por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con datos del INEGI, 50% de la población joven considera que sus entidades son inseguras; 63% asegura que los patrullajes en sus colonias son escasos o nulos; 36.6% afirma que la policía es corrupta, y 28% cree que está coludida con la delincuencia. Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2014 hubo 1.59 millones de denuncias ante los Ministerios Públicos, pero INEGI muestra que sólo se denuncian 12% de los delitos… De esa magnitud es el reto
El estado de la inseguridad pública en que vivimos no sería explicable sin los altos niveles de corrupción que persisten en el país. No es exagerado desde este punto de vista que el signo de la criminalidad de nuestros días es el de la impunidad que resulta de una sociedad asustada, amenazada y paralizada frente a una corrupción endémica percibida respecto de todas las instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia.
Frente a ello urge redoblar los esfuerzos y acelerar las metas programadas, por ejemplo, para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de lograr que en los próximos meses se lleven a cabo las adecuaciones necesarias y, con ello, lograr que sea, a más tardar a finales de 2016, cuando esté en pleno funcionamiento.
Así las cosas, aun cuando hay datos que muestran una reducción en algunos indicadores relativos a la inseguridad, sobre todo en materia de homicidios y secuestro, no ocurre así con otros indicadores de persistencia de la violencia y la criminalidad, sobre todo en los ámbitos municipales, los cuales continúan siendo el eslabón fracturado en la larga cadena responsable de brindar seguridad a las personas y a su patrimonio.
Homicidios: un dato por conciliar
Urge construir un método de conciliación estadística en torno a la mortalidad violenta en el país. Lo anterior, porque los datos disponibles pueden llevar a una gran confusión, dependiendo de la fuente que emite los datos.
La Ley sobre el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece que es responsabilidad del INEGI generar la información de interés nacional, marco en el cual se encuentran las estadísticas de mortalidad general dentro de las cuales el Instituto encuadra a las defunciones por homicidio.
Sin embargo, el Inegi publica cifras que tienen un “retraso” de al menos un año, debido a la metodología que emplea para conciliar los registros administrativos a partir de los cuales genera sus estadísticas. Por ejemplo, al 7 de septiembre de 2015, los datos más recientes sobre homicidios corresponden al año 2013, hecho ante el cual es importante insistir que se debe sobre todo a la lentitud y deficiencia en la integración de los registros administrativos que existen en el país.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone en su sitio electrónico de otras cifras, también respecto de la mortalidad por homicidio, que difieren enormemente de las presentadas por el Inegi, lo cual se debe fundamentalmente a las diferencias en las metodologías en la integración de datos que utilizan.
Por ejemplo, entre los años 2010 y 2013 el Secretariado Ejecutivo reporta una cifra de 146 mil 792 homicidios totales, considerando a los dos tipos desde una categorización penal (dolosos y culposos). En contraste, los datos del Inegi muestran un total de 102 mil homicidios. Es decir, un diferencial de 44 mil 792 homicidios en los cuatro años señalados, lo cual constituye una diferencia promedio de 11 mil 198 homicidios anuales.
La percepción de la inseguridad
La encuesta más reciente que presenta datos sobre el estado de la percepción respecto de la inseguridad pública es la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención del Delito y la Delincuencia (Ecopred, 2014). En ella, 32.9% de la población de 12 a 29 años manifiesta que considera a su colonia como insegura.
En un ámbito territorial mayor, 47% de la población en el segmento de edad señalado considera que sus municipios son inseguros, mientras que 50% considera que su entidad es insegura.
Los espacios que son percibidos como los de mayor riesgo a nivel nacional son: el transporte público, con 68%; las calles, con 67%; los mercados, con 48%; los parques o centros recreativos, con 45.7%; los centros comerciales, con 28.8%. Al respecto es de llamar la atención que 11.6% considera que sus escuelas son espacios inseguros, mientras que 4% considera que los ámbitos de mayor inseguridad son sus hogares.
Autoridades cuestionadas
Uno de los módulos de la Ecopred está relacionado con el desempeño institucional; en éste, 62.8% de la población considera que los patrullajes en su colonia o barrio son escasos o nulos, lo cual abona a la percepción de varios sectores de la población en torno a que hay territorios que son “propiedad exclusiva” de la delincuencia, donde ni la policía se atreve a entrar.
Aunado a lo anterior, 37.2% de la población de 12 a 29 años dice tener poca confianza en la policía, mientras que 26.2% (uno de cada cuatro) afirma no tener ninguna confianza en dicha institución; es decir, en conjunto, 63.4% (dos de cada tres) de las y los jóvenes en México confían poco o nada en las autoridades policiacas.
Es importante destacar que 36.6% de quienes desconfían de la policía sostienen que es porque piensan que son corruptos; 27.5% opina que están relacionados con la delincuencia; 22.5% opina que tienen desinterés en la seguridad ciudadana, mientras que 21.6% cree que detienen por razones injustificadas.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 08- Septiembre- 2015, p.22
