MÉXICO SOCIAL EN EXCÉLSIOR

Viernes, 01 Julio 2016 00:00

Julio 2016

Escrito por Mario Luis Fuentes (@ML_Fuentes)
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La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el sistema institucional. Se trata de una práctica generalizada en todos los órdenes y niveles del gobierno, y su “normalización” ha llegado a tal grado, que en múltiples espacios se asume como “natural” que los políticos y quienes aspiran a participar en la política asuman que robar o beneficiarse de los recursos públicos es consustancial a los cargos.

En la última edición del Índice Nacional de Corrupción, 2010, Transparencia Mexicana documentó que en el país se tuvo noticia de al menos 200 millones de actos de corrupciónI, cifra aún mayor que la registrada en 2007, cuando se contabilizaron 197 millones.

En 2015, el Índice Global de Percepción de la CorrupciónII, elaborado por Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar 95 entre 168 países medidos en su lista; mientras que el informe Latinobarómetro, 2015III muestra que en México 73.2% de las personas considera que el Estado es poco o nada transparente.

En las Encuestas levantadas por el INEGI se encuentran igualmente muy altos niveles de percepción en torno a que el Gobierno, en todos sus órdenes y niveles, junto con los partidos políticos y los representantes populares, recurren regularmente a prácticas de corrupción.

Así, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, ENCIG, 2015, muestra que el 88.8% de la ciudadanía cree que la corrupción es frecuente o muy frecuente en sus entidades. En esta Encuesta, en orden decreciente, las entidades con peores indicadores son: Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE,2015), igualmente levantada por el INEGI, muestra que 78% de la población piensa que las policías de tránsito son corruptas, 66.5% piensa lo mismo de las policías preventivas o municipales, 65.6% lo piensa de los jueces, 64.8% lo asume respecto de los ministerios públicos, 63.6% lo cree de las policías estatales, 62.4% lo piensa respecto de las policías ministeriales o judiciales, 59.2% lo cree de la PGR, 54.2% lo piensa de la policía federal, mientras que 25.1% y 17.3% lo asume respecto del ejército y la marina, respectivamente.

Datos similares se encuentran en la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED), 2015, y en prácticamente todos los instrumentos de medición serios de que disponemos para dimensionar esta perniciosa práctica.

Al respecto, es evidente que la corrupción está vinculada a la falta de transparencia y rendición de cuentas y, en ese sentido, destaca el dato del Latinobarómetro respecto de los altos niveles de desconfianza de la población mexicana, la cual cree que el Estado y sus instituciones son poco transparentes.

En la misma lógica destaca que la mayoría de la población piensa que la mayoría de las instituciones públicas son ineficientes en su desempeño y que la calidad y oportunidad de los servicios públicos que reciben son, por decir lo menos, deficientes y cuestionables.

El otro rostro, que podría decirse, es el anverso de la corrupción, es el de la impunidad; lo cual se evidencia a través del indicador relativo a que únicamente cerca de 9% de los delitos que se cometen en el país no se denuncian, debido en la mayoría de los casos a que las instituciones son consideradas o corruptas o ineficaces en su desempeño.

Así las cosas, la aprobación del paquete de leyes relativas al Sistema Nacional Anticorrupción constituye apenas el primer paso, fundamental e indispensable, pero no suficiente, para erradicar la corrupción; sin embargo, todavía falta mejorar el sistema regulatorio (por ejemplo, las Reglas de Operación de los Programas Públicos), el sistema normativo (Normas Oficiales Mexicanas) en lo relativo a su pertinencia, supervisión y cumplimiento y el sistema reglamentario estatal y municipal en lo relativo al conjunto de atribuciones y funciones constitucionales otorgadas a los gobiernos locales.

El desarrollo social y la construcción de un fuerte Estado de bienestar capaz de garantizar los derechos humanos de toda la población exige erradicar la corrupción, garantizar un gobierno abierto y establecer mecanismos de sanción que hagan más costoso violar la Ley que apegarse a ella.

NOTAS:

I. Véase: http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/05/01-INCBG-2010-Informe-Ejecutivo1.pdf

II. Véase: http://www.transparency.org/cpi2015

III. Véase: http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

 

MLFMario Luis Fuentes

Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas.

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