Sábado, 01 Octubre 2016 01:57

SALUD PÚBLICA

Escrito por Manuel Campa
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A mediados del siglo pasado, al término de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a ser abordados los problemas de población en Europa por diferentes Estados, precisándolos y definiéndolos de acuerdo con sus condiciones particulares, en términos del proceso de desarrollo socioeconómico experimentado y sus futuras consecuencias.

Para analizarlos se investigaron los cambios en los “procesos” demográficos (mortalidad, natalidad, etcétera) y los cambios en los “hechos” demográficos (volumen de población, ritmo de crecimiento, entre otros).

Una característica importante era el descenso de la mortalidad general a niveles bajos y el mantenimiento de los niveles altos de fecundidad, generando una tasa de crecimiento natural en expansión en las áreas rurales que, acompañada de un deterioro económico creciente en las zonas más deprimidas, provocaba un aumento en la presión de población sobre la tierra.

 

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La respuesta se dejó sentir en los movimientos migratorios intensos (campo-ciudad), como los observados en nuestro país a partir de los años 60.

El proceso de migración ha estado asociado no solamente a un aumento en las expectativas educacionales y de empleo en los grandes centros urbanos (donde se canaliza un mayor porcentaje de inversión pública), sino que también a una presión de población en las zonas rurales más deprimidas.

En México la situación de desempleo, sumada a la subocupación existente en el sector agropecuario, planteó la necesidad de diseñar nuevas estrategias económicas de desarrollo compartido y cambios demográficos.

Al analizar los cambios en los procesos demográficos (tasa de natalidad) se identificó que la principal razón por la que los países industrializados en el área occidental –e incluso los de bajo y mediano ingreso en el área socialista- presentaban una menor tasa de natalidad.

Esto se debía a la limitación voluntaria de los nacimientos, motivada por el deseo deliberado de constituir familias menos numerosas en situación de mayor holgura y con mejor posición en una sociedad dinámica, que cada vez ejerce mayor presión sobre el tiempo y los recursos del individuo, más que por temor a agotar los medios de subsistencia.

Como consecuencia de estas observaciones internacionales, en los años 50 surgió el concepto de la regulación de la fertilidad, estableciendo que estos programas tienen que sustentarse en la situación íntima y el equilibrio individual de cada pareja, sin apoyarse en otras ideas abstractas, globales y generalizadoras. Con base en estas experiencias nació el concepto de planificación familiar.

  

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En febrero de 1967 el IMSS puso en marcha el Programa de Investigación de Regulación de la Fertilidad, que operó desde entonces en 26 Unidades Médicas del DF. Para responder a este compromiso, la institución adquirió la obligación de garantizar la vigencia de este derecho poniendo a disposición de esas parejas, si por su propia decisión desean hacerlo, la información y los adelantos científicos y tecnológicos que les permitan planificar su familia. Se trató, por tanto, de un Programa de Planificación Familiar Voluntaria. Este se inició en dos clínicas del IMSS el 23 de agosto de 1972.

A fines de ese año la Secretaría de Salud incluyó en su programa para el mejoramiento de la salud de la madre y el niño la planificación familiar y paternidad responsable, aunque todavía no se había emitido en forma oficial la Ley de Planificación Familiar.

A partir de octubre de 1977, al aprobarse la Ley de Planificación Familiar, se iniciaron las actividades al respecto.

En fechas posteriores, durante las conferencias sobre población realizadas en diferentes países, las últimas a partir de Río de Janeiro (1992), Viena (1994) y Pekín (1995), surge el concepto de salud reproductiva.

En 1995 se reformó el sector salud, adoptando más medios gubernamentales dirigidos a descentralizar dicho sector, creándose las jefaturas estatales de Salud.

En septiembre de 2003 el Programa Mujer y Salud y la Dirección General de Salud Reproductiva se integraron en: el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), quedando bajo su responsabilidad desde esa fecha todos los programas que dichas áreas venían desarrollando, como veremos en los próximos artículos. Desde esa fecha el CNEGSR ha integrado equipos de trabajo que  laboran  intensamente  en todo el país y sus resultados se están reflejando en las estadísticas a nivel nacional. 

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Manuel Campa 

Especialista certificado “In Tempore” por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (U.V.) desde 1966; fue Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz de 1999 a 2008

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