por Mario Luis Fuentes / Saúl Arellano
La pobreza en México está indisociablemente vinculada a la precariedad laboral y al crecimiento mediocre de nuestra economía a lo largo de los últimos 30 años. A esta realidad llega el nuevo gobierno, el cual se ha propuesto revisar los supuestos fundamentales de la política económica y con ello, al parecer, buscar la reactivación de la economía para insertarla a un proceso de crecimiento sostenido en el mediano y largo plazo
En efecto, si se promedian las variaciones trimestrales que ha tenido el Producto Interno Bruto entre 1994 y 2018, lo que se tiene es un promedio anualizado de 2.5%, con severos momentos de crisis en 1995 y 2009, años en los que la economía se contrajo en 6.2% y 5.3%, respectivamente.
Así las cosas, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que en el año 2016 habría en el país al menos 53.4 millones de personas en condiciones de pobreza, cifra que representa el 43.6% de la población que había en ese año en México.
Al respecto es importante señalar que esa estimación se hizo considerando una población de 122,636.7 millones de personas, por lo que, en un ejercicio lineal, si ese porcentaje se ha mantenido en los últimos dos años, en 2018 la cifra de personas en pobreza se habría incrementado a 53.8 millones.
Lo anterior ha estado determinado por un periodo también muy largo de bajos salarios y de importantes vaivenes en los niveles de los ingresos laborales per cápita.
Los datos del CONEVAL indican que, al segundo trimestre del 2018, el 38.5% de la población que trabaja obtiene ingresos por debajo del costo de la canasta alimentaria, la cual es de $1,605 pesos mensuales, deflactados a la canasta alimentaria con valores del año 2010.
Al respecto es importante señalar que las desigualdades que existen persisten entre los ámbitos rurales y urbanos, pues, al segundo trimestre del 2018, el valor de la canasta alimentaria en el ámbito rural era de 899.90 pesos mensuales, mientras que, en los ámbitos urbanos, el valor se ubicó en 1,842.12 pesos al mes, ambos valores también deflactados con precios del 2010.
Frente a estos indicadores, el CONEVAL estima que el 34% de quienes laboran en los ámbitos urbanos no alcanzan ingresos por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria, mientras que el 51.9% de quienes laboran en el ámbito rural se encuentran en esa situación, es decir, poco más de la mitad de los trabajadores rurales tienen ingresos por debajo de 900 pesos al mes.
Debe destacarse que las entidades con mayor porcentaje de personas cuyos ingresos laborales no les alcanzan para adquirir la canasta alimentaria son: Chiapas, con 69.1%; Oaxaca, con 62%; Guerrero, con 60.1%; Veracruz, con 52.3%; Morelos, con 52%; Zacatecas, con 49.3%; Hidalgo, con 47.2%; Puebla, con 45.3%; Tlaxcala, con 45.1% ,y Tabasco, con 44.5%.
Al respecto, es importante destacar que, con excepción de Zacatecas, el resto de las entidades se encuentran también entre las que registraron mayor porcentaje de personas en condiciones de pobreza en el año 2016.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2016), en su módulo de hogares y viviendas, los mayores porcentajes de hogares en donde se han tenido dificultades para satisfacer sus necesidades de alimentación son: Tabasco, con 71.6%; Oaxaca, con 67.9%; Guerrero, con 63.8%; Chiapas, con 63.5%; Campeche, con 59.6%; Veracruz, con 57.8%; Hidalgo, con 57.4%; Tlaxcala, con 56.9%; Michoacán, con 54.9%, y Nayarit, con 51.5%.
Finalmente, es de destacarse el grupo de las 10 entidades con menores ingresos laborales per cápita es: Tabasco, donde por mes una trabajadora o trabajador obtiene $1,313.3 pesos reales, es decir, deflactados al costo de la canasta alimentaria con precios del 2010; Puebla, con $1,289.1 mensuales; Tlaxcala, con $1,273.2; Hidalgo, con $1,216.9; Zacatecas, con $1,183.4; Veracruz, con $1,162; Morelos, con $1,120.9; Guerrero, con $908.2; Oaxaca, con $893.4, y Chiapas, con $825.8 pesos reales al mes.
Estos datos muestran que, sin los programas de transferencias de ingresos y de acceso a servicios elementales, México tendría a millones de personas al borde de la subsistencia y que los datos relativos a la pobreza serían mucho más severos que los registrados hasta ahora.
Lo que es urgente entonces es revisar la política económica, a la par de la política social, pues es evidente que los programas de mayor presupuesto, como lo son Prospera y los programas de apoyo al campo, no tienen la capacidad, por sí mismos, de romper con los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza.
Lo que es necesario es generar un nuevo proceso de crecimiento virtuoso que rompa con la tendencia empobrecedora del salario y genere nuevas capacidades de crecimiento económico hacia adentro.
No hacerlo así implicará incumplir con las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: erradicar el hambre y la pobreza en todas sus formas en el año 2030, así como atemperar significativamente la desigualdad; lo cual, más allá de ser un compromiso internacional, debe ser visto como una de las empresas éticas más relevantes que puede asumir el Estado mexicano.
