Miércoles, 19 Septiembre 2018 09:00

Datos clave a un año del sismo

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  1. El sismo del 19 de septiembre de 2017 ocurrió a las 13:14:40, tuvo su epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. Afectó más a una franja ubicada al centro de la Metrópoli, desde la delegación Gustavo A. Madero, pasando por Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. En esa área se localizaron los daños más significativos.

En las entidades mayormente afectadas por los sismos de septiembre (07 y 19) se tienen porcentajes de pobreza que rebasan la media nacional, que es de 43.6%:

  • En Morelos el porcentaje es de 49.5%;
  • En Puebla, de 59.4%;
  • En Guerrero, de 64.4%;
  • En Oaxaca, de 70.4%; y
  • En Chiapas, de 77.1%.

 

Si algo dejaron claro los sismos del 7 y 19 de septiembre es la necesidad de otro curso de desarrollo para México. Las entidades con mayores afectaciones, además de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, presentan rezagos históricos que se acentúan cada ocasión que ocurre algún fenómeno natural, ya sea de carácter hidrometeorológico o de origen geológico.

 

       B.Reconstrucción de la Ciudad de México

Tras registrarse el sismo del 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad de México emprendió una serie de medidas para atender las situaciones de emergencia y asegurar la reconstrucción de la infraestructura urbana.

De acuerdo con información de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una Ciudad cada vez más Resiliente hubo 3 mil 274 inmuebles con algún grado de daño.

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A la fecha, se han aprobado 112 proyectos ejecutivos de rehabilitación y reconstrucción de vivienda multifamiliar, lo cual beneficia a más de 2 mil 800 familias a fin de que puedan regresar a sus viviendas.

Los recursos asignados para la reconstrucción de la CDMX, durante 2017 alcanzaron los $2 mil 584 millones 153 mil 617 pesos. En 2018 el monto asignado es de $6 mil 855 millones 925 mil 061 pesos.

Los donativos recibidos por la Ciudad de México a raíz del sismo del 19-S superan los $25 millones de pesos.

Donativos

 

Recursos propios de los entes, utilizados para atender el estado de emergencia por el fenómeno sísmico del 19-S. 2017

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Recursos propios de los entes, utilizados para atender el estado de emergencia por el fenómeno sísmico del 19-S. 2018

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El informe Marco teórico para identificar iniciativas para incrementar la resiliencia sísmica de una ciudad -con ejemplos de la CDMX- reveló los resultados de un estudio orientado a identificar la vulnerabilidad de los inmuebles que se localizan en la Ciudad de México.

Para identificar aquéllos inmuebles que presentan características de alto riesgo ante un sismo, en la CDMX se estudió la información de los 1.2 millones de predios registrados en el catastro, de los cuales 1.1 millones son habitacionales y 90 mil no habitacionales.

Entre éstos, se detectaron aproximadamente 7,500 inmuebles de alta prioridad para ser evaluados de forma individual. Cabe destacar que éstos representan menos del 1% del total de los edificios, y que se ubican principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez.

Adicionalmente, se concluyó que las 46 mil viviendas de asentamientos humanos irregulares, concentradas en las delegaciones: Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Milpa Alta, deben considerarse también como inmuebles a evaluar de forma prioritaria, pues algunas de estas viviendas se encuentran en zonas de alto riesgo y fueron construidas sin asesoría estructural alguna.

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Por otra parte, el estudio señala que en la CDMX se identificaron las inversiones urgentes para fortalecer los componentes más vulnerables y estratégicos del sistema de agua y drenaje:

Para abasto de agua se requiere una inversión de 1.8 mil MDP para fortalecer y aumentar la resiliencia de la red primaria y los acueductos, ya que éstos se identificaron como los componentes más estratégicos y vulnerables de la red.

Para drenaje se requiere de una inversión de 2 mil 590 MDP al 2024 para remplazar cerca de 37km de colectores que necesitan atención inmediata.

Se examinó también la infraestructura de movilidad del Metro, Metrobús y CETRAM. La conclusión de este análisis es que se requiere reforzar y crear planes de contingencia para los siguientes componentes de estos tres sistemas:

Metro: Se deben reforzar las líneas 1, 2 y 3, en las cuales se realizan aproximadamente el 50% de todos los viajes. Asimismo, se deben reforzar las estaciones más vulnerables, así como elaborar planes de redundancia para definir las acciones a seguir en caso de que éstas no se encuentren en condiciones de funcionar tras un sismo.

Metrobús: Se identificaron las líneas 1, 3 y 5 como las más estratégicas debido a la cantidad de usuarios que transportan y su conectividad. Para éstas, deben definirse planes de redundancia en caso de que enfrentaran una discontinuidad de servicios tras un sismo.

CETRAM: Se debe realizar una evaluación técnica para determinar si se deben reforzar 5 de los 41 CETRAMS: El Rosario, Pantitlán, Taxqueña, Politécnico y Tacuba. Éstos presentan características de alta vulnerabilidad y son particularmente estratégicos ya que se encuentran en zona lacustre, fueron construidos antes de 1985, tienen construcción superficial / elevada y transportan a más de 100 mil usuarios por día.


      C. Transparencia y rendición de cuentas en la reconstrucción (Comunicado de la organización NOSOTRXS[1]. Se reproduce textual)

 27 de julio de 2018

Estado actual del ejercicio, prioridad en la asignación y acceso a los recursos públicos.

A diez meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, el colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs pone a disposición de damnificados y ciudadanía en general este documento que analiza el uso, asignación y acceso a los recursos públicos destinados a la reconstrucción en la CDMX, con el fin de exigir certeza jurídica para damnificados, a través de la transparencia y rendición de cuentas del uso de recursos justificados, hacia sus necesidades más apremiantes.

Nosotrxs hemos abogado por la consolidación de un fondo único de reconstrucción, que concentre todos los recursos para la reconstrucción, en una perspectiva de eficiencia y transparencia. Desde una sola ventanilla, se lograría un mejor control para una asignación justificada, además de un mejor seguimiento y facilidad para informar públicamente todo lo relacionado al origen y uso de los recursos. La Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente respondió́ a esta necesidad, creando el Fondo para la Reconstrucción.

A pesar de ese esfuerzo gubernamental y de la creación del portal digital Plataforma CDMX para registrar todas las afectaciones y recursos disponibles, no existe hoy un panorama claro sobre cuánto se ha aprobado, cuánto se ha ejercido, en qué y cuánto queda disponible. A continuación se resumen cinco problemas que pudieran explicarlo:

Es complejo comprender cuántos recursos se están destinando realmente a tareas de reconstrucción, debido a la multiplicidad de orígenes de los recursos, incluyendo las donaciones privadas, internacionales y fuentes públicas de diferentes órdenes gubernamentales, como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México (FONADEN).

En segundo lugar, no se logró́ la claridad que debió́ haber dado el Fondo para la Reconstrucción, pues los recursos se siguieron etiquetando en el Presupuesto de Egresos 2018 (PE2018) a distintas dependencias, órganos, niveles de gobierno y demás unidades ejecutoras de gasto. En algunos casos se sugirió́ una orientación “preferentemente” dedicada a tareas de reconstrucción, sin alguna obligación vinculante.

Tercero, a diez meses del sismo, no se tiene un censo de inmuebles y personas afectadas finalizado, ni un diagnóstico integral de necesidades públicas, que sean la base para comprender si los recursos están siendo ejercidos de manera coherente y prioritaria con las necesidades apremiantes de los damnificados

Cuarto, no existe información pública y nítida sobre el ejercicio del gasto a mitad del ciclo fiscal 2018. Según la Secretaria de Finanzas, solo 4.7% de los montos aprobados por la Comisión para la Reconstrucción ha sido ejercido por las dependencias a las que les fueron asignados. Se desconoce cuánto hay realmente disponible, que pudiera reasignarse a tareas apremiantes, como la reconstrucción de vivienda, que no fue una prioridad para el legislativo ni el ejecutivo de la Ciudad de México.

Finalmente, no fue sino hasta junio de 2018 que se creó́ un fideicomiso específico para atender la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles multifamiliares. Si bien este es un instrumento financiero transparente y que permite la disponibilidad de los recursos más allá́ de un ciclo fiscal, no es lo mismo que un fondo único para la reconstrucción. Además, sus reglas actuales de acceso y otorgamiento de montos adicionales a los establecidos son poco claras, pudiéndose prestar a decisiones discrecionales, y no cuenta con mecanismos de control y vigilancia social. Este documento analiza exclusivamente los recursos aprobados en los ciclos fiscales 2017 y 2018 registrados en Plataforma CDMX, es decir, 2,584.15 millones en 2017 y 8,772 millones en 2018, pues es la única información analizable en cuanto a la asignación y gasto se refieren. Adicionalmente, el 21 de julio de 2018, se aprobaron 2,500 millones por la Secretaria de Finanzas destinados a la reconstrucción y rehabilitación de vivienda, provenientes del FONADEN.

El objetivo de este documento es por tanto, proveer a mitad del ciclo fiscal 2018 un análisis sintético del estado actual de los recursos públicos destinados a la reconstrucción. Tres temas se tratan aquí́: (1) trasparencia en el ejercicio de los recursos públicos; (2) prioridad en la asignación de esos recursos; y (3) claridad en las reglas de acceso a los recursos.

 

     1. Opacidad en el ejercicio de los recursos

Plataforma CDMX fue contemplada dentro de la Ley de Reconstrucción como un instrumento de certeza jurídica, para registrar y validar la información de inmuebles, personas y espacios públicos afectados por el sismo, y poder entonces realizar cualquier proceso de reconstrucción. En dicha plataforma se integra también la información de asignaciones y gastos de dependencias. Sin embargo, la plataforma no ha logrado cumplir con el objetivo secundario de ser un instrumento para la rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos.

Su alcance es limitado, pues no incluye la totalidad de las donaciones privadas, internacionales, las realizadas por artistas, deportistas y otras figuras públicas. Solo incluye las realizadas por Grupo Wal-Mart y ciudadanos al FONADEN. Tampoco es claro si se considera la totalidad de los recursos públicos del FONDEN y FONADEN que no se hayan orientado dentro del PE2018. Por otro lado, aunque la plataforma da cuenta de los montos aprobados por unidad ejecutora de gasto, esta no provee información detallada para dar confianza sobre un justo ejercicio de los recursos públicos. A pesar de estas limitaciones, se analizó́ la información sobre asignaciones y gasto en 2017 y 2018, y se solicitó́ información directamente a las unidades ejecutoras del gasto.

 

Ejercicio fiscal 2018

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó́ en diciembre de 2017 el PE2018 con un monto de 8,772 millones para tareas de reconstrucción. El artículo 14 especifica las siguientes erogaciones:

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Del monto aprobado, la Comisión para la Reconstrucción autorizó al 4 de julio de 2018 43 acciones solicitadas por dependencias, por un total de 6,017.05, provenientes de las fracciones I y II. La Fracción III depende de las reglas de operación federales del FAIS. No está claro si alguna dependencia o delegación haya logrado cumplir con esos requisitos y accedido a los recursos aprobados. La Fracción IV, por un lado, no obliga a las dependencias o delegaciones a utilizar para tareas de reconstrucción esos recursos asignados adicionales a su presupuesto anual. Por el otro lado, la Plataforma CDMX no registra las liquidaciones realizadas por la Secretaria de Finanzas provenientes de la fracción IV, que debieran hacerse con base en los planes de acción de la Comisión para la Reconstrucción, según la enmienda al PE2018 del 23 de febrero 2018.

A mitad del ciclo fiscal 2018 se desconocen los montos ejercidos respecto a las asignaciones aprobadas. Plataforma CDMX no da cuenta del gasto 2018 en tiempo real. Esta información se ha solicitado a través del derecho a la información pública. Sin embargo, solo el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) indicó que los 63 millones que le fueron asignados para la remoción de anuncios en azoteas ya fue comprometido en su totalidad.

Es alarmante que según la declaración de la Secretaria de Finanzas en la vigésima segunda sesión de la Comisión para la Reconstrucción del 4 de julio 2018, de las 43 acciones aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción, que ascienden a un total de 6,017.05 millones, solo se ha logrado comprobar el ejercicio de 4.7% (286.3 millones).

Tampoco es claro el monto realmente disponible. En la misma sesión, la Secretaria de Finanzas informó que hay disponibles cerca de 838.88 millones en las fracciones I y II del artículo 14 del PE2018. Posterior a esa sesión, algunas autoridades han indicado de manera informal que en realidad se contempla un total de 1,400 millones que no ha sido aún ejercido por las dependencias y que está por tanto disponible, dentro del marco de las asignaciones del artículo 14 del PE2018.

De manera paralela, y sin que exista aún claridad en el ejercicio del gasto de los 8,772 millones aprobados en el PE2018, nuevos recursos se han orientado a la reconstrucción. El 20 de julio de 2018 se aprobaron 2,500 millones del FONADEN, destinados a la reconstrucción y rehabilitación de multifamiliares, a través del fideicomiso creado para ese fin.

En resumen, es posible que los recursos para la reconstrucción no estén siendo diligentemente ejercidos, a pesar de las grandes necesidades que tienen los damnificados, por ejemplo, en materia de reconstrucción de sus viviendas.

 

Ejercicio fiscal 2017

También existen dudas en cuanto al ejercicio adecuado en 2017. Plataforma CDMX reporta un total de 2,584.15 millones, destinados a tareas de reconstrucción. Sin embargo, en los detalles, la asignación presupuestal no siempre coincide con el gasto comprobado.

A nivel delegacional ocurren las mayores discrepancias entre asignación y comprobación del gasto. A la Delegación Álvaro Obregón se le asignaron 130.23 millones; sin embargo, solo se comprobó́ el gasto por 78.97 millones. En Benito Juárez se reportan 324.31 millones asignados y únicamente se comprobaron 182.7 millones. En Tláhuac se reporta una asignación por 8.73 millones de pesos y una comprobación por 6.44 millones.

En el caso de la Delegación Benito Juárez, según declaraciones en prensa de la Secretaria de Finanzas, la diferencia se debe a que en Plataforma CDMX se reportaron todos los montos asignados luego del sismo, que la delegación solicitó, fueran o no orientados a la reconstrucción. En estos se incluyen tanto los destinados a tareas de reconstrucción (182.7 millones), por ejemplo, la adquisición de maquinaria para corriente (141.6 millones), tales como, así́ como los del gasto. Este tipo de aclaraciones son indispensables, para que la ciudadanía pueda hacer un análisis certero sobre las prioridades de cualquier demarcación, luego del sismo.

A nivel de dependencias hacen falta detalles importantes en la información, también problemático a nivel delegacional. Plataforma CDMX no incluye información detallada para una auditoría contable, como costos unitarios, número de unidades adquiridas o beneficiadas, inmuebles intervenidos y, sobre todo, mayor precisión sobre las acciones realizadas. Mientras esta información no se publique, el ejercicio del gasto seguirá́ siendo opaco, evidenciando una limitada rendición de cuentas.

 

           2. Falta de conocimiento sobre la prioridad en las asignaciones de los recursos.

Preocupa la falta de certeza sobre los criterios utilizados para determinar las prioridades del gasto. A pesar de conocer los montos destinados a la reconstrucción, no existe claridad sobre el proceso de autorización de los recursos a las unidades ejecutoras de gasto, ni certeza de que su asignación se haya realizado de manera justificada, con base en necesidades apremiantes.

Para subsanar la controversia sobre por qué́ la ALDF autorizaba el destino específico de los recursos para la reconstrucción, en vez de la Secretaria de Finanzas, el 23 de febrero de 2018 se aprobó́ una enmienda al PE2018, confirmando que dicha facultad correspondía al ejecutivo, conforme a los planes de acción aprobados por la Comisión para la Reconstrucción. No obstante, en la práctica, las autorizaciones de los recursos se realizan con base en las solicitudes que las dependencias presentan a la Comisión para la Reconstrucción, sin atender a un diagnóstico integral de necesidades y prioridades, que la Comisión para la Reconstrucción debiera concluir de antemano.

Por tanto, es difícil discernir si las asignaciones de los recursos están debidamente justificas. Por ejemplo, pese a la indiscutible necesidad de canalizar recursos a la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles, en apoyo al derecho humano del acceso a la vivienda (Contenido en el artículo 4o constitucional, y el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), durante nueve meses, luego del sismo, solo se autorizaron 500 millones en créditos por parte del INVI (originalmente destinados a la construcción de 11 edificios). No fue hasta el 20 de junio que se dotó al Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Habitacionales Multifamiliares con 635.43 millones.

Nosotrxs realizó un trabajo previo sobre 47 solicitudes de asignación a la Secretaria de Finanzas entre el 10 de enero y 15 de febrero de 2018, para asignar recursos a dependencias, delegaciones y entidades gubernamentales. Estos oficios se solicitaron con la firma de tres asambleístas, quienes tenían entonces la facultad de autorizar los recursos para la reconstrucción. Las autoridades señalaron la cancelación de estos oficios vida una declaración del Jefe de Gobierno en prensa. Sin embargo, no existe la certeza de dicha cancelación, a la luz de que algunas de las solicitudes realizadas en los oficios mencionados están autorizadas entre las 43 acciones registradas en Plataforma CDMX al 4 de julio de 2018. Este es el caso de la solicitud del 15 de febrero de la Secretaria de Educación, por un total de 25 millones para la realización de una estrategia para una ciudad del “Conocimiento Resiliente”, un protocolo para la atención de la emergencia en el sector educativo y material didáctico y papelería para una campaña de respuesta en caso de una emergencia sísmica. Actualmente, están aprobadas las mismas acciones, solo con un monto menor de 22 millones.

Sin terminar los censos de inmuebles, personas y espacios públicos afectados, y sin un diagnóstico integral de necesidades, los damnificados y ciudadanos no tenemos una manera objetiva de saber con certeza si la asignación de los recursos es justificada y las acciones autorizadas prioritarias, ni por qué́.

 

         3. Reglas poco claras para el acceso a recursos públicos

El Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Habitacionales Multifamiliares, creado el 7 de junio de 2018, es sin duda el instrumento financiero más adecuado para lograr la máxima transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. Permitirá́ la disponibilidad de los recursos más allá́ de las actuales administración gubernamental y legislatura. Basado en el espíritu de una sola ventanilla del fondo único para la reconstrucción, sin ser sin embargo lo mismo, con este fideicomiso podría darse un mejor seguimiento de los recursos destinados a esta tarea específica.

Sin embargo, no hay claridad en las reglas de creación y para acceder a los recursos, pues no se definieron los criterios específicos de vulnerabilidad que permitirían el acceso a ellos, siendo que el fideicomiso se creó́ para atender a la población vulnerable. El problema es que ante la falta de prioridad a la reconstrucción de viviendas, los beneficiarios de los recursos públicos serán quienes logren cumplir con los procesos técnicos y burocráticos, retrasando la atención de otros damnificados que probablemente estén en condiciones de mayor desventaja social. Por otro lado, los lineamientos tampoco son claros sobre los criterios para otorgar un monto mayor al establecido (hasta 300 mil para rehabilitación o 410 mil para reconstrucción por vivienda). Lo anterior puede prestarse a una asignación discrecional por parte de la Comisión de la Reconstrucción, quienes deciden el acceso y el monto total a otorgarse.

Finalmente, el fideicomiso necesita mecanismos de fiscalización social que permitan la participación y vigilancia ciudadana para asegurar el buen uso de los recursos. Se creó́ sin un comité́ orgánico en el que participen expertos, damnificados y otras dependencias encargadas de la reconstrucción y rehabilitación de vivienda. Se decidió́ como un fideicomiso sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se necesita también que sea lo suficientemente flexible para destinar recursos para la reconstrucción de viviendas por la vida que los damnificados consideren conveniente para sus inmuebles.

 

Conclusiones

Es alarmante no tener información clara sobre el ejercicio del gasto de los recursos asignados a la reconstrucción. La falta de transparencia y rendición de cuentas de estos dineros públicos, la ausencia de un diagnóstico integral de necesidades para organizar y justificar las asignaciones presupuestales, y la ausencia de reglas claras para el acceso a los recursos públicos han propiciado: (1) dudas sobre la justa utilización de los recursos públicos; (2) desesperación entre damnificados que llevan ya diez meses sin soluciones reales; y (3) un posible escenario donde no se logre reasignar los recursos disponibles a las necesidades más apremiantes, que están sin duda en la reconstrucción de las viviendas.

Ante este panorama, Nosotrxs exigimos al Jefe de Gobierno, el Dr. José́ Ramón Amueva, la inmediata transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, antes del 19 de septiembre de 2018, cuando se cumplirá́ un año del sismo. En específico, exigimos a la Secretaria de Finanzas la publicación de los montos ejercidos y disponibles del artículo 14 del Presupuesto de Egresos 2018, en sus cuatro fracciones; y a la Comisión para la Reconstrucción la publicación y socialización de los informes trimestrales presentados al órgano legislativo por su órgano de control social.

Solicitamos a las actuales autoridades gubernamentales poner en el centro de sus intereses a los damnificados y reasignar también antes del 19 de septiembre de 2018 los recursos disponibles a la reconstrucción o rehabilitación de inmuebles a través en una sola ventanilla que representa el Fideicomiso para la Reconstrucción y Rehabilitación de Viviendas Habitacionales Multifamiliares. Esto permitiría resolver un problema social de falta de acceso a la vivienda de miles de damnificados y evitaría el subejercicio de los recursos para la reconstrucción.

Finalmente, exhortamos a las instancias ejecutivas, la Comisión para la Reconstrucción y las demás dependencias que participaron en la creación de los lineamientos del fideicomiso, a que afinen las reglas de operación que determinan el acceso, los casos en que se puede otorgar un monto mayor al establecido, y su flexibilidad para destinar los recursos de reconstrucción a la vía que damnificados consideren la más conveniente. Asimismo, solicitamos un mecanismo de fiscalización social dentro del fideicomiso, para controlar y vigilar el buen ejercicio de esos recursos.

El no haber consolidado un fondo único para la reconstrucción es una oportunidad perdida, que puede todavía encausarse. Pongamos los esfuerzos en una #ReconstrucciónTransparente.

[1] Organización de la sociedad civil presidida por el doctor Mauricio Merino

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