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El camino por recorrer

por Marcelo Delajara

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El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) cuenta con una propuesta integral para llevar a México hacia un contexto con mayor crecimiento económico y movilidad social


Su objetivo es, esencialmente, promover la igualdad de oportunidades en el país mediante el acceso equitativo de todos los ciudadanos a los servicios de salud, de educación y de seguridad (social, personal y jurídica) en cantidad y calidad suficientes a lo largo de toda su vida. Esta propuesta refleja el consenso de un amplio grupo de académicos, funcionarios y expertos, provenientes de diversas corrientes de pensamiento e ideologías políticas, sobre los cambios que México necesita para revertir la polarización socioeconómica de su población (CEEY, 2012).

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En el ámbito de la salud y de la protección social, la propuesta referida apunta a la creación de un sistema de seguridad social universal, eficaz, equitativo y sostenible. En el ámbito de la educación, se propone mejorar la inclusión desvinculando el origen social con el logro educativo. Finalmente, en el de la seguridad personal y jurídica se analizarán aquellos cambios institucionales que fortalezcan la libertad y la seguridad de las personas, así como el respeto de los derechos civiles y humanos de todos, ciudadanos y ciudadanas por igual. Los continuos avances en el estudio de la movilidad social que se realizan en el marco de la agenda de investigación del CEEY mostrarán con claridad creciente el desafío que enfrentamos en términos de políticas públicas y de acción y participación ciudadana.

Para alcanzar el objetivo mencionado, la propuesta del CEEY enfatiza que se requiere un cambio de fondo en el financiamiento de la Hacienda Pública. Actualmente ésta es técnicamente deficitaria y su financiamiento insostenible en el tiempo; para cubrir el gasto público recurrente se utilizan los recursos no recurrentes que provienen de la explotación del petróleo. Ello tiene dos consecuencias importantes: la primera es una afectación grave del patrimonio nacional; la segunda es una capacidad limitada del Estado para realizar las inversiones en infraestructura, capital humano y tecnología que se necesitan para sostener el crecimiento económico. Y recordemos que se necesita un crecimiento económico vigoroso para incrementar las opciones de movilidad social.

La dependencia del gasto público recurrente de los recursos no recurrentes del sector petrolero se ha incrementado en las últimas décadas debido a la política de gasto social destinado a la población sin cobertura de salud y seguridad social. Dicha política ha tomado la forma de programas sociales específicos en los ámbitos de la salud, la educación, la vivienda y las pensiones, principalmente, los que buscan remediar las carencias sociales de dicha población.

Cabe señalar que el aumento del gasto social destinado a la así denominada “población abierta” no sólo no ha servido para reducir los graves problemas de desigualdad y rezago social que en general ésta padece, sino que la cantidad y calidad de los servicios que recibe la población derechohabiente se han resentido. En otras palabras: la manera en la que se ha administrado la protección social no conduce a la movilidad social, pues fomenta la dependencia a programas sociales poco sostenibles y no exentos de clientelismo político de una parte importante de la población, y asimismo vulnera a las clases medias.

La política social ha generado, de esta manera, un sistema de protección social dual muy ineficaz. Dicho sistema dual es la imagen reflejada de la segmentación de los mercados laborales en dos sectores: formal e informal. Y viceversa, la condición de formalidad e informalidad de los trabajadores y las empresas son en parte un resultado de la forma que tomó la seguridad social en el país.

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Por lo anterior, resulta inconcebible resolver los problemas del financiamiento de la Hacienda Pública y de la dualidad en la protección social por separado. La propuesta del CEEY en este ámbito es, adicionalmente a la creación de un sistema de seguridad social universal eficaz, que éste se financie por la Hacienda Pública con los recursos provenientes de impuestos generales a los ingresos y al consumo (CEEY, 2012). Para ello, es necesaria una nueva legislación que desvincule el pago de impuestos de la condición laboral, y que todas las personas físicas estén sujetas a las mismas obligaciones tributarias, tanto en el ámbito del ingreso como del gasto, cuidando la progresividad del sistema tributario.

Los efectos económicos y sociales de largo plazo de eliminar la informalidad serían tal vez los más importantes. El funcionamiento de mercados laborales flexibles en un contexto de seguridad social universal genera enormes incentivos para la inversión en capital humano y físico en el sector privado. Cabe señalar que dicho contexto no podría ser debidamente aprovechado sin una mejora sustancial en el sistema educativo que promueva la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación de calidad. Adicionalmente, sostener el financiamiento de la Hacienda Pública con una base amplia de contribución, con recursos de fuentes permanentes y que prescinda de los retornos de la explotación del patrimonio nacional, permitiría fortalecer dicho patrimonio mediante una política de inversiones socialmente rentables en calidad educativa, infraestructuras, tecnología e innovación.

En conclusión, dos rémoras importantes para el progreso económico y social de México son el manejo miope, en el sentido económico, de las finanzas públicas y el dualismo que caracteriza al sistema de protección social. Éstas se retroalimentan para generar pérdidas patrimoniales graves al país, escasez de recursos públicos para promover el crecimiento económico, así como una baja movilidad social.

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La propuesta del CEEY para dar un vuelco a esta situación está muy avanzada en lo que toca al diagnóstico y a los objetivos en sus grandes líneas, los que, es importante repetir, fueron consensuados con un amplio espectro de visiones (por ejemplo, véase Antón et al., 2012). En la agenda de investigación del CEEY se trabaja ahora en la “hoja de ruta” para llegar al nuevo acuerdo social. Ejemplo del avance logrado hasta el momento es la serie de documentos del CEEY (2013a-d). Asimismo, los artículos de este volumen son un buen resumen de las discusiones más importantes en las que se ha involucrado el Centro.

La agenda referida es sin duda amplia y debe evaluar los distintos escenarios sociales y económicos que las distintas combinaciones de políticas públicas podrían llegar a determinar. Dichas políticas públicas abarcan desde lo económico a lo legislativo, y desde lo social a la seguridad. El CEEY está comprometido a transitar dicho camino con rigor científico, con apego a su misión e ideales, y bajo la bandera del consenso.

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Referencias:

I. Antón, A., Hernández, F. & Levy, S. (2012). The end of informality in Mexico? Fiscal reform for universal social insurance. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank.

II. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2012). El México de 2012. Reformas a la Hacienda Pública y al sistema de protección social. México: CEEY

III. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2013a). El México de 2013. Propuesta para transformar el sistema nacional de salud. México: CEEY

IV. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2013b). El México de 2013. Propuesta para una pensión universal. México: CEEY

V. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2013c). El México de 2013. Hacia una reforma integral de la Hacienda Pública. México: CEEY

VI. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2013d). El México de 2013. Hacia una reforma del Federalismo Fiscal. México: CEEY

Marcelo Delajara
Director del Área de Crecimiento Económico y Mercados Laborales del CEEY. Es Doctor en Economía en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, 1999). Fue profesor, investigador y consultor en diversas instituciones (UDLA-P, CIDE, BID, PNUD, Banco Mundial y Banco de México, entre otras). @MarceloDelajara

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