Instituciones: crimen y fractura 15-05-2017

Se ha impuesto en nuestro país, duele reconocerlo, una perniciosa cultura de ilegalidad; la transa se convirtió en la moneda de uso corriente en prácticamente todos los espacios institucionales y en todos los órdenes de gobierno. Así, al contrario de cumplir con su tarea de poner en práctica todo el tiempo una pedagogía democrática, el Estado se convirtió en el mayor “normalizador” de la violación permanente de la ley y de la vigencia de la ilegalidad como uso y costumbre. Jacqueline Peschard sostiene que la corrupción es un problema sistémico; y si esto es así, entonces lo que debe decirse simultáneamente es que la fractura del Estado de derecho es sistémica; por lo que, sin abatirla, será, prácticamente, imposible construir un nuevo Estado de bienestar garante de los derechos humanos, pues también, justo como lo afirmaba Jorge Carpizo, “El Estado de derecho, o es Estado de bienestar o no es Estado de derecho”. 

Las aterradoras imágenes que se han difundido en diversos momentos, en los que se aparentemente se observa a activos de las Fuerzas Armadas torturando, llevando a cabo cateos y detenciones ilegales; y el más reciente, en el instante monstruoso en que se lleva a cabo una ejecución extra judicial, nos muestran el nivel de violencia y la profundización de la cultura sádica y de maldad que se ha impuesto como regla y norma.

Transformar esta realidad implica un profundo cambio cultural; y lo que preocupa más todavía es no tener claridad respecto de qué se está haciendo para avanzar en ese sentido; y todavía más: que lograr que una nueva política de cambio cultural hacia la paz y los derechos humanos nos tomará al menos una o dos generaciones, y que es impostergable, en estos tiempos nublados, como les llamaría Octavio Paz, dar de una vez por todas, el primer paso para lograrla.

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