Select Page

Lo que aún falta por hacer

Lo que aún falta por hacer
Escucha el podcast de Mario Luis Fuentes en Imagen Radio 90.5 FM

La administración 2018-2024 tiene ya cinco meses. Si se contabiliza el enorme poder que el presidente López Obrador concentró desde su triunfo, tenemos en realidad al menos nueve meses de diagnóstico y conocimiento del estado del gobierno -por cierto, con muy bajos niveles de operación y eficacia-, y de las capacidades presupuestales y orgánicas de la administración pública federal.

Frente a ello, el presidente de la república ha planteado tres grandes objetivos: 1) acabar con la corrupción, 2) acabar con la pobreza y 3) pacificar al país.

Sin duda, los tres tienen pertinencia y responden a las grandes preocupaciones nacionales; sin embargo, se trata de objetivos que, de alcanzarse, son condición necesaria, pero no suficiente para la construcción de un nuevo Estado de bienestar, como el propio presidente lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Respecto del primer objetivo, es cierto que la primera condición es que quien sirva al país lo haga desde un sentido profundo de patria y compromiso público. Sin eso no es posible ser un buen funcionario.

También te puede interesar: «Administración pública: ¿un elefante mañoso?»

Sin embargo, ningún país con bajos niveles de corrupción lo ha logrado sólo con base en una ética pública sólida; además de eso se llevaron a cabo reformas institucionales, de diseño presupuestal y de control del gobierno, que permiten que, más allá de la buena voluntad de quien gobierna, no se haga deliberadamente un mal uso o se dejen de tomar decisiones para beneficiar a grupos particulares o a personas.

Respecto del segundo –acabar con la pobreza- la condición necesaria es tener un conjunto de políticas que garanticen acceso a trabajo digno para todas las personas, pero también el abatimiento de la desigualdad; y eso implica en México un proceso de reformas que permitan modificar las relaciones de los poderes fácticos con el poder del Estado.

Para reducir la pobreza se necesitan programas sociales; pero además se requiere de dos cosas insustituibles: En primer lugar, dado que se reconoció en los criterios de política económica del PEF 2019 la necesidad de una reforma fiscal y hacendaria, lo urgente es definir el método para alcanzar el gran consenso político requerido para la modificación de nuestro sistema impositivo, pero también la Ley de Coordinación Fiscal.

En segundo término, es imprescindible abatir la impresentable desigualdad que tenemos en México; y eso, además de un nuevo régimen fiscal y hacendario, implica también nuevas lógicas de redistribución del ingreso que van más allá de la transferencia directa de ingresos, y que deben darle viabilidad a un sistema de bienestar que garantice acceso universal y gratuito a servicios de salud, así como un sistema educativo nacional que garantice acceso y calidad desde el prescolar hasta la universidad.

En ese sentido, dado que el 30 de abril será entregada al Congreso la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es necesario replantear qué se entiende por bienestar:

¿Seguiremos como hasta ahora en la lógica de transferir ingresos para garantizar consumos mínimos y participación de supervivencia en mercados injustos; o avanzamos hacia el cumplimiento del artículo 1º constitucional y redefinimos con base en ello nuevos umbrales de garantía de vida digna para todos?

En tercer término, pacificar al país implica acabar con la corrupción, pero también ponerle punto final a la impunidad. En esto, adicionalmente, -y en eso es difícil que alguien tenga respuestas definitivas-, el reto es cómo reconciliar a una sociedad agobiada y abatida por el dolor.

Lo anterior, sobre todo cuando se sabe que al menos el 40% los homicidios que se cometen no son parte de la guerra del crimen organizado; que la violencia intrafamiliar no se reduce; que la violencia de género sigue ahí y que las violencias han adquirido en general niveles inéditos.

Sin duda, lo que urge también es una nueva dinámica de entendimiento entre el Estado y la ciudadanía; y eso requiere de nuevas reglas de diálogo y construcción de consensos políticos y sociales, que nos lleven a la aspiración de reconstruir un pacto social que nos lleve a nuevos estadios de bienestar, justicia y dignidad.


Mario Luis Fuentes es investigador del PUED-UNAM. Síguelo en: @MarioLFuentes1

1 Comment

  1. Salvador Martínez Castillo

    Felicidades! De los pocos que, hecho su análisis, emite una opinión objetiva con visión y reconocimiento a lo heredado y también falta de acciones para lograr consenso incluyendo a críticos con intereses económicos pues al fin y al cabo, también serían beneficiados sin corrupción al fin!

    Responder

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Programas

Loading...