En democracia, las instituciones públicas reciben la confianza ciudadana para tomar decisiones en nombre de la colectividad políticamente organizada a la que representan. Tal confianza no es, sin embargo, gratuita: exige apegarse al orden constitucional, pero también a la generación de consensos sustentados en reglas de acuerdo mínimo, que garanticen civilidad y viabilidad social en el largo plazo.

Desde esta perspectiva, las instituciones están obligadas a generar la información estratégica, no sólo para responder a los problemas de mayor prioridad económica, política y social; sino, ante todo, para anticiparlos y prevenirlos en la medida en que los recursos socialmente disponibles lo permiten.

Lo evidente frente a todo lo anterior es que uno de nuestros mayores dilemas se encuentra en la debilidad de las instituciones; sin un sistema sólido y articulado entre ellas, el Estado se encuentra, simplemente, incapacitado para diseñar buenas decisiones.

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