• ¿Quién ganó el voto de la pobreza?

    Más allá de los resultados locales, cada entidad y cada municipio tiene un candidato a la presidencia ganador. Como las elecciones de 2012 fueron las primeras en la historia del país en las que se contaba con la Medición Multidimensional de la Pobreza del Coneval, es posible conocer por quién votaron los estados y los municipios con mayor pobreza del país

  • ¿Quién ganó el voto de la pobreza?

    Los municipios en los que ganó el PRI tienen los porcentajes más altos de pobreza, en comparación con aquellos donde el voto favoreció a Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya

  • AMLO, del discurso a las acciones de gobierno / Saúl Arellano

    El presidente López Obrador es un político sui generis. A diferencia de los candidatos que han contendido por la Presidencia de la República desde el año 2000, construyó una narrativa totalmente distinta: su propuesta no se ha centrado nunca en sus capacidades técnicas o dominio académico o profesional en alguna materia específica

  • Austeridad y cambio institucional / Mario Luis Fuentes

    Terminar con la ostentación y el gasto faraónico del gobierno es de suma relevancia para recuperar la necesaria austeridad republicana. Llevar a la práctica esta idea le permitirá a la nueva administración tener algunos márgenes de maniobra y ciertas disponibilidades presupuestales para poner en marcha algunos de los programas que ha anunciado el virtual presidente electo

  • Ciudades; una nueva gobernanza es posible / Saúl Arellano

    El proceso de urbanización en México es creciente; de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), alrededor del 80% de la población nacional vive en localidades urbanas; y la concentración de personas en grandes urbes está creciendo aceleradamente: hoy viven más de 50 millones de personas en tan sólo 10 zonas metropolitanas, entre las cuales destacan por supuesto las de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pero hay otras de un intenso dinamismo: Puebla, León, Veracruz, la región de la Laguna y Querétaro, sólo por citar algunos casos.

  • Crisis humanitaria que solo cambia de lugar / Judith Coronel

    La complejidad del éxodo masivo de centroamericanos sin documentos, en su mayoría hondureños, por territorio mexicano hace más tenso el clima de polarización, prejuicios y crispación que prevalece en nuestro país en el contexto de transición política

  • Debe recuperarse el desarrollo regional / Mario Luis Fuentes

    El Presidente electo ha anunciado que recorrerá una vez más, a partir de esta semana, todo el país. En ese sentido, hay que reconocer “la vocación territorial” que tiene, así como la voluntad de estar cerca, de palpar y de conocer de primera mano muchas de las demandas y problemáticas que tiene la ciudadanía. Por lo anterior, será interesante observar el giro que dé a su discurso, pues lo esperable es que el tono y contenido se modifiquen, sustancialmente, respecto de la campaña electoral

  • Derechos humanos: recursos estatales limitados

    México vive una severa crisis de derechos humanos, y en contrapartida, se cuenta con organismos estatales de protección en su mayoría con bajos presupuestos, personal insuficiente, y recursos materiales y financieros limitados. Según el INEGI, en 2017 se presentaron poco más de 202 mil quejas ante la CNDH y los organismos estatales, de las cuales, en 79,730 se declararon procedentes


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    La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos tiene profundas implicaciones para todas las estructuras de gobierno, pero también para el sistema de políticas públicas, tanto en el ámbito federal como en los estatales y los municipales.

    El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con el propósito de mostrar que las sociedades democráticas sólo tienen viabilidad cuando en ellas se construyen sistemas jurídicos e institucionales capaces de garantizar de manera universal los derechos de todas y todos.

    La citada reforma del 2011 implicaba, además, que los organismos defensores de los derechos humanos se fortalecieran en cada una de las entidades de la República, tanto en lo que a los recursos de que disponen como en lo que al personal que en ellos laboran, con la finalidad de que en cada uno de los estados del país se cuente con los mecanismos necesarios para la adecuada garantía de los derechos humanos.

    EL CONTEXTO

    No debe olvidarse que los derechos humanos incluyen no sólo a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), y que éstos pueden ser exigidos mediante mecanismos como el Juicio de Amparo. Desde esta perspectiva, destaca el informe sobre Pobreza y Derechos Sociales en México, presentado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), cuyos planteamientos permiten sostener que en nuestro país hay un incumplimiento generalizado de los derechos sociales de la población.

    Por otro lado, las condiciones de criminalidad y violencia que se viven en México, y que ha llevado a que 2018 sea el año más violento, de al menos las últimas tres décadas en el país, han provocado una severa crisis de derechos humanos, expresada en fenómenos tan graves como el uso sistemático de la tortura por parte de autoridades en todos los niveles; el homicidio de decenas de personas, o la desaparición forzada, mayoritariamente perpetrada por grupos delincuenciales, pero de cuya práctica no está exenta la autoridad.

    LOS RECURSOS EN LOS ESTADOS 

    En el contexto señalado, es importante destacar los resultados del Censo Nacional de Derechos Humanos, presentados el 10 de diciembre del 2018 por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). En este documento destaca, en primer lugar, la reducida participación ciudadana en consejos consultivos de los organismos estatales de protección de derechos humanos.

    Según el Inegi, en todo el país hay 253 espacios de representación ciudadana en los citados Consejos, de los cuales 126 son hombres, 85 son mujeres y 42 espacios más se encuentran vacantes; situación preocupante por partida doble: en primer lugar, por el desequilibrio en la representación paritaria y, en segundo, por los huecos que existen en espacios en los que debería haber incluso una mucho mayor participación social.

    Al mismo tiempo, destaca el hecho de que en el año 2017 sólo hubo 299 sesiones de estos Consejos convocadas por los organismos estatales, de las cuales se efectuaron únicamente 295, y de éstas, sólo 178 fueron públicas. En ese sentido, destaca el estado de Guanajuato en el cual, de acuerdo con la información del Inegi, durante 2017 la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos no convocó a ninguna sesión de su consejo consultivo, hecho insólito en la entidad con mayor número absoluto de homicidios dolosos y por arma de fuego en todo el territorio nacional.

    En el mismo caso de cero convocatorias a sus Consejos se encuentran los estados de Veracruz y Sonora, así como los de Colima, Coahuila y Baja California Sur, donde hubo sólo tres convocatorias a lo largo de todo el 2017.

    Por otro lado, de acuerdo con el Inegi, en el 2018 se presentaron en total 202 mil 461 solicitudes de queja ante los organismos estatales y la CNDH, por presuntas violaciones a los derechos humanos; de éstas, sólo en 79 mil 730 casos, es decir, el 39.3% se aceptaron; en dos mil 624 casos la queja se declaró improcedente; en cuatro mil 538 casos las quejas fueron archivadas; mientras que en 66 mil 161 casos las quejas fueron orientadas a las instancias consideradas como pertinentes.

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    Otro dato a destacar es la escasa intervención de los organismos protectores de derechos humanos “abiertos por oficio”; en efecto, de los 97 mil 198 expedientes atendidos en todo el país, únicamente dos mil 418 se abrieron en la modalidad señalada; dato que contrasta con el número de feminicidios, denuncias por trata de personas, secuestro, tortura, desaparición forzada, en los cuales las leyes establecen la intervención oficiosa de estos organismos.

    LAS MÁS NUMEROSAS 

    Según el Inegi, durante 2017 el mayor número de quejas presentadas fue debido a presuntas violaciones al derecho a la seguridad jurídica y la libertad con 61 mil 729 casos; en segundo término, por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personales con 22 mil 291 casos; en tercer lugar, por el derecho a la protección de la salud con 12 mil 945 casos; en cuarto sitio, por violaciones a derechos civiles, con 11 mil 177 casos y; en quinto, por violaciones a derechos laborales y a la seguridad social con seis mil 574 casos.

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    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 11-diciembre-2018, p14.

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  • El acceso a la justicia en tiempos de desigualdad y pobreza

    La desigualdad se ha convertido en una preocupación global; las estadísticas muestran que, en los últimos años, ha aumentado dentro de los países ricos, en países de ingresos medios y en países en desarrollo, en casi todas las regiones del mundo

  • El arranque se complica / Mario Luis Fuentes

    En nuestro país hay muchas agendas que son urgentes, y con el paso del tiempo, ante la inacción e ineficacia de los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles, se complejizan y adquieren dimensiones mayores 

  • El desafío actual: contra el Estado pos-democrático rescatar la democracia

    No son pocos los analistas sociales y juristas del más alto nivel que denuncian la actual situación política de Brasil como la instauración de un Estado de excepción. El golpe parlamentario, jurídico y mediático de 2016 permitió que los golpistas pasasen por encima de la Constitución, modificasen las leyes laborales a favor de los patronos, engañasen al país con un techo de gastos en salud y educación, impidiendo que se cree un Estado de Bienestar Social

  • El discurso de odio que nos separa / Judith Coronel

    La polarización social en nuestro país, particularmente en las últimas semanas, se encuentra en ascenso, las personas estamos contribuyendo a ello

  • El porqué de la violencia en el ser humano y en la sociedad / Leonardo Boff

    Vivimos a nivel nacional y mundial situaciones de violencia que desafían nuestro entendimiento. No solo de seres humanos contra otros seres humanos, especialmente en el Norte de África, en Sudán y en Oriente Medio, sino también contra la naturaleza y la Madre Tierra

  • El salario está peor que hace 25 años

    De acuerdo con el CONEVAL, el valor del ingreso laboral per cápita ha perdido el 26% de su valor entre los años 2017 y 2007. El 41% de la población ocupada percibe menos ingresos que los requeridos para adquirir una canasta alimentaria; asimismo, es importante destacar que un salario mínimo al mes equivale a 2,658 pesos, mientras que en los ámbitos urbanos el valor de la canasta alimentaria es de 2,989.00


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    El concepto de trabajo digno implica al menos dos cuestiones centrales: acceso a seguridad social y otras prestaciones, y remuneración justa a través de un salario digno, en el sentido establecido por la Carta Magna y por la Ley Federal del Trabajo.

    En México, el salario mínimo se establece por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), presidida desde 1991 por Basilio González Núñez. Para el año 2018, el monto del salario mínimo general se fijó en 88.36 pesos diarios, y para actividades específicas, la de menor remuneración es la asignada a un “manejador de granja avícola”, cuyo salario es de 98.43 pesos al día.

    La estructura de los salarios en el país es sumamente desigual. Por ejemplo, de acuerdo con el Portal de Transparencia del Gobierno Federal, el presidente de la Conasami percibe un sueldo mensual bruto de alrededor de 173 mil pesos, cifra equivalente a 5,766 pesos diarios, es decir, 65.2 veces más que lo que percibe una persona que gana un salario mínimo; 32.6 veces más que quien percibe dos salarios mínimos; y 21 veces más que quien percibe tres salarios mínimos mensuales. Frente a ello, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al mes de febrero de este 2018 había un 77.8% de las mujeres y un 71.2% de los hombres que trabajan, cuyos salarios no rebasan los tres salarios mínimos.

    Bajos ingresos laborales

    De acuerdo con el Coneval, en sus indicadores de corto plazo de febrero de 2018, al cierre del cuarto trimestre de 2017 había 41% de las y los trabajadores del país que percibían ingresos laborales por debajo del valor de la canasta alimentaria, es decir, sus ingresos producto del trabajo no alcanzan para salir de la pobreza.

    En esa lógica es importante mencionar las enormes diferencias que hay entre los ámbitos rurales y los urbanos. En los primeros, el indicador citado es de 55%, mientras que en los segundos, de 36%. También es relevante destacar que desde el año 2005, fecha desde la cual el Coneval tiene datos para este indicador, el promedio de trabajadores del ámbito rural que percibe ingresos laborales por debajo del valor de la canasta alimentaria es de 55.7%, es decir, desde hace al menos 13 años no hay variaciones significativas para el ámbito rural.

    Lo mismo ocurre para el ámbito urbano, en donde incluso, si se compara 2017 con 2005 sí habría diferencias significativas. En efecto, el promedio para el periodo señalado es de 32.8% de quienes trabajan con ingresos por debajo del valor de la canasta alimentaria. Sin embargo, en 2005 el promedio fue de 28.4%, en 2006 fue de 27%, en 2007 de 27.3%, en 2008 fue de 29.2%, mientras que en 2009 subió a 32.8%. Estos datos permiten sostener que en los ámbitos urbanos no se ha logrado la recuperación del valor real de los ingresos laborales, al menos para ubicarlos en valores similares a los momentos previos a la crisis de 2008.

    Una caída constante 

    A partir del año 2016 comenzó una lenta recuperación del valor real del salario mínimo general, respecto de lo que venía ocurriendo desde hace dos décadas. En efecto, al cierre de 2017 el valor real del salario mínimo, deflactado al valor del Índice de Precios al Consumidor, fue de 63.69 pesos. Se trata del valor más alto desde el año 1996, pero aún inferior al que se registró en 1995, equivalente a 64.16 pesos diarios, y al de 1994, equivalente a 73.15 pesos al día.

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    Por su parte, la medición que hace el Coneval respecto del ingreso laboral real per cápita, muestra una caída constante, al menos desde el año 2005. Pues el promedio en esa fecha fue de 1,988 pesos mensuales, como ingreso laboral real; alcanzó su máximo histórico en 2007 con 2,083 pesos al mes, y a partir de esa fecha se registró una caída permanente hasta llegar a su mínimo histórico en 2014, cuando se ubicó en 1,489.1 pesos al mes por trabajador; e iniciándose una lenta recuperación para llegar a los 1,537.4 pesos mensuales en 2017. De esta forma, si se compara el año 2017 con 2007 resulta que el ingreso laboral per cápita ha tenido una pérdida de 26% de su valor real.

    Salario base del IMSS

    Todo lo anterior es congruente con el Salario Base de Cotización (SBC) registrado ante el IMSS. En efecto, el promedio mensual (a precios de 2010), para el periodo de 2005 a 2017 se ubica en 22,539 pesos; indicador ligeramente inferior al promedio alcanzado en 2017, en el que se llegó a 22,912 pesos mensuales.

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    Estas cifras permiten mostrar las diferencias que implican el ser un trabajador con acceso a la seguridad social y otro que no lo es, pues tomando como base el SBC contra el ingreso laboral per cápita, el primero es 13 veces superior al del segundo.

     *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 01-mayo-2018, p.17.

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  • El sexenio termina… y este país nos dejan

    Los principales indicadores de economía y desarrollo nos muestran que México perdió seis años en materia social.

  • Embarazo adolescente: una década perdida

    Entre los años 2010 y 2017 han nacido 3.54 millones de niñas y niños cuyas madres tenían 19 años o menos al momento del parto. Destaca que el 50% de las mujeres que dieron a luz en 2017 declararon vivir en unión libre; y según los datos del INEGI, Coahuila es la entidad del país con el peor indicador en lo que se refiere al embarazo adolescente


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    Una de las agendas en las que persisten pendientes relevantes es la relativa a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y particularmente de las más jóvenes. En efecto, de acuerdo con la información recientemente dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), relativa a los nacimientos en el país, el descenso en los niveles de la tasa de fecundidad ha sido muy lento y desigual en todo el país.

    En efecto, los datos publicados por el Inegi muestran que la tasa de fecundidad para mujeres en “edad fértil” fue de 66.1 hijos por cada 100 mil mujeres en el rango de edad considerado, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Zacatecas los que registran los valores más altos, con tasas de 90.2 hijos por cada 100 mil mujeres en edad fértil; 85.5 y 80.9, respectivamente.

    Nacen por millones  

    De acuerdo con las estadísticas de natalidad de que disponemos en el país, entre el año 2000 y el año 2017 han nacido en el país poco más de 46 millones de niñas y niños; y sólo entre 2012 y 2017 nacieron, según el Inegi, 19.55 millones, es decir, el promedio anual para ese periodo es de 2.44 millones por año. De continuar esa tendencia, considerando que en 2017 se contabilizó una población cercana a 123 millones de habitantes en el país, podríamos llegar en el año 2030, considerando el número anual de defunciones y la migración internacional, a una suma de alrededor de 140 millones de habitantes.

    Por esa razón, la nueva administración va a enfrentar importantes retos en materia de reducción de la pobreza, pues si se quiere llegar a las obligaciones contraídas por México ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para el año 2030 habríamos de haber sido capaces de erradicar el hambre y la pobreza en todas sus formas.

     

    Los menos, en el mes del amor  

    Según el Inegi, febrero es el mes que tiene el menor porcentaje de registros de nacimientos; pero esto puede deberse a la menor cantidad de días que tiene ese mes. Así, septiembre es el que registra el mayor número de nacimientos, con 9.3% del total; le siguen los meses de agosto y octubre, con 9.1% cada uno de ellos; en julio y diciembre se registran el 8.5%, respectivamente; mientras que abril y febrero registran los menores porcentajes, con 7.7% y 7.2% en cada uno de ellos.

    Sin identidad garantizada 

    Otro de los problemas que se enfrentan en nuestro país es el relativo al registro oportuno del nacimiento de las niñas y niños. En efecto, según los datos disponibles, en el país sólo 86.9% de los nacimientos son registrados antes de cumplir un año; el 4.5% es registrado cuando ya tiene un año de vida; mientras que el 1.9% son registrados teniendo dos o más años cumplidos.

    Madres adolescentes 

    De acuerdo con el Inegi, la tasa de fecundidad en el grupo de edad de los 10 a los 17 años es de 25.5 nacimientos por cada mil mujeres en ese grupo de edad, siendo Coahuila la entidad con mayor tasa en todo el país, con un indicador de 25.5 casos por cada mil menores de 17 años; en contraste, la Ciudad de México es la entidad con menor indicador, pues es de 12.2 nacidos vivos por cada mil mujeres menores de 17 años.

    Destaca que Coahuila, teniendo supuestamente niveles similares de desarrollo a los de la Ciudad de México, presente una tasa de embarazo adolescente 100% superior a la que se registra en la capital del país, lo cual es muestra inequívoca de una fallida política de garantía de los derechos sexuales de las adolescentes en aquella entidad.

    Así las cosas, a nivel nacional, entre los años 2010 y 2017 el Inegi tiene un registro de 85 mil 559 nacimientos de niñas y niños cuya madre tenía menos de 15 años al momento del parto, es decir, un promedio anual de 10 mil 700 casos anuales en ese periodo.

    Por su parte, la suma de nacimientos de niñas y niños cuyas madres tenían entre 15 y 19 años al momento del parto es de una gran magnitud: 3.46 millones entre 2010 y 2017; lo cual representa un promedio anual de 432 mil 742 casos, aunque es de destacarse que en los últimos tres años para los que hay información, es decir, de 2015 a 2017, el promedio anualizado es de 391 mil 934 casos.

    Década perdida .pngLa mayoría de las madres son solteras

    Un dato sumamente interesante entre los que presenta el Inegi es el relativo al estado civil de las madres al momento del parto. En efecto, en 1.12 millones de casos, que representan 50.3% de los casos registrados en 2017, las madres declararon que su estado civil era la “unión libre”; en segundo lugar se encuentra el grupo que al momento del parto estaban casadas, con poco más de 650 mil casos, cifra que representó 29.1% del total de los casos registrados en 2017.

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 02-octubre-2018, p.15.

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  • Encuentro con Lula en la prisión: espiritualidad y política / Leonardo Boff

    El 7 de mayo se cumplieron 30 días de prisión del ex presidente Lula. Se le concedió por primera vez recibir la visita de amigos. Tuve el honor de ser el primero en encontrarlo, por la amistad de más de 30 años y por la comunión en la misma Causa: la Liberación de los empobrecidos, y también para reforzar la dimensión espiritual de la vida. Cumplí el precepto evangélico: "estaba preso y me visitaste"

  • Enfoque de derechos, elemento clave en el combate a la pobreza de la niñez mexicana

    Los datos sobre pobreza proporcionados por Coneval dan cuenta de la dramática realidad en que viven millones de niñas, niños y adolescentes en México (Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018)

  • Entre los temas que deberán corregirse… / Saúl Arellano

    El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha construido un gran número de evaluaciones y recomendaciones para la administración pública federal, con el propósito de mejorar las acciones que desarrolla el gobierno para dar cumplimiento a los derechos sociales de la población

  • Es hora de voltear al sur, don Andrés / Saúl Arellano

    “Y durante mucho tiempo no tenían plan alguno y todo el día se dejaban llevar sin rumbo…” Apolonio de Rodas, Argonáuticas

    Entre las declaraciones que ha hecho el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, destaca la relativa a que México va a recuperar los principios constitucionales relativos a la política exterior, fundamentalmente los principios de “no intervención” y de respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.

  • Es trágico, triste e indignante… / Saúl Arellano

    Éste es un artículo en el que los adjetivos sobran. Los datos que presento a continuación hablan por sí mismos y en ellos se sintetiza una situación dramática, que evidencia a México como un país que ha sido incapaz de garantizar de manera universal, integral y progresiva los derechos de las niñas y los niños, articulado todo ello bajo el principio constitucional del interés superior de la niñez

  • Frente a desastres naturales, debemos pasar del análisis a la acción: Martha Herrera, ARISE

    México es el país con mayor número de desastres ocasionados por fenómenos naturales en América Latina y el quinto con mayor cantidad de daños y pérdidas totales como consecuencia estos desastres.

  • Hambre: la cara más dura de la pobreza

    De acuerdo con el INEGI, en los últimos cinco años se tiene un promedio de alrededor de 7,500 defunciones anuales por desnutrición; cada año también se contabilizan más de 600 mil casos nuevos de obesidad; más de 350 mil casos nuevos de diabetes mellitus y más de 400 mil casos nuevos de hipertensión arterial. Malnutrición y desnutrición, son dos de las palabras clave de la pobreza del siglo XXI


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    Hoy se conmemora el Día Mundial de la Alimentación y mañana el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza; ambos están íntimamente relacionados porque están determinados por un factor común: las relaciones asimétricas de poder, que mantienen a millones en condiciones de pobreza, y entre ellos, también millones que padecen hambre o padecen inseguridad alimentaria en sus diferentes magnitudes y dimensiones.

    Desde esta perspectiva, debe comprenderse que la pobreza es quizá uno de los más importantes determinantes sociales de la salud, pues sin duda las condiciones de malnutrición que caracterizan a la sociedad mexicana son los factores que provocan padecimientos que se derivan de la desnutrición, por un lado, y por la malnutrición por el otro, la cual deriva en sobrepeso y obesidad.

    En esa lógica, la siguiente administración deberá fijarse como prioridad de la política social erradicar el hambre y reducir significativamente la malnutrición, porque de no hacerlo, el sistema de salud por sí solo nunca logrará que menos personas enfermen y mueran por padecimientos como la diabetes mellitus y las distintas enfermedades del corazón y, en general, del sistema circulatorio.

    Datos increíbles  

    De acuerdo con el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, en 2018 han sido atendidos, hasta la semana 39 del año, 4,011 casos de personas enfermas por desnutrición crónica, es decir, un nivel en el que está en riesgo la vida; esa cifra implica un promedio de 15 casos diarios, indicador que permite dimensionar la magnitud del problema en el país.

    Asimismo, es importante destacar que 9,066 personas han sido atendidas, en el mismo periodo, por desnutrición moderada, indicador que implica 33 casos diarios. A estos casos se deben sumar 60,290 casos atendidos por desnutrición leve, es decir, un promedio de 220 casos por día.

    Numeros deprimentes

    En total, a lo largo de este año han sido atendidas 73,367 casos de desnutrición en sus tres niveles; es decir, 1,881 casos por semana, por lo que de continuar esta tendencia, al cierre de 2018 podría llegarse, una vez más, a 100 mil casos o más de personas que son atendidas por el Sector Salud por algún nivel de desnutrición detectado.

    Sobre estos datos debe señalarse que se trata de personas que son identificadas en instituciones de salud; por lo que el subregistro podría ser muy alto debido a la enorme cantidad de personas que no tienen acceso a las instituciones públicas, o que, aun teniéndolo, se atienden en farmacias o consultorios privados.

     

    En el lado opuesto 

    De acuerdo con el propio boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud, al cierre de la semana 39 de este año se habían atendido en las instituciones del sector salud 532,147 personas que presentaban obesidad; esto implica un promedio de 1,949 casos, o bien, al menos 81 casos por hora.

    A esos indicadores hay que adicionar los relativos a las 316,051 personas que han sido atendidas como “casos nuevos” de diabetes mellitus tipo II (1,157 por día); de continuar esta tendencia, en los próximos 10 años podrían registrarse 4.42 millones de casos nuevos de diabetes mellitus, a los que habría que sumarse los casos no diagnosticados.

    Hay además 381,009 casos nuevos de hipertensión arterial en el periodo señalado (1,395 diarios), así como 45,150 casos nuevos de personas con isquemias del corazón (165 casos al día), cifras que permiten percibir la dimensión del reto financiero que viene para el país en términos de los costos que habrán de erogarse desde el sector salud para la atención de estas personas.

    Otro tema que es importante mencionar en términos de la malnutrición es el consumo excesivo de alcohol; y es que si bien se trata de la ingesta de bebidas alcohólicas, éstas casi siempre se acompañan de bebidas azucaradas, así como con alimentos de alto contenido calórico, lo cual contribuye significativamente al desarrollo de padecimientos como los señalados, además de los directamente atribuibles al exceso en el consumo de alcohol.

    Así, si se suman los casos nuevos de intoxicación aguda por alcohol, cirrosis hepática alcohólica y la enfermedad alcohólica del hígado, se tiene una suma de 39,919 casos hasta el cierre de la semana 39 de este año, indicador que implica un promedio diario de 146 casos atendidos por el sector salud.

    Resultados letales 

    De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años 2012 y 2016 han fallecido por desnutrición 37,827 personas en todo el país, lo cual implica un promedio anual de 7,565 casos para el periodo señalado, o bien 20 casos al día.  Es una verguenza

    Debe señalarse además que de acuerdo con el boletín de epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta la semana 39 de este año la entidad que registra el mayor número de casos de desnutrición atendidos por el sector salud es el Estado de México, con 10,129 personas atendidas por algún grado de desnutrición; le sigue la Ciudad de México con 4,801 casos; en tercer lugar se encuentra Veracruz con 4,749 casos; en cuarto sitio, Puebla, con 4,210 casos, y Jalisco en quinto, con 3,963. Les siguen, en orden descendente, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato.

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 16-octubre-2018, p.16.

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  • Hasta los vientos contrarios nos conducirán a puerto seguro / Leonardo Boff

    El pueblo brasilero se ha habituado a afrontar la vida y a conseguir todo “en la lucha y a la fuerza”, es decir, superando dificultades, y con mucho trabajo. ¿Por qué no “enfrentaría” también el último desafío de hacer los cambios necesarios, en medio de la actual crisis, que nos coloquen en el camino recto de la justicia para todos?

  • La elección y sus pobres

    En las 9 entidades en que habrá elección de gobernador habitan 48,911,136, cifra equivalente al 40% de la población nacional. En ellos viven 23.59 millones de los 53.41 millones de personas en pobreza que hay en el territorio nacional. En ese sentido, el voto de los pobres decidirá no sólo el resultado de quién será el próximo Presidente, sino también la nueva configuración del mapa político del país


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    Las entidades de la República que tendrán elección son las siguientes, con sus correspondientes indicadores seleccionados:

     

    1. Chiapas: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENH, 2017), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), había en esa entidad un total de 5.32 millones de habitantes, que habitan en 1.3 millones de viviendas, con un promedio de 4.2 habitantes por cada una de ellas. De ese total, en sólo 385,357 viviendas se tiene agua entubada en su interior y en 650 mil 722 se tiene dotación de agua cada tercer día o más; en 102 mil 895 se tiene piso de tierra; en 661 mil 737 se utiliza leña como principal combustible para cocinar. De acuerdo con el INEGI, el 89.9% de la población cree que hay corrupción en su entidad; mientras que el Coneval estimó en 2016 que el 77.1% de su población era pobre, es decir, 3.9 millones de personas.

    2. Ciudad de México. En el 2017 Inegi estimó para la capital del país, una población de 8.83 millones de personas, habitando en 2.58 millones de viviendas. Es la entidad con menor rezago social del país, pero aún con ello, hay todavía 343 mil 695 viviendas sin agua entubada en su interior, y del total, hay 493 mil 697 viviendas en las que la dotación de agua es sólo cada tercer día o más; y todavía en 1,524 viviendas se usa leña para cocinar. El 96.3% de los habitantes de la ciudad piensa que la corrupción es frecuente o muy frecuente; mientras que el Coneval estimó que el 27.6% de sus habitantes, es decir, 2.5 millones de personas, se encontraban en situación de pobreza.

    3. Guanajuato. De acuerdo con el Inegi en 2017 tenía 5.87 millones de habitantes, los cuales habitaban en 1.48 millones de viviendas, de las cuales: 286 mil 495 no tenían agua potable en su interior en ese año; en 196 mil 018 se tiene dotación de agua cada tercer día o más; además de que hay 111 mil 897 en donde se utiliza leña como principal combustible para cocinar. El 90.9% de la población cree que hay corrupción en la entidad; mientras que el CONEVAL estimó un porcentaje de 42.4% de su población en pobreza en el 2016, es decir, 2.68 millones de personas.

    4. Jalisco. De acuerdo con el Inegi, en el 2017 tenía 8.026 millones de habitantes, habitando 2.084 millones de viviendas, de las cuales, en 121 mil 846 no se tiene agua entubada en su interior, así como 208,047 que tienen dotación de agua cada tercer día o más; y en 53 mil 341 se utiliza la leña como principal combustible para cocinar. El 91.7% de su población cree que hay corrupción en la entidad. El Coneval estimó que en el año 2016 había un 31.8% de su población en pobreza, es decir, 2.78 millones de personas en esa condición.

    5. Morelos. La entidad tenía 1.96 millones de habitantes en 2017, los cuales habitaban en 537 mil 411 viviendas, de las cuales 197 mil 826 no tienen agua potable en su interior, y 276 mil 090 tienen dotación de agua cada tercer día o más; y en 41 mil 818 se utiliza a la leña como principal combustible para cocinar. El 93.7% de su población piensa que hay corrupción en el estado; y el Coneval estimó en el año 2016 que el 49.5% de su población, es decir, 993 mil 700 personas vivían en condiciones de pobreza.

    6. Puebla. En el 2017 había 6.25 millones de habitantes en la entidad, los cuales habitaban en 1.6 millones de viviendas, de las cuales, en 720 mil 430 no se tiene agua entubada en su interior, y en 951 mil 393 se tiene dotación de agua cada tercer día o más; y en 379 mil 980 se utiliza a la leña como el principal combustible para cocinar. El 93.4% de la población considera que hay corrupción en la entidad; mientras que el Coneval estimó que en el 2016 el 59.4% de su población vivía en condiciones de pobreza, es decir, 3.72 millones de personas.

    7. Tabasco. Tenía en 2017 una población de 2.4 millones de habitantes, los cuales vivían en 644 mil 535 viviendas, de las cuales 141 mil 695 carecía de agua entubada en su interior; y 55 mil 916 tienen dotación de agua cada tercer día o más; adicionalmente hay 194 mil 660 en las cuales la leña es el principal combustible para cocinar. El 94.5% de su población cree que hay corrupción en su entidad. El Coneval estimó que en el 2016 el 50.9% de su población vivía en pobreza, equivalente a 1.22 millones de personas.

    8. Veracruz. Estaba habitado por 8.10 millones de habitantes en 2017, según el INEGI, los cuales habitaban en 2.28 millones de viviendas; de las cuales, 1.1 millones carecía de agua entubada en su interior; y en 605 mil 464 se tiene dotación de agua cada tercer día o más; del total, en 760 mil 573 viviendas la leña es el principal combustible para cocinar. El 95.6% de la población piensa que hay corrupción en la entidad. Según el Coneval, en el 2016 había un 62.2% de su población en pobreza, es decir, 5.049 millones de personas.

    9. Yucatán. Según el INEGI estaba habitado por 2.14 millones de personas en 2017, los cuales habitaban en 577 mil 203 viviendas, de las cuales, 108 mil 556 no tienen agua entubada en su interior, y en 11 mil 079 la dotación de agua es cada tercer día o más; hay además 190,787 en las cuales la leña es el principal combustible para cocinar. En Yucatán el 75.1% de su población cree que hay corrupción.

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      *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 26-junio-2018, p.14.

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  • La tontería del antiglobalismo / Leonardo Boff

    Se está produciendo en todo el mundo una ola anti-globalista. Tal vez pocas cosas sean más regresivas y disparatadas en el mundo actual que ésta. Había un cierto anti-globalismo, fruto del proteccionismo de varios países, pero que no amenazaba el proceso general e irreversible de la globalización

  • Lo que está en disputa el 1º de julio

    El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene registradas a 89.39 millones de personas en su Lista Nominal de Electores; 53.22% de ellas se concentran en solo ocho entidades, en las que viven 29.24 millones de personas en pobreza (54.3% del total en esa condición en el país). Asimismo, hay más de 30 millones de potenciales votantes que tienen menos de 30 años y prácticamente 52% de quienes pueden votar son mujeres. En esos datos está la clave de la elección


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    Dentro de 12 días se llevará a cabo la elección más grande, en términos de número posible de votantes, en la historia democrática del país. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, la Lista Nominal de Electores (es decir, quienes está inscritos en el padrón electoral y tienen además credencial de elector) está integrada por 89,393,959 de personas mayores de 18 años.

    Desagregado por sexo, destaca que en esta lista hay 46.3 millones de mujeres (51.8% del total) y 43 millones de hombres (48.2%), y esta proporción tiene diferencias significativas por entidad:

    • En 12 estados la proporción de mujeres es mayor a la del promedio nacional; los más notables son: Puebla, con un 53.3% de mujeres; Oaxaca, con 53.2%; la Ciudad de México, en donde 53% son mujeres; e Hidalgo, Tlaxcala y Morelos, con 52.7%, 52.6% y 52.5%, respectivamente.
    • Siguen Guerrero y Estado de México, con 52.3% cada uno de ellos; Guanajuato, con 52.1%; y Michoacán y Chiapas, con 52% cada uno.
    • En contraste, las cinco entidades con menor proporción de mujeres en la Lista Nominal son: Sonora, con 50.3%; Nuevo León, con 50.1%, Baja California, con 49.9%; Quintana Roo, con 48.8%, y Baja California Sur, con 48.7 por ciento.

    El tamaño importa

    Una de las principales dimensiones de la diversidad de nuestro país se expresa en el peso demográfico y electoral que tiene cada una de las entidades federativas. Desde esta perspectiva, es importante destacar que hay estados en los cuales la cantidad de electores supera incluso a la población total de algunos países de América Latina.

    En efecto, de acuerdo con los datos del INE, el Estado de México es la entidad con mayor número de electores, con una cifra de 11,844,919 personas inscritas en la Lista Nominal; esa suma es ligeramente superior a la suma de los electores que hay en las 11 entidades con menor número de personas en la lista nominal.

    En segundo lugar, está la Ciudad de México, con 7,656,360 electores potenciales (cifra superior a la suma de los electores de las ocho entidades con menor número en el país); seguida por dos entidades más en las que se rebasan los cinco millones de electores: Jalisco, con 5,930,897, y Veracruz, con 5,787,827 personas (cifras similares a la suma de las siete entidades con menos electores en México).

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    En orden descendente, están Puebla y Guanajuato, casi con la misma magnitud electoral: el primero de estos estados tiene 4,516,401 personas en la Lista Nominal, y el segundo, 4,379,745. Hay además tres entidades en las que se rebasan los tres millones de electores: Nuevo León, con 3,907,394; Chiapas, con 3,553,358, y Michoacán, con 3,436,253.

    De acuerdo con el INE, hay otras nueve entidades que tienen menos de tres millones de electores, pero más de dos millones; estas son: Oaxaca, con 2,878,316; Chihuahua, con 2,751,67; Baja California, con 2,735,079; Tamaulipas, con 2,636,163; Guerrero, con 2,524,225; Coahuila, con 2,159,236; Sinaloa, con 2,140,147; Hidalgo, con 2,125,065, y Sonora, con 2,105,125 electores.

    Hay ocho entidades más con menos de dos millones de electores, pero con más de un millón cada una: San Luis Potosí, con 1,983,314 personas en la lista nominal; Tabasco, con 1,688,947; Querétaro, con 1,585,545; Yucatán, con 1,545,266; Morelos, con 1,443,918; Durango, con 1,287,038; Quintana Roo, con 1,208,873, y Zacatecas, con 1,172,191.

    Finalmente, hay un grupo de seis entidades con menos de un millón de electores, pero con más de 500 mil: Aguascalientes, con 945,549; Tlaxcala, con 923,620; Campeche, con 642,472; Colima, con 532,442; y Baja California Sur, con 516,342.

    Por edades

    El voto de la población joven será determinante en esta elección. De acuerdo con el INE, hay 3.84 millones de posibles electores que tienen 18 o 19 años. Son ellos quienes tendrán la oportunidad de votar por primera vez en su vida.

    Hay, además, 22,118,853 que tienen entre 20 y 29 años. En ese segmento, el más numeroso de la Lista Nominal, se encuentran las personas con mayor nivel de escolaridad en el país.

    Hay además 18,942,212 que tienen entre 30 y 39 años; en el rango de 40 a 49 años hay 16,987,643; en el de 50 a 59 la suma es de 12,662,302; en el de 60 a 64 el indicador es de 4,606,122, y en el de 65 y más años la suma es de 10,234,280 posibles electores.

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    Eleccion pobreza

    De acuerdo con los datos del CONEVAL, en el año 2016 había 15 entidades en las que se superaba el millón de personas en condición de pobreza; en suma, en esas 15 entidades se concentraban 79.7% de las personas en esa situación en todo el país.

    En esa lógica, es de destacarse que en esas entidades se concentran 72.1% de las personas inscritas en la lista nominal. Desde esta perspectiva, no es exagerado decir que serán los jóvenes y las personas con mayor nivel de pobreza quienes decidirán el rumbo y el destino de la elección del próximo primero de julio.

     *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 19-junio-2018, p.14.

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  • Los jóvenes, a 50 años del 68 / Mario Luis Fuentes

    México tiene, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, 31.3 millones de personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad; además de 17.3 millones que tienen entre 30 y 39 años. En el primer grupo de edad señalado, 15.59 millones son hombres y 15.72 millones son mujeres; en el segundo, el de 30 a 39 años, 8.14 millones son hombres y 9.15 millones son mujeres       

  • México, potencia agroalimentaria con mexicanos hambrientos / Judith Coronel

    En el proceso de transición de poderes en México todo es de urgente y obvia resolución: crisis de derechos humanos; inseguridad pública; pobreza patrimonial y alimentaria; insuficientes servicios de salud; educación; medio ambiente; conflictos sociales; y violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de alto riesgo y vulnerabilidad

  • Morir sin atención médica

    De acuerdo con el INEGI, entre los años 1990 y 2017 han fallecido 2.2 millones de personas que no recibieron atención médica durante su enfermedad o para atender la lesión que provocó su defunción, cifra que representa el 15.4% de los 14.25 millones de fallecimientos que se han registrado en ese periodo. Los estados con mayores porcentajes son: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Zacatecas.


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    México es un país con alta prevalencia de violencia, en sus distintas formas y manifestaciones; como consecuencia, la morbilidad y la mortalidad por causas accidentales y violentas es igualmente alta, pero creciente en los últimos años. A la par, la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónico-degenerativas es elevada y creciente; lo que nos puede colocar, en una o dos décadas, como uno de los países con más alta tasa de mortalidad general en el país.

    De igual forma, somos un país con un alto porcentaje de personas que no cuentan con acceso a servicios de salud; en efecto, de acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015 había en México 20.6 millones de personas que no tenían afiliación a servicios de salud; cifra que representaba en esa fecha al 17.3% de la población nacional.

    Este contexto permite contextualizar la tendencia que existe en el país en lo relativo al porcentaje de defunciones en las cuales la persona fallecida no recibió atención médica durante la enfermedad o al momento del fallecimiento, respecto de la mortalidad general.

    Según el formato que el Inegi tiene disponible en su sitio, relativo al instructivo para el llenado del Certificado de Defunción, en el numeral número 17 del mismo, plantea la siguiente pregunta: “¿Tuvo atención médica durante la enfermedad o lesión antes de la muerte?”. Lamentablemente, en el instructivo con la descripción de los numerales, el formato no contiene el numeral 17 y no es posible determinar con mayor precisión el alcance de este indicador.

    ¿Cuántos son?   

    De acuerdo con el Inegi, entre los años 1990 y 2017 han fallecido 14.25 millones de personas; eso hace un promedio de 509 mil 142 defunciones anuales. De esa suma, el Instituto tiene un registro de 2.2 millones de defunciones en las cuales la persona fallecida no tuvo atención médica durante su enfermedad o por la lesión sufrida antes de morir, cifra que implica un promedio de 78 mil 770 casos anuales en los que la persona no tuvo atención médica, para atender su enfermedad o para darle atención durante algún accidente, heridas intencionales que causan la muerte o bien heridas autoinfligidas en los casos de los suicidios.

    Es importante destacar que los años con mayor número de casos son los de 2010, 2011 y 2017, es decir, dos de los años en los que se han registrado más defunciones por violencia en el periodo de 1990 a 2017. En efecto, según el propio Inegi en 2010 hubo 72 mil 520 defunciones por accidentes, homicidios y suicidios; en el año 2011 fueron 75 mil 320 casos; mientras que en el año 2017 se llegó a la cifra récord de 80 mil 400 casos.

    En ese mismo sentido, el Inegi tiene un registro, para 2010, de 104 mil 940 defunciones en las cuales la persona fallecida no tuvo atención médica durante su enfermedad o al momento de la lesión que causó su muerte; para 2011 la cifra fue de 107 mil 136 casos; mientras que en el año 2017 la cifra fue de 100 mil 572 casos.

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    Como puede observarse, si se elimina la cifra de las muertes accidentales o violentas, para 2017 habría poco más de 20 mil defunciones en las cuales la persona que falleció no tuvo atención médica para atender la enfermedad que le causó la muerte, es decir, alrededor de 55 defunciones diarias en las que no se tiene claro por qué se careció de la atención señalada; por lo que es posible pensar que a la par de la violencia, la pobreza, la desigualdad y la falta de servicios para la garantía de los derechos sociales, constituyen uno de los principales factores determinantes del indicador que se comenta.

    Por último, debe subrayarse que en los años referidos las cifras que se han registrado representan los más altos porcentajes de defunciones sin atención médica, respecto del total de defunciones: en efecto, en el 2010 y el 2011 esos fallecimientos representaron el 17.7% y el 18.1% del total (similares a lo registrado en 1994), mientras que en el 2017 reflejaron el 14.3% de las defunciones totales contabilizadas en el país.

    Peores indicadores 

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    De acuerdo con el Inegi, en el periodo de 1990 a 2017 el promedio nacional anual de defunciones sin atención médica es de 15.6%, habiendo 17 entidades en las que se supera ese indicador.

    Entre esos estados, el que presenta el peor indicador es Oaxaca, con un promedio para el periodo señalado, de 31.4%; en segundo lugar se encuentra Chiapas, con 29.9%; y en tercer sitio aparece Guerrero, con 25%; a esas entidades le siguen Tabasco, con 2.4%; Zacatecas, con 20.1%; Sonora, con 18.9%; Baja California Sur, con 18.5%; Puebla con 18.3%; San Luis Potosí con 18.2%, e Hidalgo con 18.1 por ciento.

    *Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 27-noviembre-2018, p.22.

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