Quisiera comenzar esta aportación planteando dos preguntas: ¿Es responsabilidad de los gobiernos regular las redes sociales? Y ¿puede regularse de manera nacional un tema internacional?
Sigue al autor Jorge Mier y de la Barrera en Twitter @Jmier72
A principios de febrero del presente año, el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para regular las redes sociales.
Lee el articulo: Uso de redes sociales para trata de personas aumentó en la pandemia
Dicha iniciativa se da en el marco del cierre de cuentas de Donald Trump por parte de Facebook y Twitter después del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, tras considerar que el activismo del exmandatario norteamericano en redes sociales incitaba a la violencia.
La iniciativa señala que entre otros puntos que “no puede un ente privado eliminar el acceso a la información y el derecho a la libre expresión”. En palabras del legislador, el objetivo es proteger la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, además de evitar la “censura masiva y discrecional” de los particulares propietarios de las redes sociales.
La presentación formal de la iniciativa fue pospuesta por tres semanas para enriquecer el proyecto, según señala el senador. Por lo tanto, será presentada ante el pleno de la Cámara Alta muy probablemente en las próximas semanas.
La propuesta ha sido calificada como “censura” por parte de los senadores de oposición. Los senadores del PAN consideraron que facultar al IFT para resolver sobre impugnaciones que presenten usuarios contra una red social implicaría un retroceso, porque dicho organismo no está especializado en derecho a la información, libertad de expresión ni protección de datos personales.
Con respecto a la primera pregunta vale la pena abordarla desde el punto de la “regulación inteligente”. Desde la perspectiva de la tradición del pluralismo legal se establece que no toda regulación debe de ser estatista. La regulación responsable implica nuevas formas de diseños regulatorios. Es el caso de la autorregulación, en donde el sector privado y el público pueden converger a partir de la participación constructiva, para participar de manera en el proceso regulatorio.
En ese sentido, las formas privadas de control social pueden aportar a la resolución de conflictos, más allá de lo que la ley como mecanismo restrictivo del comportamiento establece, a partir de su interés particular, desarrollar una concepción más amplia e inclusiva del proceso regulatorio.
Pasando a la segunda pregunta, al realizar un análisis comparativo con casos internacionales podemos observar que, en Estados Unidos, las empresas de redes sociales han sido objeto de críticas desde hace algunos años por parte de la clase política. Los demócratas han criticado a Facebook, Twitter y Google por no haber logrado combatir de manera eficaz los contenidos que incitan a la violencia, las noticias falsas y los discursos de odio. Por su parte, los republicanos se han sentido censurados por las redes sociales, aunque siguen utilizándolas de forma constante en sus campañas electorales. Por lo tanto, republicanos y demócratas han planteado iniciativas para regular las redes sociales, sin que hasta el momento se haya generado alguna resolución.
Otro caso interesante es el de Australia. A poco más de tres años de que la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores propusiera una iniciativa para que las plataformas tecnológicas tuvieran un piso más parejo con los medios de comunicación, el gobierno australiano aprobó un proyecto de ley que busca que Facebook pague a la prensa por sus contenidos. Facebook reaccionó prohibiendo que los usuarios de la plataforma en dicho país puedan consultar enlaces relacionados con información de actualidad, incluyendo medios de comunicación y algunas cuentas gubernamentales, lo que causó migración de usuarios a Twitter.
Este hecho puede sentar un precedente para los medios de comunicación, pues, de acuerdo con los especialistas, en Australia el 50% de la pauta digital pasa por las plataformas mencionadas y muchos medios deben su distribución a las redes sociales. A raíz de lo anterior, el debate sobre el uso de Facebook tomó relevancia. Algunos usuarios promovieron campañas para eliminar las cuentas y los servicios de Facebook.
Por otro lado, el gobierno australiano ha conseguido acordar con las grandes compañías digitales un nuevo código de conducta en el que las plataformas se comprometen a combatir más eficazmente las noticias falsas y los contenidos ilícitos en Internet. Lo anterior derivado de que el departamento de Sanidad del gobierno australiano anunció que dejaría de publicitarse en Facebook, justo en el momento en el que la campaña de vacunación contra la pandemia del Covid-19 ha comenzado en dicho país.
Algunas de las medidas que contempla el citado acuerdo incluyen la posibilidad de eliminar o suspender cuentas falsas, bots, así como priorizar la información de fuentes oficiales dentro de las plataformas.
Esta situación puede tener impacto en la Unión Europea, ya que varios de los eurodiputados están contemplando incluir términos similares a los del nuevo reglamento australiano.
Observando las experiencias internacionales mencionadas, en México, la regulación de las plataformas digitales por parte del Estado puede ser más delicada debido a que, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Oxford y the Reuters Institute, Digital News Reports, en México, Facebook, YouTube y Twitter son utilizadas en gran medida para consumir noticias, en comparación con los norteamericanos, quienes recurren a éstas plataformas en mucho menor proporción para dicho fin.
Por lo tanto, desde mi perspectiva, las redes sociales deben de ser autorreguladas. Dada la realidad actual de generación y difusión de información, las empresas dueñas de dichas plataformas deben de establecer mecanismos para, como prioridad, eliminar en la medida de lo posible tanto la información falsa como aquella que pueda vulnerar los derechos de las personas. De alguna manera esto ya sucede, según expertos, “las redes sociales más grandes tienen la capacidad tecnológica de controlar el contenido de sus feeds mediante algoritmos que clasifican y priorizan las publicaciones. Algunas de estas empresas incluso han establecido políticas que pueden priorizar ciertas fuentes de noticias, y prohibir o limitar otras que pueden estar produciendo contenidos de menor calidad e incluso falsos”.
Por otro lado, como se mencionó, las empresas señaladas están generando acuerdos con varios gobiernos para establecer mecanismos de control de dichos contenidos. La libertad de expresión y el derecho a la información debe de contemplar, en ese sentido, también el derecho a recibir información veraz y oportuna.
Entonces, la regulación de un ente privado con presencia internacional debe de tender a autorregularse en función de cánones internacionales, más allá de reglas locales. Si lo que preocupan son los contenidos de lo que se difunde, deben de generarse regulaciones internacionales que sobrepasen la política local.
La iniciativa del senador Monreal cobra relevancia dado el contexto electoral en el que se encuentra nuestro país. Si no se permite que las empresas autorregulen sus contenidos, se corre el riesgo de que la libertad de expresión traspase los límites de la libertad a la información, particularmente si dependerá de la supervisión de un organismo ajeno a lo que los propios lineamientos de las empresas establecen. Se correría el riesgo de caer en una situación como la de Australia, en la que la sobrerregulación, genere lo que se quiere evitar: límites a la información. O ¿ustedes qué opinan?.
También te podría interesar: REDES SOCIALES, ESTRATEGIA ELECTORAL Y DESINFORMACIÓN
Excellent information, social networks are still important although they are increasingly segmented according to the age of the users.