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El problema nacional

por Gerardo Torres Salcido

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define la crisis alimentaria como una amenaza al acceso físico o económico a “alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias y las preferencias en cuanto a alimentos para llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996). Las crisis alimentarias pueden presentarse de manera coyuntural o prolongada; este último tipo puede afectar a los países más pobres y con una escasa estructura institucional para enfrentar las emergencias naturales o la especulación del mercado.


Si bien han existido hambrunas y desnutrición a lo largo de la historia, la crisis actual presenta condiciones inéditas, tales como la elevación del consumo alimenticio en China y la India; el cambio climático; la presión creciente sobre los mercados de tierras agrícolas; el destino del maíz para la producción de energía; y la especulación en los mercados de futuros. Estas condiciones influyen en la persistencia de 850 millones de habitantes que sufren hambre crónica, lo que representa un 15% de la población mundial, a pesar de los esfuerzos realizados por reducir la  desnutrición (I).

El caso de México plantea, además de los riesgos globales, una serie de problemas relacionados con los movimientos de la población; la transformación de las sociedades locales; las políticas de apertura; la escasa innovación tecnológica y las políticas sociales; problemas que en conjunto han impulsado una transformación estructural en el campo.

La población rural en localidades menores de 2,500 habitantes ha disminuido en las últimas décadas al pasar del 29% como proporción de la población total del país en 1990 a 24% en 2010, con un creciente envejecimiento de los productores, como resultado de la emigración. Esto último ha significado la pérdida de saberes, formas de trabajo y cohesión social en el ámbito rural, a pesar de que la emigración ha traído importantes ingresos a los hogares rurales y que a menudo ha influido en las innovaciones y el comercio.

Otro de los efectos del cambio en el campo ha sido el rentismo y abandono de tierras. Se estima que en la actualidad más del 40% de las tierras para producción son rentadas. Por otra parte, para el año 2010 el cálculo de tierras ociosas rondaba en los 7 millones de ha., debido a factores como la ganadería extensiva, emigración, inseguridad, falta de créditos, acceso insuficiente al agua (Torres y Morales, 2011).

Por su parte, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) muestra un crecimiento considerable en los últimos años. Para 2012, el presupuesto asignado es de más de

300 mil millones de pesos, pero sus resultados productivos han sido escasos. Se ha privilegiado una creciente inversión en el gasto social destinado a becas, salud, desarrollo rural, alimentación y educación, que ha contribuido al combate a la pobreza por la transferencia de recursos a los hogares, pero que no ha estimulado la productividad en alimentos básicos ni ha contribuido a implementar medidas de adaptación al cambio climático. El PEC ha crecido a una tasa media anual de 14% de 2000 a 2011, en tanto que el PIB agropecuario sólo aumentó un 2% a tasa media anual (Torres y Morales, 2011).

Lo más grave es que a pesar del crecimiento en el gasto en desarrollo social, la pobreza ha aumentado y la pobreza alimentaria, entendida como el ingreso familiar que aún cuando sea destinado en su totalidad a la compra de la canasta alimenticia es insuficiente para cubrir esta necesidad básica, lo ha hecho con particular intensidad. Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2006-2010 (ENIGH), demuestran un aumento de 5% en relación con 2006 del porcentaje de población que carece del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica (II).

Para tratar de revertir esta situación, y debido a una larga demanda social, el Congreso de la Unión reconoció el acceso a la alimentación como un derecho social en el año 2011, mediante la reforma al Artículo 4º Constitucional. No obstante, la falta de una ley reglamentaria impide su plena aplicación.

Los retos y desafíos de las políticas públicas

Las características de la crisis alimentaria global y en México plantean retos y desafíos que deben ser abordados con políticas públicas dirigidas a lograr la seguridad alimentaria, así como a disminuir la tasa de dependencia del exterior.

A continuación se enumeran algunas de esas probables políticas:

• En primer lugar, es necesario reglamentar las reformas en materia constitucional sobre el derecho a la alimentación, que obligan al Estado a garantizar la seguridad alimentaria y establecer los vínculos con los productores. En esta perspectiva, los retos de las políticas públicas de seguridad alimentaria deben abordarse desde un enfoque de seguridad nacional, dados la creciente dependencia alimentaria y el cambio climático.

• En segundo lugar, es preciso lograr la equidad en el intercambio comercial, lo que implica tener una política regulatoria, aprovechando los mecanismos de salvaguarda y protección que establece el TLCAN y otros tratados comerciales con respecto a los productos básicos de la dieta mexicana, dentro de los cuales el maíz juega un papel muy importante, en una situación de emergencia como la que se vive en la actualidad.

• En tercer lugar, se requiere continuar y profundizar las políticas dirigidas a la población pobre, sobre todo a aquella que tiene carencias alimentarias. Es menester que este tipo de políticas adopten modelos flexibles –no sólo centralizados en el nivel federal como lo ha sido hasta ahora el programa Oportunidades- que permitan llegar a la población situada en las localidades más aisladas y que generalmente coinciden con las zonas de población indígena.

• En cuarto lugar, con el objetivo de impulsar la producción, se requiere separar el gasto público en lo concerniente al gasto social y al gasto productivo con el objetivo de reactivar el campo, dando prioridad al empleo y bajo la perspectiva de recuperar el potencial productivo de granos básicos para asegurar la alimentación humana en México. En el rubro productivo deben incentivarse las iniciativas de los productores dirigidas a la adaptación al cambio climático.

• En quinto lugar, el modelo de gobernanza que se propone, debe basarse en acuerdos y convenciones entre los actores sociales y políticos a nivel territorial, pues no se puede excluir a las sociedades locales. Éstas han sido fuertemente golpeadas por la apertura de las fronteras, la emigración y el cambio demográfico. Para recuperar su riqueza y potencial, se requiere implementar políticas de desarrollo territorial basadas en la valorización de los recursos. Por otra parte, es factible integrar a este gran acuerdo a las Instituciones de Enseñanza Superior y a los Centros de Investigación para impulsar, con los fondos gubernamentales (federales y estatales) y con aportaciones privadas, a la ciencia básica, la tecnología y la innovación.

En fin, el reto de las políticas públicas en materia de alimentación en el país consiste en desarrollar las bases para que la sociedad mexicana tenga acceso a una alimentación sana y nutritiva. La atención a este problema no es de una magnitud inferior a otros problemas nacionales. Para llevar a cabo este propósito se requiere de una política de mediano y largo plazo que trascienda los límites sexenales, con presupuestos multianuales que den seguridad al productor y a las empresas, pero sin olvidar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, por medio de organismos fiscalizadores con participación ciudadana que controlen las ineficiencias del gasto y la corrupción. •

Referencias

I. (http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf) [acceso: 8/09/2012].

II. (http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/pobreza_2010.es.do) [acceso: 8/09/2012].

III. Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm

IV. Porcentaje de pobreza según entidad federativa, 2010. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/pobreza_2010.es.do

V. Reyes Osorio, S. 2011 “Efectos del TLCAN en el sector agropecuario”. Presentación en el Seminario Permanente sobre el Agro y el Sector Rural en el Siglo XXI, Coordinación de Humanidades, UNAM, mayo. The Milenium Development Goals, 2012. Disponible en: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf

VI. Torres Salcido, G. y Morales Ibarra, M. 2011 “Los grandes retos y perspectivas para el agro y el sector rural en México en el siglo XXI”, Revista Estudios Agrarios, Procuraduría Agraria, año 17, núm. 49, Octubre-Diciembre, México, pp. 13-28.

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