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Mayo 2014

Uno de cada cuatro hogares en México está jefaturado por una mujer. Sin embargo, nos advierte Rosa María Ruvalcaba, tal estimación se construye mediante la respuesta que da quien contesta el cuestionario del Censo, lo cual está mediado por el sistema de creencias y valores que, en la mayoría de los casos, llevan a sostener que el jefe del hogar es un hombre, aun cuando la principal aportante es una mujer.

Esta precisión permite dimensionar no sólo el hecho de una posible subestimación en el número de hogares que efectivamente tienen jefatura femenina, sino, sobre todo, la invisibilidad que se mantiene respecto de diversas agendas relativas a los derechos de las mujeres y las constantes acciones de discriminación y estereotipación para asignar tareas y responsabilidades en las relaciones familiares.

Debe comprenderse que estamos ante una cuestión de la mayor relevancia, pues forma parte de las más complejas dinámicas de la demografía; lo que es más, ignorar o desconocer que hay una transformación acelerada en la composición y estructura de los hogares implica negar simultáneamente la propia lógica del cambio y la transformación social que estamos viviendo.

De los temas que mayor preocupación generan en este ámbito es el sistema de desigualdades que se mantiene en detrimento de las mujeres; fundamentalmente en términos de empleos dignos, lo cual implica la desigualdad salarial, así como la desigualdad en el acceso a las prestaciones y, sobre todo, a la seguridad social.

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS, 2013), presentada recientemente por el INEGI, no deja lugar a dudas; la mayoría de las mujeres que son titulares de la afiliación a algún esquema de salud lo están frente al Seguro Popular, no así en el IMSS, lo cual nos revela que seguimos diseñando políticas de menor calidad para quienes son mayormente vulnerables, y estamos reproduciendo la desigualdad desde las propias estructuras institucionales.

Otro de los temas altamente vinculados al crecimiento en el número de hogares con jefatura femenina es el de los embarazos adolescentes, fenómeno frente al cual tenemos pocas explicaciones realmente comprensivas, pero menos todavía respuestas oportunas de política pública.

Tan sólo en 2012, el INEGI estimó en casi 450 mil el número de nacimientos de niñas y niños cuyas madres tenían menos de 19 años al momento del parto; es decir, en los últimos 10 años se han convertido en madres alrededor de 4 millones de adolescentes, cuyo sólo número resulta de una preocupación mayor, pues en la mayoría de los casos se trata de mujeres que han truncado su trayectoria escolar; que tienen un limitado acceso a servicios de salud de calidad; y cuya participación en el mercado laboral se da principalmente en el sector informal o en condiciones de informalidad.

A pesar de que los matrimonios en mujeres de corta edad han disminuido gradualmente, en la última década para la que existe información oficial el promedio anual supera los 10 mil matrimonios de niñas menores de 15 años; es decir, un promedio de casi tres casos al día.

Todas estas condiciones, aunadas a la violencia institucional, social e individual que se ejerce cotidianamente en contra de las mujeres, generan condiciones estructurales que llevan a la reproducción permanente de discriminación, rechazo, exclusión y hasta segregación de millones de mujeres que tienen que luchar en el día a día por sacar adelante a sus hijas e hijos.

Debe comprenderse que a las mujeres jefas de hogares siguen asignándoseles dos o más jornadas de trabajo, entre las que se encuentra, por supuesto, la responsabilidad de la atención de las y los hijos y las personas adultas mayores; esto ha llevado a la construcción de una economía del cuidado que es poco solidaria y que les impone severas jornadas de actividades, remuneradas y no remuneradas, pero todas caracterizadas con el signo de la desigualdad.

Frente a todo lo anterior, la cuestión central es, una vez más, cómo diseñar un nuevo curso de desarrollo capaz de ser incluyente y garante de los derechos humanos de todas y todos, y en especial de las mujeres en mayores condiciones de desventaja.•

MLF

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