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Derechos humanos: una agenda impostergable

por Jonathan Rubio

Cada año, cerca de 153 mil mexicanos sufren al menos una violación a sus derechos humanos. Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país


En un país con altos índices de violencia, corrupción e impunidad, la violación a los derechos humanos es sistemática. En nuestro país es de tal magnitud que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó esta situación como una “grave crisis de derechos humanos”[1], e incluso el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ha definido la situación en nuestro país como un “entorno crítico en materia de derechos humanos”[2].

La defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional desde 1992, cuando se facultó al Congreso (con la adición del apartado B del artículo 102 de nuestra carta magna) para crear organismos especializados que atendieran quejas relativas a los actos violatorios de los derechos humanos.

Los organismos de protección a los derechos humanos se encargan desde ese entonces de proteger a la población de las violaciones a sus derechos por parte de alguna autoridad o servidor público.

Asimismo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución y que el Estado mexicano debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

No obstante, en México ocurren con suma frecuencia abusos de autoridad contra la población. Durante el sexenio que concluyó ocurrieron casos emblemáticos de tal magnitud que ocuparon las primeras planas de numerosos diarios nacionales e internacionales:

  • La desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, en Guerrero.
  • La detención arbitraria y ejecución extrajudicial de 22 personas por parte de militares, tras un enfrentamiento armado que ocurrió en 2014, en Tlatlaya, Estado de México.
  • La ejecución extrajudicial por parte de elementos federales de al menos 16 civiles desarmados que se encontraban realizando un plantón frente a la presidencia municipal de Apatzingán en 2015, en Michoacán.
  • La muerte de 42 civiles tras un enfrentamiento entre las fuerzas federales y un supuesto grupo de criminales en el cual se presume hubo actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, manipulación de la escena del crimen y siembra de armas en 2015 en Tanhuato, Michoacán.

Además de estos casos, en los que se evidenció la falta de capacidad para ejercer la fuerza pública, las quejas que consignan la constante vulneración de los derechos humanos suman miles.

Los derechos humanos en cifras

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos de 2017 del Inegi, durante 2016 se recibieron 217 mil 718 solicitudes de queja en todo el país. La inmensa mayoría fue interpuesta ante los organismos estatales (el 79%).

Con base en la calificación o el desecho de dichas solicitudes, realizado por los organismos defensores de derechos humanos nacional y estatales, resultó que hubo para ese año 149 mil 959 presuntas conductas de servidores públicos que transgredieron al menos un derecho humano.

De acuerdo con este censo, el derecho a la seguridad jurídica y libertad personal es el que más ha sido vulnerado en nuestro país. Este derecho agrupa un conjunto de violaciones tales como: la detención arbitraria, la retención ilegal, la violación del principio de que las funciones públicas se realicen en el ámbito de la legalidad, la violación al principio de inocencia, entre otros.

Tales violaciones constituyen más del 37% de todas las ocurridas en el país, lo cual involucró un poco más de 56 mil casos registrados en los expedientes.

Dentro de esta clasificación destacaron los derechos humanos que fueron violentados derivados de los actos de corrupción, los cuales ocuparon el primer lugar: en 2017 se registraron 14 mil 014 hechos que violaron el principio de la legalidad en el desempeño de las funciones públicas, lo cual representa poco más del 9% del total de hechos presuntamente violatorios.

La prevalencia de la corrupción en nuestro país ya se ha documentado en otros ejercicios estadísticos. En la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental resultó que el 91% de la población mexicana mayor a 18 años percibió que la corrupción es frecuente o muy frecuente.

En segundo lugar, se encuentran las transgresiones relacionadas con la integridad y seguridad personales. Bajo esta clasificación, resultan relevantes los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ya que sumaron 6 mil 860 casos, mientras que los actos de tortura ascendieron a 3 mil 36.

El derecho a la protección de la salud es el tercer derecho que durante ese año fue violado con mayor frecuencia. Se trata de casi 12 mil casos donde se registraron situaciones como la negación de la atención médica, existió negligencia médica, se negó el suministro de medicamentos, o se abandonó al paciente, entre otros.

Los derechos civiles destacan en el ranking de los que más se violentan: durante 2017 se acumularon casi 11 mil casos. Bajo este derecho, la transgresión del derecho a la personalidad jurídica ocupó casi la mitad del total (5 mil 406).

Las violaciones a los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad acumularon 9 mil 817 casos. En este caso, la aplicación arbitraria del sistema disciplinario en establecimientos de reclusión o prisión es la situación que generó la mayoría de las violaciones a sus derechos, con 9 mil 817.

Las cinco violaciones que se han mencionado concentraron el 70% del total de las violaciones registradas a los derechos humanos que, si bien son las de mayor frecuencia, existen 18 clasificaciones más que sumaron 44 mil 366 violaciones a los derechos humanos, cuyos abusos constituyen auténticos actos de barbarie, y dejan miles de víctimas.

Hechos violatorios cometidos a los derechos humanos durante 2017

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Fuente: Inegi, Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal de 2017.

El organismo defensor de los derechos humanos que más hechos presuntamente violatorios calificó en 2016, fue el de la Ciudad de México con un total de 32 mil 174, se ubicó por arriba lo que se registró en Jalisco con 19 mil 461, y de los casi 15 mil que así calificó la CNDH.

Desaparecidos

Una de las situaciones que más preocupan en un Estado en el cual toda la sociedad, sin distinción de ningún tipo, está sujeta al cumplimiento de las leyes, es la transgresión del derecho a la vida.

En este derecho se incluyen situaciones como las desapariciones forzadas, las omisiones en las investigaciones de actos que atentan contra la vida y las ejecuciones extrajudiciales.

Si bien la estadística del censo de derechos humanos solo documentaron la desaparición forzada de 100 personas durante 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró durante ese año la desaparición de 4 mil 525 personas que se encuentran investigadas por el fuero común y 45 por el fuero federal.

De acuerdo con ello, durante la última década (entre abril de 2008 y abril de 2018) se registró en el fuero común la desaparición de 34 mil 482 desaparecidos y de mil 043 en el fuero federal.

La imagen muestra los nombres de las personas desaparecidas desde 1968 que se encuentran registrados en fuero federal. El tamaño de cada nombre está relacionado con la frecuencia con la que aparece en la base de datos.

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Las víctimas

El Censo Nacional de Derechos Humanos identificó que 152 mil 807 personas fueron víctimas de al menos una violación a sus derechos.

El número de víctimas cuya violación a sus derechos humanos no se encuentra especificada equivale al 37% del total, es decir, se desconocen los detalles de los abusos de cuatro de cada 10 víctimas. A causa de ello, se podría subestimar de manera significativa las estadísticas de varios hechos violatorios.

De las violaciones que se derivaron del incumplimiento al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, fue víctima un total de 9 mil 178 víctimas, mientras que 8 mil 974 de violaciones al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal.

En casos extremos se evidencia que el abuso de la autoridad y de la aplicación de la fuerza pública se manifestó en actos de tortura (2 mil 435 víctimas), de violaciones al derecho a la vida (3 mil 949 víctimas), detenciones arbitrarias (6 mil 490 víctimas) y la aplicación arbitraria del sistema disciplinario en establecimientos de reclusión o prisión (528 víctimas).

La cantidad de quejas que se presentaron ante los organismos de protección a los derechos humanos y la cantidad de hechos violatorios que de ellos han derivado es solo una muestra de la cantidad de arbitrariedades que se comenten.

De ahí el reto y el largo camino que aún queda por recorrer para dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo primero constitucional: garantizar el cumplimiento de todos los derechos que reconoce la carta magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

[1] CIDH, Situación de los derechos humanos en México. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/mexico/mexico.html

[2] Entrevista para el programa México Social del 12 de septiembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=FrDbjA8ggQE&t=738s

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