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Incremento de la deuda pública ¿un freno para el desarrollo?

En los últimos seis años, el saldo neto de la deuda pública presentó un incremento en términos nominales de 4.7 billones de pesos (bdp): mientras que en 2012 era de 5.4 bdp, para el cierre de 2017 ascendió a 10.1 billones. Dicha cifra representa, en términos reales, un aumento de 56% entre 2012 y 2017, lo que significa que durante la presente administración la deuda evolucionó a una tasa media de crecimiento real anual de 9.3 por ciento.


Sin embargo, comparada con otras naciones, la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto es relativamente baja en nuestro país: mientras que para México estos 10.1 billones equivalen a 47% del PIB, de acuerdo con el Banco Mundial, en 2016 la deuda de Japón representó 196% de su PIB y países como Jamaica, Singapur, Reino Unido, España y Estados Unidos mantienen este indicador entre 100 y 123 por ciento.

¿Para qué nos endeudamos?

No es factible financiar el gasto corriente del gobierno con el endeudamiento. El destino que deben tener los recursos que provienen del endeudamiento público es la inversión, una base fundamental para el desarrollo.

De acuerdo con los economistas clásicos, una de las bondades de financiar parte del gasto público con deuda es que tiene propiedades redistributivas entre las generaciones de contribuyentes. Así, los gastos de capital que realice el gobierno en el periodo actual serán bienes que generarán beneficios futuros.

Si no se financia la inversión inicial que requiere el gasto de capital con la contratación de deuda, se tendrían que tomar dos rutas: o incrementar los impuestos (lo que es poco viable, debido a la incertidumbre que esto provocaría en los mercados), o reducir otros rubros del gasto de público.

Más deuda que gasto

En el artículo 73 de la CPEUM, fracción VII, se establecen las bases sobre las que el Poder Ejecutivo puede contraer deuda pública. En este se estipula que estos recursos únicamente se pueden utilizar para realizar obras que incrementen los ingresos públicos, es decir, que queda prohibido financiar gasto corriente con recursos provenientes de deuda pública.

Un elemento que permite analizar la inversión pública es el gasto de capital. Este indicador se refiere a los gastos que, en un periodo determinado, incrementan el patrimonio público, e incluye también las inversiones que realizan la entidades y dependencias de la administración federal.

Es importante señalar que, de 2012 a 2017, de manera simultánea al constante incremento de la deuda pública, el gasto de capital se contrajo en términos reales un 12%, al pasar de 741.5 millones en ese primer año, a 791.6 en 2017.

Durante ese periodo (2012 a 2017) la tasa media de crecimiento real anual del gasto de capital fue de -2 por ciento.

La tendencia histórica de ambos indicadores muestra que el endeudamiento neto (las nuevas contrataciones, menos las amortizaciones), en términos nominales, mantuvieron una tendencia creciente hasta 2016, año en que se contrajo deuda por un monto de 1.5 billones de pesos.

Esa cifra fue superior al gasto de capital por 350 mil 642 millones de pesos. Para 2017 las nuevas contrataciones de deuda disminuyeron a 397 mil millones de pesos, sin embargo, en ese mismo año, el gasto de capital se contrajo 33 por ciento.

GRÁFICA 1 JOHNNY

Cabe destacar que el crecimiento durante los últimos cinco años del endeudamiento público no tuvo un impacto significativo en el gasto de capital realizado por el gobierno: mientras que la deuda tuvo una tasa media de crecimiento real anual de 9.3%, el gasto de capital se contrajo 2.5% y, al cierre de 2017, en términos reales, las erogaciones en este rubro del gasto fueron 11.7% inferiores comparadas con el inicio de la administración.

GRÁFICA 2 JOHNNY

De acuerdo con la teoría económica clásica de la deuda pública, un uso incorrecto de estos recursos podría significar que las futuras generaciones de contribuyentes tengan que pagar el saldo deudor sin beneficiarse de algún bien de capital.

Los recursos del endeudamiento mal utilizados serían, desde esta perspectiva, una herencia para los futuros contribuyentes a modo de carga fiscal, lo que no contribuye, de ninguna manera, al desarrollo económico.

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