por Mario Luis Fuentes
Este año habrá elecciones en 13 Entidades Federativas; de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los recursos transferidos a entidades y municipios están caracterizados por la opacidad. Se asignan contratos de manera directa; no hay reglas claras para distribuir el dinero; y se registran altos niveles de subejercicio: un caldo de cultivo perfecto para la corrupción y un probable uso del erario con fines electorales.
Persiste en todo el país una crisis de violencia que muestra signos de disminución, pero a pasos muy lentos; nubarrones económicos tanto en el nivel macro como en el micro; y un clima de descontento y malestar social generalizado producto de la pobreza, los rezagos en infraestructura y acceso a servicios, así como una desigualdad que en muchas regiones crece y se profundiza.
En este contexto, una de las mayores exigencias a la clase política en todo el país es erradicar la corrupción; ello exige la construcción de sistemas institucionales que garanticen la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Para el año 2016, el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados informa que, en comparación con el año 2015, el gasto federalizado presenta un incremento de 71,133.5 millones de pesos, que van fundamentalmente a los Ramos 28 y 33; es decir, a las áreas que la Auditoría Federal de la Federación (ASF) ha identificado como las que presentan mayores puntos críticos en lo que respecta a la asignación de contratos y obra pública.
Gobiernos locales: un mundo de opacidad
La ASF presentó en el año 2013 el Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado. Este documento sintetiza un conjunto de elementos de análisis estructura y de información presupuestaria que permiten sostener que el gasto en los gobiernos locales se caracteriza por un desorden generalizado.
El tema es de una relevancia mayor para la construcción de un nuevo Estado social de derecho, pues de acuerdo con el diagnóstico de la ASF, los recursos federalizados representan el 90% de los ingresos totales de los estados; así como el 65% para los municipios; con la particularidad de que en los municipios más pobres y marginados esta proporción llega al 90%.
Cómo y en qué gastan los gobiernos locales es una cuestión que debe someterse a un nuevo debate público nacional, pues seguimos muy lejos de un verdadero federalismo fiscal y hacendario; y de un modelo federalista que promueva la democracia y la garantía plena de los derechos humanos.
La ASF, en 2012 llevó a cabo un diagnóstico sobre los avances en la implementación de las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con resultados desastrosos: sólo en 25% de las Entidades federativas se encontraron avances “aceptables”; 62% tenía “avances medios” y 13% apenas mostró un nivel de cumplimiento “básico”.
Entre los municipios analizados sólo 5% alcanzó un “nivel aceptable”; 6% un nivel medio y el 4% apenas un nivel “básico”. En contraste, en 85% de los municipios analizados el nivel de cumplimiento fue “Nulo”.
Inmensas sumas; inmensas irregularidades
De acuerdo con la ASF, entre los años 2000 y 2012 se han transferido a Entidades y Municipios 13,269 millones de millones de pesos (a precios corrientes del 2012). Esta cifra representa el 25.6% del total del gasto federal programable; es decir, uno de cada cuatro pesos que se gastan en el sector público en el país son ejercidos por entidades y municipios.
A pesar de esta magnitud, los principales Fondos a través de los cuales se transfieren los recursos siguen presentando deficiencias estructurales; las más relevantes detectadas por la ASF son:
- Falta de mecanismos explícitos para la asignación de recursos. Tanto el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) como el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) carecían en 2013 de una fórmula explícita que sustentara la distribución transparente de los recursos.
- Insuficiente transparencia en la aplicación de la fórmula de asignación de recursos a los Fondos de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP); y del Seguro Popular.
- En el caso del Fondo para la Infraestructura Social (FISM), el FORTAMUN y el SUBSEMUN no se publican las fórmulas de asignación; y en la mayoría de los municipios se carece de capacidades técnicas para verificar su adecuada aplicación.
Incapacidad para gastar
Además de la enorme opacidad en todo lo relacionado con el gasto local, se encuentran incapacidades estructurales para ejercer los recursos; de acuerdo con la ASF, hay alrededor de un 40% de subejercicio de los recursos en el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública y en el Fondo para la Infraestructura Social Municipal; así como un 30% en el Seguro Popular.
En todo esto, el gran punto crítico detectado por la ASF se encuentra en que en la mayoría de los casos las obras públicas no se licitan; hay un muy elevado número de modificaciones a los contratos, y una permanente falta de aplicación de penas convencionales a los incumplimientos de los mismos.
Vienen las elecciones
Con base en estos datos, existe una justificada preocupación por cómo se van a utilizar los recursos públicos en lo local, pues sin haberse registrado mejorías sustantivas en los ámbitos señalados, y en medio de la debilidad institucional local que persiste, los huecos estructurales pueden abrir el paso a tentaciones antidemocráticas que busquen aprovechar los recursos públicos con fines político-electorales.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 23- Febrero- 2016, p.16
