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En el Día de los Derechos Humanos, hablemos de fiscalidad

En el Día de los Derechos Humanos, hablemos de fiscalidad

El 10 de diciembre de 1948 la comunidad internacional adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. El documento fue negociado y aprobado en el marco de las Naciones Unidas, creada tan sólo tres años antes. Este documento marca un hito en la historia de los derechos humanos y su texto sigue siendo visionario.


Dentro de los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, el texto incluye no solo los derechos civiles y políticos tales como el derecho a la vida, la libertad de expresión y de religión, sino que también los llamados derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho de todo trabajador a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure a él y a su familia una existencia digna. Igualmente, el derecho a vacaciones periódicas pagadas; el derecho a la educación y el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure el acceso a la salud; a la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Con la aprobación de esta Declaración, se hacía hincapié de que, dentro de los derechos inherentes a todos los seres humanos, estaban también aquellos que nos permiten tener una vida digna, una vida sin miedo al hambre ni a la miseria y sin incertidumbres económicas. Este era un enfoque muy influenciado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosvelt, quien en su discurso de las Cuatro libertades (Four Freedoms Speech) en 1941, había incluido la libertad a vivir sin penuria. La influencia de su visión fue muy directa, puesto que, Eleanor Roosevelt, la entonces primera dama, fue quien presidió el comité de redacción de la Declaración Universal.

Hoy no deja de llamar la atención, que dentro de quienes con entusiasmo apoyaron la adopción de la Declaración Universal figuraban los representantes de países tan diversos como Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Francia, Irak, Líbano, y Egipto. Todos países en donde estos últimos meses han habido levantamientos populares que, teniendo causas diversas, podrían englobarse como revueltas en contra de las desigualdades y la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales plasmados en la Declaración Universal. Para los ciudadanos que han salido a las calles -y que además han sido reprimidos con violencia-, todos los derechos fundamentales son indivisibles y deben ser respetados.

Frente a los reclamos populares, encontramos gobernantes cada vez más desacreditados, que se excusan argumentando que sus arcas están vacías. Nos quieren hacer creer que las medidas de austeridad son inevitables, buscan convencer de que no tienen dinero para financiar servicios públicos de calidad, que carecen de los medios para dotar a sus adultos mayores pensiones decentes, y que no tienen recursos para hacer frente a la crisis climática.

Sin embargo, la evidencia muestra que las medidas de austeridad no son la solución. Solo agravan las disparidades de género o raciales, sumerge y mantiene a las personas en la pobreza y las priva del acceso a la salud, la educación o la vivienda. La ciudadanía reclama aumentos progresivos de los ingresos fiscales que permitan brindar a la población los bienes y servicios necesarios para una vida digna.

Existen varias opciones de política pública que le permitiría, incluso a los países más pobres, aumentar sus arcas fiscales. Dentro de aquellas opciones, se hace imperante una reforma del sistema fiscal internacional de las empresas multinacionales. El sistema actual no es solo obsoleto, sino que también injusto. Permite la evasión fiscal sistemática por parte de las empresas multinacionales.

Actualmente las multinacionales pueden declarar sus beneficios en los países de su elección, manipulando las transacciones entre sus filiales. De esta manera, consiguen ser deficitarias allí donde los impuestos son elevados -incluso si es en estos países donde generan más actividad económica-, para reportar altos beneficios en jurisdicciones donde los impuestos son muy bajos o incluso nulos -aunque en realidad no tengan clientes. Este no es un problema menor. Por ejemplo, en Estados Unidos, 60 de las 500 empresas más grandes, entre ellas Amazon, Netflix y General Motors, no pagaron impuestos en 2018, a pesar de un beneficio acumulado de 79.000 millones de dólares.

Debido a estas manipulaciones abusivas de las multinacionales, los países en desarrollo se ven privados de al menos 100,000 millones de dólares anuales, desviados a paraísos fiscales. Esta suma es mayor que todo el dinero destinado por los países ricos a la asistencia al desarrollo.

Si las multinacionales – o los super ricos- no pagan de manera justa sus impuestos, los gobiernos no obtienen los beneficios necesarios para invertir en bienes y servicios públicos de calidad ni para mitigar y adaptarse a la crisis climática. Asimismo, la carga tributaria se desplaza a los más pobres, usualmente a través de impuestos regresivos al consumo, como son los impuestos al valor agregado (IVA). El impacto es aún mayor para los países en desarrollo, ya que dependen más de los impuestos corporativos. El impuesto corporativo representa el 15% de los ingresos fiscales totales en África y América Latina, en comparación con el 9% en los países de la OCDE.

Las movilizaciones masivas contra la desigualdad extrema y las relacionadas con el cambio climático, nos deben remitir al enfoque holístico de la Declaración Universal de Derechos Humanos. De Santiago a Beirut, las calles nos recuerdan que la lucha por los derechos humanos es también la lucha por una vida digna, sin el miedo al hambre y la pobreza. Y no lograremos las inversiones necesarias sin cambios significativos y ambiciosos al sistema fiscal internacional.

En este Día Internacional de los Derechos Humanos, nos corresponde a todos asumir que los temas fiscales no son una mera cuestión técnica, que se puede dejar a la discusión a puerta cerdada por parte de políticos que han perdido su legitimidad. Las decisiones fiscales afectan de manera profunda nuestra vida diaria, y sin reformas estructurales no lograremos asegurar que toda la población tenga acceso a una vida digna, sin miedo al hambre y la miseria. Esta visión holística de los derechos era lo que plasmó la Declaración Universal de Derechos Humanos que hoy cumple 71 años. 


Magdalena Sepúlveda es Directora Ejecutiva del Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights y miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT). Entre 2008-2014 fue la Relatora de Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos. @Magda_Sepul

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