Miércoles, 23 Mayo 2018 16:02

Los estados más violentos

La violencia homicida se ha recrudecido en el país. A partir del año 2015 se está viviendo una “segunda ola de violencia” —como le ha denominado Eduardo Guerrero—, la cual nos ha conducido a los años más sangrientos en las últimas tres décadas.

Publicado en Especial

De acuerdo con el CONEVAL, el valor del ingreso laboral per cápita ha perdido el 26% de su valor entre los años 2017 y 2007. El 41% de la población ocupada percibe menos ingresos que los requeridos para adquirir una canasta alimentaria; asimismo, es importante destacar que un salario mínimo al mes equivale a 2,658 pesos, mientras que en los ámbitos urbanos el valor de la canasta alimentaria es de 2,989.00


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El concepto de trabajo digno implica al menos dos cuestiones centrales: acceso a seguridad social y otras prestaciones, y remuneración justa a través de un salario digno, en el sentido establecido por la Carta Magna y por la Ley Federal del Trabajo.

En México, el salario mínimo se establece por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), presidida desde 1991 por Basilio González Núñez. Para el año 2018, el monto del salario mínimo general se fijó en 88.36 pesos diarios, y para actividades específicas, la de menor remuneración es la asignada a un “manejador de granja avícola”, cuyo salario es de 98.43 pesos al día.

La estructura de los salarios en el país es sumamente desigual. Por ejemplo, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Gobierno Federal, el presidente de la Conasami percibe un sueldo mensual bruto de alrededor de 173 mil pesos, cifra equivalente a 5,766 pesos diarios, es decir, 65.2 veces más que lo que percibe una persona que gana un salario mínimo; 32.6 veces más que quien percibe dos salarios mínimos; y 21 veces más que quien percibe tres salarios mínimos mensuales. Frente a ello, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al mes de febrero de este 2018 había un 77.8% de las mujeres y un 71.2% de los hombres que trabajan, cuyos salarios no rebasan los tres salarios mínimos.

Bajos ingresos laborales

De acuerdo con el Coneval, en sus indicadores de corto plazo de febrero de 2018, al cierre del cuarto trimestre de 2017 había 41% de las y los trabajadores del país que percibían ingresos laborales por debajo del valor de la canasta alimentaria, es decir, sus ingresos producto del trabajo no alcanzan para salir de la pobreza.

En esa lógica es importante mencionar las enormes diferencias que hay entre los ámbitos rurales y los urbanos. En los primeros, el indicador citado es de 55%, mientras que en los segundos, de 36%. También es relevante destacar que desde el año 2005, fecha desde la cual el Coneval tiene datos para este indicador, el promedio de trabajadores del ámbito rural que percibe ingresos laborales por debajo del valor de la canasta alimentaria es de 55.7%, es decir, desde hace al menos 13 años no hay variaciones significativas para el ámbito rural.

Lo mismo ocurre para el ámbito urbano, en donde incluso, si se compara 2017 con 2005 sí habría diferencias significativas. En efecto, el promedio para el periodo señalado es de 32.8% de quienes trabajan con ingresos por debajo del valor de la canasta alimentaria. Sin embargo, en 2005 el promedio fue de 28.4%, en 2006 fue de 27%, en 2007 de 27.3%, en 2008 fue de 29.2%, mientras que en 2009 subió a 32.8%. Estos datos permiten sostener que en los ámbitos urbanos no se ha logrado la recuperación del valor real de los ingresos laborales, al menos para ubicarlos en valores similares a los momentos previos a la crisis de 2008.

Una caída constante 

A partir del año 2016 comenzó una lenta recuperación del valor real del salario mínimo general, respecto de lo que venía ocurriendo desde hace dos décadas. En efecto, al cierre de 2017 el valor real del salario mínimo, deflactado al valor del Índice de Precios al Consumidor, fue de 63.69 pesos. Se trata del valor más alto desde el año 1996, pero aún inferior al que se registró en 1995, equivalente a 64.16 pesos diarios, y al de 1994, equivalente a 73.15 pesos al día.

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Por su parte, la medición que hace el Coneval respecto del ingreso laboral real per cápita, muestra una caída constante, al menos desde el año 2005. Pues el promedio en esa fecha fue de 1,988 pesos mensuales, como ingreso laboral real; alcanzó su máximo histórico en 2007 con 2,083 pesos al mes, y a partir de esa fecha se registró una caída permanente hasta llegar a su mínimo histórico en 2014, cuando se ubicó en 1,489.1 pesos al mes por trabajador; e iniciándose una lenta recuperación para llegar a los 1,537.4 pesos mensuales en 2017. De esta forma, si se compara el año 2017 con 2007 resulta que el ingreso laboral per cápita ha tenido una pérdida de 26% de su valor real.

Salario base del IMSS

Todo lo anterior es congruente con el Salario Base de Cotización (SBC) registrado ante el IMSS. En efecto, el promedio mensual (a precios de 2010), para el periodo de 2005 a 2017 se ubica en 22,539 pesos; indicador ligeramente inferior al promedio alcanzado en 2017, en el que se llegó a 22,912 pesos mensuales.

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Estas cifras permiten mostrar las diferencias que implican el ser un trabajador con acceso a la seguridad social y otro que no lo es, pues tomando como base el SBC contra el ingreso laboral per cápita, el primero es 13 veces superior al del segundo.

 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 01-mayo-2018, p.17.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

Martes, 24 Abril 2018 06:00

Vulnerables: los invisibles en el debate

En el 2016, según los datos del CONEVAL, el 51.1% de las niñas y niños fueron considerados en situación de pobreza, frente a un 39.9% registrado para los mayores de 18 años; entre las personas indígenas el indicador fue de 71.9%, frente a un 40.6% en pobreza entre quienes son no indígenas; entre quienes viven con alguna discapacidad el dato es de 49.4%, frente a un 43.1% entre las personas sin discapacidad. Nada menos que estos fue lo que el domingo, se les olvidó debatir


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Entre los temas que el Instituto Nacional Electoral (INE) definió para ser discutidos en el debate del pasado 22 de abril entre los aspirantes a la Presidencia de la República se encontraba el relativo a la atención a los grupos vulnerables. De origen, el tema fue mal planteado, pues las personas que viven en alguna circunstancia de vulnerabilidad social no deberían ser vistos como “sujetos de atención”, sino como sujetos de derechos. 

Si algo destacó en ese evento fue la omisión del tema, de manera seria y con la relevancia que tiene en el país. En ese sentido, los candidatos y la candidata incurrieron en una severa omisión, porque hay amplios sectores de la población que tenían interés genuino de escuchar lo que tienen que decir a la ciudadanía en lo relativo a quienes viven en las circunstancias más difíciles de la vida.

¿Quiénes son los vulnerables?

Uno de los debates que aún no se ha desarrollado con la relevancia debida es precisamente el de la definición de quiénes son los grupos o sectores de población, o las personas que viven en circunstancias de vulnerabilidad social. En ese sentido hay dos ordenamientos que los mencionan explícitamente: 1) la Ley de Asistencia Social, la cual no los define; y 2) la Ley General de Desarrollo Social, la cual define en su artículo 5º a los grupos en vulnerabilidad como: “Aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar”.

Asimismo, la Ley General de Víctimas reconoce, en su artículo 5º, “la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas”.

Por esto, la pregunta obligada a la candidata y los candidatos es la siguiente: ¿Cuál es su propuesta para fortalecer el marco jurídico, avanzar en una definición común en las distintas leyes, y con base en ello, trazar las líneas de política pública que se requieren para garantizar los derechos de las personas en mayores circunstancias de vulnerabilidad social?

La medición del CONEVAL

En el marco de la Medición Multidimensional de la Pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estableció dos definiciones relativas a la vulnerabilidad: “a) Vulnerables por carencias sociales: aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar; b) Vulnerables por ingresos: aquella población que no presenta carencias sociales, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar”.

Como se observa, estas definiciones constituyen herramientas que permiten operacionalizar la medición de la pobreza; de tal forma que, según el Coneval, en 2016 teníamos la siguiente realidad en el país: el 21.3% de la población mayor de 15 años era vulnerable por estar en “Rezago educativo”. Respecto de 2010, la reducción es de únicamente 2.3 puntos porcentuales, pues en esa fecha el indicador era de 23.7%.

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El 19.1% de la población era vulnerable por carencia de acceso a la salud. Es el indicador con mayor avance, pues en 2010 se ubicó en 33.5%; es decir, en seis años se avanzó en 14.4 puntos porcentuales.

En lo relativo a la vulnerabilidad por carencia de acceso a la seguridad social, se tiene el menor avance entre las carencias que mide el Coneval: en 2016 el porcentaje de población sin acceso fue de 68.4%, frente a un 69.6% en 2010, es decir, un avance de apenas 1.1 punto porcentual.

En la vulnerabilidad por mala calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje en 2016 fue de 14.8% de la población, frente a un 17.4% registrado en 2010, es decir, un avance de 2.6 puntos porcentuales. Una situación similar se registra en la vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios en la vivienda, cuyo indicador en 2016 fue de 23.7% de la población frente a un 26.3% registrado en 2010, es decir, 2.58 puntos porcentuales menos.

Los vulnerados de siempre 

Entre los grupos para los que se dispone de información en el Coneval, los que más destacan por su vulnerabilidad son, en primer lugar, las niñas, niños y adolescentes. En 2016, el 51.1% de ellos se encontraba en situación de pobreza, frente a un 39.9% de la población mayor de 18 años. En esa misma fecha, sólo 19 de cada 100 niñas, niños y adolescentes eran no pobres y no vulnerables, frente a un indicador de 24 de cada 100 entre la población mayor de 18 años.

Entre las personas indígenas 71.9% era pobre en 2016, frente a un 40.6% entre la población no indígena. Entre los primeros, sólo 7 de cada 100 son no pobres y no vulnerables, mientras que entre la población no indígena el dato es de 24 de cada 100.

Finalmente se encuentran las personas con alguna discapacidad; entre ellos, el 49.4% era pobre en 2016 y únicamente 15 de cada 100 era no pobre y no vulnerable; en contraste, entre la población sin discapacidad el porcentaje de pobreza era de 43.1%, y 23 de cada 100 fueron considerados no pobres y no vulnerables.

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 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 24-abril-2018, p.10.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

Los políticos mexicanos se encuentran muy mal calificados por la ciudadanía. Según el INEGI, el 90.6% de la ciudadanía cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en los partidos políticos; una de cada cuatro personas mayores de 18 años, fue víctima de algún delito en 2017; mientras que sólo 18% se considera satisfecho con la democracia. De esos temas deberán debatir los y la candidata el próximo domingo, 22 de abril.


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La política y sus protagonistas se encuentran ampliamente desprestigiados en nuestro país. De manera lamentable, esto ha repercutido en la calidad de nuestra democracia, y en los últimos años México se ha convertido en el país en el que su ciudadanía le otorga menor respaldo como la mejor forma posible de gobierno.

En ese sentido, es importante destacar que el próximo domingo 22 de abril se llevará a cabo el primero de los tres debates presidenciales que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual versará fundamentalmente sobre política y gobierno. El debate se dividirá en tres bloques: 1) violencia y seguridad; 2) combate a la corrupción y la impunidad; y 3) democracia y vulnerabilidad.

Dada la relevancia del tema, se presentan a continuación los principales datos sobre el tema:

Violencia y seguridad 

El año 2018 se inició como el más violento de los últimos 20 años, tanto medido a través del indicador relativo a los homicidios, como si se le observa mediante otros indicadores de delitos del fuero común. Así, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de este año se han cometido 7 mil 622 homicidios, de los cuales 4 mil 937 fueron clasificados como homicidios dolosos.

De esa suma destaca que 3 mil 528 homicidios fueron cometidos con arma de fuego; 465 se cometieron con arma blanca, mientras que en 849 casos el homicidio fue cometido con “otro elemento”.

Otra de las categorías que evidencian el nivel de violencia que hay en el país es el de las “Heridas Dolosas”, de las cuales se han contabilizado 23 mil 119 casos entre los meses de enero y febrero de este 2018. De esa suma, mil 744 casos fueron con arma de fuego; mil 471 fueron con arma blanca y 16 mil 910 con otro tipo de “elementos”.

Por otro lado, destaca el dato relativo a los feminicidios, pues con base en la nueva metodología utilizada para informar sobre la incidencia delictiva en el país, en los meses de enero y febrero se han contabilizado 125 casos; de ellos, 39 se cometieron con arma de fuego, 25 con arma blanca y 56 con “otro elemento”.

En este mismo tema, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 83.88 millones de personas mayores de 18 años que había en el país en 2017, un total de 24.15 millones de ellas fueron víctimas de algún delito, ya sea con o sin violencia, cifra que equivale al 28.8% de ese segmento de la población nacional.

Por otro lado, de acuerdo con el propio Inegi, los datos recabados a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública (Envipe, 2017), 49% de la población se siente insegura en su colonia o localidad; 66.3% se siente insegura en su municipio o delegación; mientras que 74.3% se siente insegura en su entidad federativa. Los cajeros automáticos, las calles, el transporte público y las carreteras son los espacios en los que las personas se sienten más inseguras.

Corrupción 

En estos temas el Inegi cuenta con indicadores a través tanto de la citada Envipe como de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, 2017). En este instrumento se documenta que en 21 estados 80% o más de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente.

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En esta encuesta hay 10 tipos de instituciones que son percibidas como los ámbitos de mayor corrupción en el país: 1) las policías, consideradas como corruptas por 90.7% de la población; 2) en el mismo nivel, los partidos políticos, con una percepción de 90.6%; 3) El gobierno federal, con un indicador de 86.5%; 4) en el mismo nivel del gobierno federal, los diputados y senadores, con 86.3%; 5) le siguen en el orden los gobiernos estatales, pues 84.1% de las personas cree que son corruptos; 6) debajo están los gobiernos municipales, con un indicador de 80.6%; 7) a la par de las alcaldías, los Ministerios Públicos son percibidos como corruptos por 80.3% de la ciudadanía; 8) debajo de ese grupo están los Institutos Electorales, con 75.4% de percepción de corrupción; 9) le siguen en ese orden los jueces y magistrados, con 70.7%; y, 10) los medios de comunicación, con un indicador de 70.6%.

Como correlato de la corrupción se encuentra el nivel de impunidad, el cual puede ser medido por la “cifra negra” es decir, la no denuncia de los delitos que se cometen. Según el Inegi, únicamente 9.7% de los delitos reportados son denunciados ante la autoridad. Sin embargo, como no todos los delitos denunciados dan pie a una investigación, en realidad la cifra negra es mucho más alta: 93.6% como promedio nacional.

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Democracia 

Como resultado de lo anterior, pero también de factores como la pobreza y la desigualdad, México se ha convertido en el país con menos respaldo ciudadano a la democracia. En efecto, según el Latinobarómetro 2017, sólo 18% de la ciudadanía se siente satisfecha con la democracia; sólo en Colombia, El Salvador, Perú y Brasil se encuentran indicadores más bajos. Asimismo, sólo 54% de la ciudadanía cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, siendo con ello el país con más bajo respaldo a esta forma de gobierno.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 17-abril-2018, p.9.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

Martes, 10 Abril 2018 06:00

La peligrosa inflación

La inflación en 2017 fue de 6.77%. Entre marzo del 2017 y marzo del 2018, el indicador se ubica, de acuerdo con el INEGI, en 5.04%. El impacto de la inflación afecta sobre todo a los más pobres; en efecto, entre los años 2013 y 2018, el valor de la “Línea del bienestar” ha crecido en 20%, mientras que el Ingreso Laboral Per Capita se redujo de un promedio de $1,591.67 mensuales en diciembre del 2012, a $1,496.2 en diciembre del 2017


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De acuerdo con los más recientes análisis de las calificadoras de crédito, a nivel mundial hay un riesgo latente respecto de la posibilidad de una nueva crisis financiera internacional. El detonante podría ser, argumentan los expertos, un probable cambio en la política de la FED norteamericana y la posible llegada de una nueva realidad económica en la cual el “dinero barato” sería cosa del pasado.

Entre los factores de riesgo que se están analizando en las diferentes regiones del mundo se encuentra el de la inflación, la cual se ha impulsado debido, argumentan algunos, al incremento en el consumo doméstico de las principales economías.

En México, el crecimiento de la inflación ha sido muy relevante en los últimos dos años, pues a pesar de continuar manejando cifras de un dígito estamos lejos de la relativa estabilidad de precios que se había mantenido hasta finales de 2016, cuando se analizó la liberación de los precios de los energéticos, y el consecuente impacto que eso ha tenido en los precios del transporte y los alimentos, principalmente los que forman parte de la canasta alimentaria.

Prevalecen altos niveles

De acuerdo con el Inegi, la inflación acumulada entre marzo de 2017 y marzo de 2018 es de 5.04%. Para la inflación subyacente se estima que el incremento anualizado es de 4.02%; sin embargo, en ese rubro, el capítulo de las mercancías registra un indicador de 4.64%. Al respecto, debe destacarse que, dentro del rubro de las mercancías, el apartado en que mayor incremento se registró es el de Alimentos, bebidas y tabaco, en el cual, de manera global, la inflación anualizada es de 5.35%.

De acuerdo con distintas previsiones, y siguiendo la tendencia de los precios registrada hasta ahora, se espera que a finales del año la inflación se ubique en niveles cercanos al 6% anualizado, indicador que podría incrementarse si continúa la incertidumbre mundial y si eso se combina con un mal resultado en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las cuales aún no han concluido.

De primera necesidad

Uno de los mayores problemas asociados a la inflación es que ésta afecta fundamentalmente a los más pobres, pues los capítulos en que mayores incrementos de precios se han registrado son precisamente aquellos vinculados a los productos que forman parte de la canasta alimentaria.

En efecto, de acuerdo con los datos del Inegi, en el capítulo de Frutas y verduras, la inflación anualizada entre marzo de 2017 y marzo de 2018 se ubica en 8.82%. Los productos que mayor incremento estacional registran en ese periodo son: 1) el jitomate, cuyo precio ha crecido de manera anualizada en 42.38%; el pepino, el cual registra un incremento de 13.88%; “otras frutas” registran un aumento de 11.45%; el limón tuvo un aumento de 5.51% y la naranja, de 5.24%.

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Asimismo, el Inegi estima que los mayores incrementos de precios en las mercancías en general se ubican en los siguientes rubros, para el periodo señalado de marzo de 2017 a marzo de 2018: 1) blanqueadores de ropa, 7.74%; 2) “otros utensilios de cocina”, 6.67%; 3) expectorantes y descongestivos, 6.35%; 4) antigripales, 5.39%, y las sábanas, 5.02%.

Por su parte, en el capítulo relativo a los productos agropecuarios, la mayor inflación se registra en los siguientes productos: a) huevo, respecto del cual se registró un incremento de 32.46%; b) “otros mariscos distintos al camarón”, 18.65%; c) pollo, 6.87%; d) pescado, 5.5%.

No alcanza ni para comer 

Los datos considerados son relevantes para la cuestión social, pues impactan directamente en el incremento del valor de la denominada “línea del bienestar”, la cual se compone, de acuerdo con el Coneval, con el valor de la canasta alimentaria y la no alimentaria.

Así, para el mes de febrero de 2018 el valor de la citada línea del bienestar se ubicó en 2,974.46 pesos para las zonas urbanas, y de 1,915.01 para las localidades rurales. En ese mismo sentido destaca que la línea del bienestar mínimo se ubicó en 1,472.94 pesos para los ámbitos urbanos; y en 1,041.97 para el ámbito rural. Por su parte, el valor de la “canasta no alimentaria” es de 1,501.52 pesos al mes en el ámbito urbano, y de 873.04 pesos en el ámbito rural.

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Es importante destacar que en febrero de 2017 el valor de la línea del bienestar era de 2,799.64 pesos mensuales, para el ámbito urbano, y de 1,797.65 para el rural. Estos datos contrastan con el valor registrado al inicio de la presente administración, pues en febrero de 2013 el valor de la línea del bienestar urbana se ubicó en 2,405.08 pesos mensuales, y el de la rural en 1,537.43. Esto significa que entre febrero de 2013 y febrero de 2018 el valor de la línea del bienestar creció en 20%.

Las ciudades más caras  

De acuerdo con el Inegi, las 10 ciudades en las que se registró un mayor incremento en los precios son: Tulancingo, Hgo., donde la inflación general fue de 6.56%; Ciudad Juárez, Chih., con 6.07%; Tepatitlán, Jal., con 6.03%, Fresnillo, Zac., con 5.92%; Tapachula, Chis., con 5.73%, Cortazar, Gto., con 5.64%; Durango, Dgo., con 5.62%; el Área Metropolitana de la CDMX, con 5.5%; y Matamoros, Tamps., con 5.46%.

 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 10-abril-2018, p.15.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

Martes, 03 Abril 2018 06:00

"Es la corrupción"

De acuerdo con el INEGI, en 2017 la entidad en la que se percibe mayor presencia de corrupción es la Ciudad de México, seguida de los estados de Veracruz, Puebla, Tabasco y Oaxaca. Los partidos políticos solo son superados por las policías, en percepción de corrupción; pero casi en el mismo nivel están los Gobiernos de todos los órdenes, así como los diputados y Senadores. Por ello la corrupción es uno de los principales agentes de erosión de nuestra democracia


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La democracia mexicana cuenta con el más bajo respaldo ciudadano en América Latina; así lo muestra la última edición del LatinoBarómetro, en la cual se documenta cómo la corrupción es uno de los principales factores de deterioro de la confianza y credibilidad de las instituciones democráticas.

En el mismo sentido, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de acceso a un trabajo digno, son otros de los factores principales que dañan a la democracia como forma de gobierno preferida por las personas, con lo riesgoso que resulta una opinión ampliamente difundida, respecto de que las personas podrían preferir gobiernos autoritarios, si éstos garantizan mejores condiciones de vida.

Desde esa perspectiva, es importante mencionar que hay elecciones, de distintos órdenes y niveles de gobierno en 30 de las 32 entidades, y que están en juego al menos 3 mil 400 cargos de elección popular, muchos de los cuales implican cargos como las presidencias Municipales, en las cuales además, se eligen planillas de Síndicos y Regidores, con lo cual, el número de posiciones en juego se incrementa significativamente.

¿Cómo llegan en corrupción?

Lo primero que debe destacarse es que, a nivel nacional, hay una percepción generalizada con respecto a la corrupción se ha incrementado en los últimos cinco años. En efecto, de acuerdo con las ediciones 2013, 2015 y 2017 de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Inegi, ENCIG), en el 2013, la suma de la población que pensaba que la corrupción es frecuente o muy frecuente es de 88.3%. Para el 2015, la percepción se mantuvo prácticamente inalterada, pues el indicador fue de 88.8%. Finalmente, para el año 2017, el indicador se ubicó en 91.1%. Es decir, 91 de cada cien ciudadanos piensa que la corrupción es frecuente o muy frecuente en el país y en sus estados.

Debe destacarse también que, según los datos del Inegi, en 17 entidades del país se supera 90% de percepción de corrupción frecuente o muy frecuente. Éstas son: 1) Ciudad de México, en donde el 96.3% de la ciudadanía cree que hay corrupción en las instituciones; 2) Veracruz, en donde el porcentaje es de 95%; 3) Puebla, con un indicador de 94.7%; 4) Tabasco, con un 94.5%; y 5) Oaxaca, en donde 94.3% percibe una elevada corrupción.

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En el lugar 6) se encuentra Nayarit, con un indicador de 93.6%; 7) Estado de México con 93.4%; 8) Morelos con 93.7%; 9) Quintana Roo, con 93%; 10) Guerrero con 92.3%; 11) Sinaloa, con 92.2%; 12) Jalisco, con 91.7%; 13) Sonora con 91.5%; y en los lugares 14 al 18, los estados de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, con indicadores ubicados entre 90 y 90.8%.

Los que empeoraron

Dado que la percepción en torno a la presencia de actos de corrupción es creciente, es relevante destacar que las entidades en donde se registraron los mayores cambios, para peor, son los siguientes: 1) Nayarit, donde la percepción sobre una corrupción frecuente o muy frecuente creció 12.7 puntos porcentuales entre 2013 y 2017, pasando de 80.8% en el primer año de referencia, a 93.6% el año pasado. En segundo lugar está Veracruz, con un crecimiento de 10.4 puntos, al haber crecido en este indicador de 84.6% a 95% en el periodo señalado. En tercer sitio está Querétaro, al haberse incrementado en 10.2 puntos la percepción de la presencia de corrupción, al haber pasado de 65% de percepción, a un 75.2%. debe destacarse que, aun con ello, Querétaro es la segunda entidad con menor corrupción percibida en el país, sólo por arriba de Yucatán, la cual es la mejor evaluada en este tema.

Los que "mejoraron" 

De acuerdo con los datos del INEGI, sólo hay tres entidades del país en las que mejoró su indicador en 2017, respecto de lo que se había medido en el 2013; éstas son: Durango, con un cambio de -5.7 puntos al haber pasado de una percepción de 89.6% de la población que en el 2013 creía que la corrupción era frecuente o muy frecuente en su estado, a 83.9% en el año 2017. Le sigue el estado de Jalisco, en donde se dio un cambio de 3 puntos porcentuales, al haber pasado de 94.7% en el 2013 a 91.7% en el 2017. En tercer sitio está Michoacán, con una reducción de 2.3 puntos porcentuales al pasar de 92.2% en el 2013 a 90% en el 2017.

Chihuahua representa un cuarto caso en el que no hubo ningún cambio en la percepción registrada en 2013 y 2017, con un porcentaje de 87.4% de la ciudadanía percibiendo corrupción.

Los peor evaluados  

La ciudadanía percibe que las instituciones políticas son en las cuales la corrupción es frecuente o muy frecuente. En efecto, de acuerdo con el Inegi, la prevalencia percibida de corrupción respecto de las policías (todas las corporaciones en general), asciende a 90.7%; prácticamente en el mismo nivel se encuentran los partidos políticos, con un indicador de 90.6%; le sigue en ese orden el gobierno federal, con 86.5%; ligeramente por debajo los diputados y senadores, con 86.3%; seguidos de los gobiernos estatales con 84.1% y los gobiernos municipales con 80.6%, nivel compartido con los ministerios públicos, respecto de los cuales la corrupción es percibida en un 80.3%.

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 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 03-abril-2018, p.8.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

Martes, 27 Marzo 2018 07:00

De víctimas y desapariciones

En México hay 34,268 personas no localizadas, cuyos casos se investigan en el fuero común; y 1,134 en el fuero federal; de éste, el 57% de los casos se concentra en los estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. Todo esto ocurre en un país con una criminalidad creciente, resultado de la cual, en los últimos 3 años se han cometido 754,793 delitos contra la vida y la integridad corporal y 50,359 contra la libertad personal


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La desaparición forzada se ha convertido en uno de los más severos problemas que hay en el país. Los casos más recientes ocurridos en Jalisco, respecto de la desaparición de tres estudiantes de cinematografía y dos de medicina; y el cruel hallazgo de uno de ellos muerto, han puesto una vez más en el centro de la atención nacional, esta grave herida que tardará años en sanar en el ánimo nacional.

Es importante destacar que el 17 de noviembre del 2017 se promulgó la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas. En esta Ley se establecen dos categorías centrales:

Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;

“Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito”.

Aun con esta precisión, las estadísticas oficiales no permiten distinguir con claridad cuántas víctimas hay en una y otra categoría; por ello, uno de los primeros retos que tiene el país, es proporcionar información que no genere ninguna confusión de qué se está hablando.

Las magnitudes

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país hay 1,134 personas no localizadas cuyas investigación se desarrolla en el fuero federal; de ellas, 67 fueron vistas por última vez en años anteriores al 2007. Un grupo de 26 más desaparecieron en 2007; 30 lo hicieron en 2008; otras 41 en el 2009.

En el año 2010 desaparecieron 105 personas; en el 2011 fueron 89; en el 2012, 117; en el año 2013 un total de 206; en el 2014 se llegó a un récord de 257 casos; en el 2015 descendió a 109; en el 2016 fueron 44; y en el 2017 la suma llegó a 41. En lo que va del 2018 se tiene un registro de 4 casos.

Por grupos de edad , de la suma totas señalada, se tienen 30 casos en el que las personas no localizadas tenían 9 años o menos; en 22 casos tenían entre 10 y 14 años; en 113, la edad era entre 15 y 19 años; 166 más tenían de 20 a 24 años; 153 se ubican en el rango de 25 a 29 años; 123, tenían entre 30 y 34 años de edad; mientras que 104 tenían entre 35 y 39 años.

Por su parte, en 103 casos las personas no localizadas tenían entre 40 y 49 años al momento de su desaparición; 46 tenían entre 50 y 59 años de edad; 11 tenían 60 años o más; mientras que en 271 casos la edad no se encuentra especificada.

En el otro dato, relativo a las personas no localizadas, y cuya investigación se ubica en el fuero común, se tiene un registro de 34,268 personas no localizadas; de ellas, 7,822 son menores de 19 años; 15,837 se ubicaban al momento de su desaparición en el rango de los 20 a los 39 años de edad; 6,127 en el de 40 a 59 años; mientras que 4,482 tenían 60 años o más, o su edad no se encuentra especificada.

Territorios de espanto

De acuerdo con los datos oficiales, del total de personas no localizadas, y cuya investigación depende del fuero federal, hay 10 entidades en las que se concentra el 80% de los casos; éstas son: Guerrero, con 323; Veracruz, con 203. Tamaulipas, con 135; Ciudad de México, con 52; Michoacán, con 51; Oaxaca, con 36; Coahuila, con 28; Estado de México, con 27 casos; Baja California con 26 y Nuevo León con 24.

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Cifras macabras

De acuerdo con los datos oficiales, entre los años 2015 y 2017 ha habido 754,793 víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal; entre ellas, las relativas a los homicidios y las lesiones dolosas son por supuesto, quizá los más graves. En ese sentido, es importante destacar que las cifras son crecientes: hubo 242 mil casos en el 2015; en el 2016 hubo 246,719 casos; mientras que en 2017 el registro se ubicó en 266,074 casos.

Asimismo, se tiene registro de un total de 17,799 casos de delitos contra la sociedad, entre los cuales se incluyen todos los delitos sexuales y el abuso a niñas y niños; nuevamente, no hay reducciones significativas: en 2015 fueron 5,945 casos; en el 2016 llegó a 6,074 y en el 2017 se redujo a 5,780.

En el capítulo de los delitos contra la libertad personal, la suma en los últimos tres años alcanza los 50,359 casos; en este rubro, la tendencia es igualmente creciente: 14,573 en el 2015; una suma de 16,317 casos en el 2016; mientras que en el 2017 se llegó a 19,469 casos.

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Finalmente, se encuentra el delito de extorsión, o “delitos contra el patrimonio”; de éste, la suma en los últimos tres años es de 16,670 casos, de los cuales, 5,277 se registraron en el 2015; 5,395 en el 2016; y 5,998 en el año 2017.

 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 27-marzo-2018, p.10.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

Martes, 20 Marzo 2018 06:00

Elección: estados clave y rezagos

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), nueve entidades concentra el 57.1% de la lista nominal de electores; en ellas viven, de acuerdo con el CONEVAL, una suma de 31.9 millones de personas en pobreza, es decir, el 59.7% del total nacional


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México ha avanzado aceleradamente hacia la concentración de su población en grandes metrópolis, que a su vez están conglomeradas en un reducido número de entidades en el país. Esta característica, tratándose de procesos electorales federales, hace que la disputa se concentre de una manera especial, y de una forma muy intensa, precisamente en esas entidades, pues es en ellas en donde, lógicamente, se congrega el mayor número de electores.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el padrón electoral está integrado por 90 millones 135 mil 083 personas que han solicitado su inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su credencial para votar. Por su parte, la Lista Nominal de Electores, que es precisamente la lista de quienes habiendo solicitado su inscripción al padrón cuentan ya, efectivamente, con su credencial para votar, está integrada por 89 millones 118 mil 542 personas.

De ese total, 42.93 millones son hombres (48.18%) y 46.18 millones son mujeres (51.82%); y desagregados por edad, 4.12 millones tienen entre 18 y 19 años, mientras que 11 millones tienen entre 20 y 24 años de edad; es decir, se trata de 15.12 millones de jóvenes que por primera vez elegirán Presidente de la República.

Adicionalmente, debe considerarse que hay otros 20.56 millones que tienen entre 25 y 34 años. El dato es relevante porque, en total, estos casi 36 millones de jóvenes (40% de la lista nominal) constituyen la generación con mayor nivel educativo en la historia del país y con la mayor esperanza de vida al nacer, pero también son una generación que a lo largo de su vida ha visto crecer al país sólo a un promedio de 2% del PIB anual; han visto cómo se ha recrudecido la violencia, cómo se han ensanchado las brechas económicas, sociales y territoriales, y cómo la pobreza se ha vuelto el destino inevitable para millones de ellos y para sus familias.

Estados con muchos electores

De acuerdo con los datos del INE, hay nueve entidades del país que tienen 3 millones o más de personas en sus listas nominales. En conjunto, en estos estados hay 50.86 millones de personas con credencial para votar con fotografía, cifra que representa 57.1% del total de personas en la lista nominal a nivel nacional (57.5% del total de las mujeres y 56.6% de los hombres).

Lo anterior significa que de los 46.18 millones de mujeres en la lista nominal que hay en el país, 26.54 millones se concentran en los nueve estados con tres o más millones de personas en la mencionada lista. Asimismo, de los 42.93 millones de hombres, en esas entidades hay 24.31 millones. Los datos por estado son los siguientes:

a) Estado de México, en el cual se tiene un registro de 11.81 millones de personas en la Lista Nominal (5.63 millones de hombres y 6.17 millones de mujeres); b) Ciudad de México, con un registro de 7.64 millones de electores (3.59 millones hombres y 4.05 millones de mujeres); c) Jalisco, con 5.92 millones en lista nominal (2.87 millones de hombres y 3.041 millones de mujeres); d) Veracruz, con 5.77 millones de votantes (2.73 millones de hombres y 3.042 millones de mujeres); e) Puebla, con 4.49 millones (2.096 millones de hombres y 2.39 millones de mujeres) f) Guanajuato, con 4.36 millones de electores (2.09 millones de hombres y 2.74 millones de mujeres); g) Nuevo León, con 3.89 millones (1.94 millones hombres y 1.95 millones de mujeres); h) Chiapas, con 3.52 millones (1.69 millones de hombres y 1.83 millones de mujeres); i) Michoacán, con 3.42 millones en lista nominal (1.64 millones de hombres y 1.78 millones de mujeres).

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Las tareas urgentes  

Otra de las características que será definitoria del resultado electoral en estas entidades es que en ellas se concentra el 59.7% de personas en pobreza en el país; pues de los 53.4 millones de personas que el Coneval estimó en esa condición en el año 2016, en los estados mencionados habitan 31.9 millones.

Siendo la entidad más poblada del país, el Estado de México concentra el mayor número de personas en pobreza: 8.23 millones; le sigue el estado de Veracruz, con 5.049 millones; en tercer sitio está Chiapas, con 4.11 millones; le sigue Puebla, con 3.72 millones; Michoacán continúa en la lista con 2.56 millones, Jalisco le sigue con 2.56 millones, Guanajuato con 2.48 millones, la Ciudad de México con 2.43 millones y Nuevo León con 737 mil personas en la condición citada.

Estados Desiguales

De acuerdo con las mediciones de la pobreza multidimensional del Coneval, para los años 2010, 2012, 2014 y 2016, en ese último año es la primera vez que, entre los nueve estados considerados, hay tres en donde el coeficiente de Gini presenta un valor por arriba de .500; de hecho, se trata de las únicas entidades del país donde se tuvo valores de esa magnitud; éstas son: Nuevo León, con un valor de .578; Guanajuato, con un valor de .576; Chiapas, con un valor de .508, y la Ciudad de México, con .507.

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 *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 20-marzo-2018, p.16.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

En diciembre de 2017, los productos que conforman la canasta básica sufrieron un incremento del 0.59%, superior al 0.46% del mismo periodo de 2016, mientras que la tasa de inflación anual se ubicó en 6.77%, que representó su mayor incremento desde el año 2001

Publicado en Especial
Martes, 09 Enero 2018 11:00

PIB por entidad: un crecimiento desigual

Entre 2003 y 2016 seis entidades (Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Campeche y Veracruz) concentraron en promedio 49.7% del total del conjunto de bienes y servicios que produjeron los estados. El primer lugar lo ocupó la Ciudad de México, con 17.1%

Publicado en Especial