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Derechos de la infancia, principales retos

por Laura Vargas

A 23 años de la aprobación de la Convención, nuestro país ha avanzado en los compromisos asumidos, pero aún falta camino por recorrer, en primer lugar, porque estamos frente a la misión de construir una cultura de protección de derechos, lo cual no es fácil, y se perciben resultados a largo plazo


La Convención

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada por casi todos los países en el mundo, entre ellos México.

Con esta ratificación, nuestro país asumió el compromiso de establecer medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella, velando siempre por el interés superior del niño.

Si bien en sus 54 artículos se señalan de manera clara y sencilla cuáles son y en qué consisten los derechos de todo ser humano de cualquier país del mundo que sea menor de dieciocho años de edad, el objetivo de la Convención va más allá de enunciar los derechos, es decir, pretende que los Estados asuman el deber de garantizar su aplicación y hacer efectivo su ejercicio y respeto sin distinción, en otras palabras, es necesario construir una cultura de protección de derechos de los niños, lo que implica corresponsabilidad familia-gobierno-sociedad y, en consecuencia, la aplicación de políticas públicas con perspectiva de derechos.

Retos del país

Es necesario fortalecer las instituciones que atienden a la infancia y destinar presupuesto suficiente para su buen funcionamiento y, sobre todo, para la óptima aplicación de los programas, aunado a la formación y profesionalización de servidores públicos con la capacidad y sensibilidad necesarias para realizar esta noble tarea.

A fin de obtener mejores y mayores resultados es necesario el trabajo coordinado y corresponsable en los tres órdenes de gobierno, con las organizaciones sociales e instituciones académicas y, en general, con la sociedad, es decir, la política pública a favor de la niñez debe ser aplicada de manera transversal y uniendo esfuerzos hacia un solo objetivo: el desarrollo humano integral del niño.

En tal sentido, es primordial fortalecer los vínculos familiares, partiendo de que la familia es donde se deben generar las condiciones para que los niños crezcan en un ambiente que por naturaleza les brinde la formación humana para el ejercicio libre y responsable de sus derechos humanos, no sólo desde niños, sino también, en su oportunidad, como adultos dentro de la sociedad. Siendo el derecho a la vida el más importante de todos los derechos, podemos afirmar que para los niños el segundo en importancia es su derecho a tener una familia, el cual les brinda seguridad y sentido de pertenencia.

Sabemos que los niños aprenden las conductas de los adultos y que lo que se vive en la familia se reproduce en cualquier grupo social. He aquí uno de los mayores retos de nuestro país: tener familias sanas y fuertes que formen seres humanos con valores, con salud física, mental y emocional, que construyan un mejor país, considerando que las estructuras sociales han cambiado y exigen nuevas y diferentes respuestas.

De igual manera, México tiene la misión de reforzar las acciones que buscan elevar la calidad de los servicios educativos, dentro de los cuales debe incluirse el que no basta con el cumplimiento de los programas académicos, o el aprendizaje de los derechos de los niños, sino que es necesario enseñarles su adecuado ejercicio, el respeto de los mismos, las instancias a las que pueden recurrir en caso de que se vulneren y, en especial, que cuando se tienen derechos, también se tienen deberes. Además, no debe dejarse de lado la educación en el plano emocional, pues es parte esencial de todo individuo y complementa su parte intelectual.

Reconocer y entender sus derechos

Resulta necesario señalar que los derechos de los niños deben ser reconocidos y entendidos por los adultos que participan en su formación, educación y cuidado, que les quede claro que son personas con dignidad, a fin de no sólo generar las condiciones necesarias para que los ejerzan, sino que además son los primeros que deben salvaguardar su integridad física y emocional, y evitar cualquier tipo de maltrato, explotación o abandono; para ello se tiene que trabajar en erradicar la idea equivocada de que los niños son un objeto de propiedad de los adultos y que una forma de educar es a través de malos tratos, tanto físicos como psicológicos.

Es importante tener presente que el derecho y deber de los padres a educar y formar a sus hijos, antes de ser opuesto o limitante de los derechos de los niños, es complemento para su desarrollo humano, es enseñar que los límites y la disciplina son esenciales para relacionarse, para la sana convivencia y para saber manejar las consecuencias de sus actos. Y al contrario, los derechos de los niños no deben ser impedimento ni obstáculo para que los padres les enseñen cómo ejercerlos sin perjudicar a otros.

Ello significa implementar acciones de gobierno para la formación de padres, la educación familiar y la solución pacífica de conflictos en la familia, en términos generales, sobre habilidades para la vida, dirigidas a construir una cultura de paz, dado que ésta se da solamente cuando se ejercen y respetan los derechos de manera recíproca, es decir, se aprende a convivir y a relacionarse.

Adopción, identidad, salud y seguridad

Un tema de gran importancia es la adopción, sobre lo cual se debe tener presente que antes de entenderse como el derecho de una pareja a tener un hijo, es el derecho de los niños a ser parte de una familia. Para hacer efectivo el ejercicio de tal derecho se tiene el reto de concluir la homologación y concordancia de las disposiciones estatales y federales para establecer la adopción plena y hacer accesibles y expeditos los procesos administrativos y judiciales. Un niño adoptado debe gozar de iguales derechos que un hijo biológico.

También resulta necesario determinar un plazo prudente para que las autoridades den seguimiento a la forma en que es tratado el adoptado en la familia a la que se integra, a fin de velar por su interés superior; así como contar con una base de datos que nos permita conocer el número de infantes atendidos en todos los centros asistenciales públicos y privados del país, su situación jurídica y posibilidad de adopción. Evidentemente, el cumplimiento de este objetivo requiere del trabajo coordinado entre las instancias judiciales, legislativas y administrativas, así como de las organizaciones sociales y de asistencia que prestan servicios al respecto.

Un asunto urgente y de gran trascendencia, prioritario para atenderse con especial cuidado es el referente a garantizar el derecho de los niños a tener una identidad (nombre, nacionalidad y vínculos familiares), partiendo de la base que la identidad es parte esencial del ser humano y lo que le permite ejercer efectivamente sus derechos, así como formar parte y ser aceptado en cualquier grupo social. En consecuencia, el Estado, como autoridad administrativa responsable de registrar los datos de cada nacimiento, debe asegurar la efectividad de este derecho, estableciendo los mecanismos necesarios para que todos y cada uno de los mexicanos, en especial las niñas y los niños, tengan una identidad propia e individual y el documento oficial para acreditarla.

El derecho a la salud debe ser garantizado a todos y cada uno de los niños mexicanos, por lo que se tienen que ampliar la cobertura y el acceso para llegar a cada comunidad, por más alejada que se encuentre de las zonas urbanas. Hay que dar la misma importancia a los servicios de salud en el aspecto de atención de enfermedades que a la salud preventiva, lo que significa que todos los niños y niñas de nuestro país reciban las vacunas que corresponden a las diferentes etapas de su desarrollo; que sean alimentados sana y nutritivamente; que vivan en las condiciones mínimas de higiene; y que conozcan el daño que les provoca el consumo de sustancias nocivas, entre otras acciones.

Otro gran desafío de nuestro país es el establecimiento de medidas y disposiciones que deben aplicarse en México para dar seguridad a los niños, para protegerlos de ser víctimas de delitos y de ser utilizados en la comisión de los mismos. Han de ser garantizadas su integridad física y moral.

Acciones del SNDIF

Cabe destacar que, dentro de muchos otros programas a favor de la familia y la niñez, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia, como la instancia del gobierno federal que, por mandato legal, atiende a este segmento de la población, cuenta con un área que promueve y difunde los derechos de los niños, conforme lo establecen el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En este contexto, se trabaja con base en tres líneas de acción:

1. La promoción y difusión de los derechos

2. La participación infantil

3. La integración de los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez

En atención a ello, se realizan diversas acciones, entre las que destacan la elaboración de Diagnósticos Estatales de la Infancia; la aplicación de encuestas sobre derechos a niñas, niños y adolescentes; la instalación de Comités Municipales; la profesionalización de los integrantes del Comité en materia de derechos de los niños, promoción y difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño; foros de participación infantil; revisión de leyes a favor de la infancia; y programas y políticas públicas en las entidades federativas. Nuestro objetivo es contribuir, como le hemos dicho, a la formación de la cultura de protección de derechos para una convivencia sana y armónica en la familia, en la escuela y en la sociedad.

En el DIF Nacional hemos asumido un compromiso firme con el desarrollo integral de la infancia y la familia, contamos con la sensibilidad que en todo momento ha manifestado la Sra. Angélica Rivera de Peña por trabajar al frente de esta institución, y sabemos que conjuntando esfuerzos con los diferentes actores de la sociedad lograremos formar niños, adolescentes y jóvenes que vivan los valores humanos, ejerzan de manera libre y responsable sus derechos y se realicen como personas.

Así tendremos mejores resultados y juntos podremos reconstruir el tejido social; juntos construiremos el México que niños, adolescentes, jóvenes y adultos merecemos.•

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