• ¿Un gobierno austero y eficaz? / Saúl Arellano

    Dice el refrán popular que lo barato puede resultar, a la larga, más caro. En términos de política pública, esa idea podría traducirse al análisis “costo-beneficio”. Dicho de manera coloquial, la cuestión es simple: ¿puedo hacer lo mismo invirtiendo menos, o incluso, puedo hacer más con los recursos de que dispongo?

  • A 10 años de la crisis, la batalla por la justicia social debe seguir

    Han pasado diez años de la Gran Recesión y, de acuerdo con la abogada chilena Magdalena Sepúlveda Carmona (@Magda_Sepul[1], aunque en América Latina algunos países han dado pasos importantes en la lucha por la justicia social, la región está lejos de poder declarar ganada la batalla contra la desigualdad.

  • Andando sobre cadáveres / Mario Luis Fuentes

    Nuestros mayores temores han cambiado de tesitura, tono y contenido. En México hoy hay algo más allá del temor frente a los sepulcros, y lo es por partida doble: en primer lugar, porque hoy morir con violencia puede significar mucho más que morir de una “lesión dolosa”, porque hoy se puede, literalmente morir por tortura sádica; y en segundo lugar, porque se acabó para miles la paz de los sepulcros, y es que cada paso que se da sobre muchos caminos, calles o terrenos, puede significar que se está caminando sobre cuerpos o restos humanos.

  • Debe recuperarse el desarrollo regional / Mario Luis Fuentes

    El Presidente electo ha anunciado que recorrerá una vez más, a partir de esta semana, todo el país. En ese sentido, hay que reconocer “la vocación territorial” que tiene, así como la voluntad de estar cerca, de palpar y de conocer de primera mano muchas de las demandas y problemáticas que tiene la ciudadanía. Por lo anterior, será interesante observar el giro que dé a su discurso, pues lo esperable es que el tono y contenido se modifiquen, sustancialmente, respecto de la campaña electoral

  • El derecho a la paz

    De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2017 fueron atendidos en sus instalaciones prácticamente 90 mil casos de personas lesionadas en eventos de violencia familiar, siendo Querétaro la entidad con la mayor tasa en el país; también fueron atendidas 48,358 personas por heridas de arma de fuego o punzocortante. 


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    Las Naciones Unidas han hecho un llamado para que, en el marco de la conmemoración de este día, se reflexione en torno a la pregunta: ¿qué significa el derecho a la paz? Esto, porque a pesar de que no existe ese derecho como tal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 70º aniversario de este documento, se ha hecho hincapié en la necesidad de reflexionar cuáles son las características que definen a lo que podría considerarse como derecho a la paz.

    Sin paz en los hogares

    Uno de los grandes retos que se tienen en la construcción de una sociedad fundada en la cultura de la paz, se encuentra en la generación de relaciones de convivencia, solidaridad, cariño y comprensión al interior de los hogares. Desde esta perspectiva, la antítesis de ese escenario es la prevalencia de la violencia intrafamiliar.

    Al respecto es importante señalar que, según los datos de la Secretaría de Salud, a través de sus anuarios de morbilidad, es que en el año 2017 se registraron 87,989 casos de lesiones o heridas por eventos de violencia intrafamiliar; ese indicador es equivalente a un promedio de 241 casos diarios, o también 10 casos cada hora.

    Debe destacarse que en el año 2017 sólo 10 entidades concentraron 72% de los casos registrados en todo el país. Las entidades con mayor número de casos atendidos por el sector salud por violencia intrafamiliar son: Estado de México, con 14,161 casos; Querétaro, con 10,082; Guerrero, con 7,141; Michoacán, con 7,025; Guanajuato, con 6,449; Chihuahua, con 4,420; Hidalgo, con 4,050; Veracruz, con 3,656; Jalisco, con 3,454; y Tamaulipas, con 3,226. Como se observa, entre esas 10 entidades se registraron 63,664 casos.

    Dadas estas cifras, es importante señalar los indicadores expresados en tasas, que en este caso expresan el número de casos por cada 100 mil habitantes. Desde esta perspectiva, Querétaro tuvo en 2017 la peor tasa del país, con 488.67 casos por cada 100 mil personas; le sigue Campeche, con una tasa de 199.9; Guerrero, con 197.96; Michoacán, con 150.81 casos por cada 100 mil; Quintana Roo, con 139.4; Hidalgo, con 137.55; Nayarit, con 131.4; Chihuahua, con 116.87; y Guanajuato con una tasa de 109.14 casos por cada 100 mil habitantes.

    Al respecto es importante puntualizar que éstos datos se refieren a personas que fueron atendidas en clínicas u hospitales del sector salud, pero no necesariamente denunciaron ante la autoridad, por lo que el subregistro puede ser importante, pues no todas las personas acuden a servicios médicos, y mucho menos ante la autoridad, debido a la doble o hasta triple victimización que se comete en su contra por parte de las autoridades ministeriales.

     

    La violencia prevalece en las calles 

    Si la violencia al interior de los hogares es grave, en las calles es igualmente un problema severo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, en el año 2017 fueron atendidas en establecimientos públicos y privados, 48,358 personas por heridas provocadas por arma de fuego o por armas punzocortantes. Este indicador equivale a un promedio diario de 132 casos al día o 5.5 casos cada hora.

    De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, el año pasado hubo 9 entidades en las que se concentró alrededor del 62% del total de los casos contabilizados en todo el país, siendo esas 9 entidades espacios en los que se rebasaron los 2 mil casos el año pasado, éstas son: Ciudad de México, con 6,611 casos; Oaxaca, con 4,292; Chiapas, con 3,689; Michoacán, con 3,192; Veracruz, con 3,102; Guanajuato, con 2,703; Estado de México, con 2,253; Puebla, con 2,241, y Jalisco, con 2,032 casos.

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    Debe destacarse que los jóvenes son quienes en mayor medida están siendo víctimas de las agresiones. En esa lógica, es importante decir que la tasa nacional registrada en 2017 fue de 39.15 casos de personas heridas por arma de fuego o punzocortante, por cada 100 mil habitantes.

    Así, para el grupo de edad de menores de 1 año, la tasa fue de 4.07 casos por cada 100 mil en el grupo de edad; en el de 1 a 4 años, la tasa crece a 19.38 por cada 100 mil; en el grupo de 5 a 9 años, la tasa es de 23.04; en el de 10 a 14 crece a 26.86; en el de 15 a 19 años se dispara a 54.62 casos por cada 100 mil en el grupo etario.

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    Por su parte, en el grupo de 20 a 24 años se tiene la más alta tasa, con 69.59 casos por cada 100 mil en el grupo de edad; en el de 25 a 44 años de edad la tasa es de 47.78; en el de 45 a 59 años desciende a 43.39; en el de 50 a 59 años fue de 29.41; en el de 60 a 65, de 27.92 casos; y en el grupo de 65 años y más, la tasa fue de 25 casos por cada 100 mil en el grupo etario.

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 18-septiembre-2018, p.21.

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  • Enfoque de derechos, elemento clave en el combate a la pobreza de la niñez mexicana

    Los datos sobre pobreza proporcionados por Coneval dan cuenta de la dramática realidad en que viven millones de niñas, niños y adolescentes en México (Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018)

  • La justicia y las víctimas / Mario Luis Fuentes

    La posibilidad de una muerte digna le ha sido negada a cientos de miles de personas en las últimas dos décadas en nuestro país y hay también cientos de miles de familiares de los fallecidos, que han tenido que enfrentar lo que los expertos llaman el “duelo sin cuerpo”, es decir, tienen que llorar sus ausencias sin poder despedirse de los restos mortales de sus hijos, esposas, esposos, nietos, madres y padres de quienes no se sabe en dónde están

  • Las instituciones y las probabilidades de AMLO / Saúl Arellano

    Andrés Manuel López Obrador tiene, de acuerdo con la “Encuesta de Encuestas” de Gerencia del Poder, en su división de “GP-Polls” (disponible aquí: https://goo.gl/Fckzj1) aparece con un 99% de probabilidades de ganar el día 1º de julio. Ricardo Anaya, tendría 1% y José Antonio Meade una cifra tendiente a 0% de probabilidad.

  • Los jóvenes, a 50 años del 68 / Mario Luis Fuentes

    México tiene, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, 31.3 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad; además de 17.3 millones que tienen entre 30 y 39 años. En el primer grupo de edad señalado, 15.59 millones son hombres y 15.72 millones son mujeres; en el segundo, el de 30 a 39 años, 8.14 millones son hombres y 9.15 millones son mujeres       

  • Polarización, esperanza y desencanto / Mario Luis Fuentes

    Es difícil que el nombre de un escritor o de una obra literaria relevante en nuestro país se conviertan en “trending topic” en Twitter. Ayer fue una de las escasas excepciones, con el nombre de Gabriel Zaid. De él se pueden considerar muchas cosas, menos que no sea uno de los más relevantes intelectuales de México en los últimos 50 años 

  • Vulnerables: los invisibles en el debate

    En el 2016, según los datos del CONEVAL, el 51.1% de las niñas y niños fueron considerados en situación de pobreza, frente a un 39.9% registrado para los mayores de 18 años; entre las personas indígenas el indicador fue de 71.9%, frente a un 40.6% en pobreza entre quienes son no indígenas; entre quienes viven con alguna discapacidad el dato es de 49.4%, frente a un 43.1% entre las personas sin discapacidad. Nada menos que estos fue lo que el domingo, se les olvidó debatir


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    Entre los temas que el Instituto Nacional Electoral (INE) definió para ser discutidos en el debate del pasado 22 de abril entre los aspirantes a la Presidencia de la República se encontraba el relativo a la atención a los grupos vulnerables. De origen, el tema fue mal planteado, pues las personas que viven en alguna circunstancia de vulnerabilidad social no deberían ser vistos como “sujetos de atención”, sino como sujetos de derechos. 

    Si algo destacó en ese evento fue la omisión del tema, de manera seria y con la relevancia que tiene en el país. En ese sentido, los candidatos y la candidata incurrieron en una severa omisión, porque hay amplios sectores de la población que tenían interés genuino de escuchar lo que tienen que decir a la ciudadanía en lo relativo a quienes viven en las circunstancias más difíciles de la vida.

    ¿Quiénes son los vulnerables?

    Uno de los debates que aún no se ha desarrollado con la relevancia debida es precisamente el de la definición de quiénes son los grupos o sectores de población, o las personas que viven en circunstancias de vulnerabilidad social. En ese sentido hay dos ordenamientos que los mencionan explícitamente: 1) la Ley de Asistencia Social, la cual no los define; y 2) la Ley General de Desarrollo Social, la cual define en su artículo 5º a los grupos en vulnerabilidad como: “Aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar”.

    Asimismo, la Ley General de Víctimas reconoce, en su artículo 5º, “la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas”.

    Por esto, la pregunta obligada a la candidata y los candidatos es la siguiente: ¿Cuál es su propuesta para fortalecer el marco jurídico, avanzar en una definición común en las distintas leyes, y con base en ello, trazar las líneas de política pública que se requieren para garantizar los derechos de las personas en mayores circunstancias de vulnerabilidad social?

    La medición del CONEVAL

    En el marco de la Medición Multidimensional de la Pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estableció dos definiciones relativas a la vulnerabilidad: “a) Vulnerables por carencias sociales: aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar; b) Vulnerables por ingresos: aquella población que no presenta carencias sociales, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar”.

    Como se observa, estas definiciones constituyen herramientas que permiten operacionalizar la medición de la pobreza; de tal forma que, según el Coneval, en 2016 teníamos la siguiente realidad en el país: el 21.3% de la población mayor de 15 años era vulnerable por estar en “Rezago educativo”. Respecto de 2010, la reducción es de únicamente 2.3 puntos porcentuales, pues en esa fecha el indicador era de 23.7%.

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    El 19.1% de la población era vulnerable por carencia de acceso a la salud. Es el indicador con mayor avance, pues en 2010 se ubicó en 33.5%; es decir, en seis años se avanzó en 14.4 puntos porcentuales.

    En lo relativo a la vulnerabilidad por carencia de acceso a la seguridad social, se tiene el menor avance entre las carencias que mide el Coneval: en 2016 el porcentaje de población sin acceso fue de 68.4%, frente a un 69.6% en 2010, es decir, un avance de apenas 1.1 punto porcentual.

    En la vulnerabilidad por mala calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje en 2016 fue de 14.8% de la población, frente a un 17.4% registrado en 2010, es decir, un avance de 2.6 puntos porcentuales. Una situación similar se registra en la vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios en la vivienda, cuyo indicador en 2016 fue de 23.7% de la población frente a un 26.3% registrado en 2010, es decir, 2.58 puntos porcentuales menos.

    Los vulnerados de siempre 

    Entre los grupos para los que se dispone de información en el Coneval, los que más destacan por su vulnerabilidad son, en primer lugar, las niñas, niños y adolescentes. En 2016, el 51.1% de ellos se encontraba en situación de pobreza, frente a un 39.9% de la población mayor de 18 años. En esa misma fecha, sólo 19 de cada 100 niñas, niños y adolescentes eran no pobres y no vulnerables, frente a un indicador de 24 de cada 100 entre la población mayor de 18 años.

    Entre las personas indígenas 71.9% era pobre en 2016, frente a un 40.6% entre la población no indígena. Entre los primeros, sólo 7 de cada 100 son no pobres y no vulnerables, mientras que entre la población no indígena el dato es de 24 de cada 100.

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    Finalmente se encuentran las personas con alguna discapacidad; entre ellos, el 49.4% era pobre en 2016 y únicamente 15 de cada 100 era no pobre y no vulnerable; en contraste, entre la población sin discapacidad el porcentaje de pobreza era de 43.1%, y 23 de cada 100 fueron considerados no pobres y no vulnerables.

     *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 24-abril-2018, p.10.

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