Estamos a 87 días de que el Presidente electo tome posesión del cargo y durante los sesenta que han transcurrido después de la elección, tanto él como su equipo han podido ir pulsando la “temperatura” y la complejidad de los problemas que tiene el país
Desde esta perspectiva, pueden señalarse varias restricciones que, seguramente, ya percibieron y sobre las que será fundamental intervenir a fin de llevar a buen puerto su administración.
En primer lugar, la principal restricción a la que se enfrentan es el tiempo, pues aún con los cinco meses que hay entre la elección y la toma de posesión, conocer, procesar y diseñar las nuevas estrategias para resolver los problemas de responsabilidad de cada secretaría y organismo de la administración pública, requiere de un “pulso” que sólo se tiene una vez que se está en funciones.
Por ello, uno de los primeros retos a que se enfrentará la nueva administración se encuentra en la definición de lo urgente y lo prioritario: lo primero, asociado a todo aquello que no puede suspenderse ni alterarse sustantivamente, pues de ello depende la salud, la seguridad y la vida de miles de personas, y lo segundo, vinculado a las grandes agendas pendientes en el país.
El nuevo gobierno habrá de iniciar con una perspectiva de bajo crecimiento, debido a la inercia económica de los últimos 30 años, así, en 2019 tendremos un crecimiento de alrededor del 2.6%, lo cual no alcanzará para modificar, sustantivamente, el estado de cosas que hay en el país.
En esa lógica, debemos estar conscientes de que la construcción de los megaproyectos anunciados por el Presidente electo requieren tiempo: elaboración de proyectos ejecutivos, desarrollo de licitaciones y procesos contractuales, puesta en marcha, ejecución y evaluación de las obras, de tal forma que su impacto comenzará a palparse sólo dentro de dos o de tres años.
Otra de las restricciones para la transformación se encuentra en una burocracia de altísima complejidad, en la que conviven las mejores y las peores prácticas: desde quienes llevan a cabo con profesionalismo y entrega su trabajo, hasta quienes abusan y hacen del erario una fuente de recursos obtenidos sin desempeñar, apropiadamente, sus responsabilidades.
En ese sentido, deberá ponerse en marcha un proceso acelerado para identificar a los mejores perfiles, a las y los funcionarios con mayor liderazgo, a fin de aterrizar, apropiadamente, la profunda reforma administrativa que se nos ha anunciado.
Todo lo cual, una vez más, tomará un tiempo considerable, pues la necesaria modificación del sistema normativo y reglamentario requerirá de intensos procesos de capacitación para que los operadores puedan ser eficaces en el marco de la norma.
Otro factor a considerar es la realidad de las violencias; tanto las de la vida cotidiana, como la ejercida por las organizaciones delictivas.
2018 será el año más sangriento en las últimas tres décadas, por lo que la pacificación del país podría tardar más de lo previsto, sobre todo, si la decisión de los grupos criminales es continuar con la virulencia y sadismo con que hoy actúan y aterran al país.
Hay, además, restricciones que no dependen directamente del gobierno y que pueden afectar sus capacidades: el precio del petróleo; la agudización de los efectos del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, erupciones volcánicas o terremotos, pueden provocar severas consecuencias para el desarrollo y, aunque es difícil preverlas, el diseño del gobierno debe construirse estando preparado para cuando se presenten.
A todo esto, por si no fuera ya demasiado, debe añadirse la “externalidad llamada Trump”, quien en un exabrupto podría modificar las coordenadas de la relación bilateral o de los arreglos globales, de forma literalmente dramática.
Estar conscientes de las restricciones es una condición necesaria para todo gobierno; sin embargo, detectarlas, asumirlas y procesarlas, es también uno de los procesos más complejos para quien tiene el privilegio de tomar las principales decisiones públicas.
