Corrupción y crisis de gobierno

Es difícil que un gobierno pueda cumplir cabalmente con sus responsabilidades cuando se encuentra en un estado de crisis permanente, y peor aún, cuando esa crisis tiene como origen una corrupción sistémica que fractura la confianza de la ciudadanía en sus representantes y gobernantes. El resultado es disruptivo del orden institucional: en un Estado en el cual la corrupción es generalizada, se pierde cualquier viso de legitimidad en la toma de decisiones y, con ello, también se vuelve imposible la convocatoria, desde las autoridades estatales, para impulsar proyectos compartidos para el desarrollo y el bienestar.

En un Estado en donde la corrupción es sistémica, cualquier discurso público en torno al compromiso del gobernante con los derechos humanos resulta hueco y hasta esquizofrénico: porque por un lado es evidente el proceso de enriquecimiento desmedido de las élites; mientras que, por el otro, la propaganda gubernamental, en todos los órdenes y niveles, habla de una realidad que no es palpable para nadie.

La corrupción es asesina; de eso no hay duda. Es contraria al crecimiento económico y al desarrollo; genera un estado generalizado de incumplimiento de derechos, erosiona la legitimidad institucional, fractura la confianza en la ciudadanía y provoca un estado de cosas inamovibles, protegido por oscuros pactos de impunidad.

Ya no hay margen. La corrupción ha provocado ya muchos muertos, muchas enfermedades prevenibles, mucha ignorancia y muchas oportunidades perdidas. La disyuntiva es simple: o nos decidimos a transformar nuestro régimen de gobierno hacia uno de honestidad y transparencia, o condenamos a nuestros hijos a vivir en medio de la pobreza, el atraso y la violencia.

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