Martes, 01 Diciembre 2015 00:00

La desatendida agenda de la discapacidad

Escrito por Mario Luis Fuentes / México Social
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De acuerdo con el INEGI, en México había en 2010 un total de 5.73 millones de personas con alguna discapacidad; de ellas, de acuerdo con el CONEVAL, 54% son pobres y 51.1% presenta rezago educativo. En el 75% de las escuelas no hay rampas para personas con discapacidad, y en prácticamente 80% no hay baños adaptados a sus necesidades. Las mujeres son quienes llevan la mayor carga en su cuidado, pues aportan el 75% de las horas requeridas para su atención.

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A la memoria de Gilberto y Cova, por su tarea de toda una vida

La epidemiología de la discapacidad debe explicarse y comprenderse en el marco de la transición epidemiológica nacional. Esto es así, porque si las tendencias de mortalidad han cambiado drásticamente hacia una mayor carga de las enfermedades no transmisibles; lo mismo ha ocurrido en el ámbito de la discapacidad pues hoy en la mayoría de los casos se trata de discapacidades adquiridas, ya bien como resultado de accidentes, o bien como efectos derivados del padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas, fundamentalmente por diabetes y enfermedades hipertensivas.

Hoy tenemos pues un complejo escenario en el que la discapacidad se vive en medio de la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y en general, un contexto generalizado de incumplimiento de derechos, que sitúan a quienes viven con alguna discapacidad entre los grupos de población con mayores desventajas.

¿Cuántos y quiénes son?

De acuerdo con los resultados del Censo del 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el país había en ese año un total de 5,739,270 de personas con alguna “limitación”; de ellos, 2,808,136 eran hombres y 2,931,134, mujeres.

Como ya se dijo, hemos pasado de ser un país en el que la mayoría de quienes vivían con alguna discapacidad eran niñas, niños y jóvenes, a uno en el que la mayoría se ubica entre la población adulta y adulta mayor. En efecto, del total de mujeres que tienen alguna discapacidad, el 7.4% eran niñas (menores de 12 años); 8.2% eran jóvenes (de 12 a 29 años); el 32% eran mujeres adultas (de 30 a 59 años); y el 52.3% adultas mayores (60 años o más). Por su parte, entre los hombres las proporciones son: 8% eran, en el 2010, niños; 11.6% jóvenes; 33.6% adultos; y el 43.9% adultos mayores. Los porcentajes restantes (alrededor del 3%) se ubican en el ámbito de lo “no especificado”.

De acuerdo con las y los especialistas, las diferencias entre la población de mujeres y hombres jóvenes y adultos es resultado fundamentalmente de eventos violentos, tales como las lesiones intencionales y las lesiones en eventos de tránsito, las cuales ocurren generalmente entre los 14 y los 35 años de edad, y cuyas secuelas se presentan o se extienden a la edad adulta.

Las niñas y los niños: los más vulnerables

Uno de los ámbitos en que en mayor medida se expresa la discriminación y exclusión de las niñas y niños con discapacidad es el educativo. A pesar de que la normatividad de la SEP ha avanzado hacia nuevas propuestas de educación incluyente, la realidad que enfrentamos se muestra muy lejana respecto de al menos tres mandatos constitucionales: 1) Diseñar políticas bajo el principio del interés superior de la niñez (Artículo 4º); 2) Garantizar acceso universal a educación de calidad (Artículo 3º), y; 3) garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación (Artículo 1º).

De acuerdo con los datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica (CEMABE), elaborado por el INEGI, tres de cada cuatro escuelas en el país carecen de rampas de acceso para personas con discapacidad (75.2%); las entidades en que se encuentran los peores indicadores son: Oaxaca con el 96.9% de las escuelas sin rampas; Chiapas, con un 93.1%, Guerrero con 91.4%; Veracruz con 90.3%; Michoacán con 84.2%; San Luis Potosí con 82.3%; Hidalgo con 82.2%; Nayarit con 80.7%; Sinaloa con 80.4%; Puebla con 79.5%; Zacatecas con 79.2%; Durango con 77.6% y Tabasco con 76.4%.

La economía del cuidado

A la par de la agenda compleja de la discapacidad se encuentran otras agendas que regularmente se dejan de lado, tanto en el análisis, como en el diseño de políticas públicas; una de ellas es la relativa a la economía del cuidado y la agenda de la desigualdad entre mujeres y hombres.

En efecto, de acuerdo con la información de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT), en el país hay 5.43 millones de personas que dedican un importante porcentaje de su tiempo al cuidado de otros integrantes del hogar, que padecen alguna enfermedad crónica, o que viven con alguna discapacidad, o ambas.

De esa suma, 3.29 millones son mujeres y 2.13 millones son hombres; además de esta marcada diferencia, las proporciones de horas destinadas al cuidado de los otros es mayúscula pues tres de cada cuatro de esas horas las aportan las mujeres (73.4%). En actividades específicas, se encuentra que el 84.4% del tiempo requerido para ir a juntas, festivales o reuniones escolares, lo aportan las mujeres; para dar de comer, asear o vestir, aportan el 77.3%; para dar medicamentos o revisar síntomas el 68.3%; para llevar a clases, trabajo u otro lugar, el 66.9%; para llevar o recoger de la atención médica o rehabilitación, el 65.1%.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 01- Diciembre- 2015, p.

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El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de la Niñez, el instrumento internacional de derechos humanos de más rápida y más amplia aprobación al seno de las Naciones Unidas. México ratificó a la convención el 19 de septiembre de 1990.  

Han pasado 25 años y el estado de cumplimiento de los derechos de la niñez ha mostrado un muy lento avance. Los datos de que disponemos permiten sostener que México se encuentra todavía muy lejos de ser un país apropiado para la niñez; y que no se ha logrado generar el compromiso político para destinar los recursos necesarios para conseguir que ninguna niña o niño se quede atrás en el acceso al bienestar y el desarrollo.

De manera lamentable, el Congreso de la Unión decidió no destinar recursos para la implementación del Sistema Nacional de Protección a la Niñez, violando con ello el contenido del Artículo 4º Constitucional en lo relativo al principio del interés superior de la niñez, lo cual ratifica el diagnóstico relativo al déficit de estatalidad en el que nos encontramos, pues el Estado no es capaz de dar cumplimiento a los mandatos que se da a sí mismo a través de la Carta Magna y sus leyes.

Una alta tasa de mortalidad

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada día fallecen 16 mil niñas y niños antes de cumplir sus primeros cinco años de vida.  En México, el promedio anual, entre los años 2004 y 2013 ha sido de 35,892 defunciones por año; de las cuales, de acuerdo con UNICEF, el 45% ocurren durante los primeros 28 días de vida.

En total, en el periodo referido, en México han fallecido 358,920 niñas y niños menores de cinco años, de los cuales, 299,984 tenían precisamente menos de un año de edad al momento del fallecimiento, es decir, 83.5% del total de las niñas y niños que pierden la vida antes de cumplir sus primeros cinco años.

Lo anterior se ve reflejado en la muy lenta disminución de la tasa de mortalidad infantil, en la cual se observa incluso un retroceso, por primera vez en 20 años, entre los años 2013 y 2012. En efecto, los datos del INEGI muestran que el indicador pasó de 12.3 defunciones por cada mil nacidos vivos, a 13 por cada mil en sólo un año.

Para poner a este indicador en contexto basta con señalar que en Japón la tasa es de 2.13 defunciones por cada mil nacidos vivos; en Suecia es de 2.6; en España es de 3.3; en Cuba es de 4.7; en Estados Unidos es de 6.2; mientras que en Chile es de 7.

En el mundo de la explotación

El Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2013, muestra que en el país había en ese año 29.33 millones de niñas, niños y adolescentes que tenían entre 5 y 17 años de edad. De ellos, 2.11 millones no asisten a la escuela: 276 mil no asisten porque trabajan; 102 mil por discriminación o violencia; 444 mil por carencia de recursos económicos; 705 mil por falta de interés; 121 mil por “motivos familiares”; y 123 mil por accidente, enfermedad o discapacidad.

Esos datos evidencian la ausencia de un sistema de protección integral a la niñez que garantice, que sea cual sea la condición socioeconómica de las niñas y niños, no se vean impedidos de tener garantizado su derecho a la educación.

En este contexto, 2.53 millones de niñas y niños trabajan; de ellos, 1.7 millones son niños y 827 mil son niñas. Del total señalado, hay 913 mil que sólo se dedican a trabajar; y el resto estudian y trabajan.

Destaca el hecho de que 1.27 millones son niñas, niños y adolescentes que fungen como trabajadores subordinados o remunerados; poco más de 104 mil son “trabajadores por cuenta propia” (la mayoría de ellos en actividades de ambulantaje); mientras que 1.15 millones son trabajadores no remunerados, de los cuales, una gran cantidad labora en el campo, y otra parte colabora en negocios familiares sin recibir ningún salario.

Entre la pobreza y los rezagos

Las niñas y los niños tienen derecho al mayor nivel de bienestar posible. Esto no se cumple en nuestro país: de acuerdo con la información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), de los poco más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en el país, 21.3 millones son pobres; 29.6 millones enfrentan al menos una carencia social; 24.9 millones no tienen seguridad social; 11 millones enfrentan vulnerabilidad por carencia a la alimentación; y 9.8 millones carecen de servicios al interior de sus viviendas. 
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