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Los acuerdos de San Andrés: 20 años de indiferencia

por Jaime Martínez Veloz

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Las causas que dieron origen al levantamiento zapatista en 1994 no se han modificado sustantivamente, a pesar de las acciones llevadas a cabo durante todo este tiempo, incluyendo muchos esfuerzos sinceros por lograr cambios perdurables en beneficio de los pueblos indígenas


En 1994 el EZLN se levantó en armas, enarbolando las causas que hoy documenta el CONEVAL. Los números no mienten. Las estadísticas no tienen signo político, solo muestran resultados: en los dos últimos años hay medio millón más de indígenas pobres y un aumento en 300,000 en el número de indígenas en pobreza extrema.

Entre 2012 y 2014 se amplió la brecha de pobreza y, particularmente, la de pobreza extrema entre la población indígena y no indígena. El porcentaje de población indígena en pobreza pasó de 72.3% a 73.2%, esto es, 8.7 millones de personas; medio millón más que en 2012.

El porcentaje de pobreza extrema pasó de 30.6% a 31.8%, es decir, 3.8 millones de indígenas; 300,000 más que en 2012. La población con al menos una carencia social pasó de 92.6% a 92.1%; y aquella con al menos tres carencias de 56.1% a 54.8%.

El rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la carencia por acceso a la seguridad social, la calidad y los espacios en la vivienda fueron las carencias sociales que se redujeron.

En sentido opuesto, las carencias sociales que se incrementaron fueron los servicios básicos en la vivienda y el acceso a la alimentación. Esta última con la mayor variación al pasar de 34.4% a 38.8%, 600  mil personas más que en 2012.

La población indígena con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo pasó de 42.4% a 43.9%, y la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar pasó de 74.5% a 76.1%.

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A pesar de las reformas jurídicas aplicadas y los cada vez mayores recursos destinados para su atención, los pueblos indígenas han tenido un avance muy lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos niveles de pobreza, mayores carencias sociales, menor nivel de ingreso, menor representación política y los que sufren la mayor discriminación entre los diversos grupos.

El incremento de recursos financieros a este sector no ha influido en la disminución de los niveles de pobreza de la población indígena, porque es ahí donde reside la necesidad de entender que enfrentar este grave problema no es solo un asunto presupuestal, sino un tema que requiere abordarse en el marco del contexto económico y jurídico en el que se produce, que permita incorporar los derechos de los pueblos indígenas, excluidos hasta hoy, para que puedan ser ejercidos a cabalidad.

Ante esta realidad, las instituciones de la República y la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de reflexionar sobre las causas de este grave fenómeno y construir las opciones para enfrentarlo.

Contexto económico

Los ajustes en la forma de conducir la economía nacional a partir de los años 80implicaron modificar la política económica y social a partir de la aplicación de medidas que buscaban dar cumplimiento a compromisos asumidos por México con organismos internacionales y gobiernos de países desarrollados, en aras de incrementar la apertura y desregulación de la economía, y reducir drásticamente la participación del Estado como actor preponderante en la conducción de los procesos de desarrollo nacional.

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 Las expectativas que en su momento se generaron con estas reformas eran las de lograr estabilidad macroeconómica, mayores tasas de crecimiento, e incremento de la competitividad en los sectores y ramas de la economía que estarían vinculados a mercados internacionales; además, estos procesos tendrían un efecto redistributivo a partir de la reducción de las brechas salariales, tanto entre sectores como con nuestros socios comerciales, y de una mayor eficiencia en la aplicación del gasto, lo cual, en suma, se traduciría en una reducción de la pobreza y de la desigualdad.

A más de tres décadas, se puede afirmar que la realidad ha sido muy distinta a la proyectada.

En los últimos 20 años, la economía ha tenido un comportamiento pobre que se refleja en un promedio de crecimiento anual de 2.6% para el caso del PIB, y de 1.3% al considerar el PIB per cápita.

En la historia económica reciente encontramos períodos con algunos destellos en el comportamiento económico; en el período de 2008 a 2013, el país creció en un 2%, nivel por encima del promedio del conjunto de países de la OCDE, que fue del 0.8%; sin embargo, el porcentaje del gasto público respecto del PIB fue de apenas el 27.2%, cuando el promedio del conjunto de países de la OCDE fue del 42%.

Los niveles productivos se mantuvieron estables, de esta forma se esperaría que las economías de las familias se comportaran de la misma manera, sin embargo no fue así. La problemática se encuentra en el contrato social, en donde la distribución de los beneficios solamente favorece al capital y no al trabajo.

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En los últimos 20 años, el salario mínimo real tuvo un decremento del 27% y las fortunas de las nueve familias más ricas del país han crecido casi 10 veces entre 1996 y 2014, al pasar de un total de 13,300 millones de dólares en 1996 a 131,700 millones en 2014.

Ningún país aguanta una situación de esta naturaleza sin pagar las consecuencias.

Las propuestas atendidas y las que no se escucharon

Ninguna sociedad es monolítica, sólo las dictaduras. En la democracia se escuchan las voces de los diferentes grupos políticos y poderes fácticos organizados.

 ¿Cuáles eran las propuestas hace veinte años en el debate sobre nuestra economía, y sexenio tras sexenio? ¿Qué distinciones se pueden identificar en el manejo de los instrumentos de política económica?

Todos los grupos políticos enarbolan medidas para alcanzar el bienestar social, ahí no hay diferencias; el problema es el cómo, las prioridades y los énfasis que se aplican en cada medida para modificar el rumbo de la economía y hacia qué sectores van dirigidos los beneficios.

Las propuestas de los grandes empresarios tenían que ver con la confianza en el libre mercado: mientras menos participara el Estado en la economía, más competencia de los agentes económicos, nacionales y extranjeros y, por lo tanto, mayores niveles de empleo y bienestar.

El debate entre los académicos y los sectores más críticos al libre mercado pugnaba por establecer mecanismos estatales para impedir la formación de monopolios y no confiaban que la libre empresa fuera la panacea para los grandes problemas del país.

Las crisis, se argumentaba, eran producto de la rapiña, y sin la conducción estatal la distribución de los frutos del progreso sería inequitativa y se profundizaría la brecha entre ricos y pobres.

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En medio de este debate, surgieron voces y propuestas más aterrizadas en la problemática nacional e hicieron énfasis en las economías regionales. La más trascendente fue la respuesta del EZLN. Desde el mes de enero de 1994 pusieron el dedo en la llaga y exigieron al gobierno federal atender los reclamos y demandas históricas.

En términos económicos fueron ideas muy simples, más que propuestas de tipo económico, eran reclamos en donde subyacía el señalamiento para saber por dónde no transitar, porque los resultados estaban a la vista, y las medidas adoptadas en las últimas décadas no habían arrojado resultados alentadores.

Para los grupos que enarbolaban estos reclamos estaba claro que la medicina inyectada al país no era la adecuada.

¿Existen alternativas a la grave situación que viven los pueblos indígenas?

A raíz del levantamiento Zapatista, en el año de 1994 se inició el proceso de los diálogos de San Andrés Larráinzar, donde los pueblos indígenas y el gobierno federal construyeron los Acuerdos para el reconocimiento de sus derechos. El próximo 16 de Febrero de 2016 se cumplirán 20 años de haberse firmado.

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Es el proceso de construcción de acuerdos más amplio y horizontal que se ha producido en México en las últimas décadas. Ahí están expresados los pensamientos no sólo del EZLN, sino de la mayoría de los pueblos indígenas del país. Sin embargo, la reforma constitucional aprobada en materia indígena en el año 2001excluyó las partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos, que habían sido acordados en San Andrés.

El no cumplimiento de estos acuerdos ha configurado escenarios de pobreza y confrontación, al no existir las herramientas jurídicas para garantizar sus derechos.

La apuesta de las cúpulas políticas y económicas de reducir la compleja problemática indígena a un asunto solo de programas sociales ha fracasado. Los datos del CONEVAL no mienten.

Durante los últimos años, los movimientos indígenas nacionales han planteado de manera recurrente el reconocimiento de sus derechos colectivos; estas exigencias buscan que los derechos sean parte del orden normativo del país en atención a la diversidad y particularidad de los pueblos, y representan su plataforma étnico-nacional, sustentada en los avances internacionales en la materia.

A través del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la armonización del marco legislativo y constitucional nacional con el internacional, comprometida por el Presidente de la República en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU celebrada en septiembre de 2014, junto a las luchas, iniciativas, esfuerzos y empuje de los pueblos, se podrá contar con un nuevo y mejor marco normativo que permita a las comunidades indígenas, salir de atraso, la pobreza y conflictividad en que subsisten.

Estos cambios permitirán resolver las tensiones históricas que, de no ser atendidas por la vía institucional, generarán más conflictos y un posible choque cultural, que puede generar violencia y vulnerar la gobernabilidad del Estado Nacional.

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No hay lugar para regateos; las instituciones del Estado estamos obligadas a construir soluciones que reviertan esta situación injusta y desigual.

Las salidas deben ser estructurales, solo de ese modo se logrará que los cambios sean endógenos y permanezcan en las comunidades; se trata de generar una dinámica indígena de prosperidad que contribuya a la construcción de un país moderno y pluricultural.

En esta tarea, que requiere la participación más amplia posible de todos los poderes, órganos de gobiernos y sectores económicos, políticos y sociales, nos corresponderá a cada quien decidir el carácter de nuestra participación, como compañero de viaje o como escollo avasallado.

Jaime Martínez Veloz
Titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Es Arquitecto por la Universidad Autónoma de Coahuila, institución en la que ha fungido como Secretario General, director de la Facultad de Arquitectura y profesor. Es Articulista del periódico La Jornada, y autor de libros como «Chiapas: la paz inconclusa». Dentro de la función pública se ha desempeñado como Coordinador de diferentes programas sociales en los estados de Coahuila, Baja California y Chiapas, y ha formado parte en cuatro ocasiones de la Comisión para la Concordia y la Pacificación en Chiapas, dos como diputado federal y dos como representante del Gobierno de Chiapas en la LX y LXI Legislaturas.

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