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El sistema de protección a la infancia / Invitado: Ricardo Bucio

Bucio

El próximo año, se cumplen tres décadas de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que reconoce por primera vez a los niños como sujetos de derecho y que reúne al mayor número de Estados que han ratificado un tratado internacional


El Estado mexicano firmó la Convención en enero de 1990 y lo ratificó en septiembre de ese mismo año y con ello se comprometió a que, sin distinción alguna, cada niño y niña sujeto a su jurisdicción vea garantizados sus derechos.

Hoy, la Convención sobre los Derechos del Niño forma parte del orden jurídico mexicano. Nuestra Constitución es una de las que, en mayor medida, reconocen y mandatan la garantía del mayor marco de derechos de la niñez a nivel mundial. Sin embargo, nuestro país sigue registrando un muy alto grado de incumplimiento de esos derechos.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha advertido al Estado mexicano sobre los desafíos que aún enfrenta para  dar pleno cumplimiento a los derechos reconocidos en la Convención.

Uno de los señalamientos más importantes emitidos por el Comité a nuestro país, es el relativo al Principio del Interés Superior de la Niñez, pues pese a que éste se encuentra establecido en el artículo 4° constitucional no se aplica en la práctica de manera consistente.

Por otro lado, el Comité ha externado su preocupación por el violencia generalizada que se vive en el país y que ha derivado en numerosos asesinatos de niñas y niñas. En efecto, de acuerdo con el Inegi, en 2016, 6 mil 755 niñas, niños y adolescentes fallecieron por alguna causa clasificada como “violenta”: 1 mil 126 fueron por homicidio (1 cada 8 horas); 647 por suicidio (casi 2 diariamente); y 4 mil 636 por accidentes (2 cada hora).

A ello se le suma la pobreza infantil, la cual afecta a más de la mitad de la población de niñas, niños y adolescentes, en un porcentaje más alto en comparación con la población adulta, y de manera particular, a niñas y niños indígenas, afro-mexicanos, migrantes y desplazados y que viven en zonas rurales. De acuerdo con cifras de Coneval, el 52.8% de los niños y de las niñas mexicanas viven en pobreza, entre la población infantil indígena, el porcentaje de pobreza alcanza cifras cercanas al 80%.

Sin duda, el mayor reto que tiene el Estado mexicano es llevar a cabo un esfuerzo de gran calado, para que nuestro país llegue a esa celebración en ruta de ser un México apropiado para la infancia.

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Ricardo Bucio

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