por Romualdo López
Los universitarios somos conscientes de que el país cuenta con recursos humanos, naturales, sociales, científicos y tecnológicos que nos permiten aspirar a crear un país cada vez más justo, con mayor bienestar social y personal, más democrático y más seguro.
Los académicos reconocemos que somos un país plural, diverso, heterogéneo, multicultural y con grandes inequidades sociales que dificultan la posibilidad real de hacer efectivos los derechos de los individuos determinados en la Constitución y en Leyes Internacionales, como lo son, entre otros, los de salud, vivienda, educación, trabajo y acceso a la información.
Es frecuente entre la población imaginar que un nuevo cambio de gobierno representa una esperanza para, por fin, resolver un conjunto de problemas que nos aquejan como país e incorporarnos plenamente a la era de la globalización, de la llamada sociedad del conocimiento y que alcancemos, ahora sí, una sociedad democrática. Los cambios que requiere el país demandan, además, de los acuerdos entre grupos y partidos políticos que tienen percepciones diferentes sobre el rumbo a tomar; conocimiento fundado; recursos humanos calificados y con conciencia social; desarrollo y aplicación de la ciencia y tecnología; respeto a la diversidad; defensa de los derechos humanos; cuidado del medio ambiente; y resguardo de tradiciones y costumbres que nos identifican y enriquecen.
Las instituciones de educación superior, y las públicas en particular, tienen un papel relevante en la construcción de esa sociedad, con cierta independencia de quien ocupe el gobierno. Son instituciones de la sociedad que aportan más de 400 mil profesionales cada año en todas las ramas del saber, forman a más de 60 mil graduados anualmente, realizan investigaciones que contribuyen a resolver grandes problemas del país, llevan a cabo importantes acciones para preservar y difundir la cultura universal, nacional, regional y local. Pero también son, y esto es muy importante, instituciones donde se ejerce con pleno derecho la crítica: a los programas de gobierno; a las decisiones que se toman; a los proyectos que se aprueban; al manejo de los recursos públicos; a las decisiones arbitrarias y convenencieras; a la aplicación parcial de la ley.
Las instituciones de educación superior cumplen una función evaluadora, a partir del conocimiento especializado que tienen, en muchos ámbitos del quehacer social, político, económico, cultural. Evalúan las políticas públicas, las acciones de gobierno, los programas, sus resultados, así como la actuación de los órganos autónomos.
Lo que se pretende enfatizar es que con cierta independencia del gobierno en turno, las instituciones de educación superior, particularmente las universidades públicas, tienen un rol social imprescindible: forman a las personas, proponen acciones a partir de sus proyectos de investigación, son críticas y evaluadoras del quehacer social. Siguen teniendo, o lo deben recuperar, el papel de “conciencia crítica” del país y para ello requieren de autonomía.
La educación superior en el país ha registrado indudables avances en el transcurso del tiempo, pero también es cierto que éstos han sido insuficientes para estar en condiciones de cumplir con idoneidad la responsabilidad social que se le ha conferido.
Recientemente, en el año en curso, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) formuló un documento de propuesta para el programa sectorial educativo en el nivel superior que en breve deberá darlo a conocer el gobierno federal. En ese documento se afirma que es necesaria “una nueva generación de políticas para la educación superior”. El diagnóstico que fundamenta la propuesta de cambio se basa en un conjunto de estudios y experiencias de los académicos que muestran que las políticas instrumentadas en las últimas dos décadas fueron muy importantes pero empiezan a mostrar rendimientos decrecientes, a dar resultados no esperados e incluso perversos que han afectado la autonomía institucional y, lo más grave, es que no hay evidencias empíricas de que su aplicación haya redundado en una formación de mejor calidad en los estudiantes y que los resultados de las investigaciones realizadas hayan sido debidamente aprovechadas por el gobierno y la sociedad.
El diagnóstico enumera los problemas de la educación superior. Algunos de ellos son los siguientes: la ausencia de una política pública con visión de Estado que señale el carácter estratégico de la educación superior para el desarrollo de México y que el país puede ser más justo y equitativo si se canalizan recursos públicos para fomentar con más ahínco el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en las instituciones de educación superior, sobre todo las públicas.
Evidentemente no hay que diseñar políticas públicas para atender todos los problemas enumerados, hay los que pueden enfrentar las instituciones si éstas recuperan responsablemente el ejercicio de su autonomía y se les dan recursos financieros con una perspectiva de largo plazo. La asignación y negociación anual del presupuesto desgasta a las instituciones, las distrae de su encomienda, no les da certidumbre para proponer y realizar planes y programas a largo plazo.
A fines de 2013 se dio a conocer el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en donde obviamente está incluida la Educación Superior. Desafortunadamente, buena parte de las propuestas y sugerencias de la ANUIES se desdibujan y algunas no están incluidas en el Programa gubernamental. Preocupa ello porque no sólo los rectores que signan el documento sino buena parte de investigadores y analistas consideramos que para impulsar la educación superior es imprescindible un cambio de política pública para la educación superior.
La continuidad de políticas diseñadas hace ya más de 20 años, ampliadas y ratificadas a lo largo de cuatro sexenios dan muestras de agotamiento; se acumulan evidencias de que los efectos negativos empiezan a ser mayores que los positivos, que las intenciones con las que fueron creadas (las políticas) no se corresponden con los resultados, y que las asignaciones económicas ligadas a una supuesta evaluación no sólo no son eficaces sino que pueden llegar a socavar la ética profesional y la responsabilidad social institucional.
La crítica a los programas federales aplicados a lo largo de 20 años de ninguna manera desconoce y minimiza los avances logrados en ese lapso en la educación superior, pero reconoce también las limitaciones y la necesidad de una nueva generación de políticas públicas. Hay avances, pero no son suficientes, no a la velocidad requerida, no con la instrumentación adecuada.•
Notas:
I. El promedio en América Latina para el año 2010 era 41% y México se situaba 10% abajo, en el 31%. La propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) de atender al 50% en 2021 es menor a la que actualmente tienen la mayor parte de los países de la OCDE (con excepción de Turquía que tiene el 46%)
II. El documento se llama: “Inclusión con responsabilidad social. Elementos de diagnóstico y propuestas para una nueva generación de políticas de educación superior”. México: ANUIES, diciembre de 2012. 195 p.
| Romualdo López Zárate Rector de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es Académico en el Departamento de Sociología de la UAM. |
