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¿Ley imparcial?

por María Gourley

En general, México ostenta un marco normativo propicio para la protección de los derechos de las mujeres. No obstante, existe una sustancial brecha entre la propuesta normativa y su práctica concreta


Más de la mitad de la población mundial está compuesta por mujeres y, sin desconocer la importante labor que se ha realizado para el reconocimiento de los derechos femeninos, continuamos siendo desfavorecidas en todos los niveles. Las causas de esta inequidad son muchas y muy profundas, pero su fundamento no se originó desde la implementación de políticas discriminatorias, sino a partir de la reproducción de patrones que fundamentaron lo estructural. Por ende, la inequidad de género debe ser examinada a nivel estatal y también desde nuestra realidad cotidiana, sin olvidar ni excluir que históricamente los logros obtenidos por y para la igualdad han surgido desde la sociedad civil y mediante la movilización.

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En el tema específico de acceso a la justicia, la conciencia individual se vuelve imprescindible cuando constatamos que las leyes no punibles –y me refiero a las normativas morales–- afectan e inciden en la aplicación de las normas jurídicas. Si desde la infancia y dentro del entorno familiar se asimilan significaciones que manifiestan actos de inequidad, las niñas por una parte crecerán pensando que no tienen alternativa, y los niños, creyendo que deben reproducir modelos inadecuados.

Es por ello que en la mayoría de los países latinoamericanos los mecanismos de justicia resultan exiguos a la hora de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. Ciertamente, la barrera principal que atravesamos las mujeres para acceder a los sistemas de justicia es la marginación de género, la cual genera pobreza, falta de acceso a la información y escasez de representatividad. Y el acceso a la justica es un derecho en sí mismo, pero también una garantía imprescindible para el ejercicio de todos los demás derechos.

Richard Robbins, doctor en antropología, investigador y académico de la Universidad de Plattsburgh, Nueva York, comparte datos alarmantes respecto a la situación de la mujer contemporánea:

“Las mujeres experimentan inequidad desde la primera infancia; es común que en la mayoría de las sociedades se prefiera a los recién nacidos que a las recién nacidas, con base en una supuesta futura productividad económica y a la herencia del linaje (apellido). En la etapa media de la infancia, las niñas sufren de desventaja educacional. Durante la adolescencia las niñas son víctimas de abuso, explotación, tráfico, uniones matrimoniales tempranas, maternidad prematura y sometidas a una total ignorancia referente a cuestiones vitales relacionadas con su salud sexual y reproductiva.

“Se calcula que cada año mueren más de cincuenta millones de mujeres por complicaciones en el parto, en su mayoría, por tener escaso acceso a los servicios de salud. La mujer adulta experimenta doble discriminación: por género y por edad. Tampoco se puede desestimar que la pobreza en el mundo se está feminizando; me refiero a que dos de cada tres personas adultas pobres son mujeres: las mujeres hacen la tercera parte del trabajo a nivel global y reciben menos del 10% de las ganancias.”

Expertos de las Naciones Unidas, representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles han invitado a las mujeres a involucrarse de manera activa en los sistemas judiciales como una forma efectiva de romper estereotipos de género, no solo para asegurar el acceso a la justicia, sino también para suprimir los actos de discriminación hacia la mujer dentro del sistema. Pero la inclusión de mujeres en este ámbito no parece suficiente si no va acompañada de una infraestructura correcta por una parte y de cambios sociales por otra; cambios sociales que precisan de la conciencia particular.

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El primer artículo de la Constitución Mexicana establece garantías de igualdad ante la ley. En el plano legislativo México ha erigido importantes avances en favor de la equidad: en 2006 el parlamento aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tiene por objeto establecer un vínculo obligatorio entre el gobierno federal y los gobiernos estatales en la formulación de políticas y disposiciones legales. Esto luego de aprobarse en 2003 leyes para promover el derecho de las mujeres a poseer tierras y propiedades y para la protección de sus derechos reproductivos (incluido el acceso a la información sobre salud reproductiva). Los Institutos de la Juventud y Nacional de las Mujeres han asumido importantes compromisos en el desarrollo e implementación de gestiones y acciones que promuevan la perspectiva de género y, en términos generales, se han establecido mejoras dentro del sistema jurídico para ultimar los obstáculos que impongan reglas restrictivas, complejidad en los procesos y costos excesivos.

Desgraciadamente, la ley se convierte en letra muerta dentro de un sistema social amparado por el machismo y la corrupción; la ONU determinó que en varias entidades de la República Mexicana el asesinato de mujeres es 15 veces mayor al promedio mundial y que en un periodo de seis años los feminicidios en México aumentaron de 40% a 95%. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) determinó que en el país el 47% de las mujeres sufren o han sufrido violencia física o sexual. Gran parte de estos hechos, amparados en la impunidad.

Me resulta muy insólito que ante estas estadísticas las diferentes ramas del derecho social descarten a las mujeres como grupo vulnerable, excluyéndolas del ámbito investigativo y doctrinal, y adjuntándoles únicamente circunscritas dentro de otros sectores sí considerados en situación de desventaja (pueblos originarios, trabajadores y trabajadoras, migrantes, etcétera). El perímetro académico y sus consecuentes conclusiones resultan necesarios para legitimar e influir en cualquier ámbito y por ende permear en el sistema, y si las mujeres nos encontramos marginadas dentro de la formación legal como grupo de estudio, si no se forman especialistas con perspectiva de género en el medio legal, difícilmente se lograrán reformas en la aplicación de la justicia ya existente.

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En los años setenta la investigadora y antropóloga estadounidense Margaret Mead declaró de forma muy acertada que “la formación de la personalidad es el producto de una sociedad que resguarda los papeles que impone” (esto, en alusión a las construcciones de género).

El doctor en criminología, autor, investigador y académico mexicano, Erick Gómez Tagle, expone que “pese a la apertura y aceptación ‘generalizada’ del equilibrio entre los géneros, persiste en las instancias decisorias (desde la jefatura del hogar, hasta la ocupación del Poder Ejecutivo) una diferencia entre la igualdad jurídica y la que es fáctica o real”.

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La ciudadanía formada desde el modelo básico que conforma el patriarcado (la familia tradicional y jerárquica que establece funciones intransferibles e ineludibles) promueve sistemas androcéntricos y construye modelos que influyen en la realidad política y jurídica de una nación. Por ello, la justicia democrática, incluyente y enfocada al cambio social, requiere un análisis vasto y sostenido respecto al significado de las leyes, las causas de la inequidad de género y el contexto desde donde la ley es consumada y aplicada. No basta con la creación e institución de instancias legislativas no discriminatorias, los organismos aplicadores de la ley deben ser cuestionados, las leyes revisadas, asegurándose así acciones sociales que no se contradigan con los derechos consuetudinarios establecidos por la Constitución.•

María Gourley
Artista multidisciplinaria chilena-canadiense, activista, docente y promotora cultural, miembro de la Canadian Alliance of Dance Artists, con estudios superiores en música popular, danza, lenguas y gestión, receptora de beca por excelencia académica otorgada por el Gobierno de Canadá. Se ha desempeñado en coordinación y producción en diferentes países, realizando labores de gestión, coordinación y docencia. En 2008 fue propuesta como “Mujer del año” por la comunidad latinoamericana residente en Vancouver, por su aporte a las artes y a la cultura.

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