por Mario Luis Fuentes
México está en deuda con los tres objetivos planteados hace 20 años en la Cumbre de Copenhaghe. De acuerdo con el CONEVAL, el porcentaje de personas en pobreza patrimonial se redujo sólo de 53.1% en 1992 a 52.35 en 2012. Según el INEGI, al cierre del IV trimestre del 2014 había casi 2.4 millones de personas desocupadas, y más de 14 millones en la informalidad. En desigualdad estamos igualmente estancados: entre las poblaciones indígenas 72 de cada 100 son pobres, mientras que entre los no indígenas la proporción es de 43 de cada 100
Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, la justicia social es la mayor meta global que se tiene en las sociedades contemporáneas, pues de ello depende la generación de procesos de desarrollo sostenido, que permitan como consecuencia garantizar la dignidad y el bienestar para todas las personas.
Desde la Cumbre de Copenhague, llevada a cabo en 1995, se han pactado acciones y programas a nivel internacional, dirigidos al combate a la pobreza y a la reducción de la desigualdad en todo el orbe. Respecto del primer tema, los progresos han sido poco menos que modestos; y frente a la segunda, la cuestión ha llegado ya a niveles insostenibles.
En efecto, de todos los recursos generados después de la crisis de 2008, Bernardo Kliksberg estima que el 50% ha ido a parar a los bolsillos de las mil familias más acaudaladas del orbe; es decir, casi todo sigue siendo para los ricos y casi nada para los pobres, lo que evidencia que aún después de la mayor crisis financiera en los últimos 100 años, poco o casi nada se ha modificado estructuralmente a favor de los más necesitados.
Esto puede afirmarse, sobre todo si se considera que la Cumbre de Copenhague tuvo tres objetivos centrales: a) la erradicación de la pobreza; b) la promoción del pleno empleo y; c) el fomento de la integración social, especialmente de los grupos más desfavorecidos.
La pobreza sigue igual luego de 20 años
Resulta sintomático que, respecto del primero de los objetivos mencionados, en México las cosas poco se han modificado en los últimos 22 años. Los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) no dejan lugar a dudas al respecto.
En la medición de la pobreza, en la dimensión de los ingresos de las personas, para la cual se cuenta con datos para la serie que va de 1992 a 2012, la variación porcentual entre ambos extremos es de sólo 8 décimas menos en el 2012 frente al primer año de referencia (53.1% en 1992 frente a 52.3% en 2012).
Frente a este dato debe destacarse que si bien en términos relativos la pobreza se ha mantenido “constante”, en números absolutos la situación se torna impresentable, pues entre los años señalados el número de personas en pobreza patrimonial creció de 46.13 millones en el año de 1992, a 61.35 millones de personas en el 2012.
Lo anterior significa que cada año, se sumaron en promedio, 760 mil personas a las filas de la pobreza en el país, siendo los ámbitos urbanos en que en mayor medida se concentran quienes han caído en esa situación, pues se pasó de 23.14 millones de personas en pobreza patrimonial en 1992 en las zonas urbanas, a 33.32 millones en el año 2012.
Si estos datos se piensan en términos de hogares, lo que se tiene es que en 1992 el CONEVAL estima que había 8.24 millones de hogares en los que se vivía en pobreza patrimonial, mientras que en el 2012 la cifra creció a 14.17 millones de hogares, poco más del 50% del total que había en ese momento en el país.
Respecto de las otras dimensiones de la pobreza, las cuales permiten dimensionar el grado de vulnerabilidad por carencia de las personas, destaca que hay sólo dos rubros en los que se presentan mejoras significativas. El primero de ellos es el de acceso a los servicios de salud, en el cual, en el año 2000 el 58.6% de las personas carecían de esos servicios, mientras que para 2012 el porcentaje era de 21.5%.
El segundo es el relativo a la calidad y espacios de la vivienda, en el que la reducción en el porcentaje de personas vulnerables por esta carencia es de 41.5% en el año de 1990, a 13.6% en el año 2012.
En contraste, en lo relativo al acceso a la seguridad social, dimensión que se mide a partir del 2008, la disminución es del 65% en ese año, a 61.2% en el 2012. Asimismo, en el ámbito de la vulnerabilidad por carencia al acceso a la alimentación, la vulnerabilidad no sólo no se redujo sino que se incrementó, pasando de 21.7% de la población en 2008, a 23.3% en el 2012.
La fractura del mundo del empleo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al cierre del tercer trimestre del 2014 había en el país un total de 52.10 millones de personas mayores de 15 años que formaban parte de la Población Económicamente Activa, de las cuales, 2.28 millones se encontraban en condiciones de desocupación.
De esa suma 1.37 millones vivían en las principales zonas urbanas del país, mientras que los restantes 910,431 habitaban en las zonas menos urbanizadas del territorio nacional.
Del total de personas que trabajan, el INEGI estima que el 13.5% obtiene ingresos por debajo de un salario mínimo al día; el 24.2% percibe ingresos de entre uno y dos salarios mínimos diarios; el 22.2% percibe ingresos que van de los dos a los tres salarios mínimos; mientras que el 7.4% no percibe ingresos por el trabajo que desempeñan.
En contraste, el 14.5% de la población ocupada tiene ingresos entre los tres y los cinco salarios mínimos diarios, mientras que únicamente el 6.6% de la masa trabajadora tiene ingresos por arriba de los 5 salarios mínimos diarios. Es decir, únicamente 3.27 millones de lo más de 49 millones que trabajan, logran ingresos superiores a los 330 pesos diarios. O bien, un salario de alrededor de 10 mil pesos mensuales.
Otro indicador de suma preocupación que da el INEGI, es el relativo a la tasa de ocupación en el Sector Informal, la cual asciende al 31.8% de la población ocupada; mientras que la de la población que labora en condiciones de informalidad es de 52.8%.
La trampa de la desigualdad
La desigualdad puede ser vista en tres dimensiones: en el ámbito territorial; considerando características etarias de la población, o bien, con base en la pertenencia étnica.
En el primer caso, es relevante sostener que no hay una entidad de la República mexicana en la que no se presenten severos contrastes intermunicipales e intra-municipales.
Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, uno de los que presentan menor porcentaje de personas en condición de pobreza, el municipio de Monterrey presentó en el año 2010, un indicador de 21% de sus habitantes en esa condición; en contraste, en el Municipio de Mier y Noriega, la proporción estimada por el CONEVAL fue, en el mismo año, de 86.6% de la población.
Un ejemplo de la desigualdad por edades se encuentra cuando se considera a las niñas, niños y adolescentes. Entre ellos, el porcentaje en condiciones de pobreza es de 53.8%. En contraste, entre los adultos la pobreza afecta al 41.3% del total de mayores de 18 años de edad.
Finalmente, cuando se compara a la población indígena con la no indígena lo que se encuentra es que, entre la primera, el porcentaje de pobres asciende a 72.3, mientras que en la segunda es de 42.6%.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 24- Febrero- 2015, p.22
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