por Fernando Batista Jiménez
México se mueve, y nuestra labor es garantizar la portabilidad de los derechos para todas y cada una de las personas que se mueven con y en nuestro país
Millones de personas se ven obligadas a salir de sus comunidades en busca de trabajo, reunificación familiar, mejores condiciones de vida o nuevas oportunidades académicas; confluyen en nuestro país con otras que deben desplazarse de sus comunidades, a fin de salvaguardar su integridad, e incluso su vida frente a situaciones de violencia, conflictos comunitarios, fenómenos naturales o construcción de mega proyectos.
En México, los movimientos de personas, familias y comunidades enteras son muy variados. Se trata de desplazamientos de personas dentro de los mismos municipios, o bien de una a otra entidad, además de presentarse procesos de emigración internacional, inmigración internacional y migración en tránsito. Flujos en que también conviven las problemáticas de las personas que enfrentan procesos de migración de retorno.
Analizar y proponer para la movilidad humana en México mecanismos de gestión y construcción de gobernanza significa abordar necesariamente los requerimientos especiales de estas personas sujetas a protección internacional, así como los de la niñez y las familias migrantes. Significa considerar, además, la relación entre los flujos de personas y el acceso al ejercicio de sus derechos humanos, como son el derecho a la identidad; a la alimentación; a la vivienda; la salud; la educación; el trabajo en condiciones dignas; la seguridad; y el debido proceso.
Las personas en movilidad son el síntoma más evidente de situaciones estructurales que requieren especial atención y que se relacionan con múltiples factores, como la redefinición de los estados nacionales y sus fronteras; situaciones de pobreza; inseguridad; desequilibrios entre oferta y demanda de mano de obra; intercambio de conocimientos y cultura; medio ambiente; así como con la falta de reconocimiento a la contribución de toda aquella persona en experiencia de movilidad respecto de la sostenibilidad de las economías mundiales.
Actualmente existen en México, tan sólo a nivel federal, 33 organismos que durante la pasada administración ejecutaron 80 programas relacionados con las migraciones(I). Lamentablemente, esos programas no se han coordinado del todo y uno de los grandes retos que tenemos delante es poder trabajar, desde una perspectiva interinstitucional, hacia un mismo rumbo: el desarrollo.
El derecho al desarrollo parte de dos principios fundamentales de los derechos humanos: la interdependencia y la indivisibilidad del conjunto de derechos. Pero, además, nos remite al discurso ético que impregna a todos los que creemos en la defensa de la dignidad humana: defender la noción de solidaridad en un mundo en el que los individualismos parecen estar ganando la batalla.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo de un país –y, en este caso, el tratamiento que se brinde a las movilidades– no puede ser entendido solo desde la perspectiva del crecimiento económico: es necesario ir más allá y abrir posibilidades a las personas para elegir una vida en la que puedan realizar a plenitud su potencial como seres humanos.
Abordar las movilidades como un tema de desarrollo incluye superar la óptica que mira a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas desde una perspectiva de seguridad nacional y aprender a construir miradas desde una perspectiva de la seguridad humana.
De acuerdo con el PNUD, la seguridad humana incluye siete categorías:
• Económica (ingresos mínimos, trabajo, superación de la pobreza)
• Alimentaria (justa distribución de los alimentos)
• Sanitaria (agua potable y superación de amenazas sanitarias)
• Medioambiental (respeto a los ecosistemas locales y globales)
• Personal (seguridad frente a la violencia física)
• Comunitaria (fortalecimiento de la familia, las organizaciones y los grupos étnicos y raciales)
• Política (garantía de los derechos humanos básicos para los ciudadanos de un Estado democrático).
Desde la seguridad humana, es claro, por ejemplo, que a pesar de que México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial como receptor de remesas, esto no ha asegurado el desarrollo de las comunidades receptoras.
Con base en la labor que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de atención y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes existen una serie de medidas que en lo inmediato pueden y deben adoptarse, a fin de lograr avances significativos en la materia, empezando por el diseño de registros diferenciados de acuerdo con el flujo, el sexo, la edad y la condición de viaje de las personas en movilidad, incluyendo los casos de desplazamiento interno forzado a causa de la violencia.
Se requiere el reconocimiento puntual de responsabilidades específicas en la atención a la población en movilidad, además de las ya establecidas para el Instituto Nacional de Migración, por parte de otras instancias, como la Secretaría de Relaciones Exteriore; la Procuraduría General de la República; los sistemas nacional y estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como de los sectores correspondientes en los ámbitos estatal y municipal.
Responsabilidades que deben definirse más allá de la Ley de Migración e ir acompañadas del presupuesto y la capacitación a los servidores públicos correspondientes para poder implementarse.
Es claro que hay que abordar los factores de vulnerabilidad que inciden en las personas migrantes en tránsito que viajan de forma irregular e implementar programas de prevención y atención específica a quienes resultan víctimas del delito, además de fortalecer la seguridad pública en las zonas aledañas a las vías del tren, que son utilizadas en su tránsito por el territorio nacional.
En el mismo rubro, fortalecer el catálogo de medidas alternativas a la privación de libertad a partir del cual las autoridades podrían verificar, en cada caso en particular y mediante una evaluación individualizada, la posibilidad de utilizar medidas menos restrictivas.
México debe implementar políticas de desarrollo local que coadyuven en el derecho a no migrar, a través de programas con que se aseguren los derechos básicos de salud, educación, vivienda y trabajo, pero que, además, respondan a la necesidad creciente de integrar a los connacionales que regresan de experiencias migratorias en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, y brindar atención también a quienes ven a México como un país de destino.
Las autoridades tienen la obligación de supervisar los programas de jornaleros agrícolas, tanto al interior del país, respetándose los derechos laborales de migrantes internos e internacionales, así como de aquellos que viajan a EEUU y Canadá, a fin de prevenir y atender cada caso en particular.
Es necesario, asimismo, dar seguimiento puntual a los programas de repatriación de mexicanos hasta sus comunidades de origen, de manera que no queden varados en la frontera, sin más opción que volver a intentar cruzar hacia los Estados Unidos.
Se deben diseñar y operar protocolos que aseguren la accesibilidad a los derechos a la identidad, salud, educación, trabajo y vivienda de las personas en movilidad y que establezcan con precisión la cadena de responsabilidades de las autoridades competentes.
En aquellos supuestos en que las personas en movilidad sean niñas, niños y adolescentes, toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el principio del interés superior del niño.
Finalmente, en este catálogo de medidas urgentes hacia la garantía de los derechos humanos de quienes están en movilidad, habrá que fortalecer los mecanismos de detección de personas solicitantes de la condición de refugiados y asegurar que conozcan sus derechos, estén informados del procedimiento y se les brinde apoyo para su reinserción.
Recordar la importancia del derecho al desarrollo es volver a ubicar a la persona y su bienestar en comunidad, como el fin mismo del ejercicio del poder. •
Nota:
I. Ver Programa Especial de Migración (DOF 30 de abril de 2014)
| Fernando Batista Jiménez Quinto Visitador General de la CNDH. Es Maestro en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Navarra, España y Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Cursó Políticas Judiciales en la Universidad de Harvard. Articulista invitado de la revista “etcétera”. Entre otros cargos, fue Director General Adjunto de Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública, y en la CNDH se ha desempeñado como Director General del Programa de Atención a Víctimas del Delito (Províctima); Director General de la Segunda Visitaduría; Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos; y Cuarto Visitador General. |
