largos periodos de espera, saturación en los servicios, lo que perjudica su calidad, y alto costo para el bolsillo de las familias.
La pensión para adultos mayores también será objeto del ajuste presupuestal; el programa a cargo de SEDESOL, que reportó tener un padrón de 4,910,302 beneficiarios para el periodo julio-agosto de 2014II, no modificará las condiciones de los afiliados presentes, pero el número de nuevos beneficiarios se restringirá. Tampoco se ha detallado el monto de recursos que serán ajustados en este programa. Demagógicamente se disminuyó la edad para obtener pensión no contributiva, pero en la realidad no podrán ser beneficiarios.
¿Cuestión de prioridades?
Cuando un país se encuentra en dificultades financieras, lo más lógico es tomar medidas de austeridad, sin embargo, los anuncios de Hacienda poco tienen de austeros; y, si bien es cierto que se han anunciado reducciones de 10% en los sueldos de altos funcionarios, estas medidas resultan insuficientes y parecen más una justificación mediática que un verdadero compromiso con la sociedad, sobre todo si tenemos en cuenta que 12 funcionarios de las instituciones mencionadas concentran casi 40 millones de pesos anuales por concepto de sueldos y salarios.
Las medidas adoptadas por la SHCP no están encaminadas a reformar la Hacienda Pública; el tratamiento especial que reciben los grupos fácticos se mantiene inalterado. Una política en contrasentido a la planteada sería incrementar la recaudación través de la eliminación de tratamientos especiales, sobre todo a la clase empresarial que goza de amplios mecanismos para no cumplir con sus obligaciones.
La SHCP proyecta en su informe de gastos fiscales que en 2015 dejará de recaudar aproximadamente 597,967 millones de pesos por concepto de “tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal” (SHCP: 2014). Si bien es necesario precisar que estos montos no representan una recaudación adicional, si suponemos que estos tratamientos especiales fueran eliminados, tampoco se puede obviar el hecho de que potencialmente representan una fuente de ingresos justa y necesaria.
Notas:
I. El ISSSTE reportó un superávit financiero para el ejercicio fiscal 2013, esto se debe a los 14,570 millones de pesos que el Gobierno Federal le transfirió en el cumplimiento de sus obligaciones. Si se analiza cada uno de los seguros sin tomar en cuenta las transferencias federales, las finanzas resultan deficitarias.
II. El economista reporta que al 4 de febrero el padrón de beneficiarios por este programa asciende a 5.4 millones, sin embargo los últimos datos disponibles en la página electrónica de SEDESOL corresponden al tercer trimestre de 2014.
| Berenice Ramírez Investigadora Titular, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Gabriel Badillo Licenciado en Economía, becario del IIEC-UNAM |
