Sábado, 01 Julio 2017 13:22

Adolescentes vulnerables

Escrito por Elena Azaola
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Una buena parte de los adolescentes mexicanos privados de libertad han atravesado por experiencias difíciles y dolorosas que les han producido daños importantes, los cuales, a su vez, ellos han replicado en los demás

A principios de 2016 había en las instituciones de justicia para adolescentes de nuestro país un total de 13,327 adolescentes de entre 14 y 17 años que se hallaban sujetos a diversas medidas educativas y de supervisión, ya que, en su mayoría, habían cometido algún delito que no se consideró grave.  De ellos, sólo 3,761 (28% del total) se encontraban privados de libertad ─casi siempre durante periodos de entre tres y 10 años─ por haber cometido algún delito grave.

 

3,761 adolescentes de 14 a 17 años se encuentran privados de libertad por haber cometido algún delito grave

 

Entre 2014 y 2016 tuve la oportunidad de llevar a cabo dos estudios que me permitieron entrevistar a 730 adolescentes privados de libertad en 17 estados, que fueron seleccionados como representativos de todas las regiones del país.

 

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Dado que esta cifra incorpora a la quinta parte del total de los adolescentes que se encuentran privados de libertad en nuestro país, estamos seguros de haber obtenido un panorama muy amplio y completo acerca de quiénes son estos adolescentes y cuáles son los motivos que los impulsaron a cometer delitos graves haciendo uso, muchas veces, de la violencia extrema.

 

 

Uno de los temas a los que se ha prestado muy poca atención en las políticas de seguridad es a las razones que permiten a los grupos criminales reclutar a un número imparable de adolescentes, cuyo reemplazo está inclusive previsto y asegurado, entre otras cosas, porque los niños y los adolescentes ni siquiera están contemplados en esas políticas, y porque tampoco hemos entendido cómo y por qué su reclutamiento tiene lugar y porque, menos aún, tenemos idea de cómo detenerlo.

 

No hemos entendido cómo y por qué el reclutamiento de adolescentes por grupos criminales tiene lugar y no tenemos idea de cómo detenerlo

 

Esto fue lo que nos decidió a emprender un estudio que pudiera documentar con detalle las historias de estos niños; las circunstancias en que crecieron; los factores de vulnerabilidad que han enfrentado en su familia, su escuela, su trabajo y su comunidad; los factores que precedieron, y en buena medida contribuyeron, a su involucramiento en actividades delictivas.

 

 

Después de escuchar cientos de historias, podemos decir que una buena parte de los adolescentes que escuchamos atravesaron por experiencias difíciles y dolorosas que les han producido daños importantes, los cuales, a su vez, ellos han replicado en los demás.

Desafortunadamente, su contacto con las instituciones de seguridad y de justicia, una vez que son detenidos, no siempre les ayuda para poder hacerse cargo de su responsabilidad, comprender a fondo su situación y estar en condiciones de reparar los daños físicos y emocionales que ellos mismos han sufrido y que han hecho padecer a otros.

 

 

Sólo por mencionar unos cuantos datos en lo que se refiere a los factores de vulnerabilidad que detectamos en el ámbito familiar de los adolescentes, vale la pena tomar en cuenta que:

  • 62% señalaron que sus padres se separaron
  • 60% dijeron tener en ese momento o haber tenido a uno o más familiares en prisión
  • 31% abandonaron sus casas por problemas familiares
  • 22% nunca conoció a su padre
  • 30% padecieron descuidos o negligencia por parte de sus padres o cuidadores
  • 40% sufrió malos tratos físicos con frecuencia
  • 34% padeció frecuentemente insultos, burlas o humillaciones
  • 12% sufrieron abusos sexuales
  • 68% consumía alcohol y drogas frecuentemente

Por lo que se refiere a otras condiciones de vulnerabilidad, como la escolaridad y la situación socioeconómica de los adolescentes, cabe destacar que:

  • 4% nunca fue a la escuela
  • 15% sólo cursó primaria incompleta
  • 17% cursó primaria completa
  • 28% cursó secundaria incompleta
  • 20% cursó secundaria completa
  • 16% cursó algún grado de la preparatoria
  • 51% calificó la situación económica de su familia como “regular”
  • 31% calificó la situación económica de su familia como “mala” y dijo que en su casa faltaba comida
  • 89% de los adolescentes habían trabajado antes de ser privados de su libertad, siempre en condiciones precarias y con bajos salarios
  • 37% había trabajado aun antes de cumplir 12 años

 

Un total de 255 adolescentes (35% de los entrevistados) se hallan privados de libertad por haber cometido algún delito grave. Estos adolescentes reconocieron que formaban parte de algún grupo de la delincuencia organizada, independientemente de que ello hubiera sido o no el motivo por el cual los detuvieron. Tras escuchar sus historias, hay varios elementos que podemos destacar.

 

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Llama la atención la corta edad en la que los adolescentes dicen haber sido reclutados y haber iniciado su participación en la delincuencia organizada

 

 

La mayoría señala que se unieron a dichos grupos entre los 12 y los 14 años, lo que refuerza la convicción de que dichos grupos aprovechan de manera deliberada, tanto las circunstancias de vulnerabilidad de los adolescentes, como su inmadurez y el hecho de que a esa edad son altamente influenciables y es relativamente fácil dirigir el curso de sus vidas, sobre todo cuando se hallan desprotegidos o cuentan con lazos débiles que los unan a su familia o a la sociedad.

Muchos adolescentes nos dijeron frases como: “se me hizo fácil…”, “no pensé en las consecuencias…”, “quería saber lo que se siente…”, “quería tener lo que ellos tienen…”, “me llamaban la atención las armas, el entrenamiento, la droga, los vehículos…”, etcétera.

 

Otros elementos que destacan entre los adolescentes que se unieron a grupos de la delincuencia organizada son:

 

  • Tienen el deseo de formar parte de un grupo que les brinde la sensación de pertenencia, de protección, de solidaridad, equivalentes o sustitutas a las de una familia.
  • Se les hace creer que las personas a las que dañan lo merecían porque habían obtenido dinero, bienes o un status social de manera indebida.
  • También se les hace creer que ellos deben estar dispuestos a acatar y ejecutar las órdenes que se les den. Esto contribuye a neutralizar su sentido de responsabilidad, pues tienden a convencerse de que sólo obedecían órdenes.
  • Formar parte del grupo les produce también una sensación de dominio, de control, de formar parte de un poder paralelo que disputa o pretende disputar el poder del Estado.

 

Entre los puntos ciegos de las políticas de seguridad, se encuentra el descuido de las políticas de protección a la infancia, de los programas de prevención y atención a la violencia familiar y de género, la incapacidad y las deficiencias del sistema educativo para tener una oferta educativa idónea y capaz de retener a los niños en las escuelas.

 

 

En conclusión, los resultados que obtuvimos en este estudio nos permiten sostener que el fracaso de las políticas de seguridad no sólo tiene que ver con el número de operativos o con el tipo de fuerzas que se desplazan para combatir al crimen organizado ni tampoco con el mando único, estatal o local.

Tiene que ver con los pobres salarios que percibe la gran mayoría de la población y que arroja a los niños al mercado laboral a edades muy tempranas, también para percibir salarios de miseria.

 

Y tiene que ver también con la calidad de los vínculos y de los lazos rotos en las comunidades que se han mostrado igualmente incapaces para proteger a los niños y con la falta de un sistema de protección social que ofrezca menos incertidumbres y más posibilidades de vislumbrar una vida digna para la vejez.

 

 

Los pobres salarios que percibe la gran mayoría de la población arrojan a los niños al mercado laboral a edades muy tempranas, también para percibir salarios de miseria

 

Así, todo tiene que ver con una política de seguridad que, entendida en su más amplia acepción, no se debe reducir, de manera obsesiva, al combate mediante el uso de la fuerza, sino que también debe contribuir a fortalecer la capacidad que tienen las familias y las comunidades para hacerse cargo y proteger a sus hijos.

 

Elena Azaola es Antropóloga y psicoanalista, e investigadora del CIESAS

 

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