En nuestro país, el 74% de las niñas y niños de 9 a 11 años cree que es normal que “las mamás se queden en casa a cuidar de los hijos mientras los papás trabajan”; al 10% le han pegado en sus casas; y al 12.5% le han pegado, jaloneado o amenazado en sus escuelas. Enfrentamos una arraigada cultura de estereotipos y prácticas discriminatorias que es urgente cambiar; en ello se juega buena parte de la transformación de México


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Erradicar la discriminación es una tarea que exige una cultura para la tolerancia y la paz; y su construcción, pareciera obvio, comienza en la niñez, en los principales espacios de socialización: en las familias, en las escuelas y en los entornos comunitarios en que las niñas y niños desarrollan sus principales actividades.

A pesar de los avances institucionales, México carece de un programa nacional integral de formación para la tolerancia y la paz que opere de manera transversal tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. De hecho, uno de los retos para el próximo gobierno será incorporar a la perspectiva de la no discriminación como un criterio transversal en todas las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; así como en las nuevas políticas y estrategias que habrán de ponerse en marcha a partir del 1º de diciembre.

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Ni los ven ni los oyen 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis, 2017), presentada hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en alianza con el Conapred, la UNAM y el Conacyt, muestra que a millones de niñas, niños y adolescentes les es negado su derecho de prioridad y el derecho a ser escuchados.

En efecto, el Artículo 71 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”. Asimismo, el artículo 72 de la misma Ley establece: “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen”.

Frente a lo anterior, la realidad es muy distinta; la Enadis estima que en 51% de los casos las niñas y niños menores de 12 años son escuchados siempre en sus casas; en 36.6% les escuchan “algunas veces”; en 9.2% pocas veces y en 3%, nunca. En la escuela el panorama no es muy distinto: sólo a 50.9% le escuchan, en 33.8% “algunas veces”, en 10.2% “pocas veces” y en 3.8% nunca.

En sus contextos comunitarios, en sus colonias o localidades, sólo 20.1% es escuchado, 29% lo es “algunas veces”, 22.6% “pocas veces”, mientras que en 24.8% de los casos “nunca son escuchados”.

¿Y ellos a quién discriminan?

De acuerdo con la Enadis, entre las niñas y niños de 9 a 12 años, a la pregunta de “¿a quiénes sí aceptarían como amigos?”, el 94.6% aceptaría a niñas o niños con discapacidad, 94.3% aceptaría a niñas y niños con gustos distintos a los suyos, 91.2% aceptaría a niñas o niños con religión distinta a la suya, el 90.2% aceptaría a niñas y niños de otro país, 90% aceptaría a niñas y niños afrodescendientes, mientras que 87.1% aceptaría a niñas o niños indígenas.

¿Cuáles son sus mayores prejuicios?

La discriminación está vinculada a la persistencia de prejuicios y estereotipos asumidos, que se traducen en prácticas discriminatorias. Desde esta perspectiva es importante destacar que, entre las niñas y niños de 9 a 11 años, 44.4% se mostró de acuerdo con la frase “jugar con muñecas es sólo para niñas”. El 19.5% estuvo de acuerdo con la frase de “es mejor tener la piel blanca”; el 15.5% piensa que “los pobres son pobres porque son flojos”; el 21.1% se mostró de acuerdo con la frase de “los hombres no deben llorar”; mientras que el 72.4% estuvo de acuerdo con la idea relativa a que es mejor que “la mamá se quede en casa con los hijos mientras el papá trabaja”.

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¿Cómo los afectan en casa y en la escuela?

En el mismo grupo de edad, es decir, de los 9 a 11 años, las principales situaciones de agresión o discriminación que reportaron las niñas y los niños en sus casas son: al 11.3% los ignoraron o los hicieron sentir miedo”, a 9.2% le “hicieron sentir humillado o avergonzado”, a 13.2% “le insultaron, se burlaron o le dijeron cosas que le molestaran”, a 10.1% amenazaron con pegarle, a 10.5% le jalonearon, empujaron o golpearon, mientras que a 14.4% le hicieron sentir miedo.

Por su parte, en el ámbito escolar, 35.6% fue discriminado por su forma de vestir, 32.5% por su forma de hablar o expresarse, 41.8% por su peso o estatura, 11% por su sexo, 9.6% por la colonia o localidad donde vive, 25.1% por sus gustos o preferencias musicales y 27.5% por su nombre.

Asimismo, 22.6% declaró que se han burlado de ellos o les han sido puestos apodos ofensivos, a 15.7% le han rechazado o han puesto en su contra a otras compañeras o compañeros, 7.45 ha sido obligado a hacer algo que no quería, a 15% le prohibieron participar en juegos, equipos o deportes, a 8.5% le han quitado su dinero o su comida, mientras que a 12.5% le han pegado, empujado o amenazado.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 14-agosto-2018, p.14.

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Martes, 07 Agosto 2018 06:00

Discriminación: una agenda inaplazable

La discriminación en México es uno de los peores atavismos culturales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, presentada esta semana por el INEGI, el CONAPRED, la UNAM y el CONACYT, el 20% de la población ha enfrentado en el último año, algún acto de discriminación. Esta práctica es una de las múltiples formas de violencia social, y sus consecuencias pueden llegar a ser mortales


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Discriminar implica dar un trato diferenciado, generalmente negativo, contra una persona o grupo de población, cuyo efecto es la negación, limitación o incumplimiento parcial de alguno o varios derechos. Ese trato diferenciado puede tener efectos de extrema gravedad, que pueden llevar incluso a la muerte de las personas, cuando lo que se niega es, por ejemplo, el acceso a la salud en razón del género, la pertenencia étnica, la edad, etcétera.

La agenda es de tal relevancia, que atinadamente en México se logró la reforma al artículo 1º constitucional (en mucho gracias al trabajo liderado por Gilberto Rincón Gallardo y por otras personalidades y organizaciones de la sociedad civil), en el cual está expresamente prohibida la discriminación en nuestro país.

Aun con ello, el mandato constitucional sigue pendiente de cumplirse. Por ejemplo, las personas indígenas y afrodescendientes siguen siendo las más pobres del país, y en buena medida se debe a la discriminación racial. En circunstancia similar se encuentran las niñas, niños y adolescentes, quienes son, analizado por grupos de edad, los más pobres de México.

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En ese sentido, destaca la publicación hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la UNAM y con el Conacyt, de los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis, 2018), de la cual se presentan a continuación los principales resultados.

 

Gran magnitud

De acuerdo con los resultados de la Enadis, una de cada cinco personas mayores de 18 años en el país declara haber sido discriminada en los últimos 12 meses, debido a su color de piel, apariencia, peso, estatura, forma de vestir, de hablar, por sus creencias religiosas, por su sexo o por su orientación sexual.

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Destaca en ese sentido que prácticamente 50% de la población percibe que los derechos de su grupo de población, por sexo, son respetados poco o nada. Es interesante observar al respecto que 48.1% de las mujeres manifiesta esa percepción, mientras que entre los hombres el porcentaje es de 50.1%.

El olvido de los pueblos indígenas

De acuerdo con el Coneval, en el año 2016 más de 70% de las personas hablantes de lenguas indígenas, o que forman parte de algún pueblo indígena, se encontraban en condición de pobreza; mientras que prácticamente sólo cinco de cada 100 se encontraban en condiciones “adecuadas de bienestar”, es decir, eran consideradas como no pobres y no vulnerables.

Ahora, de acuerdo con la Enadis, lo que se revela son las principales problemáticas identificadas por los pueblos indígenas: 20.9% considera que su principal problema es la falta de empleo, 16.1% afirma que es la falta de recursos económicos; 15.8% identifica la falta de apoyos del gobierno a través de programas sociales; 14.6% afirma abiertamente que su mayor problema es la discriminación por su apariencia o lengua; mientras que 13.1% manifiesta que su mayor problemática es la falta de atención médica.

Lo anterior se ve reforzado por la percepción registrada entre el 75% de las personas de 12 años y más que forman parte de los pueblos indígenas, quienes manifestaron estar de acuerdo con la idea relativa a que las personas indígenas son poco valoradas por el resto de la población. En el mismo sentido, 43.7% de este grupo de población afirma que las personas no indígenas las consideran poco trabajadoras.

En términos de lo que podría denominarse como “discriminación efectiva”, 15% de quienes forman parte de los pueblos indígenas sostiene que le han negado servicios médicos debido a su condición étnica; el 8.7% afirma que le han negado servicios en oficinas de gobierno; 11.1% afirma que le fueron negadas becas del programa Prospera u otros programas sociales; mientras que 5% sostiene que le han sido negados créditos. de vivienda o de algún tipo de tarjeta.

Personas con alguna discapacidad

Entre este grupo de población, el 48.1% percibe que sus derechos le son respetados poco o nada. El 31.1% declara que su principal problema son calles, instalaciones y transporte inadecuado a sus condiciones; el 30% afirma que enfrentan falta de oportunidades para encontrar empleo; 21.5% considera que su principal problemática es la falta de cuidados, terapias y tratamientos; mientras que el 11.1% ha enfrentado discriminación por su apariencia.

Al 13.7% de quienes tienen 18 años y más y viven con alguna discapacidad, les ha sido negada la atención de la salud; al 8.3% se les negó la atención en alguna oficina de gobierno; al 15.1% le fueron negadas becas u otros programas sociales del gobierno; al 6.5% le fue negada la oportunidad de seguir estudiado, y al 7.1% la posibilidad de trabajar o de obtener un ascenso.

Asimismo, a un 7% le han rechazado o excluido de actividades sociales; prácticamente al 20% le ha sucedido que le miren de forma incómoda o le hagan sentir incómodos; 18.3% ha sufrido burlas o les han dicho cosas que les molestan; 9.6% de las personas con discapacidad han sido amenazadas, empujadas o jaloneadas; mientras que 2% ha sido obligado a salir de su comunidad.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 07-agosto-2018, p.16.

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Martes, 31 Julio 2018 06:00

Estadística variable de homicidios

 

De acuerdo con el INEGI, del 2008 al 2017 se han perpetrado 232,314 homicidios. El 72% de ellos se concentra en sólo 12 entidades. En 2017 y 2018, las entidades con mayor número de casos son: Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Baja California y Chihuahua. Medido por la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, las entidades con peores indicadores son: Colima, Baja California Sur, Guerrero, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit


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Las estadísticas de homicidio se han tomado en años recientes como las más representativas del grado de violencia que hay en una sociedad. A pesar de lo aparentemente sencillo que debiera resultar la generación de estadísticas respecto a las defunciones por lesiones intencionales, hay importantes discrepancias en cómo se reportan y por lo tanto, cómo pueden ser utilizadas para el diseño de políticas públicas.

Por ejemplo, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), integra las estadísticas de mortalidad por homicidios con base en tres fuentes de información: a) certificados de defunción del sector salud y de los Semefos; b) carpetas de investigación de las oficinas del Ministerio Público del país; y, c) estadísticas de mortalidad del registro civil.

Por el contrario, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) utiliza como fuente de información las carpetas de investigación iniciadas en la indagatoria del delito.

Diferencias relevantes 

A pesar de que los datos tanto del Inegi como del SESNSP muestran una tendencia similar en el comportamiento de la violencia homicida en los últimos años las diferencias en números absolutos son bastante notables. En efecto, entre los años 2008 y 2017, los datos del SESNSP arrojan una suma de 190,237 casos de homicidio doloso; en contraste, el Inegi tiene una cifra, para el mismo periodo, de 232,314 víctimas de homicidio.

Como se observa, la diferencia es de 42 mil 77 defunciones, o bien, una diferencia promedio anual de 4 mil 675 casos, es decir, casi 18 homicidios menos por día. Ahora bien, es importante destacar que el SESNSP ha diseñado una nueva metodología que reduce la diferencia entre su información y la del Inegi.

En efecto, para el periodo 2015 y 2017 (que es en el que se ha aplicado la nueva metodología de estimación), el SESNSP presenta una cifra de 69 mil 211 homicidios (con base en la anterior metodología, la cifra hubiese sido de 62 mil 347 casos para el periodo de referencia). Frente a esa cifra, la del Inegi es de 76,495 casos de defunciones por lesiones intencionales.

Los jóvenes que perdermos

Las personas que pierden la vida por homicidio en México son predominantemente jóvenes. En efecto, para contrastar, es importante decir que del total de los 232 mil 314 homicidios cometidos en el país del 2008 al 2017, en 4 mil 400 casos las víctimas tenían menos de 14 años de edad; esa cifra representa al 1.89% del total de los homicidios del país y un promedio 488 casos anuales o 1.33 por día.

En el grupo de edad de 15 a 19 años, la cifra es de 18 mil 739 casos, es decir, un promedio anual de 2 mil 82, o bien 6 por día. En el grupo de 20 a 24 años la cifra crece a 33 mil 86 casos en el periodo de referencia, es decir, un promedio anual de 3 mil 676 homicidios anuales, o bien, 10 al día. En el mismo nivel se encuentra el grupo de 25 a 29 años, pues acumula una suma de 34 mil 511 homicidios, equivalente a un promedio anual de 3 mil 834 o 10.5 diarios.

Para el grupo de 30 a 34 años la cifra acumulada es de 32 mil 502 casos, o un promedio anual de 3 mil 611, equivalente a 9.9 homicidios al día; en el grupo de 35 a 39 años la cifra desciende a 28 mil 658 casos o 3 mil 184 al año, dato equivalente a 8.7 casos diarios. Le sigue el grupo de 40 a 44 años, en el que se concentran 22 mil 33 casos, es decir, un promedio de 2 mil 448 al año o bien, 6.7 diarios. En el grupo de 45 a 49 años la cifra es de 15 mil 383 (menor a la de 15 a 19 años), lo que equivale a un promedio anual de mil 709 casos o 4.7 al día. Mientras que en el grupo de 50 a 54 años la cifra acumulada es de 10 mil 717, equivalente a un promedio anual de mil 190 casos o 3.26 al día.

Un variante "top ten" 

Según los datos del Inegi, 12 entidades concentran  72% del total de homicidios perpetrados del 2008 al 2017. Los que tienen más casos son: Chihuahua con 29 mil 420, Estado de México con 25 mil 815; Guerrero con 21 mil 047; Sinaloa con 14 mil 331; Jalisco con 12 mil 34; Baja California, con 11,¡ mil 126; la Ciudad de México, con 11 mil 45; Michoacán con 9 mil 795, Veracruz con 9 mil 7; Nuevo León con 8 mil 764; Tamaulipas con 8 mil 653 y Guanajuato con 8 mil 498 casos.

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Frente a estos datos, es importante destacar que la violencia homicida no es “estática y tiene importantes variaciones territoriales año con año. Por ejemplo, las cinco entidades con más casos en el 2013 fueron, de mayor a menor: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa; en el 2014, en orden descendente: Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y la Ciudad de México. En el año 2015 la lista volvió a modificarse: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco y Sinaloa; en el 2016 el orden fue: Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Jalisco; en el 2017 el cambio fue mayor: Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua, y Baja California; y en el primer semestre del 2018 el cambio ha sido aún más drástico, pues los estados con más casos son, de mayor a menor: Guanajuato, Baja California, Guerrero, Estado de México y Chihuahua.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 31-julio-2018, p.14.

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Martes, 24 Julio 2018 06:00

Erradicar los delitos sexuales

Entre los años 2012 y 2017, los datos oficiales indican que se han denunciado 78,727 casos de violación y prácticamente 105 mil casos de diversos delitos sexuales. Además, entre 2015 y junio de 2018 se han denunciado 7,533 casos de estupro. Se trata de una de las más oscuras formas de la violencia, y su erradicación debe ser incluida en la nueva estrategia nacional de seguridad


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Pacificar al país es una de las metas propuestas por el virtual presidente electo. Lograrlo implica la modificación de la estrategia de combate a los grupos delincuenciales vinculados a la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes, pero también la prevención y erradicación de otros actos delictivos, del orden común, que son parte de una profunda y arraigada violencia que se ejerce todos los días contra niñas, niños y mujeres adolescentes y adultas.

Desde esa lógica, y de manera obvia, pacificar al país requiere de la construcción de una cultura para la paz, lo cual, de lograrse, tardará varios años, por lo que la urgencia es comenzar desde el primer día de la siguiente administración.

La violación

Uno de los delitos sexuales que se cometen con mayor frecuencia es el de la violación. Al respecto, es importante decir que el estigma y la doble, o a veces hasta triple victimización, lleva a que muchas de las mujeres, las niñas y los niños que han sido agredidos no denuncien ante la autoridad.

Aun con ello, las cifras compiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que entre el año 2012 y lo que va de 2018 han sido presentados 78 mil 727 casos ante algún Ministerio Público. En ese periodo, el año en que más casos se reportaron fue 2012, en el que se tuvo registro de 14 mil 570 casos, mientras que el año con la cifra más baja fue 2015, con 12 mil 282 casos.

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El promedio anual registrado en el periodo referido es de 13 mil 121 casos; es decir, un promedio de 36 denuncias por día. Es de llamar la atención también que, analizado por mes, el promedio más alto se registra para los meses de mayo de los años referidos, con mil 218 casos en cada uno de los años considerados.

En segundo lugar se encuentran los meses de octubre, con un promedio de mil 187 casos, y en los que menos casos en promedio se registran son los de diciembre, con 924, seguidos de los meses de enero, en los que se promedia un número de 987 casos.

La corrupción de menores

México es un país que ha sido identificado como de alta violencia contra las niñas y los niños, y entre las peores formas de esa violencia se encuentran el abuso sexual y formas extremas, como la explotación sexual comercial.

Al igual que en el caso de la violación, el abuso contra las niñas y los niños es solapado y tolerado en miles de casos, por lo que las cifras sobre denuncias deben ser asumidas sólo como indicativas de una realidad que podría ser mucho peor.

Al respecto de este tema, hay un registro oficial de 7 mil 533 casos entre los años 2015 y hasta el mes de junio de 2018. El promedio entre 2015 y 2017 es de 2 mil 171 casos, es decir, seis casos denunciados al día. En lo que va de 2018 el promedio registrado es de 5.6 casos diarios.

En el tema de corrupción de menores, los meses con promedios más altos de casos en el periodo señalado son los de octubre, con un indicador de 215; mientras que en segundo lugar se ubican los de mayo, con un promedio mensual de 201 casos.

La trata de personas

Los datos del Secretariado Ejecutivo indican que entre 2015 y lo que va del año 2018 se han denunciado 2 mil 684 casos de trata de personas; el año con mayor número fue 2015, con mil 195 posibles víctimas de este delito.

En este caso es importante decir que es uno de los delitos más invisibilizados y aún hace falta trabajar en la capacitación de policías, ministerios públicos y jueces para su adecuada investigación y procesamiento.

Estupro

El artículo 262 del Código Penal Federal establece: “Al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión”. Al respecto, se ha propuesto modificar este delito y equipararlo a la violación, pues se asume que el consentimiento está viciado de origen.

En esta definición, el Secretariado Ejecutivo tiene el registro de 10 mil 908 casos entre los años 2012 y 2017, lo que equivale a un promedio anual de mil 818 casos. Los meses con mayor promedio son los de junio, con 170 casos; después los de mayo, con 167 casos en promedio, y en tercer lugar los meses de marzo y octubre, con un promedio de 166 casos, respectivamente.

Otros delitos sexuales

En esta categoría se agrupan los distintos delitos sexuales considerados en los códigos penales de los estados. Al respecto, es importante destacar que la cifra es enorme, pues se tiene registro de 104 mil 960 casos totales en el periodo de 2012 a 2017, es decir, un promedio anual de 17 mil 493 casos, o bien un promedio diario de 48 casos.

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 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 24-julio-2018, p.16.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

Martes, 17 Julio 2018 06:00

El salario del virtual presidente

La reducción del salario que percibirá el virtual presidente electo es un primer paso relevante en la reducción de las brechas salariales del país. Ahora urge elevar el ingreso laboral, el cual ha sido, como promedio de este sexenio, de $1,559.4 al mes, valor inferior al de la línea del bienestar, la cual se situó en junio de 2018 en $2,432.25 al mes. Es decir, en México, quien trabaja obtiene en promedio solo 65% del monto de ingreso requerido para no ser pobre


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El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que su sueldo será 40% menor al del actual presidente Enrique Peña Nieto. El monto que recibirá, a partir del mes de diciembre de este 2018 sería, por lo que ha declarado, de 108,000.00 pesos netos, los cuales se “congelarían” a lo largo de todo su mandato.

Ese nivel salarial es aún muy superior al ingreso laboral per cápita que calcula el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que revela la urgencia de, además de la reducción de los altos salarios, la elevación de los ingresos de las personas en mayores condiciones de carencia.

Lo que ganamos los mortales

En México el trabajo digno es una realidad para muy pocas personas. Por ejemplo, visto a través del nivel de ingresos salariales de las personas, lo que el Coneval estima es que, en el primer trimestre de 2018, el ingreso corriente promedio en el país era de 2 mil 346.76 pesos, para las áreas urbanas era de 2 mil 683.56 pesos al mes y en las áreas rurales el indicador fue de mil 340.40.

Esa primera dimensión ilustra la magnitud de las brechas que existen entre las áreas urbanas y las rurales, pues con los datos disponibles los ingresos de quienes viven en localidades de más de 2 mil 500 habitantes es del doble respecto de quienes viven en localidades con poblaciones menores a la cifra indicada.

Por otro lado, es importante señalar que, al deflactar ese nivel de ingresos respecto del valor de la canasta alimentaria, el ingreso promedio real de quienes trabajan en el país es de mil 571.71 pesos al mes. Para las zonas rurales el ingreso laboral promedio mensual es de 897.87; mientras que para las zonas urbanas es de mil 799.22 al mes.

Un severo estancamiento

Los ingresos laborales de las personas presentan un proceso de deterioro en el tiempo. Comparado sólo con los últimos años, el ingreso laboral promedio del primer trimestre de 2018 es prácticamente 5% inferior al que había en el cuarto trimestre de 2012, en el cual inició la presente administración, y casi 8% inferior al que se percibía en el primer trimestre de 2010.

En efecto, los datos del Inegi muestran que, al inicio de 2010, una persona que tenía trabajo ganaba en términos reales, en promedio, mil 703.4 pesos al mes. Esa cifra descendió a mil 698.6 pesos al mes en el primer trimestre de 2011, a mil 669.1 en el primer trimestre de 2012, a mil 613 en el primero de 2013, a mil 525.2 en el mismo periodo de 2014, a mil 515.1 en 2015, a mil 515.6 en el primer trimestre del 2016 y a mil 596.7 en el primer trimestre de 2017.

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Si se obtiene un promedio del periodo que va del primer trimestre de 2012 al primero de 2018, la cifra es de mil 559.4 mensuales de ingreso laboral per cápita. De este modo, asumiendo que es correcto el dato de un salario de 270 mil pesos al mes del Presidente de la República, la diferencia respecto del promedio nacional es de 173.4 veces más.

La reducción anunciada por el virtual presidente electo es un relevante primer paso en la reducción de las brechas que hay en nuestro país, pues la diferencia respecto del promedio sería de 69.25 veces más.

El valor de la vida 

El Coneval estima igualmente, de manera trimestral, el valor de las llamadas “líneas del bienestar” (la del “bienestar mínimo”, que es equivalente a la canasta alimentaria” y la “línea del bienestar”, que es la canasta alimentaria más la no alimentaria”).

De este modo, la línea del bienestar mínimo para el sector rural se estimó en junio de 2018 en mil 043.58 al mes, mientras que la línea del bienestar fue equivalente a mil 476.96. Como puede verse, ambos valores superan al monto promedio del ingreso laboral per cápita para esas zonas.

Asimismo, el valor de la línea del bienestar mínimo se estimó, para el ámbito urbano, en mil 908.14 pesos al mes y la línea del bienestar en 2 mil 958.36 pesos. En este caso, los ingresos laborales, en franca violación de lo que establece el texto constitucional, no alcanzan a cubrir lo necesario para subsistir.

En esa lógica, es importante señalar que la llamada “canasta no alimentaria” incluye, entre los más relevantes, los siguientes rubros y montos de gasto mensual:

a) Transporte público: 244.93 pesos en los ámbitos urbanos y 150.45 en los rurales. b) Limpieza y cuidado de la casa: 81.25 pesos mensuales en las zonas urbanas y 74.16 en las rurales.

c) Cuidados personales: 144.29 pesos en las zonas urbanas y 92.06 en las rurales. d) Educación, cultura y recreación: 292.05 pesos en las zonas urbanas y 111.5 en las rurales.

e) Comunicaciones y servicios para vehículos: 54.82 en las zonas urbanas y 14.60 en las rurales.

f) Vivienda y servicios de conservación: 206.18 pesos en zonas urbanas y 118.55 en las rurales.

g) Vestido, calzado y accesorios: 183.14 pesos en las zonas urbanas y 119.57 en las rurales.

h) Cuidados de la salud: 196.97 pesos en zonas urbanas y 135.33 en las rurales.

Literalmente lo mismo.png

 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 17-julio-2018, p.14.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.