Martes, 01 Marzo 2016 12:26

Marzo 2016

Escrito por Mario Luis Fuentes (@ML_Fuentes)
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El trabajo doméstico no remunerado puede concebirse como una institución ancestral que ha permitido la reproducción de estereotipos, mecanismos de discriminación, sometimiento y exclusión de las mujeres respecto de los hombres. La generación de los mecanismos de organización patriarcal de la sociedad nos ha conducido, en consecuencia, a un modelo de organización económica, política y social en el que a las mujeres les son asignadas, simbólica y materialmente, las tareas con menor reconocimiento y prestigio social y, por lo tanto, las de menor capacidad de generación de ingresos y capacidades para la movilidad social.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el trabajo doméstico no remunerado es desarrollado fundamentalmente por las mujeres: tres de cada cuatro horas dedicadas a las actividades domésticas son desarrolladas por ellas; y otro porcentaje adicional por los niños que están obligados a contribuir, más allá de los límites y estándares aceptables, definidos por los expertos, en actividades que incluso pueden poner en riesgo su integridad física.

Hay cuestiones de la mayor trascendencia vinculadas a estas agendas; las más relevantes, sin duda alguna, tienen que ver con la construcción de una sociedad plenamente garante de los derechos humanos, y asociadas a ellas cuestiones vinculadas a la macro y la microeconomía.

En ese sentido, es importante destacar que el INEGI estima que el trabajo doméstico no remunerado equivaldría al 25% del PIB nacional; por lo que ese solo dato bastaría para valorar seriamente tomar un conjunto de decisiones de macroeconomía relativas a la contabilidad formal de este trabajo.

¿Por qué no, por ejemplo, avanzar hacia una reforma fiscal progresiva que dote al Estado de los recursos para otorgar un ingreso universal mínimo que al menos compense el trabajo doméstico que permite el desarrollo del “trabajo productivo formal”?

¿Por qué no, con base en una reforma fiscal como la planteada, avanzar hacia la construcción de un sistema de seguridad social universal que incluya, no sólo la protección social en salud, sino agendas estructurales como el seguro de desempleo, las licencias de maternidad y paternidad; y en general construir una verdadera red de protección social centrada en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y mujeres de todas las edades?

Hasta ahora se ha decidido no hacerlo por las implicaciones que tendría en términos de derechos laborales y relativos al sistema de seguridad social. Sin embargo, verlo así implica reproducir la lógica patriarcal y ortodoxa desde la cual se ha visto a la economía desde al menos hace 300 años.

Construir un sistema de guarderías de calidad, y una amplia infraestructura social de lactarios y bancos de leche materna y de acceso a la salud, independientemente del estatus laboral de las personas, serían verdaderos incentivos para la formalización laboral universal y también para reducir la evasión fiscal y avanzar hacia la construcción de una cultura socialmente compartida de responsabilidad fiscal.

No es ético mantener un sistema económico que somete y explota a más de la mitad de la población nacional, y que, con base en esa estructura, continúe teniendo a millones de personas recluidas en las trampas de la desigualdad, la pobreza y la marginación.

El PIB nacional es enorme; el Presupuesto de Egresos de la Federación es inmenso (4.7 billones de pesos); la infraestructura nacional, aún incipiente, permitiría la construcción de un nuevo modelo y curso del desarrollo; el asunto está en las prioridades que se asumen al momento de diseñar y decidir qué políticas públicas se implementan para cumplir con el mandato constitucional de garantizar los derechos humanos.

Una sociedad para la equidad y la igualdad sustantiva es posible. Somos al menos la 15ª economía planetaria. Así que no hay argumento que permita sostener que la desigualdad, la explotación y la invisibilidad de más de la mitad de la población son el único destino posible. 

 

 

MLF

Mario Luis Fuentes

Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas.

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