MÉXICO SOCIAL EN EXCÉLSIOR

Martes, 11 Abril 2017 06:00

Mujeres: las brechas se mantienen

Escrito por Mario Luis Fuentes / México Social
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    De acuerdo con los datos del INEGI, el 81.2% de las presidencias municipales estaban ocupadas, en 2015, por hombres; 61.3% de los cargos de jueces y magistrados los tenían hombres y 57% de los puestos de representación popular eran ocupados por hombres. En los hogares, las mujeres aportan 48 horas semanales de trabajo no remunerado, frente a 19 de los hombres. 

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Nuestro país continúa siendo profundamente violento contra las mujeres. Continuamos viendo agresiones y violencia en la calle, en el ámbito laboral, en los espacios público, en los hogares y en prácticamente todos los espacios de la vida privada y pública.

 

Los recientes escándalos, que han podido ser denunciados gracias a las redes sociales y a la posibilidad de documentar ya sea a través de audio o video, muestran el grado de impunidad con que se ejerce la violencia contra las mujeres: acoso callejero, acoso laboral, tocamientos, y hasta el asesinato, como el reciente homicidio cometido contra la periodista Miroslava Breach, deben ser motivo de reflexión y de transformación de las políticas públicas y de todos los mecanismos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

 

Este clima de violencia generalizada que opera en su contra, está relacionado con las brechas que se mantienen en el poder público, en cuyas estructuras, a pesar de algunos avances, se mantienen enormes rezagos que urge superar.

El conservador mundo de la justicia

Éste es uno de los espacios en los que se mantiene un mayor conservadurismo, no sólo en las posiciones y perspectivas al momento de juzgar, sino también en lo respectivo a la estructura y distribución de cargos responsables de la impartición de justicia en el país.

En ese sentido es importante destacar la desigualdad en la proporción de mujeres juezas y magistradas, en los poderes judiciales de los estados de la República, lo cual sigue siendo uno de los principales rezagos en la construcción de relaciones más igualitarias en los poderes públicos.

De acuerdo con el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las entidades en donde existen mayores brechas en la distribución de los puestos señalados son: Chiapas, en donde la brecha es de 52 puntos porcentuales, pues 76% de los jueces y magistrados son hombres y 24% mujeres; le sigue Jalisco, donde 72.8% son hombres y 27% mujeres; en Colima, 71.8% de los jueces y magistrados son hombres, frente a 28.2% de mujeres; sigue en ese orden San Luis Potosí, con 70.7% de los jueces y magistrados hombres, frente a 29.3% de mujeres; y en quinto sitio Puebla, con 68.5% de los jueces y magistrados hombres, y 31.5% mujeres.

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Legislaturas desiguales 

Otro indicador de que dispone el INEGI, actualizado en su Atlas de Género al 2015, es el relativo a la composición de las legislaturas locales, en donde hay entidades en las que destaca la inequidad de género en la distribución de las curules. En primer lugar, se encuentra el Congreso del estado de Nayarit, con 83.3% de los diputados hombres, y 16.7% mujeres.

En segundo lugar, se ubica el estado de Nuevo León, con 81% de sus diputados hombres y 19% mujeres; le siguen los estados de Querétaro y Yucatán, con 75% de los legisladores hombres y 25% mujeres, en cada uno de ellos; en cuarto sitio está el estado de Tamaulipas, con 73.3% de los diputados hombres y 26.7% mujeres; mientras que en Veracruz la proporción es de 70% de los diputados hombres y 30% mujeres.

Ayuntamientos: el peor espacio

Si hay un espacio del poder público en México en el cual no ha logrado permear ni la perspectiva de derechos humanos ni la perspectiva de género es al nivel de gobiernos municipales. Igualmente, con datos al 2015, el INEGI documenta que en Baja California, Campeche y Quintana Roo, el 100% de las presidencias municipales están ocupadas por hombres.

En Zacatecas el porcentaje es de 80% hombres y 20% mujeres; en Guanajuato, Coahuila y Chihuahua, el porcentaje es de 97% presidentes municipales hombres y 3% mujeres; en Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca, la proporción es de 96%; en Jalisco y Nayarit la proporción de hombres es del 95%.

Destaca que el estado con menor porcentaje de alcaldías presididas por hombres en el 2015 era Querétaro, con 55%; y Baja California con un porcentaje de 60%; en el resto de las entidades el porcentaje es de 70% o más, lo cual evidencia la infinita desigualdad en las oportunidades de participación política de las mujeres a nivel municipal.

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El trabajo doméstico no remunerado

Otro de los espacios en donde se registra una enorme inequidad en la distribución de cargas y responsabilidades es el de los hogares; en ellos, el trabajo doméstico no remunerado es desarrollado fundamentalmente por las mujeres; en efecto, según los datos del INEGI, las cinco entidades con mayores brechas en este rubro son: Aguascalientes, en donde las mujeres aportan en promedio 60.8 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres aportan en promedio 23.5 horas a la semana. En segundo lugar, se encuentra Zacatecas, con un aporte semanal de 58.4 horas de las mujeres, por semana, frente a 23.03 horas de los hombres.

En tercer sitio está Sonora, con 58.17 horas semanales aportadas por las mujeres, frente a 22.9 de los hombres; en Coahuila la diferencia es entre las 58.05 horas semanales aportadas por las mujeres, frente a 22.9 de los hombres; y en quinto sitio se encuentra Jalisco, con 55.97 horas semanales de trabajo doméstico no remunerado aportado por las mujeres, frente a las 21.4 horas semanales que aportan los hombres.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 11-abril-2017, p.12.

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El viernes pasado de dio a conocer el Informe Anual sobre Pobreza y Rezago Social, 2015, con el propósito de orientar la inversión para la infraestructura social en los Estados. La información oficial muestra, sin embargo, que a pesar de los recursos aplicados en los últimos años las desigualdades y la pobreza persisten, sobre todo ahí, en donde más se invierte. La evidencia sugiere que el problema no son los programas, sino el modelo de desarrollo; y ese es el debate pendiente.

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