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Entre la histeria y el cinismo

por José Antonio Polo

No sabemos si, como afirmaba Hobbes, el conflicto sea el «estado natural» del hombre. De lo que no hay duda es de que la violencia, es decir, el uso de la fuerza para infligir daño o someter, es parte de nuestra civilización, de nuestra historia


Si la guerra es la continuación de la política por otros medios, es natural que algunos de los padres de la ciencia política y de la sociología hayan puesto a la violencia, explícita o implícitamente, en el centro del análisis. Maquiavelo, Hobbes, Marx o Weber la pensaron como impulso político, como recurso y manifestación evidente de poder; también la consideraron en sus derivaciones morales y éticas. ¿Cómo reducir sus expresiones más extremas? ¿Cuándo es instrumento de explotación u opresión?¿Cuándo, por qué y para qué debe usarse? ¿Por quién?

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Abordar estos temas implica adjetivar la violencia, entenderla, explicarla, acotarla, justificarla; darle contenido político. Para no irnos demasiado atrás, la revuelta contra la injusticia se entiende, desde 1789, como un derecho consustancial al pueblo; es la Revolución, con mayúsculas. El Estado opresor generó su propia némesis fanática, magistralmente narrada por Anatole France en su novela «Los dioses tienen sed». El trasfondo siempre fue, para unos y otros, el de la legitimidad de su violencia. Ahí, nos dice Weber, habrá de radicar la esencia misma del Estado.

La Revolución francesa fue el evento político más radical de Occidente hasta el advenimiento del siglo XX, bautizado por Eric Hobsbawm como la era de los extremos. Pese a todas las carnicerías previas, se inauguró un nivel diferente de atrocidad: el exterminio industrializado de la Alemania nazi, y un nuevo concepto, acuñado por Hannah Arendt, «la banalidad del mal». Siguiendo en el mismo lugar y época, quizá nunca se hayan constatado más claramente los costos morales y civilizatorios del apaciguamiento, como en la disyuntiva Chamberlain o Churchill. El presidente Roosevelt lo puso bien: hay que tener cuidado con el miedo al miedo.

Como era de prever, ni la victoria aliada ni la caída del muro de Berlín significaron «el fin de la Historia», y la defensa de las libertades y la justicia social continúan como los problemas centrales de la ciencia política. De ahí la pertinencia, según el canon liberal, de la educación cívica, de las políticas compensatorias, y del Estado mismo, al menos como árbitro entre intereses distintos. Vale la pena insistir: las relaciones civilizadas no se abstraen del conflicto ni de la violencia; los asumen y los procesan mediante la política y las instituciones.

Aterrizando ya en el aquí y el ahora, ¿por dónde empezar a dialogar sobre México y su violencia? Para empezar, no es arriesgado afirmar que somos un país muy violento. De nueva cuenta, no porque exista el fenómeno, sino porque así lo indican nuestra tasa de homicidios y el número de secuestros y extorsiones. Además, de acuerdo con todas las encuestas, la inseguridad es, desde hace varios años, la principal preocupación de los mexicanos, en alternancia con los problemas económicos.

¿Cuáles son los orígenes y el desarrollo de esta realidad y de esta percepción? Habrá mucho que escribir desde la sociología, la psicología, la economía, la historia y la ciencia política. Por lo pronto, comprimir los eventos de los últimos años en las decisiones de gobierno o de un puñado de criminales no es suficiente. Si se habla con razón de la naturaleza multidimensional de la pobreza, así también con la violencia. Ninguna lista estará completa, pero cualquiera debería incluir la incompetencia y la corrupción en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia; la exclusión económica y social; los maltratos en la familia; las insuficiencias educativas, públicas y privadas; la difusión obscena de «estilos» de vida -es un decir- tan inalcanzables como superfluos; la pobreza que contempla los desplantes de riqueza, y la opulencia que simula no ver las humillaciones que provoca.

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Esos serían algunos de los grandes trazos, pero tampoco serán suficientes porque cualquier mirada cuidadosa a las historias locales de crispación podrá señalar las más diversas motivaciones y explicaciones. En los universos locales están las narrativas de las distintas violencias que existen en el país. A pesar de ello, rehuimos a las disecciones sociológicas, trivializamos, y cargamos la explicación en «el Estado», errónea y convenientemente intercambiable por «el gobierno», y simplificamos aún más al enfocar en una de sus expresiones más lamentables: las policías.

Con poco pensar se acaba comprendiendo que la violencia no podría agotarse de ninguna manera en el tema policial, pero tampoco sobran algunos comentarios no sobre cómo padecemos, sino sobre cómo tratamos a nuestras policías. Por principio, es ya un lugar común estigmatizarlas. Y se entiende. ¿Pero porqué no reparamos en que el 60% de los policías locales ganan menos de 4 mil pesos, y en que casi el 70% no pasa de la primaria? La conclusión obvia es que el modelo policial del país es intrínsecamente corrupto porque sólo puede existir económicamente -ya no digamos «operar» en cualquier sentido-, gracias al subsidio de la delincuencia y de la corrupción.

Es a pesar de esta realidad que satanizamos a las policías, y de ahí surgen las Fuerzas Armadas como actor emergente, lo que significaría que llevamos décadas en la emergencia, y que ya nos acostumbramos a ver soldados en funciones de seguridad pública, incluso como policías municipales. ¿Es sano para nuestra democracia? No lo es, entre otras cosas porque se confunde defensa nacional con seguridad pública, pero sobre todo porque refleja y reproduce el divorcio entre gobiernos y comunidades.

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No es menor la contribución a este divorcio la del desastre que impera en procuradurías y el sistema judicial. Un ejemplo: el secuestro, uno de los delitos que más lastiman y que menos se denuncia. Sin contar con una altísima cifra negra, se cuentan en miles anualmente; sólo el registro oficial de 2013 daba un promedio de un secuestro cada seis horas. Pero ante esta tragedia cotidiana, en 2014 no se dio ni una sola sentencia condenatoria a ningún secuestrador. Si esto no es un colapso de nuestros sistemas de impartición de justicia, ¿cuál será la definición del concepto? Porque el hecho es que continuamos sin reformar en verdad nuestras policías, nuestras procuradurías, nuestros sistemas judiciales y penitenciarios. Es más, por ser casos de supuesta irredención, parecería que damos por perdido el asunto. Quizá por ello, mientras en otros países la muerte de un policía, un fiscal o un juez se lamenta en funerales públicos, en nuestro país terminan en ceremonias privadas y en numeralia que a nadie conmueven.

Aquí valdría la pena detenerse un poco más. El país ha fracasado, pero en lugar de embarcarnos -porque, aunque no queramos, vamos «en el mismo barco»- hacia una reforma significativa de nuestras instituciones, continuamos dando vueltas a la noria con ajustes timoratos y uno que otro retroceso. Nos resignamos a una labor de Sísifo que no puede culminar en una sola institución de seguridad o procuración de justicia que merezca respeto social. En alguna medida, persiste la noción de que la eficacia implica corrupción. Era, es y seguirá siendo, la justificación instrumental de la mafia. En México al menos no habría ya mucho que alegar; con la ineptitud de unos y la desidia de otros, acabamos en el peor de los mundos: instituciones de seguridad y justicia que, además de corruptas, son ineficaces.

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En suma, catalogamos correctamente a nuestras instituciones como parte del problema, pero las condenamos a seguirlo siendo. Vivimos en el presente eterno de una profecía autocumplida.

Es absurdo, y es también suicida. Como diría un gran estadista, obviamente sin muchos escrúpulos: peor que un crimen, es una estupidez. Para contar con policías, procuradurías, juzgados y cárceles diferentes hay que imaginarlos de otra manera, construirlos con esquemas meritocráticos, cuidarlos y fiscalizarlos, valorarlos, gobierno y sociedad, y convertirlos en proyectos, no de un partido ni de un gobierno, sino del Estado mexicano.

La «anestesia moral», por llamarla de algún modo, deriva en el cinismo, quizá la principal de nuestras enfermedades. Nuestro lenguaje, la manera en que nos contamos a nosotros mismos estas historias, ilustra el punto. Resulta obvio evocar el retrato/ espejo de Dorian Grey cuando lo mismo acusamos a todo el gobierno de asesino, que mantenemos como políticos a gesticuladores sin contenido y a gestores de vergüenzas; cuando  lo mismo llamamos explotador al sector privado, que le erigimos pedestales a fortunas producto del abuso sistemático; cuando lo mismo descalificamos a las escuelas públicas, que continuamos llamando «maestros» a quienes por fortuna no dan clase. En ese contexto, ya no resulta tan extraño que se exija con tonalidades histéricas un país tranquilo. Probablemente no sea casual que, en estos procesos de violencia, turbulencia mediática y ci- nismo que ha vivido y vive el país, la democracia pierda adeptos. De acuerdo con las encuestas de Latinobarómetro, en 2002, 63% de los mexicanos la apoyaban como sistema de gobierno, mientras que en 2013 dicho apoyo se había contraído a un 37%.

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Hacia adelante…

Wright Mills insistía en la imbricación entre biografía e historia, entre el yo y el mundo; en el puente entre psicología y política, entre nuestros miedos individuales y nuestros compromisos públicos. La indignación es positiva si se transforma en motivación para formular propuestas de acción. La libertad adquiere sentido y dirección políticas mediante la ética. Si dejáramos de achacar por un momento nuestras desgracias a los demás, democracia y República incluidas, ¿cómo querríamos ser después de Villas de Salvárcar, San Fernando y Ayotzinapa? ¿Hacia dónde ir? ¿Cuáles serían las rutas y los procesos?

 Valdría la pena recobrar los lineamientos del Programa de Acción sobre una Cultura de Paz de la ONU, a saber:

• Promover una cultura de paz por medio de la educación

• Promover el desarrollo económico y social sostenible

• Promover el respeto de todos los derechos humanos

• Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres

• Promover la participación democrática

• Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad

• Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimientos

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Si algo implican estos enunciados de Naciones Unidas es que no somos excepcionales; que nuestros grandes problemas son los grandes problemas en todo el mundo, y que las vías hacia un desarrollo humano y humanista son ya moneda corriente, al menos como declaración política, lo cual, recordemos, hubiera sido impensable hace apenas medio siglo.

Cierto, es enorme el daño que nos hemos autoinfligido. Los asesinados, los secuestrados, los desaparecidos no se van. Se quedan en familias y comunidades heridas, quizá por generaciones. Sin embargo, a pesar de todos estos pesares, México está todavía lejos de ser un ejemplo de hecatombe social. Ni frente a su propia historia, que incluye guerras civiles y dictaduras, ni frente a naciones y regiones que viven hoy horrores de imposible descripción.

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Convendría entonces ponderar la indignación con el análisis y la perspectiva. Sobre todo, transformarla en participación activa desde cualquier plataforma, sea la familia, la escuela, la empresa, el sindicato, las organizaciones civiles y las redes sociales. Desde ahí se pueden promover las ideas propias y los intereses de cada cual, en un marco de tolerancia que resguarde a todos. Pocos habrán sintetizado mejor que Voltaire y Juárez los sentidos profundos del concepto: colocar el derecho a disentir por encima del disenso mismo, y entender que la paz surge del respeto a los demás. El énfasis debe estar, por tanto, en la responsabilidad individual y en la acción colectiva. Se dice que con sólo aplicar la ley… sí, nuestras leyes dan para lidiar con quienes viven matando, con quienes atropellan libertades y derechos con sus agendas políticas y empresariales y también  incluso, con quienes tienen la obligación pendiente de conducir con honorabilidad nuestras instituciones.

Sí, de eso se trataba y se trata, pero acaso sea más urgente rescatar la tolerancia, el respeto y la solidaridad, valores esenciales de la República, y reunir entre los más el valor para defenderlos.

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José Antonio Polo
Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Colaboró en el servicio público desde diversos cargos en Presidencia de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el sector privado, ha sido directivo en áreas de inteligencia. Actualmente es consultor independiente.

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