• Enfoque de derechos, elemento clave en el combate a la pobreza de la niñez mexicana

    Los datos sobre pobreza proporcionados por Coneval dan cuenta de la dramática realidad en que viven millones de niñas, niños y adolescentes en México (Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018)

  • La educación y el trabajo infantil / Saúl Arellano

    De acuerdo con los datos del INEGI, en México hay 29.34 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad. De ellos, 27.21 millones asisten a la escuela, el resto, 2.12 millones no asisten a ninguna institución educativa. Es interesante observar las “razones” que el INEGI documenta como las causantes de la no asistencia escolar de las niñas y los niños

  • La plaga del Trabajo Infantil sigue ahí

    Cada 12 de junio se conmemora en el mundo el Día contra el Trabajo Infantil. En México, en 2015, había un 8.4% de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que trabajaban (2.47 millones); el 54.6% de ese grupo de edad no recibía ningún apoyo del gobierno; y entre quienes trabajan, el 90% lo hace en ocupaciones no permitidas por la Ley para su edad. No en vano la Organización Internacional del Trabajo considera que este fenómeno es una plaga que debe erradicarse


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    Hay una diferencia abismal entre las actividades, artes u oficios que se les enseñan a las niñas, niños y adolescentes como parte de su formación para la vida, y el trabajo no remunerado o remunerado que deben desarrollar porque en sus hogares no hay ingresos suficientes para garantizar sus derechos humanos.

    También es radicalmente distinto el conjunto de tareas asignadas como parte de su formación integral y corresponsabilidad en el hogar, asignadas conforme su edad y capacidades, y el trabajo doméstico no remunerado que deben desempeñar por falta de recursos económicos.

    La precisión es relevante porque si algo la presencia masiva del trabajo infantil es la prevalencia también masiva de trabajo precario; de falta de oportunidades educativas, de seguridad social y alimentación para todos; de ausencia de un Estado de Bienestar capaz de subsanar y corregir las distorsiones del mercado; y una extendida cultura de explotación de mano de obra barata.

    Al momento de redactar este texto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aún no daba a conocer los resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2017, por lo que a continuación se presentan las cifras disponibles hasta el 2015, con la finalidad de poner en contexto lo que muy probablemente, el día de hoy también, de a conocer el Instituto.

    Problema añejo

    El INEGI desarrolla el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) desde el año 2002; sin embargo, de manera regular lo hace desde el año 2007, desde el cual se le dio una periodicidad bienal. En ese año, el resultado arrojado por el MTI fue de 3.64 millones de niñas, niños y adolescentes trabajadores.

    Para el año 2009, la cifra estimada por el INEGI fue de 3.04 millones; en el 2011 la estimación se ubicó en 2.062 millones; en el 2013 creció nuevamente a 2.53 millones; mientras que en el año 2015 el indicador estimado por el INEGI fue de 2.47 millones de niñas, niños y adolescentes trabajadores.

    Dada la transición demográfica del país, el número de niñas, niños y adolescentes ha tenido variaciones significativas en los últimos 10 años, por lo que es importante considerar la cifra en términos relativos. Así, en el año 2009 la tasa de trabajo infantil (población de 12 a 17 años) fue de 10.7% del total en el grupo de edad; en el 2011 se ubicó en 10.5; en el 2013 fue de 8.6 y en el 2015, de 8.4.

    Entre las entidades con las más altas tasas de trabajo infantil registradas en el año 2015, destacan las siguientes, en las cuales el 10% de las niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, trabajan: en el peor lugar nacional se encuentra Nayarit, con una tasa de 14.3%; en segundo lugar está Puebla, con 13.2%; en tercer sitio se ubicó Colima, con 12.9%; en cuarto sitio se encuentran los estados de Zacatecas y Guerrero, con 12.1% cada uno de ellos; mientras que en quinto sitio estarían prácticamente en el mismo nivel, los estados de Jalisco y Durango con 11.6% y 11.4%, respectivamente.

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    Las otras entidades con una tasa superior al 10%, pero inferior a 11%, son, en orden de mayor a menor: Michoacán, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Campeche y Guanajuato.

    Sin derecho a estudiar

    Uno de los problemas asociados directamente al trabajo infantil es el de la inasistencia escolar. En ese sentido, es importante destacar que en el 2007, la cifra estimada por el INEGI, de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad que no asistían a la escuela fue de 3.07 millones; para el año 2009 la cifra se ubicó en 2.67 millones; en el 2011 fue de 2.57 millones; en el 2013 la cifra fue de 2.11 millones mientras que en el 2015 el dato fue de 2.080 millones que no asistían a la escuela.

    Como puede verse, la reducción en números absolutos ha sido relevante (1 millón menos de niñas y niños que no asisten a la escuela en prácticamente 10 años), pero a todas luces es un avance muy lento e insuficiente. En ese sentido, en términos relativos, destaca que en el año 2009 la tasa de inasistencia escolar se ubicó en el 9.5% de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años.

    Para el año 2011, esa tasa se había movido a la baja a 8.9% en el grupo de edad; en el 2013 fue de 7.2%; mientras que para el año 2015 se ubicó en 7.1%. En ese sentido destacan las siguientes entidades, las cuales tienen un indicador que se ubica por arriba de la media nacional.

    Los peores indicadores en 2015 se ubicaron en Chiapas y Michoacán, en donde el 10.7% y el 10.6% de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años no asistían a la escuela; en tercer lugar, se encontraba Guanajuato, con un 9.6%; le seguía en cuarto sitio Durango, con 8.5%; mientras que en quinto lugar se ubicaron Chihuahua y Veracruz, con indicadores de 8.4% y 8.2%, respectivamente. Las otras entidades con indicadores por arriba de la media nacional son: Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro.

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     *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 12-junio-2018, p.17.

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  • Lo que piensan los niños sobre discriminación

    En nuestro país, el 74% de las niñas y niños de 9 a 11 años cree que es normal que “las mamás se queden en casa a cuidar de los hijos mientras los papás trabajan”; al 10% le han pegado en sus casas; y al 12.5% le han pegado, jaloneado o amenazado en sus escuelas. Enfrentamos una arraigada cultura de estereotipos y prácticas discriminatorias que es urgente cambiar; en ello se juega buena parte de la transformación de México


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    Erradicar la discriminación es una tarea que exige una cultura para la tolerancia y la paz; y su construcción, pareciera obvio, comienza en la niñez, en los principales espacios de socialización: en las familias, en las escuelas y en los entornos comunitarios en que las niñas y niños desarrollan sus principales actividades.

    A pesar de los avances institucionales, México carece de un programa nacional integral de formación para la tolerancia y la paz que opere de manera transversal tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal. De hecho, uno de los retos para el próximo gobierno será incorporar a la perspectiva de la no discriminación como un criterio transversal en todas las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; así como en las nuevas políticas y estrategias que habrán de ponerse en marcha a partir del 1º de diciembre.

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    Ni los ven ni los oyen 

    De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis, 2017), presentada hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en alianza con el Conapred, la UNAM y el Conacyt, muestra que a millones de niñas, niños y adolescentes les es negado su derecho de prioridad y el derecho a ser escuchados.

    En efecto, el Artículo 71 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”. Asimismo, el artículo 72 de la misma Ley establece: “Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen”.

    Frente a lo anterior, la realidad es muy distinta; la Enadis estima que en 51% de los casos las niñas y niños menores de 12 años son escuchados siempre en sus casas; en 36.6% les escuchan “algunas veces”; en 9.2% pocas veces y en 3%, nunca. En la escuela el panorama no es muy distinto: sólo a 50.9% le escuchan, en 33.8% “algunas veces”, en 10.2% “pocas veces” y en 3.8% nunca.

    En sus contextos comunitarios, en sus colonias o localidades, sólo 20.1% es escuchado, 29% lo es “algunas veces”, 22.6% “pocas veces”, mientras que en 24.8% de los casos “nunca son escuchados”.

    ¿Y ellos a quién discriminan?

    De acuerdo con la Enadis, entre las niñas y niños de 9 a 12 años, a la pregunta de “¿a quiénes sí aceptarían como amigos?”, el 94.6% aceptaría a niñas o niños con discapacidad, 94.3% aceptaría a niñas y niños con gustos distintos a los suyos, 91.2% aceptaría a niñas o niños con religión distinta a la suya, el 90.2% aceptaría a niñas y niños de otro país, 90% aceptaría a niñas y niños afrodescendientes, mientras que 87.1% aceptaría a niñas o niños indígenas.

    ¿Cuáles son sus mayores prejuicios?

    La discriminación está vinculada a la persistencia de prejuicios y estereotipos asumidos, que se traducen en prácticas discriminatorias. Desde esta perspectiva es importante destacar que, entre las niñas y niños de 9 a 11 años, 44.4% se mostró de acuerdo con la frase “jugar con muñecas es sólo para niñas”. El 19.5% estuvo de acuerdo con la frase de “es mejor tener la piel blanca”; el 15.5% piensa que “los pobres son pobres porque son flojos”; el 21.1% se mostró de acuerdo con la frase de “los hombres no deben llorar”; mientras que el 72.4% estuvo de acuerdo con la idea relativa a que es mejor que “la mamá se quede en casa con los hijos mientras el papá trabaja”.

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    ¿Cómo los afectan en casa y en la escuela?

    En el mismo grupo de edad, es decir, de los 9 a 11 años, las principales situaciones de agresión o discriminación que reportaron las niñas y los niños en sus casas son: al 11.3% los ignoraron o los hicieron sentir miedo”, a 9.2% le “hicieron sentir humillado o avergonzado”, a 13.2% “le insultaron, se burlaron o le dijeron cosas que le molestaran”, a 10.1% amenazaron con pegarle, a 10.5% le jalonearon, empujaron o golpearon, mientras que a 14.4% le hicieron sentir miedo.

    Por su parte, en el ámbito escolar, 35.6% fue discriminado por su forma de vestir, 32.5% por su forma de hablar o expresarse, 41.8% por su peso o estatura, 11% por su sexo, 9.6% por la colonia o localidad donde vive, 25.1% por sus gustos o preferencias musicales y 27.5% por su nombre.

    Asimismo, 22.6% declaró que se han burlado de ellos o les han sido puestos apodos ofensivos, a 15.7% le han rechazado o han puesto en su contra a otras compañeras o compañeros, 7.45 ha sido obligado a hacer algo que no quería, a 15% le prohibieron participar en juegos, equipos o deportes, a 8.5% le han quitado su dinero o su comida, mientras que a 12.5% le han pegado, empujado o amenazado.

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 14-agosto-2018, p.14.

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  • Miss Universo es por primera vez un asunto serio / Saúl Arellano

    Los concursos de “belleza” son en sí mismos una fechoría: parten de una preconcepción en torno a lo que debe ser considerado como “modelo o estándar de belleza”, que se apega mayoritariamente a prejuicios y estereotipos

  • Vulnerables: los invisibles en el debate

    En el 2016, según los datos del CONEVAL, el 51.1% de las niñas y niños fueron considerados en situación de pobreza, frente a un 39.9% registrado para los mayores de 18 años; entre las personas indígenas el indicador fue de 71.9%, frente a un 40.6% en pobreza entre quienes son no indígenas; entre quienes viven con alguna discapacidad el dato es de 49.4%, frente a un 43.1% entre las personas sin discapacidad. Nada menos que estos fue lo que el domingo, se les olvidó debatir


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    Entre los temas que el Instituto Nacional Electoral (INE) definió para ser discutidos en el debate del pasado 22 de abril entre los aspirantes a la Presidencia de la República se encontraba el relativo a la atención a los grupos vulnerables. De origen, el tema fue mal planteado, pues las personas que viven en alguna circunstancia de vulnerabilidad social no deberían ser vistos como “sujetos de atención”, sino como sujetos de derechos. 

    Si algo destacó en ese evento fue la omisión del tema, de manera seria y con la relevancia que tiene en el país. En ese sentido, los candidatos y la candidata incurrieron en una severa omisión, porque hay amplios sectores de la población que tenían interés genuino de escuchar lo que tienen que decir a la ciudadanía en lo relativo a quienes viven en las circunstancias más difíciles de la vida.

    ¿Quiénes son los vulnerables?

    Uno de los debates que aún no se ha desarrollado con la relevancia debida es precisamente el de la definición de quiénes son los grupos o sectores de población, o las personas que viven en circunstancias de vulnerabilidad social. En ese sentido hay dos ordenamientos que los mencionan explícitamente: 1) la Ley de Asistencia Social, la cual no los define; y 2) la Ley General de Desarrollo Social, la cual define en su artículo 5º a los grupos en vulnerabilidad como: “Aquellos núcleos de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar”.

    Asimismo, la Ley General de Víctimas reconoce, en su artículo 5º, “la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas”.

    Por esto, la pregunta obligada a la candidata y los candidatos es la siguiente: ¿Cuál es su propuesta para fortalecer el marco jurídico, avanzar en una definición común en las distintas leyes, y con base en ello, trazar las líneas de política pública que se requieren para garantizar los derechos de las personas en mayores circunstancias de vulnerabilidad social?

    La medición del CONEVAL

    En el marco de la Medición Multidimensional de la Pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estableció dos definiciones relativas a la vulnerabilidad: “a) Vulnerables por carencias sociales: aquella población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar; b) Vulnerables por ingresos: aquella población que no presenta carencias sociales, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar”.

    Como se observa, estas definiciones constituyen herramientas que permiten operacionalizar la medición de la pobreza; de tal forma que, según el Coneval, en 2016 teníamos la siguiente realidad en el país: el 21.3% de la población mayor de 15 años era vulnerable por estar en “Rezago educativo”. Respecto de 2010, la reducción es de únicamente 2.3 puntos porcentuales, pues en esa fecha el indicador era de 23.7%.

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    El 19.1% de la población era vulnerable por carencia de acceso a la salud. Es el indicador con mayor avance, pues en 2010 se ubicó en 33.5%; es decir, en seis años se avanzó en 14.4 puntos porcentuales.

    En lo relativo a la vulnerabilidad por carencia de acceso a la seguridad social, se tiene el menor avance entre las carencias que mide el Coneval: en 2016 el porcentaje de población sin acceso fue de 68.4%, frente a un 69.6% en 2010, es decir, un avance de apenas 1.1 punto porcentual.

    En la vulnerabilidad por mala calidad y espacios de la vivienda, el porcentaje en 2016 fue de 14.8% de la población, frente a un 17.4% registrado en 2010, es decir, un avance de 2.6 puntos porcentuales. Una situación similar se registra en la vulnerabilidad por carencia de acceso a los servicios en la vivienda, cuyo indicador en 2016 fue de 23.7% de la población frente a un 26.3% registrado en 2010, es decir, 2.58 puntos porcentuales menos.

    Los vulnerados de siempre 

    Entre los grupos para los que se dispone de información en el Coneval, los que más destacan por su vulnerabilidad son, en primer lugar, las niñas, niños y adolescentes. En 2016, el 51.1% de ellos se encontraba en situación de pobreza, frente a un 39.9% de la población mayor de 18 años. En esa misma fecha, sólo 19 de cada 100 niñas, niños y adolescentes eran no pobres y no vulnerables, frente a un indicador de 24 de cada 100 entre la población mayor de 18 años.

    Entre las personas indígenas 71.9% era pobre en 2016, frente a un 40.6% entre la población no indígena. Entre los primeros, sólo 7 de cada 100 son no pobres y no vulnerables, mientras que entre la población no indígena el dato es de 24 de cada 100.

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    Finalmente se encuentran las personas con alguna discapacidad; entre ellos, el 49.4% era pobre en 2016 y únicamente 15 de cada 100 era no pobre y no vulnerable; en contraste, entre la población sin discapacidad el porcentaje de pobreza era de 43.1%, y 23 de cada 100 fueron considerados no pobres y no vulnerables.

     *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 24-abril-2018, p.10.

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