La sociedad mexicana se encuentra abrumada. Ante el temor de un posible contagio, a la incertidumbre generada por la potencial pérdida de empleos que ha puesto en entredicho el ingreso de centenas de miles de trabajadores, se suma también el miedo al delito. Por eso es legítimo preguntar: ¿Ha domado la 4T la violencia y la inseguridad?
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La preocupación ciudadana sobre el futuro inmediato es fundada. Los datos definitivos de incidencia delictiva del mes de marzo confirman lo que ya sabíamos: la amenaza de contraer el virus y el confinamiento de la población no han servido de acicate para contener la violencia letal. En marzo, el número de personas asesinadas intencionalmente llegó a tres mil. Cifra 8.5% mayor que la registrada en febrero. Es decir, cada día del mes, murieron por homicidios dolosos 96.7 personas. De mantenerse para el resto del año esta tendencia, 2020 será igual o más violento que 2019.
Entre la realidad y el discurso
Frente a este panorama, el 24 de abril el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonsó Durazo, aseguró que “estamos prácticamente en la línea de contención”. Sin embargo, los datos que el gobierno federal publicita diariamente no avalan esa afirmación. De acuerdo con el reporte diario de víctimas de homicidio (siempre con un sub registro de al menos 15%), abril es ya el tercer mes más violento desde diciembre de 2018.
El mayor número de efectivos de la Guardia Nacional (GN) desplegados -71 mil-, de poco ha servido para reducir la violencia letal. A casi un año de haber iniciado operaciones, las cifras promedio mensuales de víctimas y de carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso en el primer trimestre de 2020 son materialmente iguales a los promedios mensuales registrados en 2018 y 2019.
Entre enero y marzo del presente año, el total de delitos registrados por homicidio doloso en los 264 municipios considerados prioritarios, Ahí dónde se supone se encuentra desplegada la Guardia Nacional, se elevó 1.8%, con relación al mismo periodo del año anterior, cuando este cuerpo policial-militarizado no existía.
Sin cambios relevantes
El gobierno de la 4t, se encuentra urgido de alcanzar una reducción significativa en la violencia criminal, capaz de impactar favorablemente la percepción que la sociedad tiene sobre la seguridad.
Contrario a ello, la primera medición anual de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana, que recoge la opinión de los habitantes de 79 ciudades del país, registró un repunte en la percepción negativa. 73.4% de la población de 18 años o más, considera insegura la ciudad dónde reside. No se trata de un accidente estadístico, toda vez que la violencia letal explica, al menos, un tercio del temor que los ciudadanos sienten frente al crimen.
Conforme se reduce la aprobación presidencial, la percepción de inseguridad ha dejado de reflejar expectativas de mejora o cambio, para volver a medir el miedo o temor que la violencia provoca. De nueva cuenta, el sentimiento de inseguridad vuelve a ser reflejo del comportamiento de la actividad delictiva y de la manera en cómo es procesada y dada a conocer por los medios de comunicación.
Si bien es cierto que, salvo el secuestro que creció en 4.8%, la incidencia de algunos de los delitos más sensibles para la población disminuyó en marzo con relación a febrero: robos a casa habitación (-6.4%), a negocio (-3.4%) y de automóviles (-1.4%), también lo es que, dichas reducciones no alcanzan atenuar la percepción ciudadana de inseguridad.
Confinamiento y violencia
El Informe sobre Movilidad Comunitaria COVID-19 de Google, indica que la población comenzó a resguardarse del virus a partir de los primeros días de marzo. El anuncio del Tecnológico de Monterrey y otras universidades sobre la suspensión de sus actividades presenciales, fue la señal de alerta que incrementó el confinamiento. Para mediados de marzo, el 14% de la población habían cancelado o restringido al máximo sus salidas, a finales del mes ya era el 26%.
Pero más allá del comportamiento específico de cada delito, lo real es que conforme se reducía la movilidad, la probabilidad de ser víctima de la delincuencia crecía gradualmente[1] para aquellos que siguieron saliendo de sus casas. No importa si era para adquirir alimentos, ir al banco, trasladarse al centro de trabajo o visitar a la familia, el riesgo de perder el automóvil, de sufrir un robo o un asalto en el transporte o en la calle, se hizo casa vez mayor en cada salida.
Un duro ejemplo: el robo de automóviles
Un ejemplo, es el robo de automóviles. Mientras que en febrero la tasa de este delito por cada 100 mil habitantes fue de 8.5 con una población total de 127.8 millones de personas movilizadas, en marzo la tasa puede estimarse en 10.8, con 99 millones de personas que continuaron saliendo a la calle y un número menor de autos robados. De tal suerte que la probabilidad de perder el automóvil en un robo, con o sin violencia, se incrementó en un 27% entre febrero y marzo.
Seguramente entre abril y mayo, continuará presente esta dicotomía: reducciones en algunos delitos patrimoniales e incremento en el riesgo. Sin embargo, una vez que lleguemos a la “nueva normalidad”, lo haremos sumidos en profundas dificultades económicas. El desempleo, la disminución o la pérdida del ingreso, servirán como catapulta de los delitos patrimoniales, tal como lo establece la teoría.
Por desgracia, para nada de lo aquí expuesto existe respuesta desde el gobierno federal, que se encuentra más preocupado por justificar su ambigua y errática política de seguridad (abrazos no balazos), que en atender las exigencias ciudadanas de paz, justicia y seguridad.
[1] El incremento en la probabilidad o riesgo de ser victima de un delito es la diferencia porcentual que resulta entre las tasas de incidencia delictiva del mes x, y la del mes y, calculadas sobre la población total en movimiento (ptm) de cada periodo respectivo. La ptm es igual a la población total del país, de un estado o de un municipio, una vez restada la población que se encuentra confinada.
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