Manual dirigido a las y los servidores públicos sobre el fenómeno de la trata de personas, con especial referencia a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Este estudio fue elaborado durante 2012 con la finalidad de mostrar el comportamiento de los cinco periódicos de mayor circulación en el Valle de México, en relación con la publicación de anuncios de servicios sexuales comerciales. En ese sentido ofrece cifras relevantes, por ejemplo el relativo a la cantidad promedio de anuncios publicados (70 en promedio) o ingresos estimados (variables en función de la tarifa de cada periódico y la cantidad de anuncios publicados) así como tendencias de comportamiento destacadas, por ejemplo, la existencia permanente de espacios para la publicación de anuncios (si un periódico deja de publicar, otro lo hace).

Guía para capacitar a personal del sector privado sobre el fenómeno de la trata de personas en general (recomendaciones y buenas prácticas a nivel internacional), y sobre la forma en que la ley general vigente en la materia regula temas estrictamente relacionados con las empresas (figuras como la extinción de dominio y obligaciones a las autoridades).

Tabla comparada con comentarios y observaciones a las reformas propuestas por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para modificar la ley general en materia de trata. Las modificaciones propuestas, aunque ya dictaminadas en ambas cámaras con modificaciones, siguen sin ser aprobadas. Los comentarios y observaciones siguen vigentes dada la polémica de los temas que actualmente están en debate, entre ellos, lo que tiene que ver con el bien o los bienes jurídicos a tutelar;  la regulación de los delitos de explotación en la ley general de trata; los problemas con tipos penales específicos (explotación sexual, explotación laboral, mendicidad forzada, etcétera)

El Índice Municipal de Vulnerabilidad ante la Trata de Personas ha sido construido como un instrumento de política pública, con base en lo que establece la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y la protección de las víctimas de estos delitos. En ese sentido, permite a los gobiernos: fortalecer los criterios para priorizar las dimensiones en que es necesario intervenir con mayor urgencia; potenciar sus capacidades para mejorar sus políticas de desarrollo y reducir los ámbitos de vulnerabilidad; identificar los umbrales de desigualdad que tienen su demarcaciones respecto del resto del país, y con base en ello direccionar sus recursos y capacidades a fin de reducir tales desigualdades y visibilizar ámbitos de intervención.