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Deuda política, ética y humanitaria

por Mauricio Farah Gebara

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La falta de un enfoque multilateral entre los Estados en torno a la migración ha provocado que la protección de los derechos humanos de los migrantes sea prácticamente inexistente


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La migración internacional es, por definición, un asunto bilateral y, en su caso, multilateral. Sin embargo, en su atención o tratamiento siguen prevaleciendo las visiones unilaterales. 

Con el discurso que enaltece la soberanía, o mediante el ejercicio del poder económico y político, los países siguen defendiendo su ámbito de decisión por encima de un principio más universal: el del derecho de los seres humanos a la vida y la integridad física y psicológica.

En 2014 se cumplen 20 años de que Estados Unidos tomó la ruta de extremar la vigilancia en la frontera, lo que se acentuó a partir de los hechos del 11 de septiembre de 2001.

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Luego de estas dos décadas ha quedado claro que la contención ha sido ineficaz y ha producido efectos negativos en toda la cadena de la migración.

En su obstinación por blindar la frontera, Estados Unidos rompió la circularidad de la migración, ahondó el sufrimiento de los migrantes, hizo más necesarios a los traficantes y encareció sus tarifas; por lo tanto, propició el interés de la delincuencia organizada por la migración.

Hoy los migrantes están expuestos a mayores y más diversos riesgos que hace dos décadas y enfrentan no sólo rutas más inhóspitas e incluso mortales, sino a una delincuencia ávida de recursos a costa de los más vulnerables entre los vulnerables. Estos efectos han sido visibles desde hace años y sin embargo no ha habido un cambio en las políticas migratorias estadounidenses.

La discusión en la Unión Americana en torno a una reforma migratoria ha envejecido sin que se obtengan los dos beneficios más relevantes: un camino a la regularización de los migrantes indocumentados que residen allá desde hace años y la apertura de vías legales temporales para los trabajadores migrantes.

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En lugar de eso, hemos atestiguado deportaciones sin precedente y la dolorosa separación de decenas de miles de familias. El Estado mexicano, por otra parte, tiene también una gran responsabilidad en este drama, pues a fuerza de ceder el mando a la inercia y a la retórica durante muchos años, hoy enfrenta un complejo desafío.

Se trata de garantizar los derechos humanos de los migrantes y, simultáneamente, de erradicar la violencia y el delito, que se han enraizado a lo largo de toda la ruta migratoria.

No es sólo una asignatura pendiente; es, sobre todo, una deuda política, ética y humanitaria, una responsabilidad de Estado que debe atenderse con la mayor prontitud y decisión.

Así como en Estados Unidos la reforma migratoria se ha reducido a intentos intermitentes, en México los avances legislativos alcanzados todavía no se traducen en un cambio significativo en favor del respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes.

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Las bandas del crimen se disputan el tráfico, la extorsión, el secuestro y la trata de personas en perjuicio de los migrantes, y lo hacen a tal grado que puede afirmarse que diversos tramos de las rutas migratorias son administrados por la delincuencia organizada.

A pesar de la complejidad de las circunstancias, hay vertientes de acción que pueden ponerse en práctica:

• El gobierno mexicano debe insistir ante el de Estados Unidos para incluir a la migración en la agenda bilateral, pero no desde la óptica de la seguridad nacional, sino como parte indivisible de la integración económica y social. Si la migración se encauza y ordena mediante la apertura de opciones legales, en lugar de tratar de contenerla con muros y cercas electrificadas, ambos países podrán seguir beneficiándose de ella sin el altísimo costo humano que hoy pagan los migrantes.

• La Ley de Migración y el Programa Especial de Migración, dado a conocer en abril de 2014, representan valiosos esfuerzos del Estado mexicano para construir un nuevo entramado legal, institucional y operativo a fin de incorporar al sistema jurídico nacional los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos.

Sin embargo, falta mucho por hacer para convertir en derecho positivo estos compromisos Es preciso que nos enfoquemos en resultados concretos, medibles, verificables, que den cuenta de un verdadero avance en la vigencia de los derechos elementales de los migrantes.

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• La reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011 brinda una nueva oportunidad para reconsiderar la política migratoria al incorporar al artículo 1º constitucional todos los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte. 

Esta adición otorga una protección mayor a los grupos más vulnerables como las mujeres y los niños, principales víctimas de las redes de tráfico y de trata de personas, pues las disposiciones de instrumentos internacionales son ahora obligatorias para todas las autoridades públicas. Si una nueva política migratoria se acomete con una visión de derechos humanos y se acompaña con una voluntad política y capacidad operativa, su realización fructificará en el bien de millones de personas, entre migrantes y familiares, de México y Centroamérica.

• Es necesaria  la creación de una fiscalía del migrante, dependiente de la Procuraduría General de la República, para que concentre la investigación de los delitos cometidos contra este grupo vulnerable, con personal especializado en la materia. 

• El Consejo Nacional de Seguridad Pública debe hacer de la criminalidad un punto relevante de su agenda.

• La Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Atención a Víctimas debe establecer como prioridad, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, un programa integral de víctimas dirigido a los migrantes. Es fundamental garantizar el acceso de los migrantes a la justicia y a su atención como víctimas del delito.

• Al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores debe impulsarse un mecanismo para que las autoridades locales establezcan los mecanismos que garanticen a los migrantes en las entidades federativas el acceso a los servicios de salud, justicia y trámites de registro civil previstos en la ley.

• Se necesita fortalecer los lazos con las organizaciones de la sociedad civil y ampliar su acceso a las estaciones migratorias. La perspectiva de los defensores civiles hace posible la transparencia y muestra en los hechos que la autoridad no tiene nada que ocultar.

•  La solución de fondo, desde luego, es impulsar una política regional de cooperación para el desarrollo a fin de reducir la necesidad de emigrar proporcionando oportunidades reales de desarrollo personal y familiar en las zonas de mayor salida de migrantes. En todo caso, emigrar debe ser sólo una opción más, pero no un fatal destino, como lo es hoy para cientos de miles de personas.

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En el pasado resultaba mejor no ver, no saber, no entender, pero sobre todo no hacer. Esta actitud sólo ha dejado muertes, humillaciones y violaciones a los derechos humanos de los migrantes, lo que resulta inaceptable y no puede continuar.

Es tiempo de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de asegurar la vigencia de los derechos de los migrantes. Es tiempo de devolverles la dignidad que se les ha arrebatado, la protección que requieren y merecen, y la seguridad jurídica que se les ha negado.

Es necesario aplicar el principio de responsabilidad compartida y gestionar la migración desde una perspectiva de derechos humanos, basada en el respeto a la dignidad humana y en el reconocimiento del valor del trabajo migrante.

La contención como respuesta preponderante a la migración internacional es una vía equivocada. Los hechos avalan esta afirmación. La obsesión por contener nos impide comprender, cambiar, proceder con claridad.

El actual gobierno de la República debe demostrar que en los nuevos tiempos hay cabida para los derechos humanos de los migrantes; que hay un compromiso por salvaguardar su integridad física y psicológica; que México es capaz de ver en el otro a un nuestro; y que en esta tierra el Estado es capaz de proteger a todos aquellos que se encuentran en su territorio, con independencia de su condición migratoria.

La falta de documentos no puede estar por encima de la justicia, el sentido humanitario y los derechos humanos de los migrantes.•

Mauricio Farah Gebara
Secretario General de la H. Cámara de Diputados. Es Maestro en Política y Gobierno por la Universidad de Essex, Inglaterra, con Especialidad en Alta Dirección del IPADE, y Licenciado en Derecho por la UNAM. Entre otros cargos, ha sido Secretario General del IFAI; Quinto Visitador General de la CNDH; Director General de la Unidad de Servicio Civil  de la SHCP; e Investigador de tiempo completo en el IIJ de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran el estudio “Migración en México y Derechos Humanos”, y los libros “No más víctimas inocentes: Los Derechos Humanos y la Paz” y “Cuando la vida está en otra parte. La migración indocumentada en México y Estados Unidos”.

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