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La discriminación y la pobreza (las personas con discapacidad)

La discriminación y la pobreza (las personas con discapacidad)

Vivir con alguna discapacidad representa enormes retos y obstáculos: desde las barreras físicas hasta las culturales e institucionales, las cuales impiden el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como lo establece la Constitución.


Los datos de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2014 revelan las condiciones de desigualdad y pobreza que limitan, restringen o, en millones de casos, impiden o niegan el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y apoyos que les permitirían ver garantizados sus derechos.

En efecto, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), el grupo de las personas con discapacidad es en el que en mayor medida se ha incrementado la pobreza entre los años 2010 y 2014. En 2010 el porcentaje de personas con discapacidad en pobreza era de 50.2%, mientras que entre las personas sin discapacidad era de 45.9%.

Para el año 2012 las brechas se profundizaron: entre las personas con discapacidad la pobreza ascendió al 51.2%, mientras que entre quienes no tienen discapacidad se ubicó en 45.1%.

Finalmente, en 2014 las condiciones se tornaron aún más dramáticas, pues el 54.1% de quienes viven con alguna discapacidad son ubicados como pobres, mientras que entre la población sin discapacidad el porcentaje se ubicó en 45.6%.

Estas brechas se expresan también en los ámbitos de vulnerabilidad que mide el Coneval; de inicio, las personas con alguna discapacidad son quienes presentan mayores niveles de rezago educativo: 51.1%, frente al 18.7% registrado entre quienes no tienen discapacidad.

Asimismo, el 31.1% de quienes viven con alguna discapacidad es vulnerable por carencia de acceso a la alimentación, mientras que entre las personas sin discapacidad el porcentaje es de 22.8%.

Finalmente, es importante decir que el 60% de quienes tienen alguna discapacidad perciben ingresos por debajo de la línea del bienestar, y en contraste, para las personas sin discapacidad el porcentaje es de 52.8%.

Alguna vez escuché a un empresario decir que si no había capacidad de la economía para generar empleos para quienes no tienen discapacidad, menos la habría para emplear a las personas que sí tienen alguna.

Al respecto es válido sostener que no hay una visión que sea más discriminatoria y que se ubique en las antípodas de la comprensión de lo que significa una sociedad de inclusión y diseñada para el bienestar y el cumplimiento universal de los derechos humanos.

México no puede seguir por la ruta que va en materia de política social. Por ejemplo, bajo el discurso ignorante de que debían abandonarse “las políticas asistenciales”, como si éstas fuesen sinónimo de “paternalistas o clientelares”, se dejó de asumir la relevancia y centralidad que tiene la política de asistencia social, entendida como el conjunto de servicios del Estado para garantizar los derechos de las personas en mayores circunstancias de vulnerabilidad social.

Se asumió que con el simple hecho de hablar de “personas con capacidades diferentes” y construir “teletones” por todos lados se resolvería el problema, y la evidencia muestra que no es así, y que el Estado no puede renunciar a su responsabilidad de cumplir con los derechos humanos de todos, con especial énfasis y rapidez, a fin de reducir las brechas, a favor de quienes viven en mayores condiciones de desventaja.

Los indicadores mostrados son reflejo de un modelo de desarrollo fracturado, no sólo por su incapacidad de generar crecimiento económico con equidad, sino, sobre todo, por su renuncia a garantizar condiciones de inclusión plena de quienes son más vulnerables.

Las personas con discapacidad son más pobres que el resto porque son discriminadas. Hay que decirlo y reconocerlo así, llanamente, porque de otro modo vamos a seguir creyendo, como sociedad,  que con eufemismos vamos a revertir a la exclusión y la discriminación.

Al igual que en el tema de los derechos de la niñez, es de la mayor relevancia incorporar al texto constitucional el “Principio de Inclusión” a favor de las personas con discapacidad; es su derecho, y urge que ocurra ya.

@saularellano

Artículo publicado originalemte en «la La Crónica de Hoy» el 24 de septiembre del 2015

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