Martes, 08 Diciembre 2015 00:00

Derechos humanos: realidad distante

Escrito por Mario Luis Fuentes / México Social
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De acuerdo con la información oficial, sólo 5 de cada 100 personas hablantes de lenguas indígenas son “no pobres o no vulnerables”; el promedio de escolaridad de quienes viven en localidades marginadas es de 5.9 grados frente a 9.2 en las zonas con menores rezagos; la desigualdad de ingresos y la tasa de informalidad laboral siguen operando contra las mujeres; y quienes deciden vivir en la diversidad son recurrentemente discriminados… Estamos muy lejos de dar cumplimiento al paradigma constitucional vigente en materia de derechos humanos.

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El mandato del Artículo 1º Constitucional es claro: en México el Estado tiene la responsabilidad de garantizar plenamente los derechos reconocidos en el propio texto de la Carta Magna, pero también en los Tratados Internacionales de los cuales formamos parte.

Las implicaciones de la redacción vigente a partir de junio de 2011 son de una gran magnitud, al grado que hay quienes sostienen que dar cumplimiento textual a ese artículo es inalcanzable, aun si lográsemos transitar hacia un nuevo modelo de Estado de Bienestar.

Estamos a prácticamente un año de que se cumpla el primer centenario de la vigencia de la Constitución; fecha frente a la cual ya se han hecho diversos planteamientos que básicamente pueden agruparse en tres: a) dejarla como está; b) reordenar su contenido y enviar a leyes y reglamentos las especificidades que no deben estar en el texto constitucional; y c) construir una nueva Carta Magna.

En todos los escenarios hay ventajas y desventajas; sin embargo, en todos, el mayor riesgo se encuentra en permitir la supresión o eliminación de lo que se ha logrado avanzar, o incluso enfrentar regresiones inadmisibles para un país que aspira a convertirse en una democracia de bienestar sustentada en los derechos humanos.

Frente a lo anterior, se presentan algunos datos relativos a algunos apartados de los primeros cuatro artículos de la Constitución, a fin de mostrar la magnitud de los retos que tenemos enfrente y de la urgencia de exigir, por todas las vías posibles, el cumplimiento de todos y cada uno de los mandatos que están considerados en la Carta Magna.

La agenda de la discriminación

El párrafo quinto del Artículo 1º constitucional establece la prohibición de toda forma o práctica discriminatoria; misma que es desatendida cotidianamente. Basta con revisar los datos relativos a las personas con alguna discapacidad o que tienen preferencias no heterosexuales. En efecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación, 2010, prácticamente 4 de cada 10 personas creen que las preferencias sexuales dividen a las personas; mientras que 7 de cada 10 personas asumen que a las parejas de personas del mismo sexo debe prohibírseles adoptar hijos. En el mismo sentido, el 44% de las y los mexicanos no estarían de acuerdo en que en sus casas vivieran personas homosexuales ni lesbianas, siendo estos grupos frente a los cuales se mostró mayor nivel de rechazo en la Encuesta.

Las poblaciones indígenas

El Apartado B del Artículo 2º de la Constitución establece que la Federación, los Estados y los Municipios “establecerán las instituciones y las políticas necesarias para garantizar los derechos de los indígenas. Frente a ello, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó que en 2014 las personas hablantes de lenguas indígenas son entre quienes mayor incidencia de pobreza existe.

En efecto, entre ellos el 95% son pobres o vulnerables; 79% carece de seguridad social; 61% carece de servicios al interior de sus viviendas; 33.9% vive en rezago educativo; y presentan el más alto promedio de carencias sociales, con tres carencias por persona, mientras que entre la población no indígena el promedio es de dos.

Educación insuficiente y de baja calidad

El párrafo segundo de nuestra Constitución establece que la educación que imparta el Estado tenderá “a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto de los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en el año 2012 el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más era de 8.8 grados; sin embargo, al confrontar a los hogares indígenas frente a los no indígenas los promedios son de 6.4 y 9.1 grados, respectivamente.

Lo mismo ocurre cuando se confronta a la población que vive en localidades marginadas frente a quienes viven con baja marginación: entre los primeros, el grado promedio de escolaridad es de 5.9 grados frente a 9.1 grados alcanzados en el segundo contexto.

La desigualdad entre mujeres y hombres

De acuerdo con el párrafo primero del Artículo 4º “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. Un principio más que se viola cotidianamente, sobre todo en lo que respecta a las asignaciones de roles y tareas, y por lo tanto oportunidades para el desarrollo y el ingreso de las personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 75% de las horas de trabajo no remunerado en los hogares es aportado por las mujeres, porcentaje que se incrementa cuando en los mismos están presentes personas que padecen enfermedades crónicas o que viven con alguna discapacidad.

Asimismo, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI), muestran que las mujeres no sólo acceden a los puestos laborales con menores salarios, sino también en mayores condiciones de informalidad: la tasa de informalidad laboral se ubica en 29%, mientras que entre los hombres el indicador es de 26.2%.

*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 08- Diciembre- 2015, p.30

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El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos de la Niñez, el instrumento internacional de derechos humanos de más rápida y más amplia aprobación al seno de las Naciones Unidas. México ratificó a la convención el 19 de septiembre de 1990.  

Han pasado 25 años y el estado de cumplimiento de los derechos de la niñez ha mostrado un muy lento avance. Los datos de que disponemos permiten sostener que México se encuentra todavía muy lejos de ser un país apropiado para la niñez; y que no se ha logrado generar el compromiso político para destinar los recursos necesarios para conseguir que ninguna niña o niño se quede atrás en el acceso al bienestar y el desarrollo.

De manera lamentable, el Congreso de la Unión decidió no destinar recursos para la implementación del Sistema Nacional de Protección a la Niñez, violando con ello el contenido del Artículo 4º Constitucional en lo relativo al principio del interés superior de la niñez, lo cual ratifica el diagnóstico relativo al déficit de estatalidad en el que nos encontramos, pues el Estado no es capaz de dar cumplimiento a los mandatos que se da a sí mismo a través de la Carta Magna y sus leyes.

Una alta tasa de mortalidad

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada día fallecen 16 mil niñas y niños antes de cumplir sus primeros cinco años de vida.  En México, el promedio anual, entre los años 2004 y 2013 ha sido de 35,892 defunciones por año; de las cuales, de acuerdo con UNICEF, el 45% ocurren durante los primeros 28 días de vida.

En total, en el periodo referido, en México han fallecido 358,920 niñas y niños menores de cinco años, de los cuales, 299,984 tenían precisamente menos de un año de edad al momento del fallecimiento, es decir, 83.5% del total de las niñas y niños que pierden la vida antes de cumplir sus primeros cinco años.

Lo anterior se ve reflejado en la muy lenta disminución de la tasa de mortalidad infantil, en la cual se observa incluso un retroceso, por primera vez en 20 años, entre los años 2013 y 2012. En efecto, los datos del INEGI muestran que el indicador pasó de 12.3 defunciones por cada mil nacidos vivos, a 13 por cada mil en sólo un año.

Para poner a este indicador en contexto basta con señalar que en Japón la tasa es de 2.13 defunciones por cada mil nacidos vivos; en Suecia es de 2.6; en España es de 3.3; en Cuba es de 4.7; en Estados Unidos es de 6.2; mientras que en Chile es de 7.

En el mundo de la explotación

El Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2013, muestra que en el país había en ese año 29.33 millones de niñas, niños y adolescentes que tenían entre 5 y 17 años de edad. De ellos, 2.11 millones no asisten a la escuela: 276 mil no asisten porque trabajan; 102 mil por discriminación o violencia; 444 mil por carencia de recursos económicos; 705 mil por falta de interés; 121 mil por “motivos familiares”; y 123 mil por accidente, enfermedad o discapacidad.

Esos datos evidencian la ausencia de un sistema de protección integral a la niñez que garantice, que sea cual sea la condición socioeconómica de las niñas y niños, no se vean impedidos de tener garantizado su derecho a la educación.

En este contexto, 2.53 millones de niñas y niños trabajan; de ellos, 1.7 millones son niños y 827 mil son niñas. Del total señalado, hay 913 mil que sólo se dedican a trabajar; y el resto estudian y trabajan.

Destaca el hecho de que 1.27 millones son niñas, niños y adolescentes que fungen como trabajadores subordinados o remunerados; poco más de 104 mil son “trabajadores por cuenta propia” (la mayoría de ellos en actividades de ambulantaje); mientras que 1.15 millones son trabajadores no remunerados, de los cuales, una gran cantidad labora en el campo, y otra parte colabora en negocios familiares sin recibir ningún salario.

Entre la pobreza y los rezagos

Las niñas y los niños tienen derecho al mayor nivel de bienestar posible. Esto no se cumple en nuestro país: de acuerdo con la información del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), de los poco más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en el país, 21.3 millones son pobres; 29.6 millones enfrentan al menos una carencia social; 24.9 millones no tienen seguridad social; 11 millones enfrentan vulnerabilidad por carencia a la alimentación; y 9.8 millones carecen de servicios al interior de sus viviendas. 
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