• “Quien odia al hermano es un asesino” / Leonardo Boff

    Reina mucha violencia, rabia y odio en nuestro país a causa de la segunda vuelta de las elecciones. Lo que nos escandaliza y va contra la Constitución que afirma ser un Estado laico (no oficializa ninguna religión ni estas pueden ser usadas partidariamente), son las iglesias neo-pentecostales y algunas evangélicas, concretamente la Universal y su líder, que se han transformado en centros de fake news, verdadera máquina de producción de calumnias y falsedades contra el candidato Haddad, hasta afirmar que, de modo semejante al estado totalitario comunista, “el niño después de 5 años pasa a no pertenecer ya a los padres sino al Estado”

  • 2019, ¿vuelo ciego, rumbo a lo incierto? / Leonardo Boff

    Los últimos años han sido muy atormentados en nuestro país, Brasil. Se dio la discutible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, las serias acusaciones de corrupción a su sucesor, el presidente Temer, la obra devastadora del Lava-Jato con aplicación rigurosa de lawfare, y la prisión de Lula, el mayor líder popular, mediante un juicio claramente parcial y carente de pruebas materiales, juicio criticado por los más eminentes juristas nacionales y extranjeros

  • A 10 años de la crisis, la batalla por la justicia social debe seguir

    Han pasado diez años de la Gran Recesión y, de acuerdo con la abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona (@Magda_Sepul[1], aunque en América Latina algunos países han dado pasos importantes en la lucha por la justicia social, la región está lejos de poder declarar ganada la batalla contra la desigualdad.

  • AMLO, del discurso a las acciones de gobierno / Saúl Arellano

    El presidente López Obrador es un político sui generis. A diferencia de los candidatos que han contendido por la Presidencia de la República desde el año 2000, construyó una narrativa totalmente distinta: su propuesta no se ha centrado nunca en sus capacidades técnicas o dominio académico o profesional en alguna materia específica

  • Derechos humanos: una agenda impostergable

    Cada año, cerca de 153 mil mexicanos sufren al menos una violación a sus derechos humanos. Si bien el marco jurídico mexicano cuenta con elementos suficientes para el respeto, la garantía, la protección y la defensa de los derechos humanos, esto sigue siendo uno de los principales retos para el país

  • El acceso a la justicia en tiempos de desigualdad y pobreza

    La desigualdad se ha convertido en una preocupación global; las estadísticas muestran que, en los últimos años, ha aumentado dentro de los países ricos, en países de ingresos medios y en países en desarrollo, en casi todas las regiones del mundo

  • El arranque se complica / Mario Luis Fuentes

    En nuestro país hay muchas agendas que son urgentes, y con el paso del tiempo, ante la inacción e ineficacia de los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, se complejizan y adquieren dimensiones mayores 

  • El error de diciembre / Saúl Arellano

    Es loable que el Presidente de la República tenga la capacidad de reaccionar y reconocer cuando se cometen errores en su administración; para un gobierno y, en evidencia, para un país, no hay nada peor que la negación; en el nuestro, ya hemos visto lo que ha ocurrido en las últimas décadas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y complicidad con la corrupción

  • El mal se encuentra entre nosotros / Saúl Arellano

    “Pienso en una Guerra, justa o impuesta, de lógica muy imprevista. Es tan sencillo como una frase musical”. Arthur Rimbaud, Iluminaciones

    Los cadáveres se apilan, uno a uno hasta contar miles: 18 mil 994 cuerpos sin vida que, como en las ideas de Rimbaud, recuerdan a la imagen de la bandera de carne sanguinolenta. Prácticamente 19 mil personas que han perdido la vida, de enero a julio de este año en México, a manos de otro violento que jaló del gatillo, que hundió sin piedad el cuchillo, que con sus manos apretó el cogote hasta quitarle el último aliento a su víctima.

  • El porqué de la violencia en el ser humano y en la sociedad / Leonardo Boff

    Vivimos a nivel nacional y mundial situaciones de violencia que desafían nuestro entendimiento. No solo de seres humanos contra otros seres humanos, especialmente en el Norte de África, en Sudán y en Oriente Medio, sino también contra la naturaleza y la Madre Tierra

  • El sexenio termina… y este país nos dejan

    Los principales indicadores de economía y desarrollo nos muestran que México perdió seis años en materia social.

  • Entre Brasil y la Ciudad de México: lo que nos advierte la llegada de Jair Bolsonaro / Carlos Luis Sánchez y Sánchez

    El arribo de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, a través de un discurso marcadamente homófobo, machista y misógino, ha despertado un renovado interés acerca de la autenticidad de las actitudes progresistas del electorado latinoamericano que, como en Brasil, años antes habrían llevado al poder a gobiernos de izquierda

  • Entre la perversa cordialidad brasilera y el caos destructivo: un balance del 2018 / Leonardo Boff

    Dicen notables cosmólogos que todo comenzó con un inmenso caos, el big bang. Materia y antimateria chocaron. Sobró una ínfima porción de materia que dio origen al actual universo. El caos fue generativo

  • Erradicar los delitos sexuales

    Entre los años 2012 y 2017, los datos oficiales indican que se han denunciado 78,727 casos de violación y prácticamente 105 mil casos de diversos delitos sexuales. Además, entre 2015 y junio de 2018 se han denunciado 7,533 casos de estupro. Se trata de una de las más oscuras formas de la violencia, y su erradicación debe ser incluida en la nueva estrategia nacional de seguridad


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    Pacificar al país es una de las metas propuestas por el virtual presidente electo. Lograrlo implica la modificación de la estrategia de combate a los grupos delincuenciales vinculados a la producción, el tráfico y la comercialización de estupefacientes, pero también la prevención y erradicación de otros actos delictivos, del orden común, que son parte de una profunda y arraigada violencia que se ejerce todos los días contra niñas, niños y mujeres adolescentes y adultas.

    Desde esa lógica, y de manera obvia, pacificar al país requiere de la construcción de una cultura para la paz, lo cual, de lograrse, tardará varios años, por lo que la urgencia es comenzar desde el primer día de la siguiente administración.

    La violación

    Uno de los delitos sexuales que se cometen con mayor frecuencia es el de la violación. Al respecto, es importante decir que el estigma y la doble, o a veces hasta triple victimización, lleva a que muchas de las mujeres, las niñas y los niños que han sido agredidos no denuncien ante la autoridad.

    Aun con ello, las cifras compiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que entre el año 2012 y lo que va de 2018 han sido presentados 78 mil 727 casos ante algún Ministerio Público. En ese periodo, el año en que más casos se reportaron fue 2012, en el que se tuvo registro de 14 mil 570 casos, mientras que el año con la cifra más baja fue 2015, con 12 mil 282 casos.

    Violencia sexual.png

    El promedio anual registrado en el periodo referido es de 13 mil 121 casos; es decir, un promedio de 36 denuncias por día. Es de llamar la atención también que, analizado por mes, el promedio más alto se registra para los meses de mayo de los años referidos, con mil 218 casos en cada uno de los años considerados.

    En segundo lugar se encuentran los meses de octubre, con un promedio de mil 187 casos, y en los que menos casos en promedio se registran son los de diciembre, con 924, seguidos de los meses de enero, en los que se promedia un número de 987 casos.

    La corrupción de menores

    México es un país que ha sido identificado como de alta violencia contra las niñas y los niños, y entre las peores formas de esa violencia se encuentran el abuso sexual y formas extremas, como la explotación sexual comercial.

    Al igual que en el caso de la violación, el abuso contra las niñas y los niños es solapado y tolerado en miles de casos, por lo que las cifras sobre denuncias deben ser asumidas sólo como indicativas de una realidad que podría ser mucho peor.

    Al respecto de este tema, hay un registro oficial de 7 mil 533 casos entre los años 2015 y hasta el mes de junio de 2018. El promedio entre 2015 y 2017 es de 2 mil 171 casos, es decir, seis casos denunciados al día. En lo que va de 2018 el promedio registrado es de 5.6 casos diarios.

    En el tema de corrupción de menores, los meses con promedios más altos de casos en el periodo señalado son los de octubre, con un indicador de 215; mientras que en segundo lugar se ubican los de mayo, con un promedio mensual de 201 casos.

    La trata de personas

    Los datos del Secretariado Ejecutivo indican que entre 2015 y lo que va del año 2018 se han denunciado 2 mil 684 casos de trata de personas; el año con mayor número fue 2015, con mil 195 posibles víctimas de este delito.

    En este caso es importante decir que es uno de los delitos más invisibilizados y aún hace falta trabajar en la capacitación de policías, ministerios públicos y jueces para su adecuada investigación y procesamiento.

    Estupro

    El artículo 262 del Código Penal Federal establece: “Al que tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de engaño, se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión”. Al respecto, se ha propuesto modificar este delito y equipararlo a la violación, pues se asume que el consentimiento está viciado de origen.

    En esta definición, el Secretariado Ejecutivo tiene el registro de 10 mil 908 casos entre los años 2012 y 2017, lo que equivale a un promedio anual de mil 818 casos. Los meses con mayor promedio son los de junio, con 170 casos; después los de mayo, con 167 casos en promedio, y en tercer lugar los meses de marzo y octubre, con un promedio de 166 casos, respectivamente.

    Otros delitos sexuales

    En esta categoría se agrupan los distintos delitos sexuales considerados en los códigos penales de los estados. Al respecto, es importante destacar que la cifra es enorme, pues se tiene registro de 104 mil 960 casos totales en el periodo de 2012 a 2017, es decir, un promedio anual de 17 mil 493 casos, o bien un promedio diario de 48 casos.

    El mundo de la perversión.png

     *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 24-julio-2018, p.16.

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  • Esto sí está descarrilando al país y no se ve el nerviosismo de los mercados / Saúl Arellano

    La discusión sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco permite ver las trampas de la narrativa del capital. Se decía que de darse la cancelación vendría el apocalipsis financiero; y sin desconocer o minimizar el impacto negativo que esto sí tuvo y va a tener, la realidad indica que el “desajuste” no colapsará al conjunto de la economía nacional

  • Índice Mexicano de Corrupción y Calidad del Gobierno

    Presentación

    Este índice es un ejercicio que sintetiza la información disponible con base en la cual es posible dimensionar el grado de corrupción percibida en las entidades de la República, y su interacción con el costo que tiene el delito en ellas, así como la calidad percibida de los servicios públicos y del gobierno en los municipios y en las 32 entidades del país.

    Desde esta perspectiva, es importante decir que este ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país.

    Este ejercicio recoge la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la materia; pero los autores estamos convencidos de que, si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.

    Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.

    Así, la pertinencia de este ejercicio se encuentra en el énfasis que ha hecho el presidente electo, en que en su administración se combatirá frontalmente a la corrupción; por lo que su actualización anual permitirá dar seguimiento al impacto que las medidas que se implementen para reducirla.

    Debe señalarse además que el debate en torno a la corrupción en el país data desde la década de los 80 en el siglo XX, cuando se habló incluso de la necesidad de llevar a cabo una “renovación moral del gobierno”; desde entonces, se han generado intensas discusiones sobre cómo lograr una transformación de la ética pública y garantizar la existencia de gobiernos honestos, transparentes y con plena vocación de rendición de cuentas.

    Desde esta perspectiva, es importante decir que en los últimos 10 años, ha habido en México importantes esfuerzos impulsados desde la sociedad civil y la academia, para explicar teóricamente el fenómeno de la corrupción, y también para modificar el marco jurídico e institucional en este campo. Muchos de esos esfuerzos derivaron en la propuesta del actual Sistema Nacional Anticorrupción.

    En el mismo sentido, destaca que la principal propuesta de campaña del ahora presidente de la República, fue también la de erradicar la corrupción y transformar éticamente a la vida pública del país.

    Ante este escenario no es menor señalar que ambas propuestas, aunque coincidentes en propósito, son distintas en métodos y procedimientos. Por lo que no puede ni debe obviarse que hay una discusión de fondo, no resuelta en torno a cuáles son los mecanismos más eficaces y perdurables para reducir significativamente con este grave problema.

     

    Introdicción

    Medir la corrupción es una cuestión conceptual y técnicamente compleja. En efecto, no hay una definición única y consensada respecto de lo que es la corrupción, lo que dificulta establecer criterios uniformes en todas las regiones y países para construir metodologías o instrumentos de medición compartidos a nivel internacional.

    En ese sentido es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), define a la corrupción como sigue:

    El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.”[1]

    Sobre los efectos que la corrupción genera, en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se sostiene:

    “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”[2].

    Por su parte, Transparency International, define a la corrupción como:

    “El abuso del poder confiado a una autoridad, para obtener beneficios privados. La corrupción puede clasificarse como “grande, pequeña y como corrupción política, dependiendo de los montos de dinero perdidos, y el sector en el cual ocurre”[3].

    Por su parte Phil Nichols, investigador sobre temas de ética pública en la Universidad de Wharton, define a la corrupción como: «El uso, el abuso, o la omisión en el ejercicio del poder o de los cargos públicos, a fin de obtener beneficios personales, o beneficiar a grupos específicos de poder económico o político»[4].

    En su revisión conceptual y metodológica sobre el tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documenta que la corrupción se expresa en múltiples fenómenos: malversación de fondos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, acceso ilegal a información privilegiada, manipulación de licitaciones y compras públicas, tráfico de autoridad, soborno y enriquecimiento ilícito[5].

    De esta forma, independientemente del énfasis que se pone en las causas, consecuencias, o en las consecuencias conceptuales de asumir una u otra definición, lo que es un hecho es que todas tienen como punto de confluencia que:

    1) La corrupción es un fenómeno presente en todo el mundo.

    2) Que es un fenómeno delictivo que daña a las instituciones, erosiona la legitimidad democrática y que provoca el deterioro de la calidad de los bienes y los servicios públicos.

    3) Que, por sus consecuencias, la corrupción alienta otras formas de delito, incrementa los niveles de impunidad y pone en riesgo la prevalencia del Estado de derecho. 

    Ahora bien, en lo relativo al diseño de políticas públicas para su prevención, uno de los mayores retos es definir cuál es la mejor manera de medir el fenómeno, a fin de conocer su magnitud, así como las características que deben tener las políticas que se diseñen en implementen para su control, erradicación y sanción.

    Sobre la medición de la corrupción, el INEGI agrupa en tres los métodos más destacados: 1) panel de expertos; 2) índices compuestos y, 3) encuestas. Sobe el primer método, el mayor riesgo es el sesgo en la selección de las y los expertos a participar, amén de que sus aproximaciones suelen ser de tipo cualitativo, y no permiten la generación de información cuantitativa de calidad.

    Respecto de los índices compuestos, al utilizar distintas fuentes de información, impide su comparabilidad internacional; y respecto de las encuestas, si bien captan percepciones, éstas últimas tienen la fortaleza de la posibilidad de comparabilidad en el tiempo y entre distintos países, si es que las muestras y cuestionarios son comparables.

    ¿Por qué un Índice Mexicano de Corrupción?

    A pesar del riesgo de las limitaciones de comparabilidad que señala el INEGI respecto de este tipo de instrumentos, es válido plantear la pregunta ¿es posible construir un Índice de corrupción que utilice como fuente primaria de información las encuestas sobre la percepción de este fenómeno?

    La respuesta, para el caso mexicano es definitivamente que sí, por las siguientes razones:

    1. El INEGI cuenta con un sólido sistema de encuestas, regulares, especiales y de módulos específicos, que permiten la comparabilidad de resultados en el tiempo, pero también entre las entidades federativas. Ejemplos de estos instrumentos son la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), cuya periodicidad es anual; y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cuya periodicidad es bienal.
    1. Dado que el sistema de Encuestas del INEGI forma parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos ahí registrados pueden ser tomados como “oficiales”, con lo que su utilidad para el diseño e instrumentación de las políticas públicas es de suma relevancia.

    Desde esta perspectiva, y considerando los niveles generalizados de corrupción que existen en el país, contar con un Índice que dimensione los niveles percibidos de corrupción en las entidades de la República, es necesario como un insumo que podrían utilizar en su desempeño, tanto el Sistema Nacional, como los Sistemas Estatales Anticorrupción.

    Otras ventajas de un Índice como el que aquí se propone son las siguientes:

    1. Es una medición que sintetiza la gran cantidad de información que existe en las encuestas del INEGI, y que las resume mediante promedios, para el periodo 2011-2017.
    1. Es un Índice que se compone de “Índices parciales”; es decir, presenta la información disponible en torno a la percepción ciudadana de presencia de la corrupción, por sectores; por ejemplo, la corrupción percibida en las fuerzas de seguridad pública, la percibida en organismos autónomos como los electorales y de derechos humanos, o la percibida respecto de instituciones sociales como las instituciones religiosas. Estos “Sub-índices” permiten identificar los ámbitos específicos de intervención prioritaria y proporcionan una ruta, basada en evidencia, sobre cuáles son los tramos institucionales en los que se debe actuar con mayor urgencia.
    1. Es un Índice que proporciona información que permite dimensionar las brechas que existen entre entidades, e identificar, por lo tanto, no sólo los ámbitos prioritarios de intervención, sino también los espacios territoriales con mayores problemáticas.
    1. Dada la metodología y técnicas utilizadas para la elaboración de este instrumento, permite tener una aproximación empírica a la determinación de probables nexos de causalidad e interacción entre las distintas formas y dimensiones identificadas a partir de la información disponible en las encuestas del INEGI. En ese sentido, el Índice no sólo es un instrumento de utilidad para el mejoramiento de las políticas públicas en la materia, sino que aporta elementos metodológicos y de análisis que pueden ser de utilidad para quienes investigan en esta materia.

     

    DESARROLLO

    Metodología y técnicas aplicadas

        I. Análisis descriptivo y exploratorio

    La percepción de la corrupción es generalizada. Sin embargo, ésta se comporta de manera diferenciada, dependiendo del ámbito de que se trate. Por ejemplo, de acuerdo con la ENVIPE, las instituciones percibidas como más corruptas son las policías municipales y estatales; hay además cuatro grupos de instituciones que son percibidos con altos niveles de corrupción por la ciudadanía, ubicándose en porcentajes que se ubican entre el 80 y el 90%; éstas son: a) partidos políticos; b) diputados y senadores; c) Gobierno Federal, y; d) Gobiernos Estatales.

    Gráfico1Porcentaje promedio nacional en percepción de corrupción por ámbitos seleccionados, 2011-2017corrupcion ambitos seleccionados 2011 2017

    El hecho de que los espacios de representación y gobierno, así como las instancias responsables de la seguridad pública de primer contacto sean consideradas como las más corruptas, permite sostener al menos tres hipótesis:

    1) En México la corrupción es una práctica generalizada, que ha puesto en tensión al Estado de derecho.

    2) La corrupción constituye un freno al desarrollo, pues además de generar severos costos institucionales, provoca también altos costos a la población, lo cual, en un contexto de pobreza y desigualdad también generalizadas, lastima a la democracia e impide la transformación institucional del país.

    3) Esa condición obliga a fortalecer los instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas de prevención y combate a la corrupción.

    Adicionalmente, destaca que en México se cumple también la tesis de Naciones Unidas, respecto de que la corrupción afecta la calidad de los servicios públicos. En ese sentido, es importante subrayar la calificación que obtienen los servicios públicos municipales, estatales y federales entre la ciudadanía, lo cual ha sido captado a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Los promedios obtenidos en los últimos cuatro años no dejan duda al respecto:

    Gráfico 2Promedio nacional de evaluación de servicios públicos (Escala de 1 a 10)Promedio nacional escala1 10

    De igual manera, debe hacerse notar el impacto económico que la corrupción y la mala calidad del gobierno está generando de manera directa a las personas, pero también a los cientos de miles de unidades económicas que hay en el país. Un indicador que permite dimensionar esta problemática es el costo por delito que han tenido que enfrentar los hogares y los miles de unidades económicas que hay en el país.

    El indicador es pertinente, porque los niveles de criminalidad que existen en México no podrían explicarse sin la existencia de una corrupción generalizada, que se traduce en impunidad y permisividad ante la delincuencia. Así, en el siguiente gráfico se muestran los costos acumulados en promedio por hogar, como efecto de la delincuencia entre los años 2014 y 2017, así como los costos por unidad económica que hay en el país, para el año 2016.

    Gráfico3. Promedio nacional de costos por delito, por ámbitos de análisisPromedio por ambito de analisis

    A fin de determinar si las hipótesis y supuestos planteados conceptualmente se verifican en México, se seleccionaron 40 variables contenidas en las encuestas arriba mencionadas como fuentes de información, bajo dos consideraciones esenciales:

    1) Si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno generalizado en el país, también lo es el hecho de que los niveles y profundidad que tiene es distinto dependiendo del ámbito de que se trate. Así, por ejemplo, es muy distinta la corrupción percibida por la ciudadanía respecto de las policías o los partidos políticos, que frente al Ejército y la Marina; lo mismo puede sostenerse respecto de espacios que se asumen ciudadanos, como los institutos electorales estatales, respecto de los cuales se percibe una mucho mayor corrupción que frente a las instituciones religiosas.

    2) En el mismo sentido, si bien la corrupción tiene presencia nacional, su comportamiento y nivel de presencia es distinta dependiendo de la entidad federativa de que se trate.

    Con base en ello, se llevó a cabo de forma exploratoria un análisis de correlaciones múltiples, a fin de determinar cuáles son las variables que mayor correlación estadística tienen entre sí, a fin de corroborar los supuestos asumidos[6].

    Los resultados muestran que efectivamente hay una alta correlación entre las variables que se toman para llevar a cabo este análisis, y pueden agruparse en los siguientes estratos:

    1) Hay 25 pares de variables en los cuales el coeficiente de correlación oscila entre .800 y .920[7]. Entre estos pares, hay algunas correlaciones que podrían considerarse por algunos expertos como “espurias”; sin embargo, en la mayoría se repite el patrón de estar vinculados los niveles de corrupción percibidos respecto de ámbitos de gobierno con los de representación proporcional, así como con la prestación de servicios y la calidad de los mismo. Este apunte aplica para los otros dos estratos de “parejas de variables”.

    Tabla1. Correlación entre variables (coeficiente entre .800 y .920Variable 1 2 R 

    2) Hay 48 pares de variables que presentan coeficientes de correlación con valores que van de .701 a.799, y son los siguientes:

    Tabla2. Correlación entre variables (coeficiente entre .701 y .799)Variable 1 2 R2

    3) Hay 57 pares de variables cuyos valores de correlación oscilan de .600 a .698.

    Tabla3. Correlación entre variables (coeficiente entre .600 y .698)Variable 1 2 R3

    II.Análisis explicativo

    A fin de determinar cómo es que interactúan entre sí las variables consideradas, se aplicó la técnica de Análisis Factorial Exploratorio; a través de ellas se encontró que los datos utilizados se agrupan en 5 grupos factoriales a partir de los cuales se explica el 72% de la varianza, un indicador alto y que se puede asumir como muy bueno en términos estadísticos. La matriz obtenida es la siguiente:

    Tabla4. Varianza total explicadaVarianza total explicada

    A fin de confirmar lo anterior se procedió a desarrollar un segundo nivel de estudio de los datos, a través del Análisis Factorial Confirmatorio; del resultado obtenido pueden extraerse cinco “dimensiones o agrupamientos”:

    1. Factor 1. Corrupción institucional. El comportamiento de las variables confirma que la corrupción es generalizada en el entramado institucional del Estado y el gobierno, así como en las instituciones de integración ciudadana mayoritaria como los Institutos electorales, o de defensa de la población, como son las comisiones estatales de derechos humanos.
    2. Factor 2. Corrupción en los entornos de proximidad. En esta dimensión se agrupan las variables relativas a la presencia percibida de corrupción, pero en los entornos que podrían considerarse de mayor proximidad, o bien de ámbitos de protección y socialización como son los espacios educativos.
    3. Factor 3. Impacto en la calidad de los servicios públicos. En esta tercera dimensión, se agrupan las variables relativas a la calificación que se da a los servicios públicos, y respecto de la cual puede asumirse que, a mayor corrupción percibida, hay una menor evaluación de los mismos.
    4. Factor 4. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social. Es interesante observar que en este cuarto grupo de variables se encuentran las relativas a las principales instituciones de salud y seguridad social del Estado mexicano; pero comparten “comportamiento estadístico” con las relativas a la corrupción y confianza que la población declara tener respecto de la Marina y del Ejército Mexicano.
    5. Factor 5. Costo social del delito: En esta última dimensión se agrupan las variables relativas al costo que la población declara que ha tenido que pagar como consecuencia de haber sido víctima de la delincuencia. Es interesante observar que a estas variables se asocia la relativa a la calificación que se da al transporte público, la cual tiene un vínculo estrecho con las condiciones de inseguridad que lo caracterizan en todo el país.

    En la siguiente se resumen las variables en cada Factor y sus cargas factoriales:

    Tabla5. Resumen de las variables en cada Factor y sus cargas factorialesFactores y cragas factorialesFuente: elaboración propia.

    El desarrollo del análisis factorial confirmatorio abre también la posibilidad de avanzar hacia la construcción de un modelo de ecuaciones simultaneas (SEM, por sus siglas en inglés[8]), el cual puede sintetizarse en un gráfico “de senderos” en el cual pueden establecerse con claridad cuáles son las interacciones y mutuas determinaciones que tienen las diferentes dimensiones o factores en análisis. En este caso, el modelo arroja la siguiente gráfica:

    Gráfico4. Interacciones y mutuas determinaciones de las dimensiones o factores de análisisModelo

    Fuente: elaboración propia

    Como se observa, el constructo denominado como “Corrupción institucional”, (marcado en círculo azul), interactúa y se determina mutuamente con todas las otras dimensiones, sin tener ninguna mediación; es decir, el modelo permite sostener con alto grado de certeza, que la corrupción en las instituciones públicas de gobierno, representación popular, impartición y procuración de justicia, determina el comportamiento de todo el resto del paisaje institucional del país.

    A su vez, la corrupción en entornos o ámbitos de proximidad de las personas tiene una mutua determinación con la corrupción institucional, sin mediación, y al mismo tiempo tiene una carga importante en la determinación de la evaluación que se tiene de los servicios públicos, así como en el costo del delito, tanto para personas como para empresas.

    Es interesante observar que no hay una línea de determinación directa de las dimensiones en las que se encuentran las variables relacionadas con la percepción en distintos espacios, con la dimensión relativa a la percepción de corrupción de la Marina y el Ejército, y la evaluación de las instituciones de seguridad social; es decir, a pesar de que son espacios en los que la corrupción es percibida como presente, su nivel “rompe” con la tendencia y niveles observados en el resto de las instituciones.

    Lo anterior puede explicar también por qué no hay una relación detectada por el modelo, de mutua determinación, entre las dimensiones relativas a la corrupción y la evaluación de las instituciones de seguridad nacional (Ejército y Marina), y las de seguridad social (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), con la dimensión relativa al costo que tienen los fenómenos delictivos para las personas y los negocios en el país; de alguna manera, pesto podría interpretarse que en el marco del aparato institucional, las instancias que en menor medida influyen para que la corrupción y la delincuencia le generen costos directos a la ciudadanía en general, son las instancias identificadas en la dimensión señalada.

    Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental

    Se dijo en líneas arriba que la corrupción no sólo tiene un comportamiento diferenciado en cada uno de los ámbitos institucionales en que se presenta, sino que también tiene impactos diferenciados en la calidad de los servicios públicos y en el impacto directo a la economía de las familias y los negocios. En el mismo sentido, se afirma que la corrupción tiene una presencia percibida y declarada diferenciada, dependiendo del espacio territorial en que viven las personas.

    La propuesta que se hace aquí es, una vez identificadas las variables que tienen un comportamiento estadístico que permite agruparlas en dimensiones específicas, es posible generar un ordenamiento de las entidades, de acuerdo con la magnitud que tienen los valores de las variables en cada una de ellas.

    Es decir, se trata de una ordenación que permite establecer cuáles dimensiones tienen una mayor magnitud en qué entidad, lo que desde una perspectiva de política pública permite identificar cuáles son los ámbitos de intervención prioritaria.

    En esa lógica, el procedimiento para calcular esta ordenación estatal es la siguiente:

    Técnica de estandarización:

    Dado que las variables consideradas en esta investigación tienen magnitudes diferentes, lo primero que se llevó a cabo fue un proceso de estandarización de fácil lectura e interpretación, transformando sus valores en una escala del 1 al 10, que permitiera al mismo tiempo garantizar la comparabilidad entre las entidades de la República.

    La fórmula aplicada resta al valor que adquiere cada una de las variables los valores máximos entre las 32 entidades, y lo toma como cociente para ser dividido entre la resta del rango de valores de las variables (es decir, al valor máximo se le resta el valor mínimo).

    Se prefirió este procedimiento de estandarización sobre otros, porque permite al menos dos cosas:

    A)Tener una medida que puede ser comparable en el tiempo.

    B)Tener una medida relativa al comportamiento real de las variables, respecto de sí mismas, y no frente a estándares.

    La fórmula entonces es la siguiente:

    Fórmula

    Donde:

    Pv: es el peor valor registrado en la variable “x”, entre las 32 entidades federativas. Por ejemplo, si en una entidad el 96% de la población considera que la corrupción en la policía es frecuente o muy frecuente, y es el valor máximo entre las 32 entidades, ese valor es el que es tomado como Pv.

    Vr: es el valor que adopta cada caso

    Vm: es el menor valor registrado entre las 32 entidades respecto de la variable “x”; en el mismo ejemplo que el de Pv, si en una entidad el 75% de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en la policía, entonces ese valor es el que se adopta como Vm

    Al aplicar esta fórmula a cada variable, se obtiene un valor que oscila entre 0 y 1, el cual es multiplicado por un factor común de valor 10, a fin de transformarlo a la mencionada escala de 0 a 10 mencionada en las primeras páginas del texto, y la cual tiene un sentido de interpretación ascendente; es decir, 0 es el peor valor posible y 10 el máximo valor posible.

    Debe comprenderse que, en esta técnica de estandarización, el 0 no es un valor absoluto; es decir, no implica la presencia absoluta de una problemática; por ejemplo, si de acuerdo con el INEGI, en la ciudad de México se tiene el peor valor entre las 32 entidades federativas respecto de la presencia de corrupción, eso no significa que el 100% de la población así lo crea. De esta forma, que en ese indicador la Ciudad de México tenga el valor de 0., significa que en ese ámbito territorial se tiene el peor indicador de los 32 estados registrados, y permite dimensionar rápidamente el nivel de desigualdad o brechas que hay respecto de las otras entidades.

    En el sentido opuesto, que una entidad obtenga un valor estandarizado de 10, no significa que el problema se encuentra resuelto, sino que obtiene el mejor valor entre las entidades federativas.

    Desde esta óptica es preciso decir entonces que la lectura de los valores de este Índice debe llevarse a cabo siempre asumiendo que, dada la evidencia disponible, puede sostenerse que la corrupción es generalizada en nuestro país. En ese sentido, tener “el mejor valor” en cualquiera de las dimensiones evaluadas, no significa que esa entidad tiene un “buen desempeño”, sino que es en donde la problemática, en medio de una fractura general de la ética pública, se presenta con menor intensidad, pero es una problemática seria.

    Índices Parciales

    Dado que el análisis factorial agrupó en cinco dimensiones a las variables estudiadas, se procedió a llevar a cabo un análisis de los valores que tienen para cada una de las entidades federativas.

    Es importante destacar en este punto, que los valores analizados son promedios de los periodos para los cuales se tiene información en las fuentes utilizadas para este trabajo. Por ejemplo, en el caso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), hay variables para las cuales hay valores para la serie de 211 al 2017; en otros casos (por ejemplo, las comisiones de derechos humanos), sólo existen datos para los años 2015 y 2017). La decisión de tomar promedios de una serie de tiempo se sustenta en el hecho de que, al tratarse de “percepciones” respecto de la corrupción, éstas pueden estar (o no) influenciadas por eventos específicos en alguna entidad; por ejemplo, los escándalos de corrupción en Quintana Roo, Veracruz, Sonora, la propia Ciudad de México o Chihuahua, pueden influenciar la percepción medida en una fecha determinada, y pasado el escándalo, modificarse de manera sustantiva en el tiempo.

    Así, para el cálculo de los “resultados parciales”, se asume que cada una de las dimensiones identificadas por el análisis factorial pueden conceptualizarse como “constructos”, cuya denominación se encuentra en las páginas 12 y 13 de este trabajo. De esta forma, cada “Dimensión” puede ser asumida también como un “índice parcial”.

    Para calcular el valor de cada uno de los índices parciales, se lleva a cabo una operación aritmética de promedio simple, de los valores de cada una de las variables que lo integran.

    Debe señalarse además que, al haber asumido que la corrupción se comporta de manera diferenciada según el ámbito institucional de que se trate (por ejemplo, las policías frente a la Marina), el promedio que se obtendría al sólo considerar las variables de forma individual, sesga el resultado y no corresponde necesariamente a la percepción de la corrupción en general que hay en la entidad. Por esta razón, lo que se llevó a cabo fue un ejercicio de ponderación respecto de tal percepción general, de tal forma que los valores obtenidos se calibran de acuerdo con el nivel general percibido de la corrupción. Dicho de forma sencilla, aquellas entidades en donde, independientemente de los valores de cada uno de los ámbitos analizados, hay una percepción de mayor corrupción en general, reciben una “sanción” a fin de evitar distorsiones que hagan incompatibles los resultados aquí obtenidos respecto de los correspondientes a las percepciones generales captadas por el INEGI.

     I. Índice parcial de corrupción institucional

    Este índice parcial está construido con base en los valores de 15 variables relativas a la corrupción percibida en distintos ámbitos institucionales. En esta dimensión, las entidades con peor nivel de logro son Oaxaca, la Ciudad de México y Morelos; en contraste, las entidades que tienen los mejores valores fueron Yucatán, Querétaro y Tamaulipas.

    Gráfico5. Índice parcial de corrupción institucionalIndice parcial e corrupcion institucionalFuente: elaboración propia.

    II.  Índice parcial de corrupción en entornos de proximidad

    En este segundo Índice parcial lo que se encuentra es que las entidades que registran los mejores valores son las mismas del primer índice, relativo a la corrupción institucional: Yucatán, Querétaro, Tamaulipas y Coahuila. Entre las entidades con más bajos valores, se encuentra Oaxaca, que también es de las peores evaluadas en el índice previo, y la acompañan Puebla, tabasco y Michoacán.

    Gráfico6. Índice parcial de corrupción entornos de proximidadIndice corrupción entornos de proximidadFuente: elaboración propia.

    III. Índice parcial de impacto en la calidad en los servicios públicos.

    En esta dimensión las entidades con mejores valores son Yucatán y Querétaro nuevamente, acompañadas de Aguascalientes, Colima e Hidalgo. En el extremo opuesto se encuentran Tabasco, Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México.

    Destaca la congruencia que existe entre los datos reportados en materia de presencia de corrupción, y los del impacto en la calidad de los servicios públicos, sobre todo en las entidades en las cuales se percibe menor corrupción, pues es en esas mismas en las que la ciudadanía evalúa con mayores calificaciones el acceso y la calidad de los servicios en los tres órdenes de gobierno.

    Gráfico7. Índice parcial de impacto de la corrupción en la calidad de los servicios públicosIndice servicios publicosFuente: elaboración propia.

    IV. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social.

    En este índice parcial, las entidades con mayor nivel de logro son Yucatán, Querétaro, Colima, Durango y Baja California Sur. En el extremo opuesto se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.

    Gráfico8. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad socialIndice corrupcion seguridad socialFuente: elaboración propia.

    V. Índice parcial Costo Social del Delito

    En esta dimensión, los estados de Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Durango y Querétaro resultan como los mejor evaluados; en el otro extremo se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla y Jalisco. Como se observa en la gráfica, es la dimensión en la que existe una mayor diferencia entre la entidad con mejores valores respecto de la entidad peor evaluada.

    Gráfico9. Dimensión costo social del delitoDimension costo toal del delitoFuente: elaboración propia.

    VI. Índice de corrupción y calidad gubernamental

    A fin de construir el Índice de corrupción se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad. Los resultados se encuentran en la siguiente gráfico. De acuerdo con estos resultados, las entidades con menor corrupción, y menor impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente, en los costos que genera el delito a personas y negocios, son:  Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Colima y Durango. Las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

    Gráfico10. Índice mexicano de corrupción y calidad gubernamental, 2018Corrupcion y calidad gubernamentalFuente: elaboración propia.

    CONCLUSIONES

    Este índice ofrece una medida de la corrupción y su impacto en los servicios públicos, comparable entre entidades federativas, y presenta como ventaja adicional que está “a salvo” de la crítica relativa a la confiabilidad de las fuentes originales, al estar construida con base en las encuestas que levanta el INEGI y en las cuales incorpora preguntas relativas a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de actos de corrupción en distintos ámbitos institucionales.

    Se trata de un ejercicio inédito, que está planteado como un instrumento de política pública a fin de atender la necesidad que se tiene en el sistema nacional anticorrupción de contar con un instrumento que permita medir en el tiempo el efecto de las medidas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en el país.

     

    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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    [1] https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/

    [2] Existe versión electrónica del documento íntegro de la Convención en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

    [3] Traducción libre de la definición dada por este organismo en su sitio electrónico: www.transparency.org

    [4] Phil Nichols, “Corrupción, conceptos básicos”, Presentación académica durante el curso titulado, como “Corrupción”, en el año 2017, impartido de forma presencial y a distancia por la Universidad de Wharton.

    [5] En efecto, el INEGI recupera tres definiciones sobre lo que es la corrupción, destacando que se trata de un fenómeno tanto público como privado, que genera perniciosas consecuencias sociales. Estas son las definiciones: Desde el punto de vista académico, Leff (1964, pág. 8) considera la corrupción como un conjunto de normas y prácticas extralegales que son usadas por individuos y grupos para ganar influencia en las acciones de la burocracia, es decir, como influencias extralegales en la formulación o implementación de políticas. Svensson (2005, pág. 20) simplemente define corrupción como el mal uso del cargo público con el fin de obtener ganancias privadas. De manera similar, Rose-Ackerman (2010, pág. 2019) entiende corrupción como la incapacidad de usar los recursos materiales y humanos de manera efectiva. Sin embargo, hablar de corrupción de manera general puede enmascarar otras dinámicas más específicas.

    Así, Castillo (2003, pág. 15) distingue cuatro tipos de corrupción: la política, entre quienes realizan las normas y las políticas públicas; la burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas; la funcional, que ayuda a las estructuras a “moverse”, y la disfuncional, que obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos públicos. Cabe destacar que estas definiciones únicamente muestran la corrupción desde la perspectiva del sector público. Por ello, diversos autores se han encargado de vincular la corrupción con otros sectores. Por ejemplo, Rose-Ackerman (1999, págs. 9-10) señala explícitamente la relación entre el Estado y el sector privado. De acuerdo con esta autora, en todo acto corrupto siempre hay dos partes involucradas. Por un lado, el Estado controla la distribución de beneficios y costos mediante servidores públicos que cuentan con poder discrecional. Por otro lado, los actores privados buscan un tratamiento favorable y están dispuestos a pagar por él. Así, la corrupción ocurre cuando los pagos realizados contravienen las leyes con el objetivo de obtener un beneficio o evitar un costo. El regateo entre ambos determina el impacto de la corrupción en la sociedad, así como la distribución de ganancias entre los sobornadores y sobornados.

    [6] Se asume que las correlaciones no implican una relación causal.

    [7] Debe recordarse que el coeficiente de correlación de Pearson registra valores entre 0 y 1. Dependiendo del área del saber, se asume que valores por arriba de .400 y hasta .499 es una correlación moderada; de .500 a .600 una correlación de moderada media; de .601 a .800 es una correlación alta; y de .800 a 1 una correlación muy alta. Véase: Ferrys, Rintchie, Estadística para las ciencias sociales, McGrawhill editores, México, 2008.

    [8] Los Modelos de “structural equation” son constructos que se basan en el desarrollo de ecuaciones múltiples, en las que se estiman los errores asociados a cada uno de los constructos analizados (dimensiones), en función de su covariancia e invarianza respecto de las otras dimensiones, lo cual depende a su vez de los errores asociados a cada una de las variables observables.

  • Índice Mexicano de Corrupción y Calidad del Gobierno / Mario Luis Fuentes / Saúl Arellano

    Este Índice será actualizado de manera anual

    Presentación

    Este índice es un ejercicio que sintetiza la información disponible con base en la cual es posible dimensionar el grado de corrupción percibida en las entidades de la República, y su interacción con el costo que tiene el delito en ellas, así como la calidad percibida de los servicios públicos y del gobierno en los municipios y en las 32 entidades del país.

    Versión en PDF Indice Mexicanos de corrupcion

    Desde esta perspectiva, es importante decir que este ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país.

    Este ejercicio recoge la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la materia; pero los autores estamos convencidos de que, si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.

    Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.

    Así, la pertinencia de este ejercicio se encuentra en el énfasis que ha hecho el presidente electo, en que en su administración se combatirá frontalmente a la corrupción; por lo que su actualización anual permitirá dar seguimiento al impacto que las medidas que se implementen para reducirla.

    Debe señalarse además que el debate en torno a la corrupción en el país data desde la década de los 80 en el siglo XX, cuando se habló incluso de la necesidad de llevar a cabo una “renovación moral del gobierno”; desde entonces, se han generado intensas discusiones sobre cómo lograr una transformación de la ética pública y garantizar la existencia de gobiernos honestos, transparentes y con plena vocación de rendición de cuentas.

    Desde esta perspectiva, es importante decir que en los últimos 10 años, ha habido en México importantes esfuerzos impulsados desde la sociedad civil y la academia, para explicar teóricamente el fenómeno de la corrupción, y también para modificar el marco jurídico e institucional en este campo. Muchos de esos esfuerzos derivaron en la propuesta del actual Sistema Nacional Anticorrupción.

    En el mismo sentido, destaca que la principal propuesta de campaña del ahora presidente de la República, fue también la de erradicar la corrupción y transformar éticamente a la vida pública del país.

    Ante este escenario no es menor señalar que ambas propuestas, aunque coincidentes en propósito, son distintas en métodos y procedimientos. Por lo que no puede ni debe obviarse que hay una discusión de fondo, no resuelta en torno a cuáles son los mecanismos más eficaces y perdurables para reducir significativamente con este grave problema.

     

    Introducción

    Medir la corrupción es una cuestión conceptual y técnicamente compleja. En efecto, no hay una definición única y consensada respecto de lo que es la corrupción, lo que dificulta establecer criterios uniformes en todas las regiones y países para construir metodologías o instrumentos de medición compartidos a nivel internacional.

    En ese sentido es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), define a la corrupción como sigue:

    El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.”[1]

    Sobre los efectos que la corrupción genera, en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se sostiene:

    “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”[2].

    Por su parte, Transparency International, define a la corrupción como:

    “El abuso del poder confiado a una autoridad, para obtener beneficios privados. La corrupción puede clasificarse como “grande, pequeña y como corrupción política, dependiendo de los montos de dinero perdidos, y el sector en el cual ocurre”[3].

    Por su parte Phil Nichols, investigador sobre temas de ética pública en la Universidad de Wharton, define a la corrupción como: «El uso, el abuso, o la omisión en el ejercicio del poder o de los cargos públicos, a fin de obtener beneficios personales, o beneficiar a grupos específicos de poder económico o político»[4].

    En su revisión conceptual y metodológica sobre el tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documenta que la corrupción se expresa en múltiples fenómenos: malversación de fondos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, acceso ilegal a información privilegiada, manipulación de licitaciones y compras públicas, tráfico de autoridad, soborno y enriquecimiento ilícito[5].

    De esta forma, independientemente del énfasis que se pone en las causas, consecuencias, o en las consecuencias conceptuales de asumir una u otra definición, lo que es un hecho es que todas tienen como punto de confluencia que:

    1) La corrupción es un fenómeno presente en todo el mundo.

    2) Que es un fenómeno delictivo que daña a las instituciones, erosiona la legitimidad democrática y que provoca el deterioro de la calidad de los bienes y los servicios públicos.

    3) Que, por sus consecuencias, la corrupción alienta otras formas de delito, incrementa los niveles de impunidad y pone en riesgo la prevalencia del Estado de derecho. 

    Ahora bien, en lo relativo al diseño de políticas públicas para su prevención, uno de los mayores retos es definir cuál es la mejor manera de medir el fenómeno, a fin de conocer su magnitud, así como las características que deben tener las políticas que se diseñen en implementen para su control, erradicación y sanción.

    Sobre la medición de la corrupción, el INEGI agrupa en tres los métodos más destacados: 1) panel de expertos; 2) índices compuestos y, 3) encuestas. Sobe el primer método, el mayor riesgo es el sesgo en la selección de las y los expertos a participar, amén de que sus aproximaciones suelen ser de tipo cualitativo, y no permiten la generación de información cuantitativa de calidad.

    Respecto de los índices compuestos, al utilizar distintas fuentes de información, impide su comparabilidad internacional; y respecto de las encuestas, si bien captan percepciones, éstas últimas tienen la fortaleza de la posibilidad de comparabilidad en el tiempo y entre distintos países, si es que las muestras y cuestionarios son comparables.

    ¿Por qué un Índice Mexicano de Corrupción?

    A pesar del riesgo de las limitaciones de comparabilidad que señala el INEGI respecto de este tipo de instrumentos, es válido plantear la pregunta ¿es posible construir un Índice de corrupción que utilice como fuente primaria de información las encuestas sobre la percepción de este fenómeno?

    La respuesta, para el caso mexicano es definitivamente que sí, por las siguientes razones:

    1. El INEGI cuenta con un sólido sistema de encuestas, regulares, especiales y de módulos específicos, que permiten la comparabilidad de resultados en el tiempo, pero también entre las entidades federativas. Ejemplos de estos instrumentos son la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), cuya periodicidad es anual; y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cuya periodicidad es bienal.
    1. Dado que el sistema de Encuestas del INEGI forma parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos ahí registrados pueden ser tomados como “oficiales”, con lo que su utilidad para el diseño e instrumentación de las políticas públicas es de suma relevancia.

    Desde esta perspectiva, y considerando los niveles generalizados de corrupción que existen en el país, contar con un Índice que dimensione los niveles percibidos de corrupción en las entidades de la República, es necesario como un insumo que podrían utilizar en su desempeño, tanto el Sistema Nacional, como los Sistemas Estatales Anticorrupción.

    Otras ventajas de un Índice como el que aquí se propone son las siguientes:

    1. Es una medición que sintetiza la gran cantidad de información que existe en las encuestas del INEGI, y que las resume mediante promedios, para el periodo 2011-2017.
    1. Es un Índice que se compone de “Índices parciales”; es decir, presenta la información disponible en torno a la percepción ciudadana de presencia de la corrupción, por sectores; por ejemplo, la corrupción percibida en las fuerzas de seguridad pública, la percibida en organismos autónomos como los electorales y de derechos humanos, o la percibida respecto de instituciones sociales como las instituciones religiosas. Estos “Sub-índices” permiten identificar los ámbitos específicos de intervención prioritaria y proporcionan una ruta, basada en evidencia, sobre cuáles son los tramos institucionales en los que se debe actuar con mayor urgencia.
    1. Es un Índice que proporciona información que permite dimensionar las brechas que existen entre entidades, e identificar, por lo tanto, no sólo los ámbitos prioritarios de intervención, sino también los espacios territoriales con mayores problemáticas.
    1. Dada la metodología y técnicas utilizadas para la elaboración de este instrumento, permite tener una aproximación empírica a la determinación de probables nexos de causalidad e interacción entre las distintas formas y dimensiones identificadas a partir de la información disponible en las encuestas del INEGI. En ese sentido, el Índice no sólo es un instrumento de utilidad para el mejoramiento de las políticas públicas en la materia, sino que aporta elementos metodológicos y de análisis que pueden ser de utilidad para quienes investigan en esta materia.

     

    DESARROLLO

    Metodología y técnicas aplicadas

        I. Análisis descriptivo y exploratorio

    La percepción de la corrupción es generalizada. Sin embargo, ésta se comporta de manera diferenciada, dependiendo del ámbito de que se trate. Por ejemplo, de acuerdo con la ENVIPE, las instituciones percibidas como más corruptas son las policías municipales y estatales; hay además cuatro grupos de instituciones que son percibidos con altos niveles de corrupción por la ciudadanía, ubicándose en porcentajes que se ubican entre el 80 y el 90%; éstas son: a) partidos políticos; b) diputados y senadores; c) Gobierno Federal, y; d) Gobiernos Estatales.

    Gráfico1Porcentaje promedio nacional en percepción de corrupción por ámbitos seleccionados, 2011-2017corrupcion ambitos seleccionados 2011 2017

    El hecho de que los espacios de representación y gobierno, así como las instancias responsables de la seguridad pública de primer contacto sean consideradas como las más corruptas, permite sostener al menos tres hipótesis:

    1) En México la corrupción es una práctica generalizada, que ha puesto en tensión al Estado de derecho.

    2) La corrupción constituye un freno al desarrollo, pues además de generar severos costos institucionales, provoca también altos costos a la población, lo cual, en un contexto de pobreza y desigualdad también generalizadas, lastima a la democracia e impide la transformación institucional del país.

    3) Esa condición obliga a fortalecer los instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas de prevención y combate a la corrupción.

    Adicionalmente, destaca que en México se cumple también la tesis de Naciones Unidas, respecto de que la corrupción afecta la calidad de los servicios públicos. En ese sentido, es importante subrayar la calificación que obtienen los servicios públicos municipales, estatales y federales entre la ciudadanía, lo cual ha sido captado a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Los promedios obtenidos en los últimos cuatro años no dejan duda al respecto:

    Gráfico 2Promedio nacional de evaluación de servicios públicos (Escala de 1 a 10)Promedio nacional escala1 10

    De igual manera, debe hacerse notar el impacto económico que la corrupción y la mala calidad del gobierno está generando de manera directa a las personas, pero también a los cientos de miles de unidades económicas que hay en el país. Un indicador que permite dimensionar esta problemática es el costo por delito que han tenido que enfrentar los hogares y los miles de unidades económicas que hay en el país.

    El indicador es pertinente, porque los niveles de criminalidad que existen en México no podrían explicarse sin la existencia de una corrupción generalizada, que se traduce en impunidad y permisividad ante la delincuencia. Así, en el siguiente gráfico se muestran los costos acumulados en promedio por hogar, como efecto de la delincuencia entre los años 2014 y 2017, así como los costos por unidad económica que hay en el país, para el año 2016.

    Gráfico3. Promedio nacional de costos por delito, por ámbitos de análisisPromedio por ambito de analisis

    A fin de determinar si las hipótesis y supuestos planteados conceptualmente se verifican en México, se seleccionaron 40 variables contenidas en las encuestas arriba mencionadas como fuentes de información, bajo dos consideraciones esenciales:

    1) Si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno generalizado en el país, también lo es el hecho de que los niveles y profundidad que tiene es distinto dependiendo del ámbito de que se trate. Así, por ejemplo, es muy distinta la corrupción percibida por la ciudadanía respecto de las policías o los partidos políticos, que frente al Ejército y la Marina; lo mismo puede sostenerse respecto de espacios que se asumen ciudadanos, como los institutos electorales estatales, respecto de los cuales se percibe una mucho mayor corrupción que frente a las instituciones religiosas.

    2) En el mismo sentido, si bien la corrupción tiene presencia nacional, su comportamiento y nivel de presencia es distinta dependiendo de la entidad federativa de que se trate.

    Con base en ello, se llevó a cabo de forma exploratoria un análisis de correlaciones múltiples, a fin de determinar cuáles son las variables que mayor correlación estadística tienen entre sí, a fin de corroborar los supuestos asumidos[6].

    Los resultados muestran que efectivamente hay una alta correlación entre las variables que se toman para llevar a cabo este análisis, y pueden agruparse en los siguientes estratos:

    1) Hay 25 pares de variables en los cuales el coeficiente de correlación oscila entre .800 y .920[7]. Entre estos pares, hay algunas correlaciones que podrían considerarse por algunos expertos como “espurias”; sin embargo, en la mayoría se repite el patrón de estar vinculados los niveles de corrupción percibidos respecto de ámbitos de gobierno con los de representación proporcional, así como con la prestación de servicios y la calidad de los mismo. Este apunte aplica para los otros dos estratos de “parejas de variables”.

    Tabla1. Correlación entre variables (coeficiente entre .800 y .920Variable 1 2 R 

    2) Hay 48 pares de variables que presentan coeficientes de correlación con valores que van de .701 a.799, y son los siguientes:

    Tabla2. Correlación entre variables (coeficiente entre .701 y .799)Variable 1 2 R2

    3) Hay 57 pares de variables cuyos valores de correlación oscilan de .600 a .698.

    Tabla3. Correlación entre variables (coeficiente entre .600 y .698)Variable 1 2 R3

    II.Análisis explicativo

    A fin de determinar cómo es que interactúan entre sí las variables consideradas, se aplicó la técnica de Análisis Factorial Exploratorio; a través de ellas se encontró que los datos utilizados se agrupan en 5 grupos factoriales a partir de los cuales se explica el 72% de la varianza, un indicador alto y que se puede asumir como muy bueno en términos estadísticos. La matriz obtenida es la siguiente:

    Tabla4. Varianza total explicadaVarianza total explicada

    A fin de confirmar lo anterior se procedió a desarrollar un segundo nivel de estudio de los datos, a través del Análisis Factorial Confirmatorio; del resultado obtenido pueden extraerse cinco “dimensiones o agrupamientos”:

    1. Factor 1. Corrupción institucional. El comportamiento de las variables confirma que la corrupción es generalizada en el entramado institucional del Estado y el gobierno, así como en las instituciones de integración ciudadana mayoritaria como los Institutos electorales, o de defensa de la población, como son las comisiones estatales de derechos humanos.
    2. Factor 2. Corrupción en los entornos de proximidad. En esta dimensión se agrupan las variables relativas a la presencia percibida de corrupción, pero en los entornos que podrían considerarse de mayor proximidad, o bien de ámbitos de protección y socialización como son los espacios educativos.
    3. Factor 3. Impacto en la calidad de los servicios públicos. En esta tercera dimensión, se agrupan las variables relativas a la calificación que se da a los servicios públicos, y respecto de la cual puede asumirse que, a mayor corrupción percibida, hay una menor evaluación de los mismos.
    4. Factor 4. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social. Es interesante observar que en este cuarto grupo de variables se encuentran las relativas a las principales instituciones de salud y seguridad social del Estado mexicano; pero comparten “comportamiento estadístico” con las relativas a la corrupción y confianza que la población declara tener respecto de la Marina y del Ejército Mexicano.
    5. Factor 5. Costo social del delito: En esta última dimensión se agrupan las variables relativas al costo que la población declara que ha tenido que pagar como consecuencia de haber sido víctima de la delincuencia. Es interesante observar que a estas variables se asocia la relativa a la calificación que se da al transporte público, la cual tiene un vínculo estrecho con las condiciones de inseguridad que lo caracterizan en todo el país.

    En la siguiente se resumen las variables en cada Factor y sus cargas factoriales:

    Tabla5. Resumen de las variables en cada Factor y sus cargas factorialesFactores y cragas factorialesFuente: elaboración propia.

    El desarrollo del análisis factorial confirmatorio abre también la posibilidad de avanzar hacia la construcción de un modelo de ecuaciones simultaneas (SEM, por sus siglas en inglés[8]), el cual puede sintetizarse en un gráfico “de senderos” en el cual pueden establecerse con claridad cuáles son las interacciones y mutuas determinaciones que tienen las diferentes dimensiones o factores en análisis. En este caso, el modelo arroja la siguiente gráfica:

    Gráfico4. Interacciones y mutuas determinaciones de las dimensiones o factores de análisisModelo

    Fuente: elaboración propia

    Como se observa, el constructo denominado como “Corrupción institucional”, (marcado en círculo azul), interactúa y se determina mutuamente con todas las otras dimensiones, sin tener ninguna mediación; es decir, el modelo permite sostener con alto grado de certeza, que la corrupción en las instituciones públicas de gobierno, representación popular, impartición y procuración de justicia, determina el comportamiento de todo el resto del paisaje institucional del país.

    A su vez, la corrupción en entornos o ámbitos de proximidad de las personas tiene una mutua determinación con la corrupción institucional, sin mediación, y al mismo tiempo tiene una carga importante en la determinación de la evaluación que se tiene de los servicios públicos, así como en el costo del delito, tanto para personas como para empresas.

    Es interesante observar que no hay una línea de determinación directa de las dimensiones en las que se encuentran las variables relacionadas con la percepción en distintos espacios, con la dimensión relativa a la percepción de corrupción de la Marina y el Ejército, y la evaluación de las instituciones de seguridad social; es decir, a pesar de que son espacios en los que la corrupción es percibida como presente, su nivel “rompe” con la tendencia y niveles observados en el resto de las instituciones.

    Lo anterior puede explicar también por qué no hay una relación detectada por el modelo, de mutua determinación, entre las dimensiones relativas a la corrupción y la evaluación de las instituciones de seguridad nacional (Ejército y Marina), y las de seguridad social (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), con la dimensión relativa al costo que tienen los fenómenos delictivos para las personas y los negocios en el país; de alguna manera, pesto podría interpretarse que en el marco del aparato institucional, las instancias que en menor medida influyen para que la corrupción y la delincuencia le generen costos directos a la ciudadanía en general, son las instancias identificadas en la dimensión señalada.

    Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental

    Se dijo en líneas arriba que la corrupción no sólo tiene un comportamiento diferenciado en cada uno de los ámbitos institucionales en que se presenta, sino que también tiene impactos diferenciados en la calidad de los servicios públicos y en el impacto directo a la economía de las familias y los negocios. En el mismo sentido, se afirma que la corrupción tiene una presencia percibida y declarada diferenciada, dependiendo del espacio territorial en que viven las personas.

    La propuesta que se hace aquí es, una vez identificadas las variables que tienen un comportamiento estadístico que permite agruparlas en dimensiones específicas, es posible generar un ordenamiento de las entidades, de acuerdo con la magnitud que tienen los valores de las variables en cada una de ellas.

    Es decir, se trata de una ordenación que permite establecer cuáles dimensiones tienen una mayor magnitud en qué entidad, lo que desde una perspectiva de política pública permite identificar cuáles son los ámbitos de intervención prioritaria.

    En esa lógica, el procedimiento para calcular esta ordenación estatal es la siguiente:

    Técnica de estandarización:

    Dado que las variables consideradas en esta investigación tienen magnitudes diferentes, lo primero que se llevó a cabo fue un proceso de estandarización de fácil lectura e interpretación, transformando sus valores en una escala del 1 al 10, que permitiera al mismo tiempo garantizar la comparabilidad entre las entidades de la República.

    La fórmula aplicada resta al valor que adquiere cada una de las variables los valores máximos entre las 32 entidades, y lo toma como cociente para ser dividido entre la resta del rango de valores de las variables (es decir, al valor máximo se le resta el valor mínimo).

    Se prefirió este procedimiento de estandarización sobre otros, porque permite al menos dos cosas:

    A)Tener una medida que puede ser comparable en el tiempo.

    B)Tener una medida relativa al comportamiento real de las variables, respecto de sí mismas, y no frente a estándares.

    La fórmula entonces es la siguiente:

    Fórmula

    Donde:

    Pv: es el peor valor registrado en la variable “x”, entre las 32 entidades federativas. Por ejemplo, si en una entidad el 96% de la población considera que la corrupción en la policía es frecuente o muy frecuente, y es el valor máximo entre las 32 entidades, ese valor es el que es tomado como Pv.

    Vr: es el valor que adopta cada caso

    Vm: es el menor valor registrado entre las 32 entidades respecto de la variable “x”; en el mismo ejemplo que el de Pv, si en una entidad el 75% de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en la policía, entonces ese valor es el que se adopta como Vm

    Al aplicar esta fórmula a cada variable, se obtiene un valor que oscila entre 0 y 1, el cual es multiplicado por un factor común de valor 10, a fin de transformarlo a la mencionada escala de 0 a 10 mencionada en las primeras páginas del texto, y la cual tiene un sentido de interpretación ascendente; es decir, 0 es el peor valor posible y 10 el máximo valor posible.

    Debe comprenderse que, en esta técnica de estandarización, el 0 no es un valor absoluto; es decir, no implica la presencia absoluta de una problemática; por ejemplo, si de acuerdo con el INEGI, en la ciudad de México se tiene el peor valor entre las 32 entidades federativas respecto de la presencia de corrupción, eso no significa que el 100% de la población así lo crea. De esta forma, que en ese indicador la Ciudad de México tenga el valor de 0., significa que en ese ámbito territorial se tiene el peor indicador de los 32 estados registrados, y permite dimensionar rápidamente el nivel de desigualdad o brechas que hay respecto de las otras entidades.

    En el sentido opuesto, que una entidad obtenga un valor estandarizado de 10, no significa que el problema se encuentra resuelto, sino que obtiene el mejor valor entre las entidades federativas.

    Desde esta óptica es preciso decir entonces que la lectura de los valores de este Índice debe llevarse a cabo siempre asumiendo que, dada la evidencia disponible, puede sostenerse que la corrupción es generalizada en nuestro país. En ese sentido, tener “el mejor valor” en cualquiera de las dimensiones evaluadas, no significa que esa entidad tiene un “buen desempeño”, sino que es en donde la problemática, en medio de una fractura general de la ética pública, se presenta con menor intensidad, pero es una problemática seria.

    Índices Parciales

    Dado que el análisis factorial agrupó en cinco dimensiones a las variables estudiadas, se procedió a llevar a cabo un análisis de los valores que tienen para cada una de las entidades federativas.

    Es importante destacar en este punto, que los valores analizados son promedios de los periodos para los cuales se tiene información en las fuentes utilizadas para este trabajo. Por ejemplo, en el caso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), hay variables para las cuales hay valores para la serie de 211 al 2017; en otros casos (por ejemplo, las comisiones de derechos humanos), sólo existen datos para los años 2015 y 2017). La decisión de tomar promedios de una serie de tiempo se sustenta en el hecho de que, al tratarse de “percepciones” respecto de la corrupción, éstas pueden estar (o no) influenciadas por eventos específicos en alguna entidad; por ejemplo, los escándalos de corrupción en Quintana Roo, Veracruz, Sonora, la propia Ciudad de México o Chihuahua, pueden influenciar la percepción medida en una fecha determinada, y pasado el escándalo, modificarse de manera sustantiva en el tiempo.

    Así, para el cálculo de los “resultados parciales”, se asume que cada una de las dimensiones identificadas por el análisis factorial pueden conceptualizarse como “constructos”, cuya denominación se encuentra en las páginas 12 y 13 de este trabajo. De esta forma, cada “Dimensión” puede ser asumida también como un “índice parcial”.

    Para calcular el valor de cada uno de los índices parciales, se lleva a cabo una operación aritmética de promedio simple, de los valores de cada una de las variables que lo integran.

    Debe señalarse además que, al haber asumido que la corrupción se comporta de manera diferenciada según el ámbito institucional de que se trate (por ejemplo, las policías frente a la Marina), el promedio que se obtendría al sólo considerar las variables de forma individual, sesga el resultado y no corresponde necesariamente a la percepción de la corrupción en general que hay en la entidad. Por esta razón, lo que se llevó a cabo fue un ejercicio de ponderación respecto de tal percepción general, de tal forma que los valores obtenidos se calibran de acuerdo con el nivel general percibido de la corrupción. Dicho de forma sencilla, aquellas entidades en donde, independientemente de los valores de cada uno de los ámbitos analizados, hay una percepción de mayor corrupción en general, reciben una “sanción” a fin de evitar distorsiones que hagan incompatibles los resultados aquí obtenidos respecto de los correspondientes a las percepciones generales captadas por el INEGI.

     I. Índice parcial de corrupción institucional

    Este índice parcial está construido con base en los valores de 15 variables relativas a la corrupción percibida en distintos ámbitos institucionales. En esta dimensión, las entidades con peor nivel de logro son Oaxaca, la Ciudad de México y Morelos; en contraste, las entidades que tienen los mejores valores fueron Yucatán, Querétaro y Tamaulipas.

    Gráfico5. Índice parcial de corrupción institucionalIndice parcial e corrupcion institucionalFuente: elaboración propia.

    II.  Índice parcial de corrupción en entornos de proximidad

    En este segundo Índice parcial lo que se encuentra es que las entidades que registran los mejores valores son las mismas del primer índice, relativo a la corrupción institucional: Yucatán, Querétaro, Tamaulipas y Coahuila. Entre las entidades con más bajos valores, se encuentra Oaxaca, que también es de las peores evaluadas en el índice previo, y la acompañan Puebla, tabasco y Michoacán.

    Gráfico6. Índice parcial de corrupción entornos de proximidadIndice corrupción entornos de proximidadFuente: elaboración propia.

    III. Índice parcial de impacto en la calidad en los servicios públicos.

    En esta dimensión las entidades con mejores valores son Yucatán y Querétaro nuevamente, acompañadas de Aguascalientes, Colima e Hidalgo. En el extremo opuesto se encuentran Tabasco, Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México.

    Destaca la congruencia que existe entre los datos reportados en materia de presencia de corrupción, y los del impacto en la calidad de los servicios públicos, sobre todo en las entidades en las cuales se percibe menor corrupción, pues es en esas mismas en las que la ciudadanía evalúa con mayores calificaciones el acceso y la calidad de los servicios en los tres órdenes de gobierno.

    Gráfico7. Índice parcial de impacto de la corrupción en la calidad de los servicios públicosIndice servicios publicosFuente: elaboración propia.

    IV. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social.

    En este índice parcial, las entidades con mayor nivel de logro son Yucatán, Querétaro, Colima, Durango y Baja California Sur. En el extremo opuesto se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.

    Gráfico8. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad socialIndice corrupcion seguridad socialFuente: elaboración propia.

    V. Índice parcial Costo Social del Delito

    En esta dimensión, los estados de Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Durango y Querétaro resultan como los mejor evaluados; en el otro extremo se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla y Jalisco. Como se observa en la gráfica, es la dimensión en la que existe una mayor diferencia entre la entidad con mejores valores respecto de la entidad peor evaluada.

    Gráfico9. Dimensión costo social del delitoDimension costo toal del delitoFuente: elaboración propia.

    VI. Índice de corrupción y calidad gubernamental

    A fin de construir el Índice de corrupción se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad. Los resultados se encuentran en la siguiente gráfico. De acuerdo con estos resultados, las entidades con menor corrupción, y menor impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente, en los costos que genera el delito a personas y negocios, son:  Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Colima y Durango. Las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

    Gráfico10. Índice mexicano de corrupción y calidad gubernamental, 2018Corrupcion y calidad gubernamentalFuente: elaboración propia.

    CONCLUSIONES

    Este índice ofrece una medida de la corrupción y su impacto en los servicios públicos, comparable entre entidades federativas, y presenta como ventaja adicional que está “a salvo” de la crítica relativa a la confiabilidad de las fuentes originales, al estar construida con base en las encuestas que levanta el INEGI y en las cuales incorpora preguntas relativas a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de actos de corrupción en distintos ámbitos institucionales.

    Se trata de un ejercicio inédito, que está planteado como un instrumento de política pública a fin de atender la necesidad que se tiene en el sistema nacional anticorrupción de contar con un instrumento que permita medir en el tiempo el efecto de las medidas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en el país.

     

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    [1] https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/

    [2] Existe versión electrónica del documento íntegro de la Convención en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

    [3] Traducción libre de la definición dada por este organismo en su sitio electrónico: www.transparency.org

    [4] Phil Nichols, “Corrupción, conceptos básicos”, Presentación académica durante el curso titulado, como “Corrupción”, en el año 2017, impartido de forma presencial y a distancia por la Universidad de Wharton.

    [5] En efecto, el INEGI recupera tres definiciones sobre lo que es la corrupción, destacando que se trata de un fenómeno tanto público como privado, que genera perniciosas consecuencias sociales. Estas son las definiciones: Desde el punto de vista académico, Leff (1964, pág. 8) considera la corrupción como un conjunto de normas y prácticas extralegales que son usadas por individuos y grupos para ganar influencia en las acciones de la burocracia, es decir, como influencias extralegales en la formulación o implementación de políticas. Svensson (2005, pág. 20) simplemente define corrupción como el mal uso del cargo público con el fin de obtener ganancias privadas. De manera similar, Rose-Ackerman (2010, pág. 2019) entiende corrupción como la incapacidad de usar los recursos materiales y humanos de manera efectiva. Sin embargo, hablar de corrupción de manera general puede enmascarar otras dinámicas más específicas.

    Así, Castillo (2003, pág. 15) distingue cuatro tipos de corrupción: la política, entre quienes realizan las normas y las políticas públicas; la burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas; la funcional, que ayuda a las estructuras a “moverse”, y la disfuncional, que obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos públicos. Cabe destacar que estas definiciones únicamente muestran la corrupción desde la perspectiva del sector público. Por ello, diversos autores se han encargado de vincular la corrupción con otros sectores. Por ejemplo, Rose-Ackerman (1999, págs. 9-10) señala explícitamente la relación entre el Estado y el sector privado. De acuerdo con esta autora, en todo acto corrupto siempre hay dos partes involucradas. Por un lado, el Estado controla la distribución de beneficios y costos mediante servidores públicos que cuentan con poder discrecional. Por otro lado, los actores privados buscan un tratamiento favorable y están dispuestos a pagar por él. Así, la corrupción ocurre cuando los pagos realizados contravienen las leyes con el objetivo de obtener un beneficio o evitar un costo. El regateo entre ambos determina el impacto de la corrupción en la sociedad, así como la distribución de ganancias entre los sobornadores y sobornados.

    [6] Se asume que las correlaciones no implican una relación causal.

    [7] Debe recordarse que el coeficiente de correlación de Pearson registra valores entre 0 y 1. Dependiendo del área del saber, se asume que valores por arriba de .400 y hasta .499 es una correlación moderada; de .500 a .600 una correlación de moderada media; de .601 a .800 es una correlación alta; y de .800 a 1 una correlación muy alta. Véase: Ferrys, Rintchie, Estadística para las ciencias sociales, McGrawhill editores, México, 2008.

    [8] Los Modelos de “structural equation” son constructos que se basan en el desarrollo de ecuaciones múltiples, en las que se estiman los errores asociados a cada uno de los constructos analizados (dimensiones), en función de su covariancia e invarianza respecto de las otras dimensiones, lo cual depende a su vez de los errores asociados a cada una de las variables observables.

  • Inspectores, ¿sí, no, cuándo y dónde? / Mario Luis Fuentes

    El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha planteado que, durante los primeros meses de su administración, se modificará la forma en cómo se llevan a cabo las inspecciones de parte de las autoridades federales. El propósito es eliminar la corrupción que se da cuando algunos funcionarios que verifican el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos, extorsionan a los negocios.   

  • La conciencia persigue al corrupto aunque nadie lo condene / Leonardo Boff

    Hay una voz dentro de nosotros que nunca conseguimos acallar. Es la voz de la conciencia. Ella está por encima del orden establecido y de las leyes vigentes. Hay hechos delictivos como violar inocentes, quitar de la boca del hambriento el pan que lo salvaría de la muerte, robar el dinero destinado a la salud y a la educación, practicar la corrupción como verdadero pillaje de millones de reales destinados a las infraestructuras y otros crímenes horrendos.

  • La tontería del antiglobalismo / Leonardo Boff

    Se está produciendo en todo el mundo una ola anti-globalista. Tal vez pocas cosas sean más regresivas y disparatadas en el mundo actual que ésta. Había un cierto anti-globalismo, fruto del proteccionismo de varios países, pero que no amenazaba el proceso general e irreversible de la globalización

  • La, al menos equívoca, teoría del delito del Gobierno Federal / Saúl Arellano

    Toda política de prevención del delito y combate a la delincuencia se sustenta —o debería sustentarse— en una teoría del delito, la cual permite construir diagnósticos que explican por qué, cómo y en qué territorios hay mayor o menor incidencia delictiva

  • Legitimación de la cultura de la violencia / Leronardo Boff

    La campaña electoral de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República se caracterizó por la predicación de mucho odio y la exaltación de la violencia, hasta el punto de tener como héroe a uno de los más perversos torturadores, Brilhante Ustra, y de admirar la figura de Hitler.

  • México, el país sin guerra más mortífero para periodistas: Reporteros Sin Fronteras

    Durante este 2018 en México fueron asesinados nueve periodistas, cifra que se encuentra solo por debajo de Afganistán, país donde se registraron 15 asesinatos, y de Siria, con 11 casos

  • Migración: definiendo al Estado que viene / Mario Luis Fuentes

    El Estado mexicano se enfrenta hoy ante la caravana migrante, a una definición trascendental que habrá de determinar en buena medida el futuro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

  • Servicios urbanos: una agenda marginal / Saúl Arellano

    México transitó aceleradamente de lo rural a lo urbano a partir de la década de los 70 en el siglo pasado. En este lapso se consolidó la transición territorial del país, y hoy, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 80 por ciento de la población nacional habita en localidades predominantemente urbanas

  • Tlahuelilpan / Mario Luis Fuentes

    En la tragedia de Tlahuelilpan se sintetizan los elementos característicos de la crisis de lo público por la que atravesamos en el país; y su nombre se inscribe en la lista negra de los nombres de nuestras tragedias recientes: San Fernando, Guardería ABC, Patrocinio, Reynosa, Ciudad Juárez y una larga lista más.

  • Un gobierno ético, sin eficacia, es un absurdo / SaúlArellano

    El inicio de un gobierno marca sin duda el rumbo que habrán de tomar las acciones a lo largo del periodo para el que fue elegido. Quienes han tenido alguna responsabilidad pública saben lo rápido que pasa el tiempo, y en ese sentido, conocen los costos de las oportunidades perdidas

  • Violencia, corrupción y democracia: temas para el debate

  • Y al despertar, el demagogo seguía ahí / Saúl Arellano

    Cuando fue elegido, prometió cambiar por siempre la historia: todo sería mejor; la economía crecería y habría más empleos; “el pueblo” se uniría una vez más; nadie se atrevería nunca más a amenazar o a dar un mal trato al país; y, por supuesto, traería de vuelta los mejores valores, la honestidad y llevaría a los políticos a su ruina