• Austeridad y cambio institucional / Mario Luis Fuentes

    Terminar con la ostentación y el gasto faraónico del gobierno es de suma relevancia para recuperar la necesaria austeridad republicana. Llevar a la práctica esta idea le permitirá a la nueva administración tener algunos márgenes de maniobra y ciertas disponibilidades presupuestales para poner en marcha algunos de los programas que ha anunciado el virtual presidente electo

  • Discriminación: una agenda inaplazable

    La discriminación en México es uno de los peores atavismos culturales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación, presentada esta semana por el INEGI, el CONAPRED, la UNAM y el CONACYT, el 20% de la población ha enfrentado en el último año, algún acto de discriminación. Esta práctica es una de las múltiples formas de violencia social, y sus consecuencias pueden llegar a ser mortales


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    Discriminar implica dar un trato diferenciado, generalmente negativo, contra una persona o grupo de población, cuyo efecto es la negación, limitación o incumplimiento parcial de alguno o varios derechos. Ese trato diferenciado puede tener efectos de extrema gravedad, que pueden llevar incluso a la muerte de las personas, cuando lo que se niega es, por ejemplo, el acceso a la salud en razón del género, la pertenencia étnica, la edad, etcétera.

    La agenda es de tal relevancia, que atinadamente en México se logró la reforma al artículo 1º constitucional (en mucho gracias al trabajo liderado por Gilberto Rincón Gallardo y por otras personalidades y organizaciones de la sociedad civil), en el cual está expresamente prohibida la discriminación en nuestro país.

    Aun con ello, el mandato constitucional sigue pendiente de cumplirse. Por ejemplo, las personas indígenas y afrodescendientes siguen siendo las más pobres del país, y en buena medida se debe a la discriminación racial. En circunstancia similar se encuentran las niñas, niños y adolescentes, quienes son, analizado por grupos de edad, los más pobres de México.

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    En ese sentido, destaca la publicación hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con la UNAM y con el Conacyt, de los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis, 2018), de la cual se presentan a continuación los principales resultados.

     

    Gran magnitud

    De acuerdo con los resultados de la Enadis, una de cada cinco personas mayores de 18 años en el país declara haber sido discriminada en los últimos 12 meses, debido a su color de piel, apariencia, peso, estatura, forma de vestir, de hablar, por sus creencias religiosas, por su sexo o por su orientación sexual.

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    Destaca en ese sentido que prácticamente 50% de la población percibe que los derechos de su grupo de población, por sexo, son respetados poco o nada. Es interesante observar al respecto que 48.1% de las mujeres manifiesta esa percepción, mientras que entre los hombres el porcentaje es de 50.1%.

    El olvido de los pueblos indígenas

    De acuerdo con el Coneval, en el año 2016 más de 70% de las personas hablantes de lenguas indígenas, o que forman parte de algún pueblo indígena, se encontraban en condición de pobreza; mientras que prácticamente sólo cinco de cada 100 se encontraban en condiciones “adecuadas de bienestar”, es decir, eran consideradas como no pobres y no vulnerables.

    Ahora, de acuerdo con la Enadis, lo que se revela son las principales problemáticas identificadas por los pueblos indígenas: 20.9% considera que su principal problema es la falta de empleo, 16.1% afirma que es la falta de recursos económicos; 15.8% identifica la falta de apoyos del gobierno a través de programas sociales; 14.6% afirma abiertamente que su mayor problema es la discriminación por su apariencia o lengua; mientras que 13.1% manifiesta que su mayor problemática es la falta de atención médica.

    Lo anterior se ve reforzado por la percepción registrada entre el 75% de las personas de 12 años y más que forman parte de los pueblos indígenas, quienes manifestaron estar de acuerdo con la idea relativa a que las personas indígenas son poco valoradas por el resto de la población. En el mismo sentido, 43.7% de este grupo de población afirma que las personas no indígenas las consideran poco trabajadoras.

    En términos de lo que podría denominarse como “discriminación efectiva”, 15% de quienes forman parte de los pueblos indígenas sostiene que le han negado servicios médicos debido a su condición étnica; el 8.7% afirma que le han negado servicios en oficinas de gobierno; 11.1% afirma que le fueron negadas becas del programa Prospera u otros programas sociales; mientras que 5% sostiene que le han sido negados créditos. de vivienda o de algún tipo de tarjeta.

    Personas con alguna discapacidad

    Entre este grupo de población, el 48.1% percibe que sus derechos le son respetados poco o nada. El 31.1% declara que su principal problema son calles, instalaciones y transporte inadecuado a sus condiciones; el 30% afirma que enfrentan falta de oportunidades para encontrar empleo; 21.5% considera que su principal problemática es la falta de cuidados, terapias y tratamientos; mientras que el 11.1% ha enfrentado discriminación por su apariencia.

    Al 13.7% de quienes tienen 18 años y más y viven con alguna discapacidad, les ha sido negada la atención de la salud; al 8.3% se les negó la atención en alguna oficina de gobierno; al 15.1% le fueron negadas becas u otros programas sociales del gobierno; al 6.5% le fue negada la oportunidad de seguir estudiado, y al 7.1% la posibilidad de trabajar o de obtener un ascenso.

    Asimismo, a un 7% le han rechazado o excluido de actividades sociales; prácticamente al 20% le ha sucedido que le miren de forma incómoda o le hagan sentir incómodos; 18.3% ha sufrido burlas o les han dicho cosas que les molestan; 9.6% de las personas con discapacidad han sido amenazadas, empujadas o jaloneadas; mientras que 2% ha sido obligado a salir de su comunidad.

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 07-agosto-2018, p.16.

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  • Enfoque de derechos, elemento clave en el combate a la pobreza de la niñez mexicana

    Los datos sobre pobreza proporcionados por Coneval dan cuenta de la dramática realidad en que viven millones de niñas, niños y adolescentes en México (Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018)

  • Gran frente de valores ético-sociales / Leonardo Boff

    Estamos viviendo tiempos política y socialmente dramáticos. En nuestra historia nunca se había visto un odio y una rabia tan difundidos, principalmente a través de los medios sociales. Ha sido elegido para presidente una figura aterradora que encarna la dimensión de sombra y de lo reprimido de nuestra historia

  • La amenaza de la convivencia en los días actuales / Leonardo Boff

    La ola de odio que crece en el mundo, y claramente en Brasil, las discriminaciones contra afro-descendientes, nordestinos, indígenas, mujeres, LGBT y miembros del PT, sin hablar de los refugiados e inmigrantes rechazados en Europa ni de las medidas autoritarias del presidente Donald Trump contra inmigrantes musulmanes, están destrozando el tejido social de la convivencia humana a nivel nacional e internacional

  • Legitimación de la cultura de la violencia / Leronardo Boff

    La campaña electoral de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República se caracterizó por la predicación de mucho odio y la exaltación de la violencia, hasta el punto de tener como héroe a uno de los más perversos torturadores, Brilhante Ustra, y de admirar la figura de Hitler.

  • Miss Universo es por primera vez un asunto serio / Saúl Arellano

    Los concursos de “belleza” son en sí mismos una fechoría: parten de una preconcepción en torno a lo que debe ser considerado como “modelo o estándar de belleza”, que se apega mayoritariamente a prejuicios y estereotipos

  • Un problema nunca resuelto: el sufrimiento de los inocentes / Leonardo Boff

    Siguiendo de cerca la creciente violencia en Brasil y las verdaderas masacres de indígenas y de pobres en las periferias, y más aún, viajando recientemente por América Central, quedé impresionado en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y otros países de la región por los relatos de masacres ocurridas en el tiempo de las dictaduras militares, masacres de pueblos enteros, de catequistas o de campesinos que tenían la Biblia en casa. Lo que hubo entre nosotros, en Argentina y en Chile durante el tiempo asesino, bajo la égida de las fuerzas militares, es también para aterrorizarse

  • Vulnerables: los invisibles en el debate

    En el 2016, según los datos del CONEVAL, el 51.1% de las niñas y niños fueron considerados en situación de pobreza, frente a un 39.9% registrado para los mayores de 18 años; entre las personas indígenas el indicador fue de 71.9%, frente a un 40.6% en pobreza entre quienes son no indígenas; entre quienes viven con alguna discapacidad el dato es de 49.4%, frente a un 43.1% entre las personas sin discapacidad. Nada menos que estos fue lo que el domingo, se les olvidó debatir


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    Entre los temas que el Instituto Nacional Electoral (INE) definió para ser discutidos en el debate del pasado 22 de abril entre los aspirantes a la Presidencia de la República se encontraba el relativo a la atención a los grupos vulnerables. De origen, el tema fue mal planteado, pues las personas que viven en alguna circunstancia de vulnerabilidad social no deberían ser vistos como “sujetos de atención”, sino como sujetos de derechos. 

    Si algo destacó en ese evento fue la omisión del tema, de manera seria y con la relevancia que tiene en el país. En ese sentido, los candidatos y la candidata incurrieron en una severa omisión, porque hay amplios sectores de la población que tenían interés genuino de escuchar lo que tienen que decir a la ciudadanía en lo relativo a quienes viven en las circunstancias más difíciles de la vida.

    ¿Quiénes son los vulnerables?

    Uno de los debates que aún no se ha desarrollado con la relevancia debida es precisamente el de la definición de quiénes son los grupos o sectores de población, o las personas que viven en circunstancias de vulnerabilidad social. En ese sentido hay dos ordenamientos que los mencionan explícitamente: 1) la Ley de Asistencia Social, la cual no los define; y 2) la Ley General de Desarrollo Social, la cual define en su artículo 5º a los grupos en vulnerabilidad como: “Aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar”.

    Asimismo, la Ley General de Víctimas reconoce, en su artículo 5º, “la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas”.

    Por esto, la pregunta obligada a la candidata y los candidatos es la siguiente: ¿Cuál es su propuesta para fortalecer el marco jurídico, avanzar en una definición común en las distintas leyes, y con base en ello, trazar las líneas de política pública que se requieren para garantizar los derechos de las personas en mayores circunstancias de vulnerabilidad social?

    La medición del CONEVAL

    En el marco de la Medición Multidimensional de la Pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estableció dos definiciones relativas a la vulnerabilidad: “a) Vulnerables por carencias sociales: aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar; b) Vulnerables por ingresos: aquella población que no presenta carencias sociales, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar”.

    Como se observa, estas definiciones constituyen herramientas que permiten operacionalizar la medición de la pobreza; de tal forma que, según el Coneval, en 2016 teníamos la siguiente realidad en el país: el 21.3% de la población mayor de 15 años era vulnerable por estar en “Rezago educativo”. Respecto de 2010, la reducción es de únicamente 2.3 puntos porcentuales, pues en esa fecha el indicador era de 23.7%.

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    El 19.1% de la población era vulnerable por carencia de acceso a la salud. Es el indicador con mayor avance, pues en 2010 se ubicó en 33.5%; es decir, en seis años se avanzó en 14.4 puntos porcentuales.

    En lo relativo a la vulnerabilidad por carencia de acceso a la seguridad social, se tiene el menor avance entre las carencias que mide el Coneval: en 2016 el porcentaje de población sin acceso fue de 68.4%, frente a un 69.6% en 2010, es decir, un avance de apenas 1.1 punto porcentual.

    En la vulnerabilidad por mala calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje en 2016 fue de 14.8% de la población, frente a un 17.4% registrado en 2010, es decir, un avance de 2.6 puntos porcentuales. Una situación similar se registra en la vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios en la vivienda, cuyo indicador en 2016 fue de 23.7% de la población frente a un 26.3% registrado en 2010, es decir, 2.58 puntos porcentuales menos.

    Los vulnerados de siempre 

    Entre los grupos para los que se dispone de información en el Coneval, los que más destacan por su vulnerabilidad son, en primer lugar, las niñas, niños y adolescentes. En 2016, el 51.1% de ellos se encontraba en situación de pobreza, frente a un 39.9% de la población mayor de 18 años. En esa misma fecha, sólo 19 de cada 100 niñas, niños y adolescentes eran no pobres y no vulnerables, frente a un indicador de 24 de cada 100 entre la población mayor de 18 años.

    Entre las personas indígenas 71.9% era pobre en 2016, frente a un 40.6% entre la población no indígena. Entre los primeros, sólo 7 de cada 100 son no pobres y no vulnerables, mientras que entre la población no indígena el dato es de 24 de cada 100.

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    Finalmente se encuentran las personas con alguna discapacidad; entre ellos, el 49.4% era pobre en 2016 y únicamente 15 de cada 100 era no pobre y no vulnerable; en contraste, entre la población sin discapacidad el porcentaje de pobreza era de 43.1%, y 23 de cada 100 fueron considerados no pobres y no vulnerables.

     *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 24-abril-2018, p.10.

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