• El estado del Estado / Mario Luis Fuentes

    El gobierno del presidente López Obrador comienza, para fines prácticos, el día de hoy. A lo largo de este lunes, todo su equipo de funcionarios estará reunido en lo que será, quizá, la primera reunión formal del gabinete, comenzarán a fluir las instrucciones oficiales y cada uno de los responsables de las secretarías y organismos del Estado conocerán, ya en la operación, a sus equipos.   ¿Qué es probable que encuentren? En primer lugar, una administración pública fragmentada, en algunos casos con oficinas poco funcionales o envejecidas; sin archivos organizados profesionalmente (recuérdese que carecemos todavía de una Ley General de Archivos), con un personal que en algunos casos está ávido de cambio, y en otros, como en todas las organizaciones, con fuertes resistencias a modificar las formas y métodos de trabajo

  • ¿Quién comenzará a decir: “eso no queda claro, señor Presidente”?

    Cuando Vicente Fox llegó a la Presidencia de la República en el año 2000, se puso de moda la siguiente idea: “Gobernar es comunicar”. En un sentido riguroso, la frase tiene implicaciones muy fuertes en el diseño del gobierno: transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de diálogo y confrontación tolerante de ideas y proyectos

  • ¿Quién va a levantar los censos… y con qué recursos? / Saúl Arellano

    De acuerdo con el Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país dispone, para los procesos de planeación, de un Sistema Nacional de Información Estadística; el cual es coordinado, también por mandato de la Constitución, por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)

  • ¿Y ahora, cómo funcionarán las políticas públicas? / Saúl Arellano

    Todo proceso de construcción de gobierno enfrenta diferentes niveles de complejidad

  • 2019, ¿vuelo ciego, rumbo a lo incierto? / Leonardo Boff

    Los últimos años han sido muy atormentados en nuestro país, Brasil. Se dio la discutible destitución de la presidenta Dilma Rousseff, las serias acusaciones de corrupción a su sucesor, el presidente Temer, la obra devastadora del Lava-Jato con aplicación rigurosa de lawfare, y la prisión de Lula, el mayor líder popular, mediante un juicio claramente parcial y carente de pruebas materiales, juicio criticado por los más eminentes juristas nacionales y extranjeros

  • AMLO, del discurso a las acciones de gobierno / Saúl Arellano

    El presidente López Obrador es un político sui generis. A diferencia de los candidatos que han contendido por la Presidencia de la República desde el año 2000, construyó una narrativa totalmente distinta: su propuesta no se ha centrado nunca en sus capacidades técnicas o dominio académico o profesional en alguna materia específica

  • Ante el nuevo gobierno de ultraderecha, que San Jorge nos socorra / Leonardo Boff

    Ante el nuevo gobierno bresileño de ultraderecha, furioso y perseguidor, que está tocando ya derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente los salarios, y de los de otra condición sexual, necesitamos unir nuestras fuerzas de resistencia y de crítica, por un imperativo ético de salvaguardia de la democracia y de los commons que pertenecen al pueblo

  • Austeridad y cambio institucional / Mario Luis Fuentes

    Terminar con la ostentación y el gasto faraónico del gobierno es de suma relevancia para recuperar la necesaria austeridad republicana. Llevar a la práctica esta idea le permitirá a la nueva administración tener algunos márgenes de maniobra y ciertas disponibilidades presupuestales para poner en marcha algunos de los programas que ha anunciado el virtual presidente electo

  • Ciudades; una nueva gobernanza es posible / Saúl Arellano

    El proceso de urbanización en México es creciente; de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), alrededor del 80% de la población nacional vive en localidades urbanas; y la concentración de personas en grandes urbes está creciendo aceleradamente: hoy viven más de 50 millones de personas en tan sólo 10 zonas metropolitanas, entre las cuales destacan por supuesto las de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero hay otras de un intenso dinamismo: Puebla, León, Veracruz, la región de la Laguna y Querétaro, sólo por citar algunos casos.

  • Con Trump nos esperan tiempos dramáticos / Leonardo Boff

    La humanidad está bajo varias amenazas: la nuclear, la escasez de agua potable en vastas regiones del mundo, el creciente calentamiento global, las dramáticas consecuencias de la sobrecarga de los bienes y servicios naturales indispensables para la vida (the Earth Schoot Day)

  • Democracia o nazifascismo / Leonardo Boff

    Nunca en nuestra historia estuvimos situados ante una alternativa tan radical: el excapitán candidato a la Presidencia, Jair Bolsonaro, que se presenta con todas las características del nazifascismo que causó millones de víctimas en Europa en la Segunda Guerra Mundial, y enfrente Fernando Haddad, al que no se le puede negar espíritu democrático. Bolsonaro mismo declaró que no le importa ser comparado a Hitler. Se ofendería si lo llamasen gay.

  • El arranque se complica / Mario Luis Fuentes

    En nuestro país hay muchas agendas que son urgentes, y con el paso del tiempo, ante la inacción e ineficacia de los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, se complejizan y adquieren dimensiones mayores 

  • El error de diciembre / Saúl Arellano

    Es loable que el Presidente de la República tenga la capacidad de reaccionar y reconocer cuando se cometen errores en su administración; para un gobierno y, en evidencia, para un país, no hay nada peor que la negación; en el nuestro, ya hemos visto lo que ha ocurrido en las últimas décadas de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y complicidad con la corrupción

  • Embarazo adolescente: una década perdida

    Entre los años 2010 y 2017 han nacido 3.54 millones de niñas y niños cuyas madres tenían 19 años o menos al momento del parto. Destaca que el 50% de las mujeres que dieron a luz en 2017 declararon vivir en unión libre; y según los datos del INEGI, Coahuila es la entidad del país con el peor indicador en lo que se refiere al embarazo adolescente


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    Una de las agendas en las que persisten pendientes relevantes es la relativa a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y particularmente de las más jóvenes. En efecto, de acuerdo con la información recientemente dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), relativa a los nacimientos en el país, el descenso en los niveles de la tasa de fecundidad ha sido muy lento y desigual en todo el país.

    En efecto, los datos publicados por el Inegi muestran que la tasa de fecundidad para mujeres en “edad fértil” fue de 66.1 hijos por cada 100 mil mujeres en el rango de edad considerado, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Zacatecas los que registran los valores más altos, con tasas de 90.2 hijos por cada 100 mil mujeres en edad fértil; 85.5 y 80.9, respectivamente.

    Nacen por millones  

    De acuerdo con las estadísticas de natalidad de que disponemos en el país, entre el año 2000 y el año 2017 han nacido en el país poco más de 46 millones de niñas y niños; y sólo entre 2012 y 2017 nacieron, según el Inegi, 19.55 millones, es decir, el promedio anual para ese periodo es de 2.44 millones por año. De continuar esa tendencia, considerando que en 2017 se contabilizó una población cercana a 123 millones de habitantes en el país, podríamos llegar en el año 2030, considerando el número anual de defunciones y la migración internacional, a una suma de alrededor de 140 millones de habitantes.

    Por esa razón, la nueva administración va a enfrentar importantes retos en materia de reducción de la pobreza, pues si se quiere llegar a las obligaciones contraídas por México ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para el año 2030 habríamos de haber sido capaces de erradicar el hambre y la pobreza en todas sus formas.

     

    Los menos, en el mes del amor  

    Según el Inegi, febrero es el mes que tiene el menor porcentaje de registros de nacimientos; pero esto puede deberse a la menor cantidad de días que tiene ese mes. Así, septiembre es el que registra el mayor número de nacimientos, con 9.3% del total; le siguen los meses de agosto y octubre, con 9.1% cada uno de ellos; en julio y diciembre se registran el 8.5%, respectivamente; mientras que abril y febrero registran los menores porcentajes, con 7.7% y 7.2% en cada uno de ellos.

    Sin identidad garantizada 

    Otro de los problemas que se enfrentan en nuestro país es el relativo al registro oportuno del nacimiento de las niñas y niños. En efecto, según los datos disponibles, en el país sólo 86.9% de los nacimientos son registrados antes de cumplir un año; el 4.5% es registrado cuando ya tiene un año de vida; mientras que el 1.9% son registrados teniendo dos o más años cumplidos.

    Madres adolescentes 

    De acuerdo con el Inegi, la tasa de fecundidad en el grupo de edad de los 10 a los 17 años es de 25.5 nacimientos por cada mil mujeres en ese grupo de edad, siendo Coahuila la entidad con mayor tasa en todo el país, con un indicador de 25.5 casos por cada mil menores de 17 años; en contraste, la Ciudad de México es la entidad con menor indicador, pues es de 12.2 nacidos vivos por cada mil mujeres menores de 17 años.

    Destaca que Coahuila, teniendo supuestamente niveles similares de desarrollo a los de la Ciudad de México, presente una tasa de embarazo adolescente 100% superior a la que se registra en la capital del país, lo cual es muestra inequívoca de una fallida política de garantía de los derechos sexuales de las adolescentes en aquella entidad.

    Así las cosas, a nivel nacional, entre los años 2010 y 2017 el Inegi tiene un registro de 85 mil 559 nacimientos de niñas y niños cuya madre tenía menos de 15 años al momento del parto, es decir, un promedio anual de 10 mil 700 casos anuales en ese periodo.

    Por su parte, la suma de nacimientos de niñas y niños cuyas madres tenían entre 15 y 19 años al momento del parto es de una gran magnitud: 3.46 millones entre 2010 y 2017; lo cual representa un promedio anual de 432 mil 742 casos, aunque es de destacarse que en los últimos tres años para los que hay información, es decir, de 2015 a 2017, el promedio anualizado es de 391 mil 934 casos.

    Década perdida .pngLa mayoría de las madres son solteras

    Un dato sumamente interesante entre los que presenta el Inegi es el relativo al estado civil de las madres al momento del parto. En efecto, en 1.12 millones de casos, que representan 50.3% de los casos registrados en 2017, las madres declararon que su estado civil era la “unión libre”; en segundo lugar se encuentra el grupo que al momento del parto estaban casadas, con poco más de 650 mil casos, cifra que representó 29.1% del total de los casos registrados en 2017.

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 02-octubre-2018, p.15.

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  • En defensa de la asistencia social / Mario Luis Fuentes

    México carece de un sistema de información que dé cuenta de la magnitud del número de personas en situación de vulnerabilidad o vulnerabilidad extrema. No sabemos cuántas personas requieren de cuidados especiales en la vejez, cuántas sobreviven en las calles; y tampoco tenemos conocimiento preciso de las situaciones extremas en que viven niñas, niños y adolescentes que carecen de todo y que han sido abandonados por todos

  • Entidades federativas no garantizan derechos de las personas con discapacidad: CNDH

    De acuerdo con el Informe Especial sobre el Estado que Guardan los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en las Entidades Federativas del País que recientemente publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los gobiernos estatales no garantizan los derechos de las personas con discapacidad

  • Entre Brasil y la Ciudad de México: lo que nos advierte la llegada de Jair Bolsonaro / Carlos Luis Sánchez y Sánchez

    El arribo de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, a través de un discurso marcadamente homófobo, machista y misógino, ha despertado un renovado interés acerca de la autenticidad de las actitudes progresistas del electorado latinoamericano que, como en Brasil, años antes habrían llevado al poder a gobiernos de izquierda

  • Entre los temas que deberán corregirse… / Saúl Arellano

    El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha construido un gran número de evaluaciones y recomendaciones para la administración pública federal, con el propósito de mejorar las acciones que desarrolla el gobierno para dar cumplimiento a los derechos sociales de la población

  • Índice Mexicano de Corrupción y Calidad del Gobierno

    Presentación

    Este índice es un ejercicio que sintetiza la información disponible con base en la cual es posible dimensionar el grado de corrupción percibida en las entidades de la República, y su interacción con el costo que tiene el delito en ellas, así como la calidad percibida de los servicios públicos y del gobierno en los municipios y en las 32 entidades del país.

    Desde esta perspectiva, es importante decir que este ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país.

    Este ejercicio recoge la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la materia; pero los autores estamos convencidos de que, si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.

    Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.

    Así, la pertinencia de este ejercicio se encuentra en el énfasis que ha hecho el presidente electo, en que en su administración se combatirá frontalmente a la corrupción; por lo que su actualización anual permitirá dar seguimiento al impacto que las medidas que se implementen para reducirla.

    Debe señalarse además que el debate en torno a la corrupción en el país data desde la década de los 80 en el siglo XX, cuando se habló incluso de la necesidad de llevar a cabo una “renovación moral del gobierno”; desde entonces, se han generado intensas discusiones sobre cómo lograr una transformación de la ética pública y garantizar la existencia de gobiernos honestos, transparentes y con plena vocación de rendición de cuentas.

    Desde esta perspectiva, es importante decir que en los últimos 10 años, ha habido en México importantes esfuerzos impulsados desde la sociedad civil y la academia, para explicar teóricamente el fenómeno de la corrupción, y también para modificar el marco jurídico e institucional en este campo. Muchos de esos esfuerzos derivaron en la propuesta del actual Sistema Nacional Anticorrupción.

    En el mismo sentido, destaca que la principal propuesta de campaña del ahora presidente de la República, fue también la de erradicar la corrupción y transformar éticamente a la vida pública del país.

    Ante este escenario no es menor señalar que ambas propuestas, aunque coincidentes en propósito, son distintas en métodos y procedimientos. Por lo que no puede ni debe obviarse que hay una discusión de fondo, no resuelta en torno a cuáles son los mecanismos más eficaces y perdurables para reducir significativamente con este grave problema.

     

    Introdicción

    Medir la corrupción es una cuestión conceptual y técnicamente compleja. En efecto, no hay una definición única y consensada respecto de lo que es la corrupción, lo que dificulta establecer criterios uniformes en todas las regiones y países para construir metodologías o instrumentos de medición compartidos a nivel internacional.

    En ese sentido es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), define a la corrupción como sigue:

    El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.”[1]

    Sobre los efectos que la corrupción genera, en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se sostiene:

    “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”[2].

    Por su parte, Transparency International, define a la corrupción como:

    “El abuso del poder confiado a una autoridad, para obtener beneficios privados. La corrupción puede clasificarse como “grande, pequeña y como corrupción política, dependiendo de los montos de dinero perdidos, y el sector en el cual ocurre”[3].

    Por su parte Phil Nichols, investigador sobre temas de ética pública en la Universidad de Wharton, define a la corrupción como: «El uso, el abuso, o la omisión en el ejercicio del poder o de los cargos públicos, a fin de obtener beneficios personales, o beneficiar a grupos específicos de poder económico o político»[4].

    En su revisión conceptual y metodológica sobre el tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documenta que la corrupción se expresa en múltiples fenómenos: malversación de fondos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, acceso ilegal a información privilegiada, manipulación de licitaciones y compras públicas, tráfico de autoridad, soborno y enriquecimiento ilícito[5].

    De esta forma, independientemente del énfasis que se pone en las causas, consecuencias, o en las consecuencias conceptuales de asumir una u otra definición, lo que es un hecho es que todas tienen como punto de confluencia que:

    1) La corrupción es un fenómeno presente en todo el mundo.

    2) Que es un fenómeno delictivo que daña a las instituciones, erosiona la legitimidad democrática y que provoca el deterioro de la calidad de los bienes y los servicios públicos.

    3) Que, por sus consecuencias, la corrupción alienta otras formas de delito, incrementa los niveles de impunidad y pone en riesgo la prevalencia del Estado de derecho. 

    Ahora bien, en lo relativo al diseño de políticas públicas para su prevención, uno de los mayores retos es definir cuál es la mejor manera de medir el fenómeno, a fin de conocer su magnitud, así como las características que deben tener las políticas que se diseñen en implementen para su control, erradicación y sanción.

    Sobre la medición de la corrupción, el INEGI agrupa en tres los métodos más destacados: 1) panel de expertos; 2) índices compuestos y, 3) encuestas. Sobe el primer método, el mayor riesgo es el sesgo en la selección de las y los expertos a participar, amén de que sus aproximaciones suelen ser de tipo cualitativo, y no permiten la generación de información cuantitativa de calidad.

    Respecto de los índices compuestos, al utilizar distintas fuentes de información, impide su comparabilidad internacional; y respecto de las encuestas, si bien captan percepciones, éstas últimas tienen la fortaleza de la posibilidad de comparabilidad en el tiempo y entre distintos países, si es que las muestras y cuestionarios son comparables.

    ¿Por qué un Índice Mexicano de Corrupción?

    A pesar del riesgo de las limitaciones de comparabilidad que señala el INEGI respecto de este tipo de instrumentos, es válido plantear la pregunta ¿es posible construir un Índice de corrupción que utilice como fuente primaria de información las encuestas sobre la percepción de este fenómeno?

    La respuesta, para el caso mexicano es definitivamente que sí, por las siguientes razones:

    1. El INEGI cuenta con un sólido sistema de encuestas, regulares, especiales y de módulos específicos, que permiten la comparabilidad de resultados en el tiempo, pero también entre las entidades federativas. Ejemplos de estos instrumentos son la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), cuya periodicidad es anual; y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cuya periodicidad es bienal.
    1. Dado que el sistema de Encuestas del INEGI forma parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos ahí registrados pueden ser tomados como “oficiales”, con lo que su utilidad para el diseño e instrumentación de las políticas públicas es de suma relevancia.

    Desde esta perspectiva, y considerando los niveles generalizados de corrupción que existen en el país, contar con un Índice que dimensione los niveles percibidos de corrupción en las entidades de la República, es necesario como un insumo que podrían utilizar en su desempeño, tanto el Sistema Nacional, como los Sistemas Estatales Anticorrupción.

    Otras ventajas de un Índice como el que aquí se propone son las siguientes:

    1. Es una medición que sintetiza la gran cantidad de información que existe en las encuestas del INEGI, y que las resume mediante promedios, para el periodo 2011-2017.
    1. Es un Índice que se compone de “Índices parciales”; es decir, presenta la información disponible en torno a la percepción ciudadana de presencia de la corrupción, por sectores; por ejemplo, la corrupción percibida en las fuerzas de seguridad pública, la percibida en organismos autónomos como los electorales y de derechos humanos, o la percibida respecto de instituciones sociales como las instituciones religiosas. Estos “Sub-índices” permiten identificar los ámbitos específicos de intervención prioritaria y proporcionan una ruta, basada en evidencia, sobre cuáles son los tramos institucionales en los que se debe actuar con mayor urgencia.
    1. Es un Índice que proporciona información que permite dimensionar las brechas que existen entre entidades, e identificar, por lo tanto, no sólo los ámbitos prioritarios de intervención, sino también los espacios territoriales con mayores problemáticas.
    1. Dada la metodología y técnicas utilizadas para la elaboración de este instrumento, permite tener una aproximación empírica a la determinación de probables nexos de causalidad e interacción entre las distintas formas y dimensiones identificadas a partir de la información disponible en las encuestas del INEGI. En ese sentido, el Índice no sólo es un instrumento de utilidad para el mejoramiento de las políticas públicas en la materia, sino que aporta elementos metodológicos y de análisis que pueden ser de utilidad para quienes investigan en esta materia.

     

    DESARROLLO

    Metodología y técnicas aplicadas

        I. Análisis descriptivo y exploratorio

    La percepción de la corrupción es generalizada. Sin embargo, ésta se comporta de manera diferenciada, dependiendo del ámbito de que se trate. Por ejemplo, de acuerdo con la ENVIPE, las instituciones percibidas como más corruptas son las policías municipales y estatales; hay además cuatro grupos de instituciones que son percibidos con altos niveles de corrupción por la ciudadanía, ubicándose en porcentajes que se ubican entre el 80 y el 90%; éstas son: a) partidos políticos; b) diputados y senadores; c) Gobierno Federal, y; d) Gobiernos Estatales.

    Gráfico1Porcentaje promedio nacional en percepción de corrupción por ámbitos seleccionados, 2011-2017corrupcion ambitos seleccionados 2011 2017

    El hecho de que los espacios de representación y gobierno, así como las instancias responsables de la seguridad pública de primer contacto sean consideradas como las más corruptas, permite sostener al menos tres hipótesis:

    1) En México la corrupción es una práctica generalizada, que ha puesto en tensión al Estado de derecho.

    2) La corrupción constituye un freno al desarrollo, pues además de generar severos costos institucionales, provoca también altos costos a la población, lo cual, en un contexto de pobreza y desigualdad también generalizadas, lastima a la democracia e impide la transformación institucional del país.

    3) Esa condición obliga a fortalecer los instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas de prevención y combate a la corrupción.

    Adicionalmente, destaca que en México se cumple también la tesis de Naciones Unidas, respecto de que la corrupción afecta la calidad de los servicios públicos. En ese sentido, es importante subrayar la calificación que obtienen los servicios públicos municipales, estatales y federales entre la ciudadanía, lo cual ha sido captado a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Los promedios obtenidos en los últimos cuatro años no dejan duda al respecto:

    Gráfico 2Promedio nacional de evaluación de servicios públicos (Escala de 1 a 10)Promedio nacional escala1 10

    De igual manera, debe hacerse notar el impacto económico que la corrupción y la mala calidad del gobierno está generando de manera directa a las personas, pero también a los cientos de miles de unidades económicas que hay en el país. Un indicador que permite dimensionar esta problemática es el costo por delito que han tenido que enfrentar los hogares y los miles de unidades económicas que hay en el país.

    El indicador es pertinente, porque los niveles de criminalidad que existen en México no podrían explicarse sin la existencia de una corrupción generalizada, que se traduce en impunidad y permisividad ante la delincuencia. Así, en el siguiente gráfico se muestran los costos acumulados en promedio por hogar, como efecto de la delincuencia entre los años 2014 y 2017, así como los costos por unidad económica que hay en el país, para el año 2016.

    Gráfico3. Promedio nacional de costos por delito, por ámbitos de análisisPromedio por ambito de analisis

    A fin de determinar si las hipótesis y supuestos planteados conceptualmente se verifican en México, se seleccionaron 40 variables contenidas en las encuestas arriba mencionadas como fuentes de información, bajo dos consideraciones esenciales:

    1) Si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno generalizado en el país, también lo es el hecho de que los niveles y profundidad que tiene es distinto dependiendo del ámbito de que se trate. Así, por ejemplo, es muy distinta la corrupción percibida por la ciudadanía respecto de las policías o los partidos políticos, que frente al Ejército y la Marina; lo mismo puede sostenerse respecto de espacios que se asumen ciudadanos, como los institutos electorales estatales, respecto de los cuales se percibe una mucho mayor corrupción que frente a las instituciones religiosas.

    2) En el mismo sentido, si bien la corrupción tiene presencia nacional, su comportamiento y nivel de presencia es distinta dependiendo de la entidad federativa de que se trate.

    Con base en ello, se llevó a cabo de forma exploratoria un análisis de correlaciones múltiples, a fin de determinar cuáles son las variables que mayor correlación estadística tienen entre sí, a fin de corroborar los supuestos asumidos[6].

    Los resultados muestran que efectivamente hay una alta correlación entre las variables que se toman para llevar a cabo este análisis, y pueden agruparse en los siguientes estratos:

    1) Hay 25 pares de variables en los cuales el coeficiente de correlación oscila entre .800 y .920[7]. Entre estos pares, hay algunas correlaciones que podrían considerarse por algunos expertos como “espurias”; sin embargo, en la mayoría se repite el patrón de estar vinculados los niveles de corrupción percibidos respecto de ámbitos de gobierno con los de representación proporcional, así como con la prestación de servicios y la calidad de los mismo. Este apunte aplica para los otros dos estratos de “parejas de variables”.

    Tabla1. Correlación entre variables (coeficiente entre .800 y .920Variable 1 2 R 

    2) Hay 48 pares de variables que presentan coeficientes de correlación con valores que van de .701 a.799, y son los siguientes:

    Tabla2. Correlación entre variables (coeficiente entre .701 y .799)Variable 1 2 R2

    3) Hay 57 pares de variables cuyos valores de correlación oscilan de .600 a .698.

    Tabla3. Correlación entre variables (coeficiente entre .600 y .698)Variable 1 2 R3

    II.Análisis explicativo

    A fin de determinar cómo es que interactúan entre sí las variables consideradas, se aplicó la técnica de Análisis Factorial Exploratorio; a través de ellas se encontró que los datos utilizados se agrupan en 5 grupos factoriales a partir de los cuales se explica el 72% de la varianza, un indicador alto y que se puede asumir como muy bueno en términos estadísticos. La matriz obtenida es la siguiente:

    Tabla4. Varianza total explicadaVarianza total explicada

    A fin de confirmar lo anterior se procedió a desarrollar un segundo nivel de estudio de los datos, a través del Análisis Factorial Confirmatorio; del resultado obtenido pueden extraerse cinco “dimensiones o agrupamientos”:

    1. Factor 1. Corrupción institucional. El comportamiento de las variables confirma que la corrupción es generalizada en el entramado institucional del Estado y el gobierno, así como en las instituciones de integración ciudadana mayoritaria como los Institutos electorales, o de defensa de la población, como son las comisiones estatales de derechos humanos.
    2. Factor 2. Corrupción en los entornos de proximidad. En esta dimensión se agrupan las variables relativas a la presencia percibida de corrupción, pero en los entornos que podrían considerarse de mayor proximidad, o bien de ámbitos de protección y socialización como son los espacios educativos.
    3. Factor 3. Impacto en la calidad de los servicios públicos. En esta tercera dimensión, se agrupan las variables relativas a la calificación que se da a los servicios públicos, y respecto de la cual puede asumirse que, a mayor corrupción percibida, hay una menor evaluación de los mismos.
    4. Factor 4. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social. Es interesante observar que en este cuarto grupo de variables se encuentran las relativas a las principales instituciones de salud y seguridad social del Estado mexicano; pero comparten “comportamiento estadístico” con las relativas a la corrupción y confianza que la población declara tener respecto de la Marina y del Ejército Mexicano.
    5. Factor 5. Costo social del delito: En esta última dimensión se agrupan las variables relativas al costo que la población declara que ha tenido que pagar como consecuencia de haber sido víctima de la delincuencia. Es interesante observar que a estas variables se asocia la relativa a la calificación que se da al transporte público, la cual tiene un vínculo estrecho con las condiciones de inseguridad que lo caracterizan en todo el país.

    En la siguiente se resumen las variables en cada Factor y sus cargas factoriales:

    Tabla5. Resumen de las variables en cada Factor y sus cargas factorialesFactores y cragas factorialesFuente: elaboración propia.

    El desarrollo del análisis factorial confirmatorio abre también la posibilidad de avanzar hacia la construcción de un modelo de ecuaciones simultaneas (SEM, por sus siglas en inglés[8]), el cual puede sintetizarse en un gráfico “de senderos” en el cual pueden establecerse con claridad cuáles son las interacciones y mutuas determinaciones que tienen las diferentes dimensiones o factores en análisis. En este caso, el modelo arroja la siguiente gráfica:

    Gráfico4. Interacciones y mutuas determinaciones de las dimensiones o factores de análisisModelo

    Fuente: elaboración propia

    Como se observa, el constructo denominado como “Corrupción institucional”, (marcado en círculo azul), interactúa y se determina mutuamente con todas las otras dimensiones, sin tener ninguna mediación; es decir, el modelo permite sostener con alto grado de certeza, que la corrupción en las instituciones públicas de gobierno, representación popular, impartición y procuración de justicia, determina el comportamiento de todo el resto del paisaje institucional del país.

    A su vez, la corrupción en entornos o ámbitos de proximidad de las personas tiene una mutua determinación con la corrupción institucional, sin mediación, y al mismo tiempo tiene una carga importante en la determinación de la evaluación que se tiene de los servicios públicos, así como en el costo del delito, tanto para personas como para empresas.

    Es interesante observar que no hay una línea de determinación directa de las dimensiones en las que se encuentran las variables relacionadas con la percepción en distintos espacios, con la dimensión relativa a la percepción de corrupción de la Marina y el Ejército, y la evaluación de las instituciones de seguridad social; es decir, a pesar de que son espacios en los que la corrupción es percibida como presente, su nivel “rompe” con la tendencia y niveles observados en el resto de las instituciones.

    Lo anterior puede explicar también por qué no hay una relación detectada por el modelo, de mutua determinación, entre las dimensiones relativas a la corrupción y la evaluación de las instituciones de seguridad nacional (Ejército y Marina), y las de seguridad social (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), con la dimensión relativa al costo que tienen los fenómenos delictivos para las personas y los negocios en el país; de alguna manera, pesto podría interpretarse que en el marco del aparato institucional, las instancias que en menor medida influyen para que la corrupción y la delincuencia le generen costos directos a la ciudadanía en general, son las instancias identificadas en la dimensión señalada.

    Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental

    Se dijo en líneas arriba que la corrupción no sólo tiene un comportamiento diferenciado en cada uno de los ámbitos institucionales en que se presenta, sino que también tiene impactos diferenciados en la calidad de los servicios públicos y en el impacto directo a la economía de las familias y los negocios. En el mismo sentido, se afirma que la corrupción tiene una presencia percibida y declarada diferenciada, dependiendo del espacio territorial en que viven las personas.

    La propuesta que se hace aquí es, una vez identificadas las variables que tienen un comportamiento estadístico que permite agruparlas en dimensiones específicas, es posible generar un ordenamiento de las entidades, de acuerdo con la magnitud que tienen los valores de las variables en cada una de ellas.

    Es decir, se trata de una ordenación que permite establecer cuáles dimensiones tienen una mayor magnitud en qué entidad, lo que desde una perspectiva de política pública permite identificar cuáles son los ámbitos de intervención prioritaria.

    En esa lógica, el procedimiento para calcular esta ordenación estatal es la siguiente:

    Técnica de estandarización:

    Dado que las variables consideradas en esta investigación tienen magnitudes diferentes, lo primero que se llevó a cabo fue un proceso de estandarización de fácil lectura e interpretación, transformando sus valores en una escala del 1 al 10, que permitiera al mismo tiempo garantizar la comparabilidad entre las entidades de la República.

    La fórmula aplicada resta al valor que adquiere cada una de las variables los valores máximos entre las 32 entidades, y lo toma como cociente para ser dividido entre la resta del rango de valores de las variables (es decir, al valor máximo se le resta el valor mínimo).

    Se prefirió este procedimiento de estandarización sobre otros, porque permite al menos dos cosas:

    A)Tener una medida que puede ser comparable en el tiempo.

    B)Tener una medida relativa al comportamiento real de las variables, respecto de sí mismas, y no frente a estándares.

    La fórmula entonces es la siguiente:

    Fórmula

    Donde:

    Pv: es el peor valor registrado en la variable “x”, entre las 32 entidades federativas. Por ejemplo, si en una entidad el 96% de la población considera que la corrupción en la policía es frecuente o muy frecuente, y es el valor máximo entre las 32 entidades, ese valor es el que es tomado como Pv.

    Vr: es el valor que adopta cada caso

    Vm: es el menor valor registrado entre las 32 entidades respecto de la variable “x”; en el mismo ejemplo que el de Pv, si en una entidad el 75% de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en la policía, entonces ese valor es el que se adopta como Vm

    Al aplicar esta fórmula a cada variable, se obtiene un valor que oscila entre 0 y 1, el cual es multiplicado por un factor común de valor 10, a fin de transformarlo a la mencionada escala de 0 a 10 mencionada en las primeras páginas del texto, y la cual tiene un sentido de interpretación ascendente; es decir, 0 es el peor valor posible y 10 el máximo valor posible.

    Debe comprenderse que, en esta técnica de estandarización, el 0 no es un valor absoluto; es decir, no implica la presencia absoluta de una problemática; por ejemplo, si de acuerdo con el INEGI, en la ciudad de México se tiene el peor valor entre las 32 entidades federativas respecto de la presencia de corrupción, eso no significa que el 100% de la población así lo crea. De esta forma, que en ese indicador la Ciudad de México tenga el valor de 0., significa que en ese ámbito territorial se tiene el peor indicador de los 32 estados registrados, y permite dimensionar rápidamente el nivel de desigualdad o brechas que hay respecto de las otras entidades.

    En el sentido opuesto, que una entidad obtenga un valor estandarizado de 10, no significa que el problema se encuentra resuelto, sino que obtiene el mejor valor entre las entidades federativas.

    Desde esta óptica es preciso decir entonces que la lectura de los valores de este Índice debe llevarse a cabo siempre asumiendo que, dada la evidencia disponible, puede sostenerse que la corrupción es generalizada en nuestro país. En ese sentido, tener “el mejor valor” en cualquiera de las dimensiones evaluadas, no significa que esa entidad tiene un “buen desempeño”, sino que es en donde la problemática, en medio de una fractura general de la ética pública, se presenta con menor intensidad, pero es una problemática seria.

    Índices Parciales

    Dado que el análisis factorial agrupó en cinco dimensiones a las variables estudiadas, se procedió a llevar a cabo un análisis de los valores que tienen para cada una de las entidades federativas.

    Es importante destacar en este punto, que los valores analizados son promedios de los periodos para los cuales se tiene información en las fuentes utilizadas para este trabajo. Por ejemplo, en el caso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), hay variables para las cuales hay valores para la serie de 211 al 2017; en otros casos (por ejemplo, las comisiones de derechos humanos), sólo existen datos para los años 2015 y 2017). La decisión de tomar promedios de una serie de tiempo se sustenta en el hecho de que, al tratarse de “percepciones” respecto de la corrupción, éstas pueden estar (o no) influenciadas por eventos específicos en alguna entidad; por ejemplo, los escándalos de corrupción en Quintana Roo, Veracruz, Sonora, la propia Ciudad de México o Chihuahua, pueden influenciar la percepción medida en una fecha determinada, y pasado el escándalo, modificarse de manera sustantiva en el tiempo.

    Así, para el cálculo de los “resultados parciales”, se asume que cada una de las dimensiones identificadas por el análisis factorial pueden conceptualizarse como “constructos”, cuya denominación se encuentra en las páginas 12 y 13 de este trabajo. De esta forma, cada “Dimensión” puede ser asumida también como un “índice parcial”.

    Para calcular el valor de cada uno de los índices parciales, se lleva a cabo una operación aritmética de promedio simple, de los valores de cada una de las variables que lo integran.

    Debe señalarse además que, al haber asumido que la corrupción se comporta de manera diferenciada según el ámbito institucional de que se trate (por ejemplo, las policías frente a la Marina), el promedio que se obtendría al sólo considerar las variables de forma individual, sesga el resultado y no corresponde necesariamente a la percepción de la corrupción en general que hay en la entidad. Por esta razón, lo que se llevó a cabo fue un ejercicio de ponderación respecto de tal percepción general, de tal forma que los valores obtenidos se calibran de acuerdo con el nivel general percibido de la corrupción. Dicho de forma sencilla, aquellas entidades en donde, independientemente de los valores de cada uno de los ámbitos analizados, hay una percepción de mayor corrupción en general, reciben una “sanción” a fin de evitar distorsiones que hagan incompatibles los resultados aquí obtenidos respecto de los correspondientes a las percepciones generales captadas por el INEGI.

     I. Índice parcial de corrupción institucional

    Este índice parcial está construido con base en los valores de 15 variables relativas a la corrupción percibida en distintos ámbitos institucionales. En esta dimensión, las entidades con peor nivel de logro son Oaxaca, la Ciudad de México y Morelos; en contraste, las entidades que tienen los mejores valores fueron Yucatán, Querétaro y Tamaulipas.

    Gráfico5. Índice parcial de corrupción institucionalIndice parcial e corrupcion institucionalFuente: elaboración propia.

    II.  Índice parcial de corrupción en entornos de proximidad

    En este segundo Índice parcial lo que se encuentra es que las entidades que registran los mejores valores son las mismas del primer índice, relativo a la corrupción institucional: Yucatán, Querétaro, Tamaulipas y Coahuila. Entre las entidades con más bajos valores, se encuentra Oaxaca, que también es de las peores evaluadas en el índice previo, y la acompañan Puebla, tabasco y Michoacán.

    Gráfico6. Índice parcial de corrupción entornos de proximidadIndice corrupción entornos de proximidadFuente: elaboración propia.

    III. Índice parcial de impacto en la calidad en los servicios públicos.

    En esta dimensión las entidades con mejores valores son Yucatán y Querétaro nuevamente, acompañadas de Aguascalientes, Colima e Hidalgo. En el extremo opuesto se encuentran Tabasco, Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México.

    Destaca la congruencia que existe entre los datos reportados en materia de presencia de corrupción, y los del impacto en la calidad de los servicios públicos, sobre todo en las entidades en las cuales se percibe menor corrupción, pues es en esas mismas en las que la ciudadanía evalúa con mayores calificaciones el acceso y la calidad de los servicios en los tres órdenes de gobierno.

    Gráfico7. Índice parcial de impacto de la corrupción en la calidad de los servicios públicosIndice servicios publicosFuente: elaboración propia.

    IV. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social.

    En este índice parcial, las entidades con mayor nivel de logro son Yucatán, Querétaro, Colima, Durango y Baja California Sur. En el extremo opuesto se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.

    Gráfico8. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad socialIndice corrupcion seguridad socialFuente: elaboración propia.

    V. Índice parcial Costo Social del Delito

    En esta dimensión, los estados de Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Durango y Querétaro resultan como los mejor evaluados; en el otro extremo se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla y Jalisco. Como se observa en la gráfica, es la dimensión en la que existe una mayor diferencia entre la entidad con mejores valores respecto de la entidad peor evaluada.

    Gráfico9. Dimensión costo social del delitoDimension costo toal del delitoFuente: elaboración propia.

    VI. Índice de corrupción y calidad gubernamental

    A fin de construir el Índice de corrupción se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad. Los resultados se encuentran en la siguiente gráfico. De acuerdo con estos resultados, las entidades con menor corrupción, y menor impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente, en los costos que genera el delito a personas y negocios, son:  Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Colima y Durango. Las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

    Gráfico10. Índice mexicano de corrupción y calidad gubernamental, 2018Corrupcion y calidad gubernamentalFuente: elaboración propia.

    CONCLUSIONES

    Este índice ofrece una medida de la corrupción y su impacto en los servicios públicos, comparable entre entidades federativas, y presenta como ventaja adicional que está “a salvo” de la crítica relativa a la confiabilidad de las fuentes originales, al estar construida con base en las encuestas que levanta el INEGI y en las cuales incorpora preguntas relativas a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de actos de corrupción en distintos ámbitos institucionales.

    Se trata de un ejercicio inédito, que está planteado como un instrumento de política pública a fin de atender la necesidad que se tiene en el sistema nacional anticorrupción de contar con un instrumento que permita medir en el tiempo el efecto de las medidas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en el país.

     

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    [1] https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/

    [2] Existe versión electrónica del documento íntegro de la Convención en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

    [3] Traducción libre de la definición dada por este organismo en su sitio electrónico: www.transparency.org

    [4] Phil Nichols, “Corrupción, conceptos básicos”, Presentación académica durante el curso titulado, como “Corrupción”, en el año 2017, impartido de forma presencial y a distancia por la Universidad de Wharton.

    [5] En efecto, el INEGI recupera tres definiciones sobre lo que es la corrupción, destacando que se trata de un fenómeno tanto público como privado, que genera perniciosas consecuencias sociales. Estas son las definiciones: Desde el punto de vista académico, Leff (1964, pág. 8) considera la corrupción como un conjunto de normas y prácticas extralegales que son usadas por individuos y grupos para ganar influencia en las acciones de la burocracia, es decir, como influencias extralegales en la formulación o implementación de políticas. Svensson (2005, pág. 20) simplemente define corrupción como el mal uso del cargo público con el fin de obtener ganancias privadas. De manera similar, Rose-Ackerman (2010, pág. 2019) entiende corrupción como la incapacidad de usar los recursos materiales y humanos de manera efectiva. Sin embargo, hablar de corrupción de manera general puede enmascarar otras dinámicas más específicas.

    Así, Castillo (2003, pág. 15) distingue cuatro tipos de corrupción: la política, entre quienes realizan las normas y las políticas públicas; la burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas; la funcional, que ayuda a las estructuras a “moverse”, y la disfuncional, que obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos públicos. Cabe destacar que estas definiciones únicamente muestran la corrupción desde la perspectiva del sector público. Por ello, diversos autores se han encargado de vincular la corrupción con otros sectores. Por ejemplo, Rose-Ackerman (1999, págs. 9-10) señala explícitamente la relación entre el Estado y el sector privado. De acuerdo con esta autora, en todo acto corrupto siempre hay dos partes involucradas. Por un lado, el Estado controla la distribución de beneficios y costos mediante servidores públicos que cuentan con poder discrecional. Por otro lado, los actores privados buscan un tratamiento favorable y están dispuestos a pagar por él. Así, la corrupción ocurre cuando los pagos realizados contravienen las leyes con el objetivo de obtener un beneficio o evitar un costo. El regateo entre ambos determina el impacto de la corrupción en la sociedad, así como la distribución de ganancias entre los sobornadores y sobornados.

    [6] Se asume que las correlaciones no implican una relación causal.

    [7] Debe recordarse que el coeficiente de correlación de Pearson registra valores entre 0 y 1. Dependiendo del área del saber, se asume que valores por arriba de .400 y hasta .499 es una correlación moderada; de .500 a .600 una correlación de moderada media; de .601 a .800 es una correlación alta; y de .800 a 1 una correlación muy alta. Véase: Ferrys, Rintchie, Estadística para las ciencias sociales, McGrawhill editores, México, 2008.

    [8] Los Modelos de “structural equation” son constructos que se basan en el desarrollo de ecuaciones múltiples, en las que se estiman los errores asociados a cada uno de los constructos analizados (dimensiones), en función de su covariancia e invarianza respecto de las otras dimensiones, lo cual depende a su vez de los errores asociados a cada una de las variables observables.

  • Índice Mexicano de Corrupción y Calidad del Gobierno / Mario Luis Fuentes / Saúl Arellano

    Este Índice será actualizado de manera anual

    Presentación

    Este índice es un ejercicio que sintetiza la información disponible con base en la cual es posible dimensionar el grado de corrupción percibida en las entidades de la República, y su interacción con el costo que tiene el delito en ellas, así como la calidad percibida de los servicios públicos y del gobierno en los municipios y en las 32 entidades del país.

    Versión en PDF Indice Mexicanos de corrupcion

    Desde esta perspectiva, es importante decir que este ejercicio no puede ser pensado como un ejercicio que “acredite” o “sancione” a las entidades en relación con los niveles percibidos de corrupción; por el contrario, constituye un esfuerzo académico que plantea la necesidad de mejorar la información disponible en esta materia, con el propósito de mejorar las políticas e intervenciones para reducirlo en el país.

    Este ejercicio recoge la información generada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en la materia; pero los autores estamos convencidos de que, si existiesen otras variables relativas a la corrupción realmente existente, los resultados del Índice se modificarían de manera importante. Por ejemplo, no se incorpora información generada por la Auditoría Superior de la Federación, porque las auditorías que practica son por mandato del Congreso de la Unión respecto de programas y acciones específicas, lo que impide tener una estimación de la incidencia de la corrupción general del país a través de sus ejercicios.

    Por otro lado, el Sistema Nacional Anticorrupción aun no genera estudios o registros administrativos que den cuenta de la magnitud del fenómeno en las entidades, por lo que este instrumento puede constituirse como un punto de partida que puede fortalecerse en la medida en que haya fiscales anticorrupción en los estados y comience a generarse un cúmulo de información que enriquezca éste o de pie a otros análisis cuantitativos.

    Así, la pertinencia de este ejercicio se encuentra en el énfasis que ha hecho el presidente electo, en que en su administración se combatirá frontalmente a la corrupción; por lo que su actualización anual permitirá dar seguimiento al impacto que las medidas que se implementen para reducirla.

    Debe señalarse además que el debate en torno a la corrupción en el país data desde la década de los 80 en el siglo XX, cuando se habló incluso de la necesidad de llevar a cabo una “renovación moral del gobierno”; desde entonces, se han generado intensas discusiones sobre cómo lograr una transformación de la ética pública y garantizar la existencia de gobiernos honestos, transparentes y con plena vocación de rendición de cuentas.

    Desde esta perspectiva, es importante decir que en los últimos 10 años, ha habido en México importantes esfuerzos impulsados desde la sociedad civil y la academia, para explicar teóricamente el fenómeno de la corrupción, y también para modificar el marco jurídico e institucional en este campo. Muchos de esos esfuerzos derivaron en la propuesta del actual Sistema Nacional Anticorrupción.

    En el mismo sentido, destaca que la principal propuesta de campaña del ahora presidente de la República, fue también la de erradicar la corrupción y transformar éticamente a la vida pública del país.

    Ante este escenario no es menor señalar que ambas propuestas, aunque coincidentes en propósito, son distintas en métodos y procedimientos. Por lo que no puede ni debe obviarse que hay una discusión de fondo, no resuelta en torno a cuáles son los mecanismos más eficaces y perdurables para reducir significativamente con este grave problema.

     

    Introducción

    Medir la corrupción es una cuestión conceptual y técnicamente compleja. En efecto, no hay una definición única y consensada respecto de lo que es la corrupción, lo que dificulta establecer criterios uniformes en todas las regiones y países para construir metodologías o instrumentos de medición compartidos a nivel internacional.

    En ese sentido es importante destacar que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), define a la corrupción como sigue:

    El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.”[1]

    Sobre los efectos que la corrupción genera, en el Prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se sostiene:

    “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”[2].

    Por su parte, Transparency International, define a la corrupción como:

    “El abuso del poder confiado a una autoridad, para obtener beneficios privados. La corrupción puede clasificarse como “grande, pequeña y como corrupción política, dependiendo de los montos de dinero perdidos, y el sector en el cual ocurre”[3].

    Por su parte Phil Nichols, investigador sobre temas de ética pública en la Universidad de Wharton, define a la corrupción como: «El uso, el abuso, o la omisión en el ejercicio del poder o de los cargos públicos, a fin de obtener beneficios personales, o beneficiar a grupos específicos de poder económico o político»[4].

    En su revisión conceptual y metodológica sobre el tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documenta que la corrupción se expresa en múltiples fenómenos: malversación de fondos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, acceso ilegal a información privilegiada, manipulación de licitaciones y compras públicas, tráfico de autoridad, soborno y enriquecimiento ilícito[5].

    De esta forma, independientemente del énfasis que se pone en las causas, consecuencias, o en las consecuencias conceptuales de asumir una u otra definición, lo que es un hecho es que todas tienen como punto de confluencia que:

    1) La corrupción es un fenómeno presente en todo el mundo.

    2) Que es un fenómeno delictivo que daña a las instituciones, erosiona la legitimidad democrática y que provoca el deterioro de la calidad de los bienes y los servicios públicos.

    3) Que, por sus consecuencias, la corrupción alienta otras formas de delito, incrementa los niveles de impunidad y pone en riesgo la prevalencia del Estado de derecho. 

    Ahora bien, en lo relativo al diseño de políticas públicas para su prevención, uno de los mayores retos es definir cuál es la mejor manera de medir el fenómeno, a fin de conocer su magnitud, así como las características que deben tener las políticas que se diseñen en implementen para su control, erradicación y sanción.

    Sobre la medición de la corrupción, el INEGI agrupa en tres los métodos más destacados: 1) panel de expertos; 2) índices compuestos y, 3) encuestas. Sobe el primer método, el mayor riesgo es el sesgo en la selección de las y los expertos a participar, amén de que sus aproximaciones suelen ser de tipo cualitativo, y no permiten la generación de información cuantitativa de calidad.

    Respecto de los índices compuestos, al utilizar distintas fuentes de información, impide su comparabilidad internacional; y respecto de las encuestas, si bien captan percepciones, éstas últimas tienen la fortaleza de la posibilidad de comparabilidad en el tiempo y entre distintos países, si es que las muestras y cuestionarios son comparables.

    ¿Por qué un Índice Mexicano de Corrupción?

    A pesar del riesgo de las limitaciones de comparabilidad que señala el INEGI respecto de este tipo de instrumentos, es válido plantear la pregunta ¿es posible construir un Índice de corrupción que utilice como fuente primaria de información las encuestas sobre la percepción de este fenómeno?

    La respuesta, para el caso mexicano es definitivamente que sí, por las siguientes razones:

    1. El INEGI cuenta con un sólido sistema de encuestas, regulares, especiales y de módulos específicos, que permiten la comparabilidad de resultados en el tiempo, pero también entre las entidades federativas. Ejemplos de estos instrumentos son la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad Pública (ENVIPE), cuya periodicidad es anual; y la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), cuya periodicidad es bienal.
    1. Dado que el sistema de Encuestas del INEGI forma parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, los datos ahí registrados pueden ser tomados como “oficiales”, con lo que su utilidad para el diseño e instrumentación de las políticas públicas es de suma relevancia.

    Desde esta perspectiva, y considerando los niveles generalizados de corrupción que existen en el país, contar con un Índice que dimensione los niveles percibidos de corrupción en las entidades de la República, es necesario como un insumo que podrían utilizar en su desempeño, tanto el Sistema Nacional, como los Sistemas Estatales Anticorrupción.

    Otras ventajas de un Índice como el que aquí se propone son las siguientes:

    1. Es una medición que sintetiza la gran cantidad de información que existe en las encuestas del INEGI, y que las resume mediante promedios, para el periodo 2011-2017.
    1. Es un Índice que se compone de “Índices parciales”; es decir, presenta la información disponible en torno a la percepción ciudadana de presencia de la corrupción, por sectores; por ejemplo, la corrupción percibida en las fuerzas de seguridad pública, la percibida en organismos autónomos como los electorales y de derechos humanos, o la percibida respecto de instituciones sociales como las instituciones religiosas. Estos “Sub-índices” permiten identificar los ámbitos específicos de intervención prioritaria y proporcionan una ruta, basada en evidencia, sobre cuáles son los tramos institucionales en los que se debe actuar con mayor urgencia.
    1. Es un Índice que proporciona información que permite dimensionar las brechas que existen entre entidades, e identificar, por lo tanto, no sólo los ámbitos prioritarios de intervención, sino también los espacios territoriales con mayores problemáticas.
    1. Dada la metodología y técnicas utilizadas para la elaboración de este instrumento, permite tener una aproximación empírica a la determinación de probables nexos de causalidad e interacción entre las distintas formas y dimensiones identificadas a partir de la información disponible en las encuestas del INEGI. En ese sentido, el Índice no sólo es un instrumento de utilidad para el mejoramiento de las políticas públicas en la materia, sino que aporta elementos metodológicos y de análisis que pueden ser de utilidad para quienes investigan en esta materia.

     

    DESARROLLO

    Metodología y técnicas aplicadas

        I. Análisis descriptivo y exploratorio

    La percepción de la corrupción es generalizada. Sin embargo, ésta se comporta de manera diferenciada, dependiendo del ámbito de que se trate. Por ejemplo, de acuerdo con la ENVIPE, las instituciones percibidas como más corruptas son las policías municipales y estatales; hay además cuatro grupos de instituciones que son percibidos con altos niveles de corrupción por la ciudadanía, ubicándose en porcentajes que se ubican entre el 80 y el 90%; éstas son: a) partidos políticos; b) diputados y senadores; c) Gobierno Federal, y; d) Gobiernos Estatales.

    Gráfico1Porcentaje promedio nacional en percepción de corrupción por ámbitos seleccionados, 2011-2017corrupcion ambitos seleccionados 2011 2017

    El hecho de que los espacios de representación y gobierno, así como las instancias responsables de la seguridad pública de primer contacto sean consideradas como las más corruptas, permite sostener al menos tres hipótesis:

    1) En México la corrupción es una práctica generalizada, que ha puesto en tensión al Estado de derecho.

    2) La corrupción constituye un freno al desarrollo, pues además de generar severos costos institucionales, provoca también altos costos a la población, lo cual, en un contexto de pobreza y desigualdad también generalizadas, lastima a la democracia e impide la transformación institucional del país.

    3) Esa condición obliga a fortalecer los instrumentos y mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas de prevención y combate a la corrupción.

    Adicionalmente, destaca que en México se cumple también la tesis de Naciones Unidas, respecto de que la corrupción afecta la calidad de los servicios públicos. En ese sentido, es importante subrayar la calificación que obtienen los servicios públicos municipales, estatales y federales entre la ciudadanía, lo cual ha sido captado a través de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG). Los promedios obtenidos en los últimos cuatro años no dejan duda al respecto:

    Gráfico 2Promedio nacional de evaluación de servicios públicos (Escala de 1 a 10)Promedio nacional escala1 10

    De igual manera, debe hacerse notar el impacto económico que la corrupción y la mala calidad del gobierno está generando de manera directa a las personas, pero también a los cientos de miles de unidades económicas que hay en el país. Un indicador que permite dimensionar esta problemática es el costo por delito que han tenido que enfrentar los hogares y los miles de unidades económicas que hay en el país.

    El indicador es pertinente, porque los niveles de criminalidad que existen en México no podrían explicarse sin la existencia de una corrupción generalizada, que se traduce en impunidad y permisividad ante la delincuencia. Así, en el siguiente gráfico se muestran los costos acumulados en promedio por hogar, como efecto de la delincuencia entre los años 2014 y 2017, así como los costos por unidad económica que hay en el país, para el año 2016.

    Gráfico3. Promedio nacional de costos por delito, por ámbitos de análisisPromedio por ambito de analisis

    A fin de determinar si las hipótesis y supuestos planteados conceptualmente se verifican en México, se seleccionaron 40 variables contenidas en las encuestas arriba mencionadas como fuentes de información, bajo dos consideraciones esenciales:

    1) Si bien es cierto que la corrupción es un fenómeno generalizado en el país, también lo es el hecho de que los niveles y profundidad que tiene es distinto dependiendo del ámbito de que se trate. Así, por ejemplo, es muy distinta la corrupción percibida por la ciudadanía respecto de las policías o los partidos políticos, que frente al Ejército y la Marina; lo mismo puede sostenerse respecto de espacios que se asumen ciudadanos, como los institutos electorales estatales, respecto de los cuales se percibe una mucho mayor corrupción que frente a las instituciones religiosas.

    2) En el mismo sentido, si bien la corrupción tiene presencia nacional, su comportamiento y nivel de presencia es distinta dependiendo de la entidad federativa de que se trate.

    Con base en ello, se llevó a cabo de forma exploratoria un análisis de correlaciones múltiples, a fin de determinar cuáles son las variables que mayor correlación estadística tienen entre sí, a fin de corroborar los supuestos asumidos[6].

    Los resultados muestran que efectivamente hay una alta correlación entre las variables que se toman para llevar a cabo este análisis, y pueden agruparse en los siguientes estratos:

    1) Hay 25 pares de variables en los cuales el coeficiente de correlación oscila entre .800 y .920[7]. Entre estos pares, hay algunas correlaciones que podrían considerarse por algunos expertos como “espurias”; sin embargo, en la mayoría se repite el patrón de estar vinculados los niveles de corrupción percibidos respecto de ámbitos de gobierno con los de representación proporcional, así como con la prestación de servicios y la calidad de los mismo. Este apunte aplica para los otros dos estratos de “parejas de variables”.

    Tabla1. Correlación entre variables (coeficiente entre .800 y .920Variable 1 2 R 

    2) Hay 48 pares de variables que presentan coeficientes de correlación con valores que van de .701 a.799, y son los siguientes:

    Tabla2. Correlación entre variables (coeficiente entre .701 y .799)Variable 1 2 R2

    3) Hay 57 pares de variables cuyos valores de correlación oscilan de .600 a .698.

    Tabla3. Correlación entre variables (coeficiente entre .600 y .698)Variable 1 2 R3

    II.Análisis explicativo

    A fin de determinar cómo es que interactúan entre sí las variables consideradas, se aplicó la técnica de Análisis Factorial Exploratorio; a través de ellas se encontró que los datos utilizados se agrupan en 5 grupos factoriales a partir de los cuales se explica el 72% de la varianza, un indicador alto y que se puede asumir como muy bueno en términos estadísticos. La matriz obtenida es la siguiente:

    Tabla4. Varianza total explicadaVarianza total explicada

    A fin de confirmar lo anterior se procedió a desarrollar un segundo nivel de estudio de los datos, a través del Análisis Factorial Confirmatorio; del resultado obtenido pueden extraerse cinco “dimensiones o agrupamientos”:

    1. Factor 1. Corrupción institucional. El comportamiento de las variables confirma que la corrupción es generalizada en el entramado institucional del Estado y el gobierno, así como en las instituciones de integración ciudadana mayoritaria como los Institutos electorales, o de defensa de la población, como son las comisiones estatales de derechos humanos.
    2. Factor 2. Corrupción en los entornos de proximidad. En esta dimensión se agrupan las variables relativas a la presencia percibida de corrupción, pero en los entornos que podrían considerarse de mayor proximidad, o bien de ámbitos de protección y socialización como son los espacios educativos.
    3. Factor 3. Impacto en la calidad de los servicios públicos. En esta tercera dimensión, se agrupan las variables relativas a la calificación que se da a los servicios públicos, y respecto de la cual puede asumirse que, a mayor corrupción percibida, hay una menor evaluación de los mismos.
    4. Factor 4. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social. Es interesante observar que en este cuarto grupo de variables se encuentran las relativas a las principales instituciones de salud y seguridad social del Estado mexicano; pero comparten “comportamiento estadístico” con las relativas a la corrupción y confianza que la población declara tener respecto de la Marina y del Ejército Mexicano.
    5. Factor 5. Costo social del delito: En esta última dimensión se agrupan las variables relativas al costo que la población declara que ha tenido que pagar como consecuencia de haber sido víctima de la delincuencia. Es interesante observar que a estas variables se asocia la relativa a la calificación que se da al transporte público, la cual tiene un vínculo estrecho con las condiciones de inseguridad que lo caracterizan en todo el país.

    En la siguiente se resumen las variables en cada Factor y sus cargas factoriales:

    Tabla5. Resumen de las variables en cada Factor y sus cargas factorialesFactores y cragas factorialesFuente: elaboración propia.

    El desarrollo del análisis factorial confirmatorio abre también la posibilidad de avanzar hacia la construcción de un modelo de ecuaciones simultaneas (SEM, por sus siglas en inglés[8]), el cual puede sintetizarse en un gráfico “de senderos” en el cual pueden establecerse con claridad cuáles son las interacciones y mutuas determinaciones que tienen las diferentes dimensiones o factores en análisis. En este caso, el modelo arroja la siguiente gráfica:

    Gráfico4. Interacciones y mutuas determinaciones de las dimensiones o factores de análisisModelo

    Fuente: elaboración propia

    Como se observa, el constructo denominado como “Corrupción institucional”, (marcado en círculo azul), interactúa y se determina mutuamente con todas las otras dimensiones, sin tener ninguna mediación; es decir, el modelo permite sostener con alto grado de certeza, que la corrupción en las instituciones públicas de gobierno, representación popular, impartición y procuración de justicia, determina el comportamiento de todo el resto del paisaje institucional del país.

    A su vez, la corrupción en entornos o ámbitos de proximidad de las personas tiene una mutua determinación con la corrupción institucional, sin mediación, y al mismo tiempo tiene una carga importante en la determinación de la evaluación que se tiene de los servicios públicos, así como en el costo del delito, tanto para personas como para empresas.

    Es interesante observar que no hay una línea de determinación directa de las dimensiones en las que se encuentran las variables relacionadas con la percepción en distintos espacios, con la dimensión relativa a la percepción de corrupción de la Marina y el Ejército, y la evaluación de las instituciones de seguridad social; es decir, a pesar de que son espacios en los que la corrupción es percibida como presente, su nivel “rompe” con la tendencia y niveles observados en el resto de las instituciones.

    Lo anterior puede explicar también por qué no hay una relación detectada por el modelo, de mutua determinación, entre las dimensiones relativas a la corrupción y la evaluación de las instituciones de seguridad nacional (Ejército y Marina), y las de seguridad social (IMSS, ISSSTE y Seguro Popular), con la dimensión relativa al costo que tienen los fenómenos delictivos para las personas y los negocios en el país; de alguna manera, pesto podría interpretarse que en el marco del aparato institucional, las instancias que en menor medida influyen para que la corrupción y la delincuencia le generen costos directos a la ciudadanía en general, son las instancias identificadas en la dimensión señalada.

    Índice Mexicano de Corrupción y Calidad Gubernamental

    Se dijo en líneas arriba que la corrupción no sólo tiene un comportamiento diferenciado en cada uno de los ámbitos institucionales en que se presenta, sino que también tiene impactos diferenciados en la calidad de los servicios públicos y en el impacto directo a la economía de las familias y los negocios. En el mismo sentido, se afirma que la corrupción tiene una presencia percibida y declarada diferenciada, dependiendo del espacio territorial en que viven las personas.

    La propuesta que se hace aquí es, una vez identificadas las variables que tienen un comportamiento estadístico que permite agruparlas en dimensiones específicas, es posible generar un ordenamiento de las entidades, de acuerdo con la magnitud que tienen los valores de las variables en cada una de ellas.

    Es decir, se trata de una ordenación que permite establecer cuáles dimensiones tienen una mayor magnitud en qué entidad, lo que desde una perspectiva de política pública permite identificar cuáles son los ámbitos de intervención prioritaria.

    En esa lógica, el procedimiento para calcular esta ordenación estatal es la siguiente:

    Técnica de estandarización:

    Dado que las variables consideradas en esta investigación tienen magnitudes diferentes, lo primero que se llevó a cabo fue un proceso de estandarización de fácil lectura e interpretación, transformando sus valores en una escala del 1 al 10, que permitiera al mismo tiempo garantizar la comparabilidad entre las entidades de la República.

    La fórmula aplicada resta al valor que adquiere cada una de las variables los valores máximos entre las 32 entidades, y lo toma como cociente para ser dividido entre la resta del rango de valores de las variables (es decir, al valor máximo se le resta el valor mínimo).

    Se prefirió este procedimiento de estandarización sobre otros, porque permite al menos dos cosas:

    A)Tener una medida que puede ser comparable en el tiempo.

    B)Tener una medida relativa al comportamiento real de las variables, respecto de sí mismas, y no frente a estándares.

    La fórmula entonces es la siguiente:

    Fórmula

    Donde:

    Pv: es el peor valor registrado en la variable “x”, entre las 32 entidades federativas. Por ejemplo, si en una entidad el 96% de la población considera que la corrupción en la policía es frecuente o muy frecuente, y es el valor máximo entre las 32 entidades, ese valor es el que es tomado como Pv.

    Vr: es el valor que adopta cada caso

    Vm: es el menor valor registrado entre las 32 entidades respecto de la variable “x”; en el mismo ejemplo que el de Pv, si en una entidad el 75% de la población cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en la policía, entonces ese valor es el que se adopta como Vm

    Al aplicar esta fórmula a cada variable, se obtiene un valor que oscila entre 0 y 1, el cual es multiplicado por un factor común de valor 10, a fin de transformarlo a la mencionada escala de 0 a 10 mencionada en las primeras páginas del texto, y la cual tiene un sentido de interpretación ascendente; es decir, 0 es el peor valor posible y 10 el máximo valor posible.

    Debe comprenderse que, en esta técnica de estandarización, el 0 no es un valor absoluto; es decir, no implica la presencia absoluta de una problemática; por ejemplo, si de acuerdo con el INEGI, en la ciudad de México se tiene el peor valor entre las 32 entidades federativas respecto de la presencia de corrupción, eso no significa que el 100% de la población así lo crea. De esta forma, que en ese indicador la Ciudad de México tenga el valor de 0., significa que en ese ámbito territorial se tiene el peor indicador de los 32 estados registrados, y permite dimensionar rápidamente el nivel de desigualdad o brechas que hay respecto de las otras entidades.

    En el sentido opuesto, que una entidad obtenga un valor estandarizado de 10, no significa que el problema se encuentra resuelto, sino que obtiene el mejor valor entre las entidades federativas.

    Desde esta óptica es preciso decir entonces que la lectura de los valores de este Índice debe llevarse a cabo siempre asumiendo que, dada la evidencia disponible, puede sostenerse que la corrupción es generalizada en nuestro país. En ese sentido, tener “el mejor valor” en cualquiera de las dimensiones evaluadas, no significa que esa entidad tiene un “buen desempeño”, sino que es en donde la problemática, en medio de una fractura general de la ética pública, se presenta con menor intensidad, pero es una problemática seria.

    Índices Parciales

    Dado que el análisis factorial agrupó en cinco dimensiones a las variables estudiadas, se procedió a llevar a cabo un análisis de los valores que tienen para cada una de las entidades federativas.

    Es importante destacar en este punto, que los valores analizados son promedios de los periodos para los cuales se tiene información en las fuentes utilizadas para este trabajo. Por ejemplo, en el caso de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), hay variables para las cuales hay valores para la serie de 211 al 2017; en otros casos (por ejemplo, las comisiones de derechos humanos), sólo existen datos para los años 2015 y 2017). La decisión de tomar promedios de una serie de tiempo se sustenta en el hecho de que, al tratarse de “percepciones” respecto de la corrupción, éstas pueden estar (o no) influenciadas por eventos específicos en alguna entidad; por ejemplo, los escándalos de corrupción en Quintana Roo, Veracruz, Sonora, la propia Ciudad de México o Chihuahua, pueden influenciar la percepción medida en una fecha determinada, y pasado el escándalo, modificarse de manera sustantiva en el tiempo.

    Así, para el cálculo de los “resultados parciales”, se asume que cada una de las dimensiones identificadas por el análisis factorial pueden conceptualizarse como “constructos”, cuya denominación se encuentra en las páginas 12 y 13 de este trabajo. De esta forma, cada “Dimensión” puede ser asumida también como un “índice parcial”.

    Para calcular el valor de cada uno de los índices parciales, se lleva a cabo una operación aritmética de promedio simple, de los valores de cada una de las variables que lo integran.

    Debe señalarse además que, al haber asumido que la corrupción se comporta de manera diferenciada según el ámbito institucional de que se trate (por ejemplo, las policías frente a la Marina), el promedio que se obtendría al sólo considerar las variables de forma individual, sesga el resultado y no corresponde necesariamente a la percepción de la corrupción en general que hay en la entidad. Por esta razón, lo que se llevó a cabo fue un ejercicio de ponderación respecto de tal percepción general, de tal forma que los valores obtenidos se calibran de acuerdo con el nivel general percibido de la corrupción. Dicho de forma sencilla, aquellas entidades en donde, independientemente de los valores de cada uno de los ámbitos analizados, hay una percepción de mayor corrupción en general, reciben una “sanción” a fin de evitar distorsiones que hagan incompatibles los resultados aquí obtenidos respecto de los correspondientes a las percepciones generales captadas por el INEGI.

     I. Índice parcial de corrupción institucional

    Este índice parcial está construido con base en los valores de 15 variables relativas a la corrupción percibida en distintos ámbitos institucionales. En esta dimensión, las entidades con peor nivel de logro son Oaxaca, la Ciudad de México y Morelos; en contraste, las entidades que tienen los mejores valores fueron Yucatán, Querétaro y Tamaulipas.

    Gráfico5. Índice parcial de corrupción institucionalIndice parcial e corrupcion institucionalFuente: elaboración propia.

    II.  Índice parcial de corrupción en entornos de proximidad

    En este segundo Índice parcial lo que se encuentra es que las entidades que registran los mejores valores son las mismas del primer índice, relativo a la corrupción institucional: Yucatán, Querétaro, Tamaulipas y Coahuila. Entre las entidades con más bajos valores, se encuentra Oaxaca, que también es de las peores evaluadas en el índice previo, y la acompañan Puebla, tabasco y Michoacán.

    Gráfico6. Índice parcial de corrupción entornos de proximidadIndice corrupción entornos de proximidadFuente: elaboración propia.

    III. Índice parcial de impacto en la calidad en los servicios públicos.

    En esta dimensión las entidades con mejores valores son Yucatán y Querétaro nuevamente, acompañadas de Aguascalientes, Colima e Hidalgo. En el extremo opuesto se encuentran Tabasco, Guerrero, la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México.

    Destaca la congruencia que existe entre los datos reportados en materia de presencia de corrupción, y los del impacto en la calidad de los servicios públicos, sobre todo en las entidades en las cuales se percibe menor corrupción, pues es en esas mismas en las que la ciudadanía evalúa con mayores calificaciones el acceso y la calidad de los servicios en los tres órdenes de gobierno.

    Gráfico7. Índice parcial de impacto de la corrupción en la calidad de los servicios públicosIndice servicios publicosFuente: elaboración propia.

    IV. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad social.

    En este índice parcial, las entidades con mayor nivel de logro son Yucatán, Querétaro, Colima, Durango y Baja California Sur. En el extremo opuesto se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco.

    Gráfico8. Índice parcial de corrupción en instituciones de seguridad nacional y seguridad socialIndice corrupcion seguridad socialFuente: elaboración propia.

    V. Índice parcial Costo Social del Delito

    En esta dimensión, los estados de Yucatán, Hidalgo, Tlaxcala, Durango y Querétaro resultan como los mejor evaluados; en el otro extremo se encuentran la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla y Jalisco. Como se observa en la gráfica, es la dimensión en la que existe una mayor diferencia entre la entidad con mejores valores respecto de la entidad peor evaluada.

    Gráfico9. Dimensión costo social del delitoDimension costo toal del delitoFuente: elaboración propia.

    VI. Índice de corrupción y calidad gubernamental

    A fin de construir el Índice de corrupción se promedió el valor de cada uno de los índices parciales, y el valor obtenido se ponderó nuevamente respecto del valor en cada entidad, respecto de la corrupción percibida en general en la entidad. Los resultados se encuentran en la siguiente gráfico. De acuerdo con estos resultados, las entidades con menor corrupción, y menor impacto de ésta en la calidad de los servicios públicos e indirectamente, en los costos que genera el delito a personas y negocios, son:  Yucatán, Querétaro, Hidalgo, Colima y Durango. Las entidades con peores valores son Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Estado de México.

    Gráfico10. Índice mexicano de corrupción y calidad gubernamental, 2018Corrupcion y calidad gubernamentalFuente: elaboración propia.

    CONCLUSIONES

    Este índice ofrece una medida de la corrupción y su impacto en los servicios públicos, comparable entre entidades federativas, y presenta como ventaja adicional que está “a salvo” de la crítica relativa a la confiabilidad de las fuentes originales, al estar construida con base en las encuestas que levanta el INEGI y en las cuales incorpora preguntas relativas a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la presencia de actos de corrupción en distintos ámbitos institucionales.

    Se trata de un ejercicio inédito, que está planteado como un instrumento de política pública a fin de atender la necesidad que se tiene en el sistema nacional anticorrupción de contar con un instrumento que permita medir en el tiempo el efecto de las medidas implementadas para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción en el país.

     

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    [1] https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/

    [2] Existe versión electrónica del documento íntegro de la Convención en el siguiente enlace: https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

    [3] Traducción libre de la definición dada por este organismo en su sitio electrónico: www.transparency.org

    [4] Phil Nichols, “Corrupción, conceptos básicos”, Presentación académica durante el curso titulado, como “Corrupción”, en el año 2017, impartido de forma presencial y a distancia por la Universidad de Wharton.

    [5] En efecto, el INEGI recupera tres definiciones sobre lo que es la corrupción, destacando que se trata de un fenómeno tanto público como privado, que genera perniciosas consecuencias sociales. Estas son las definiciones: Desde el punto de vista académico, Leff (1964, pág. 8) considera la corrupción como un conjunto de normas y prácticas extralegales que son usadas por individuos y grupos para ganar influencia en las acciones de la burocracia, es decir, como influencias extralegales en la formulación o implementación de políticas. Svensson (2005, pág. 20) simplemente define corrupción como el mal uso del cargo público con el fin de obtener ganancias privadas. De manera similar, Rose-Ackerman (2010, pág. 2019) entiende corrupción como la incapacidad de usar los recursos materiales y humanos de manera efectiva. Sin embargo, hablar de corrupción de manera general puede enmascarar otras dinámicas más específicas.

    Así, Castillo (2003, pág. 15) distingue cuatro tipos de corrupción: la política, entre quienes realizan las normas y las políticas públicas; la burocrática, entre quienes aplican las normas y políticas públicas; la funcional, que ayuda a las estructuras a “moverse”, y la disfuncional, que obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos públicos. Cabe destacar que estas definiciones únicamente muestran la corrupción desde la perspectiva del sector público. Por ello, diversos autores se han encargado de vincular la corrupción con otros sectores. Por ejemplo, Rose-Ackerman (1999, págs. 9-10) señala explícitamente la relación entre el Estado y el sector privado. De acuerdo con esta autora, en todo acto corrupto siempre hay dos partes involucradas. Por un lado, el Estado controla la distribución de beneficios y costos mediante servidores públicos que cuentan con poder discrecional. Por otro lado, los actores privados buscan un tratamiento favorable y están dispuestos a pagar por él. Así, la corrupción ocurre cuando los pagos realizados contravienen las leyes con el objetivo de obtener un beneficio o evitar un costo. El regateo entre ambos determina el impacto de la corrupción en la sociedad, así como la distribución de ganancias entre los sobornadores y sobornados.

    [6] Se asume que las correlaciones no implican una relación causal.

    [7] Debe recordarse que el coeficiente de correlación de Pearson registra valores entre 0 y 1. Dependiendo del área del saber, se asume que valores por arriba de .400 y hasta .499 es una correlación moderada; de .500 a .600 una correlación de moderada media; de .601 a .800 es una correlación alta; y de .800 a 1 una correlación muy alta. Véase: Ferrys, Rintchie, Estadística para las ciencias sociales, McGrawhill editores, México, 2008.

    [8] Los Modelos de “structural equation” son constructos que se basan en el desarrollo de ecuaciones múltiples, en las que se estiman los errores asociados a cada uno de los constructos analizados (dimensiones), en función de su covariancia e invarianza respecto de las otras dimensiones, lo cual depende a su vez de los errores asociados a cada una de las variables observables.

  • Informalidad, otro desafío para la “4T”

    De acuerdo con el INEGI, en México hay 54 millones de personas ocupadas; de éstas, el 27.4% laboran en el Sector Informal, es decir, 14.8 millones. Las entidades con peores datos en este indicador son Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Tabasco; sin duda, es uno de los problemas heredados desde la década de los 80, y es uno de los mayores retos para el gobierno del Presidente López Obrador


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    Una de las más nefastas consecuencias del crecimiento mediocre de nuestra economía en los últimos 30 años es la incapacidad estructural de generar empleos formales y de calidad para toda la población; es decir, condiciones de pleno empleo con acceso a salarios dignos y con prestaciones económicas y sociales, tal como lo establece la Ley.

    En efecto, de acuerdo con el Inegi, al cierre de noviembre, únicamente 43% de la población ocupada lo está en el sector formal de la economía, mientras que el restante 57% lo está en la informalidad: de esta cifra, 26.9% se encuentra laborando en el sector informal, mientras que el restante 30% trabaja en otras modalidades o condiciones de informalidad.

    GRANDES MAGNITUDES

    De acuerdo con los datos del Inegi, en nuestro país hay una Población Económicamente Activa (PEA) de 55.96 millones de personas mayores de 15 años; de ellas, al cierre del tercer trimestre de este año, 54 millones se encontraban ocupadas, y 1.93 millones se encontraba en condiciones de desocupación.

    Por grupos de edad, el más numeroso es el segmento que va de los 25 a los 34 años, con 13.4 millones de personas que forman parte de la PEA, y de las cuales 564 mil se encontraban, en el periodo señalado, en condiciones de desocupación.

    En segundo lugar está el grupo de 35 a 44 años, en el cual hay 12.84 millones de personas que forman parte de la PEA, y de las cuales 337 mil se encontraban en condiciones de desocupación. Por su parte, el tercer bloque más numeroso es el de 45 a 54 años, en el cual se tiene a 10.96 millones de personas en la PEA, de las cuales poco más de 204 mil se encontraban desocupadas, al cierre de septiembre de este año.

    Por su parte, el segmento más joven, que va de los 15 a los 24 años, agrupa a 9.66 millones, de los cuales 703 mil se encuentran en condiciones de desocupación; mientras que en el grupo de las personas adultas y adultas mayores, considerando al segmento de 55 a 64 años, suma un total de seis millones de personas, de las cuale, 98 mil 291 se consideran en condiciones de desocupación.

    DIFERENCIAS ABISMALES 

    Según el Inegi, entre las entidades federativas hay enormes diferencias en lo que respecta a los indicadores laborales. Así, en el indicador relativo a la tasa de desocupación, hay 15 entidades que se ubican por arriba de la media nacional, que es de 3.46%, siendo Tabasco el que registró el peor indicador al cierre de septiembre, con una tasa de 7.12% de la PEA en condiciones de desocupación; le siguen, con los mayores indicadores, Durango, con 4.95%; Coahuila, con 4.8%; Nayarit, con 4.66%; Ciudad de México, con 4.58%; Querétaro con 4.25%; Sonora, con 4.2%, y Baja California Sur, con 4.1 por ciento.

    empleo desocupacion tercer.trimestre 2018

    Por su parte, en lo que respecta a la tasa de ocupación en el sector informal, hay 12 entidades que se ubican con datos superiores al promedio nacional, que fue para el tercer trimestre de este año, de 27.4%: Tlaxcala, con 41.14%; Oaxaca, con 37.1%; Hidalgo, con 36.9%; Estado de México, con 35.3%; Tabasco, con 33.67%; Puebla, con 33.37%; Guerrero, con 32.3%; Morelos y Yucatán, con 32.1%; Michoacán, con 30.54%; Veracruz, con 29.13%, y Ciudad de México con 28.67 por ciento.

    Realidad informal empleo

    Otro indicador de suma relevancia en este tema es el relativo a la tasa de condiciones críticas de ocupación, lo cual implica, entre otras cosas, jornadas por arriba de las 48 horas semanales y salarios bajos; en este dato hay 13 entidades que superan al promedio nacional, el cual se ubica en 15.5% de la población ocupada; las entidades con peor desempeño en este rubro son Chiapas, con 37%; Tlaxcala, con 24%; Veracruz, con 23.1%; Campeche, con 22.7%; Oaxaca, con 21.8%; Tabasco, con 20.56%; Guerrero, con 19.9%; Yucatán, con 18.3%; Estado de México, con 17.8%; Durango, con 17.7%, y Guanajuato, con 17.6 por ciento.

    ocupacion laboral trimestres 2018

    LOS PEORES Y LOS "MENOS PEORES"

    El Inegi cuenta con un índice que permite medir el desempeño de cada una de las entidades en lo que respecta a las condiciones de ocupación. En este índice se promedian los valores obtenidos en cada una de las tasas relativas a las principales problemáticas de ocupación (tasa de informalidad, tasa de condiciones críticas, tasa de desocupación, tasa de subocupación, etc.).

    poblacion-ocupada-nivel-salarial-2018.png

    porcentaje poblacion nivel de ingresos trimestre 2018

    En estos índices, las entidades que salen mejor libradas son NL, Puebla, la CDMX e Hidalgo; sin que esto quiera decir que tienen condiciones laborales idóneas para sus trabajadores, sino que es en donde se registran los indicadores de menor gravedad en el país, en el contexto de las 32 entidades federativas.

    Por el contrario, las entidades con peores desempeños son: Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Guerrero, Veracruz, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Sonora, Jalisco y el Estado de México.

    Desprotegidos empleo desempleo

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 18-diciembre-2018, p14.

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    De acuerdo con las encuestas de salida presentadas a las 8 de la noche del día de ayer, Andrés Manuel López Obrador será el próximo Presidente de la República. Según el Instituto Nacional Electoral se instalaron 156 mil casillas y la participación electoral fue sumamente elevada, lo cual debe destacarse, pues la institucionalidad de nuestro país permitió, nuevamente, un relevo de los poderes públicos de forma ordenada

  • Pobreza: bajo crecimiento y bajos salarios / Mario Luis Fuentes / Saúl Arellano

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    Los filósofos Mardones y Ursua escribieron hace ya algunos años un texto que lleva por título Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. En ese libro, explican que hay distintas perspectivas teórico-metodológicas o tipos de ciencias; a una de esas perspectivas le denominaron postura dialéctica o sistemática de la acción

  • Servicios urbanos: una agenda marginal / Saúl Arellano

    México transitó aceleradamente de lo rural a lo urbano a partir de la década de los 70 en el siglo pasado. En este lapso se consolidó la transición territorial del país, y hoy, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor del 80 por ciento de la población nacional habita en localidades predominantemente urbanas

  • Sistemas educativos en el mundo: el caso de Suiza

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    El inicio de un gobierno marca sin duda el rumbo que habrán de tomar las acciones a lo largo del periodo para el que fue elegido. Quienes han tenido alguna responsabilidad pública saben lo rápido que pasa el tiempo, y en ese sentido, conocen los costos de las oportunidades perdidas

  • Venezuela, ¿el primer gran error o acierto internacional de AMLO? / Saúl Arellano

    La situación política de Venezuela ha llegado a niveles críticos. El rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, anunciado por Nicolás Maduro, provoca una situación inédita frente a la cual será imposible que el Gobierno de la República mantenga la tibia posición que ha sostenido hasta ahora, argumentando que los principios constitucionales establecen la no intervención y la libre determinación de los pueblos

  • Zapata / Mario Luis Fuentes

    El próximo 10 de abril se conmemora el centenario del artero asesinato de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur. Se trata de unos de los símbolos más relevantes de la Revolución Mexicana pues, a pesar de no haber formado parte del grupo triunfante de nuestra Revolución, ha sido considerado siempre uno de los referentes éticos más importantes del movimiento armado que derrocó a Victoriano Huerta, El Chacal