Amenazas al Estado 09-04-2018

La noticia relativa a que el obispo de Guerrero, Salvador Rangel, ha llevado a cabo un conjunto de “pactos” para evitar que más sacerdotes o miembros de la Iglesia católica en esa región sean asesinados o víctimas de la violencia, pone en tela de juicio a las autoridades civiles en su capacidad para garantizar el cumplimiento estricto al Estado de derecho.

En entrevista con el diario El País, del 10 de febrero del 2018, sostenía el obispo: “Me he sentado con ellos por separado y estoy tratando de conciliar los diferentes intereses. Cada quien se pelea ciertos lugares, pero para que haya un arreglo tienen que ceder ciertas cosas. Ellos confían en mí”.

Se trata de un fenómeno paradójico porque, en sentido estricto, que un prelado de la Iglesia católica lleve a cabo conversaciones con el crimen organizado, para evitar que “se roben la elección o maten a candidatos”, implica que una estructura “parainstitucional” desarrolla actividades que buscan, al menos por lo declarado por el obispo Rangel, proteger al aparato y mundo institucional en su región.

Como señalan todos los expertos en ciencia política, los vacíos de poder no existen. Y en Guerrero y otros territorios el poder está siendo ejercido, en esos casos, de manera ilegítima, por los grupos de poder que se benefician de la ausencia de la estatalidad y que, de hecho querrían, que las cosas sigan sin modificarse.

Walter Benjamin sostenía que la tarea de una crítica de la violencia era centralmente exponer de manera comprensiva la relación que tiene tanto con el derecho como con la justicia; para el caso mexicano la cuestión es clara: la violencia se ha desbordado porque hay una fractura profunda del Estado de derecho, expresada radicalmente en la desaparición forzada y las fosas clandestinas como fenómeno masivo; y como correlato, en la impunidad como sello y marca de toda la cadena de injusticias que hoy tiene a miles de víctimas en la más absoluta indefensión.

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