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Si no es laica, no es democracia 25-03-2019

La laicidad del Estado es consustancial a la democracia. Es así, porque ésta implica la prevalencia de los valores y derechos como la tolerancia, la inclusión, la libertad de creencias, de pensamiento y de expresión.

Lo anterior implica, pues, que el Estado garantice el pleno ejercicio de estas libertades, evitando que un credo pueda ser impuesto a la fuerza a los demás.

El presidente Andrés Manuel López Obrador conoce la historia patria, y como liberal, sabe de los intereses y posiciones que las iglesias han representado a lo largo de los siglos en el país; y salvo algunas excepciones (como la teología de la liberación), en México las iglesias han estado siempre institucionalmente vinculadas a poderes reaccionarios y a la defensa de intereses económicos y políticos inconfesables; y ya no se hable de prácticas aberrantes como la pederastia y el abuso sexual perpetrado por curas, pastores y otras figuras representativas de los múltiples credos cristianos.

Una de las críticas constantes que se ha hecho a la actual administración es la delgada línea sobre la que se mueve en estos temas; por lo que sería importante tener una definición contundente a favor de la libertad de creencias, de la tolerancia ante la diversidad y de reconocimiento de la pluralidad, no sólo religiosa, sino política, cultural, lingüística y étnica que nos caracteriza como nación.

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apela reiteradamente a la necesidad de construir una nueva conducta pública que promueva una sociedad de valores.

Estos deben ser los valores democráticos sintetizados en nuestra constitución, la cual establece como proyecto de nación una sociedad de derechos humanos, es decir, un proyecto de democracia entendida como forma de vida, o sea, como una poderosa construcción cultural capaz de decirles colectivamente “no” a los autoritarios, a los xenófobos, a los corruptos, a quienes discriminan, excluyen y segregan, bajo una pretendida superioridad moral.

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Una nueva planeación para las nuevas prioridades 18-03-2019

El Estado mexicano cuenta, al menos por lo establecido en el texto constitucional, con dos grandes instrumentos para conducir el desarrollo nacional. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y el segundo, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El primero establece los grandes objetivos, estrategias y metas que deben alcanzarse en el país en un lapso de seis años; mientras que el segundo sintetiza los principales criterios de política económica mediante los cuales se alcanzan o no, las directrices del PND.

Será importante que en este proceso se abra un auténtico diálogo, que el gobierno de la República ejercite una genuina escucha y que esté abierto a recoger las propuestas de todas y todos, como las 100 propuestas para el Desarrollo que recientemente fueron presentadas por la UNAM al Secretario de Hacienda.
Discutir el Plan Nacional de Desarrollo implicará, a partir del discurso del Presidente, un complejo proceso de armonización entre aspiraciones, anhelos y valores, y el articulado de la Constitución, para a su vez, definir nuevas prioridades de política pública y de gobierno, y con ello, definir cómo y con qué recursos podrá cumplirse la ambiciosa agenda que ha sido planteada.

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HACER HISTORIA 11-03-2019

El cumplimiento, garantía y protección de los derechos humanos no puede ser sometido jamás a consulta. Proponerlo es teórica y constitucionalmente inconsistente. Lo primero, porque, conceptualmente hablando, los derechos humanos son inherentes a toda persona; no son ni renunciables ni prescriptibles ni alienables. Somos portadores de ellos desde que nacemos y hasta el momento en que morimos.

Lo segundo, porque la Constitución establece en el Artículo 1º que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Hacer historia implica defender y proteger las conquistas sociales que hemos tenido en nuestro país y, de hecho, radicalizar y llevar hasta sus últimas consecuencias el mandato constitucional en materia de derechos humanos, y particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

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LOS MERCADOS DE LA CUESTIÓN SOCIAL 04-03-2019

México experimenta, y lo seguirá haciendo en los próximos años, un conjunto de cambios profundos, no sólo en la forma de discutir en torno a los asuntos públicos, sino, al mismo tiempo, en cómo éstos se enfrentan y cómo se diseñan las políticas y los programas públicos en materia de bienestar y desarrollo social.

El Presidente de la República, hay que reiterarlo, posee una narrativa diametralmente opuesta a la que habíamos escuchado en los gobernantes de las últimas cuatro décadas; y en ella se cifran las claves para construir un diálogo respetuoso respecto de las decisiones que está tomando y habrá de hacerlo a lo largo de los siguientes seis años.

Las condiciones en que vive la mayoría de la población exigen de más Estado: de un entramado institucional coordinado, capaz de diseñar soluciones integrales e inteligentes; y requiere recuperar los principios de solidaridad, subsidiariedad y complementariedad entre Federación, estados y municipios.Se ha dicho reiteradamente frente al régimen neoliberal: necesitamos más Estado, más instituciones y más democracia para regular la voracidad y el carácter inequitativo de los mercados capitalistas, y particularmente, en el ámbito de lo social.

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Para interpretar la narrativa del Presidente 18-02-2019

El discurso y la narrativa que está construyendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República es inédita. Frente a sus predecesores, hay dos diferencias radicales. La primera se encuentra en el método empleado para comunicar: en lugar de dar entrevistas exclusivas a medios de comunicación, ha optado por sus conferencias matutinas y por el uso intensivo de canales de comunicación directa, como son las redes sociales, particularmente Facebook y Twitter

Este estilo de comunicar ha transformado lo que podría considerarse como la “dinámica tradicional mediática”, en la que se buscaba la “exclusiva”, y antes bien, de frente a los periodistas y reporteros, el Presidente abre agendas, improvisa y posiciona lo que a él y a su equipo les interesa que sea el centro de la discusión pública.

En eso radica la novedad de la estructura lingüística y narrativa del Presidente: en que a diferencia de sus antecesores, quienes pueden ser categorizados como políticos cuya acción era con arreglos afines, Andrés Manuel López Obrador asume un mandato histórico y moral desde el cual pretende transformar no sólo la vida institucional, sino ética y moral de nuestra sociedad.

Desde esta perspectiva, el Presidente tiene un reto mayor: evitar que su narrativa se convierta en un discurso identitario y excluyente y, en un sentido inverso, aprovechar la enorme popularidad que hoy tiene para promover y liderar un amplio proceso de reforma institucional dirigido a reducir el déficit de estatalidad que hoy caracteriza al Estado mexicano.

Se trata, hay que decirlo, de aprovechar su enorme liderazgo popular, para transformar a México en el Estado de bienestar que está implícito en el contenido de nuestra Carta Magna.

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Las estancias infantiles y el interés superior de la niñez 11-02-2019

La discusión en torno a la cancelación del programa de Estancias Infantiles debe ubicarse en un contexto general mucho más amplio: cómo hacer para construir un sistema de protección integral a la niñez, en el cual los servicios de cuidado, estimulación temprana y educación inicial, sea de sus componentes principales

Desde esta óptica, llama poderosamente la atención que en su discurso público del 8 de febrero sobre este tema, el presidente López Obrador haya sostenido lo siguiente: “Ya se decidió que el apoyo será directo y los papás van a decidir, porque no queremos cargar nosotros, entre otras cosas, con la inseguridad y los riesgos de los niños, eso me preocupa, porque no es libre mercado, no es nada más darle a las guarderías y ya…”.

Como se observa, hay una franca contradicción entre lo que sostiene la Presidencia de la República y lo que establece la Constitución y la interpretación que ha hecho la SCJN en materia del principio del interés superior de la niñez, y se confirma que el Estado no puede simplemente renunciar a su responsabilidad de garantizar un amplio estado de bienestar, del cual, un potente sistema de guarderías y políticas de cuidado es indispensable.

En política pública es mucho más eficaz partir de lo que se tiene: rediseñar los modelos de atención, pero no simplemente desarticular un aparato institucional ya en funciones y que, hasta ahora, parcialmente resolvía uno de los mayores problemas asociados a la desigualdad ente mujeres y hombres y todo lo relacionado con la economía del cuidado.

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Constitución: instituciones y democracia 04-02-2019

De acuerdo con un autor como Lasalle, la Constitución de un Estado nacional es la síntesis del conjunto de pactos jurídico-políticos de una sociedad; es decir, se trata de un documento no sólo fundante de un pacto político y social, sino además la materialización de un conjunto de valores, principios y mandatos que la sociedad políticamente organizada se da a sí misma.

Desde esta perspectiva -hay que decirlo- la idea de una Constitución moral resulta excesiva, en tanto que nuestra carta magna constituye desde ya un mandato no sólo jurídico-político, sino también ético, en el sentido de que se trata de la síntesis y concreción de un ethos desde el cual se aspira a construir un país de justicia, dignidad y derechos humanos para todos.

Rememorar y conmemorar a la Constitución debe ser un potente motivo de convocatoria a la cohesión social; a compartir nuevamente proyectos y visión de un México justo e incluyente; de un país en el que la garantía de protección de la dignidad de las personas sea una realidad permanente y cotidiana; y de una nación que se encamina hacia una prosperidad generalizada y con transparentes criterios de justicia distributiva.

Nuestra Constitución es el principal referente de unidad e identidad nacional de que disponemos; y de su cumplimiento depende sin duda alguna, que la justicia llegue a todos, todos los días y en todos los lugares.

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Información, planeación y desarrollo 28-01-2019

Hace unos días, la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que debido a los recortes presupuestales que se le hicieron a la institución, no podrá llevar a cabo el levantamiento de varios instrumentos de información clave para la planeación del desarrollo nacional.

Uno de ellos, por ejemplo, es la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, que sustituiría al Módulo de Trabajo Infantil que se ha levantado desde el año 2002. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil puede ser catalogado como una “plaga” que debe ser erradicada, pues impide el libre desarrollo de la personalidad de las niñas y niños, dificulta su adecuada educación y les somete a condiciones peligrosas para su salud y para su integridad en general.

Este año deben publicarse los resultados de la medición multidimensional de la pobreza; pero también se habrá de diseñar el Plan Nacional de Desarrollo, y en consecuencia, los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales de la Administración Pública Federal, lo cual requiere de información de calidad; y lo mismo aplica para la actualización que deberán realizar gobiernos estatales y municipales para armonizar sus planes y programas con los objetivos y metas nacionales.

De ahí la necesidad de no recortar el presupuesto de las instituciones generadoras de información y evaluadoras, sino, por el contrario, de avanzar hacia la consolidación de un cada vez más robusto y eficiente sistema nacional de información, que permita el rediseño y consolidación de un auténtico Estado social de derecho.

México necesita más y mejor información para mejorar su sistema de toma de decisiones en todos los órdenes y niveles del gobierno, pues, en efecto, la dimensión técnica en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas exige de un robusto sistema nacional de indicadores y de datos pertinentes para pensar la complejidad, y tratar de enfrentarla con lo mejor del aparato público. Y eso es nada menos lo que se encuentra en juego.

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El presupuesto y la universidad pública 17-12-2019

La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 2019 es de poco más de 5.8 billones de pesos, y en su diseño se incorporaron las principales acciones que el presidente López Obrador había anunciado desde la campaña electoral como prioritarias: duplicar los montos de las pensiones para personas adultas mayores,y universalizarlas; el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción del Tren Maya, universalizar el acceso a servicios gratuitos de salud así como otorgar medicamentos gratuitos a toda la población, entre los más destacados

El monto del PEF, 2019 es ligeramente superior al de 2018, aunque menor en términos reales debido a los efectos de la inflación. Desde esta perspectiva, y dado que no habrá más impuestos ni ingresos extraordinarios para el Estado, lo lógico es que habría recortes en distintas áreas, algunos de los cuales son preocupantes.

Se ha dicho reiteradamente que el PEF es el principal instrumento de política económica y social, pero no debe olvidarse que también es reflejo de las prioridades y compromisos reales del Ejecutivo. Desde esta óptica debe sostenerse que la transformación auténtica del país pasa, necesariamente, por el fortalecimiento de la UNAM y de todo el sistema de universidades públicas, lo cual no se encuentra en la propuesta que el Ejecutivo Federal envió como propuesta de PEF.

La justicia social y en general, la construcción de un nuevo Estado Social de derecho exige la generación de un nuevo pacto social, que como ha planteado el Ejecutivo, se sustente en el acceso universal a la educación y la salud, pero esto requiere de una lógica presupuestal congruente.

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El Presidente y sus signos 10-12-2018

Hablar desde la Presidencia de la República constituye uno de los actos que implican mayor poder, pero también mayor responsabilidad. La jefatura del Estado, depositada en el Poder Ejecutivo, exige de un constante proceso de comunicación de las decisiones que se toman, pero también permite mantener el contacto con la ciudadanía para plantear temas de agenda de interés público y hasta para convocar a la nación a construir proyectos que son de relevancia en todo el territorio nacional

Frente a ello, no deja de sorprender el radical cambio de estrategia de comunicación del presidente López Obrador, respecto de lo que se hizo en los mandatos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; en efecto, en contraste con la estrategia centrada en spots de televisión, radio e internet, en el inicio de esta administración se ha optado por privilegiar los mensajes directos del Presidente a través de sus cuentas de redes sociales.

La comunicación directa de un hombre de poder con su electorado siempre tiene un doble filón: por una parte, permite la generación de un imaginario positivo de una nueva forma de gobernar, hablando de frente y diciendo siempre lo que se hace o se piensa hacer, pero por el otro, cuando esta comunicación no se rige por la templanza, puede rápidamente derivar en demagogia, la peor de las degeneraciones de la democracia, como lo pensaban los griegos antiguos.

Eso es lo que el presidente López Obrador debe estar construyendo en estas primeras semanas: cómo temperar discurso, cómo lograr, con sabiduría y exactitud, la mejor elección de cada una de sus palabras y, sobre todo, cómo mantener durante los siguientes seis años, la inédita comunicación que ha logrado establecer con amplias franjas de la población.

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