Drogas que matan 19-06-2017

Un Estado social democrático no puede, por definición, intervenir directamente en las decisiones individuales: qué comer, qué tomar, cómo vestir, cuántos hijos y cuándo tenerlos, tener sexo o no y con quién hacerlo, son ejemplos de decisiones totalmente soberanas de las personas, y en las cuales, se asume, es el libre albedrío el que debe decidir.  

Hay, sin embargo, una tensión respecto de este principio fundamental: ¿qué debe hacer el Estado y hasta dónde está facultado a intervenir, cuando las decisiones de los ciudadanos ponen en riesgo el bienestar de otras personas, o bien, cuando el conjunto de decisiones soberanas individuales, amenazan la viabilidad social y económica de la comunidad políticamente organizada?

El debate en torno a estas problemáticas es complejo y es posible sostener que ni siquiera hemos sido capaces de reflexionar con la profundidad necesaria, no sólo sobre la prohibición o no de la mariguana y otras drogas, sino sobre el inmenso problema de salud mental y consumo de todo tipo de drogas, su vínculo con la salud mental y, a su vez, de ésta con la pobreza, la violencia y la desigualdad.

Es un debate que urge y que será irresponsable no abordar ahora, y de cara a la elección de 2018 y la nueva administración que habrá de iniciar en diciembre del próximo año.

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