Amnistía Internacional publicó su informe anual 2017, La situación de los Derechos Humanos en el Mundo, en el que documenta el incumplimiento en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de la población en 159 países
El prólogo del documento es simplemente crudo, una síntesis de la gravedad que los seres humanos enfrentamos ante el incumplimiento generalizado de nuestros derechos:
Cuando comienza el año del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda sobradamente claro que nadie puede dar por sentados sus derechos humanos. Desde luego, no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a nuestro gobierno. Tampoco podemos dar por sentado que dispondremos de seguridad social cuando seamos personas ancianas o incapacitadas, que nuestros bebés podrán crecer en ciudades con aire limpio y respirable o que, como jóvenes, acabaremos los estudios y encontraremos un trabajo que nos permita comprar una casa. La batalla por los derechos humanos nunca se gana de forma definitiva en ningún lugar ni en ningún momento. Las fronteras cambian continuamente, por lo que nunca puede haber margen para la autocomplacencia. Probablemente nunca haya sido este hecho tan evidente en la historia de los derechos humanos. Aun así, ante desafíos sin precedentes en todo el mundo, las personas han demostrado una y otra vez que su sed de justicia, dignidad e igualdad no se va a calmar, y, aunque pagando a veces un precio muy alto, continúan buscando formas nuevas y audaces de expresarlo. En 2017, esta batalla global de valores cobró una intensidad sin precedente.
La violencia, afirma con Amnistía Internacional, es generalizada en materia de ataques y homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia contra mujeres, todo ello en un marco de impunidad.
De acuerdo con el documento, al incremento de la violencia en el país se suma el hecho de que las fuerzas armadas nacionales siguen realizando labores que corresponden a la policía. En 2017 hubo 42,583 homicidios registrados en todo el país, la cifra más alta registrada por las autoridades desde 2012.
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura: prácticas generalizadas
Según la organización, las detenciones arbitrarias en México son generalizadas y muchas veces derivaban en otras violaciones de derechos humanos, como la tortura y/o incluían la siembra de pruebas falsas, por lo general armas y drogas.
“Las autoridades parecían tener como objetivo a personas históricamente discriminadas, especialmente hombres jóvenes que vivían en la pobreza”, se afirma en el documento. Además, advierte sobre la frecuencia con que los agentes no informan a las personas detenidas por cuales motivos los detienen, ni les hacen saber sus derechos.
Asimismo, se realizaron informes policiales sobre detenciones con errores importantes, información e imprecisiones en el registro de la fecha y la hora de la detención. Entre los motivos de las detenciones arbitrarias se encuentran:
- Extorsionar a la persona detenida para obtener dinero
- Detener a una persona concreta a cambio de un pago por parte de un tercero
- Motivos políticos
- Investigar a la persona detenida en relación con otro delito, tras detenerla por un delito menor que normalmente no había cometido
En febrero, el relator especial de la ONU concluyó que la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados e incluían un uso alarmante de la violencia sexual como método de tortura frecuente. La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República reportó 4,390 casos de tortura en revisión a nivel federal e inició 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia adversarial.
“Las autoridades federales no anunciaron la presentación de cargos penales nuevos contra funcionarios públicos ni brindaron información sobre las detenciones practicadas en relación con el delito de tortura”, se afirma en el documento y únicamente en Quintana Roo, un juez federal condenó a un exagente de policía a cinco años de prisión por este delito.
“Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica habitual, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta”, afirma Amnistía Internacional. Además, se especifica que, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, sigue sin esclarecerse el paradero de 34,656 personas (25,682 hombres y 8,974 mujeres); lo anterior, aunado a la impunidad y a que “las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y las autoridades normalmente no iniciaban de inmediato la búsqueda de las víctimas”.
En lo relativo a las ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con el informe, éstas no se investigan de manera adecuada y quienes las perpetran quedan impunes. Amnistía realiza un recuento detallado de los casos de los cuales se carece de información suficiente o que no han llegado a una resolución y continúan en la impunidad:
“Por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. No se dio información sobre los cargos penales formulados en los casos de Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas murieron a manos de soldados en 2014; de Apatzingán, estado de Michoacán, donde agentes de la policía federal y de otras fuerzas de seguridad mataron a al menos 16 personas en 2015; y de Tanhuato, estado de Michoacán, donde las fuerzas de seguridad mataron a 43 personas durante un operativo de seguridad en 2015.
“El 3 de mayo, el ejército llevó a cabo operativos de seguridad pública en la localidad de Palmarito Tochapan, estado de Informe 2017/18 Amnistía Internacional 315 Puebla, y reportó la muerte de siete personas, incluidos cuatro soldados. Días después se publicaron en Internet imágenes de vídeo de cámaras de seguridad instaladas en el lugar. Uno de los vídeos mostraba claramente a una persona con uniforme militar matando de un disparo a un hombre que yacía en el suelo. Amnistía Internacional verificó de forma independiente las imágenes y concluyó que había razones suficientes para pensar que se había cometido una ejecución extrajudicial”.
